El 6 de diciembre de 2001 el jefe de obras del municipio de Amagá, Antioquia, Carlos Mario Palacio, a bordo de un vehículo oficial condujo hasta el corregimiento Minas a todos los miembros de la junta directiva de Sintrasema, sindicato de trabajadores del municipio, 23 en total. Los llevó hasta allí para que se reunieran con un sujeto conocido como Efraín Mendoza, comandante del bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaba en esta región antioqueña.
Luego de aquella reunión, por orden de Mendoza los 23 sindicalistas debieron renunciar a su fuero y al sindicato, lo que facilitó que el alcalde de Amagá, Jorge William Muriel González, terminara sus contratos, o ellos renunciaran por miedo. Ese era el objetivo del alcalde al aliarse con el paramilitarismo: restructurar la administración municipal y adoptar una nueva planta de cargos, en virtud de la Ley 617 de 2000. Esta norma pretendía sanear fiscalmente a las entidades territoriales, pero el alcalde la uso para sus intereses políticos y económicos.
Solo que para llevar a cabo ese propósito, tenía el obstáculo del sindicato, que obviamente se oponía al despido masivo que se proponía hacer a su arbitrio, amparado en la Ley 617. Alegaba que la carga prestacional lograda por acuerdo con el sindicato era muy pesada para el Municipio, y no ahorraba adjetivos para descalificar al sindicato. Lo llamaba el “cáncer” del presupuesto municipal,
Finalmente, con el apoyo armado e intimidatorio del Bloque Suroeste de las AUC, Muriel González logró su cometido. En menos de un año logró que 36 trabajadoras y trabajadores renunciaran a su organización sindical y a sus empleos en la administración de Amagá. Después se supo que los “paracos” recibieron dinero del Municipio en contraprestación por sus servicios, pago que se hizo en “La Gata Negra”, una cantina que para la época era de propiedad del presidente del Concejo de Amagá, afecto a los paracos, según era reconocido.
El aniquilamiento de Sintrasema se aprovechó, además, para imponer un nuevo modelo en las relaciones laborales. En adelante la vinculación laboral se hizo en condiciones prrecarias a través de cooperativas de trabajo asociado.
Condenó al municipio de Amagá a pagar $952 millones al grupo de 23 sindicalistas y sus familias.
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Todo esto está sustentado en la sentencia que, 18 años después de ocurridos esos acontecimientos, expidió el Consejo de Estado para cerrar el caso. Condenó al municipio de Amagá a pagar $952 millones al grupo de 23 sindicalistas y sus familias. Además, las principales autoridades del municipio tendrán que hacer un curso en protección de derechos humanos, laborales y sindicales, para que no se vuelva a cometer hechos similares.
El Consejo de Estado determinó además enviar su decisión al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, “con el fin de que haga parte de su registro y contribuya a la construcción documental del país”.
Es de recordar que por esos hechos, en diciembre de 2005 el Tribunal Superior de Antioquia condenó a 36 meses de prisión a Muriel González, ex alcalde de Amagá, como cómplice de concierto para delinquir y violación al derecho de asociación y reunión. Lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, y lo obligó a pagar un dinero a los trabajadores como indemnización por los daños causados, dinero que a la fecha no ha pagado.
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Cronología de los hechos
El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Municipios de Antioquia, Sintrasema, nació en 1995, y la Subdirectiva Amagá se creó con 70 afiliados.
Fue por la época en que las organizaciones paramilitares idearon su plan para tomarse el país y enfrentar a las guerrillas. Una condición necesaria para avanzar en esa dirección era la cooptación y el control de municipios y poblaciones. Y en esta coyuntura Sintrasema va a ser una de las organizaciones sindicales del sector oficial más afectadas por la violencia paramilitar en Antioquia.
Según el Sinderh de la ENS, el 92% de las agresiones contra los sindicatos de las administraciones municipales de Antioquia (224 en total) ocurrieron entre 1997 y 2001, siendo este último año el más aterrador: registró el 60,0% de los hechos lesivos.
Justo en este año es que ocurren los sucesos por los cuales el Consejo de Estado multó al Municipio de Amagá; un año oscuro en la historia de Sintrasema, un periodo de persecución e intimidación sin cuartel, que no duró mucho: menos de un año, e incluso –como cosa rara– no tuvo víctimas fatales, pero que fue suficiente para acabar con la organización sindical.
Para aquel momento esa región del suroeste antiqueño ya estaba copada por el paramilitarismo. Los mineros del carbón tenían que pagar extorsiones; y la población, especialmente los jóvenes, no salían de sus casas por miedo a los nuevos actores armados. El corregimiento Minas se constituyó en el principal bastión del control paramilitar de la región. Su comando se instaló en las oficinas donde antes funcionó la inspección de policía, porque la fuerza pública abandonó el corregimiento, que quedó en manos de los paracos.
Desde cuando asumió el cargo mostró su voluntad de acabar con el sindicato, ya que constituía un obstáculo para sus planes.
Con el triunfo de Jorge William Muriel González a la alcaldía de Amagá, el problema se agudizó. Desde cuando asumió el cargo mostró su voluntad de acabar con el sindicato, ya que constituía un obstáculo para sus planes. Con el pretexto de aplicar la Ley 617 de ajuste fiscal anunció un despido masivo de trabajadores, medida a la que el sindicato se opuso férreamente, respaldado por el Concejo Municipal, cuyas mayorías no eran afectas al alcalde.
Frente a este impase, la respuesta de Muriel González fue aliarse con el Bloque Suroeste de las AUC, que operaba en esta región al mando de Efraín Mendoza, para resolver el problema por la fuerza. Y así fue. El 14 de octubre de 2001, por orden suya, 13 concejales y el personero municipal fueron obligados a trasladarse a la vereda El Cedro, donde los esperaba Mendoza, quien los tuvo humillados y sometidos durante todo el día. De esa manera el alcalde logró armar a su amaño un nuevo quorum en el Concejo de Amagá.
Después el turno fue para el sindicato. Con la irrupción de las AUC en la región y la descomposición social que ello generó, los afiliados a Sintrasema empezaron a notar un ambiente hostil, de acoso y persecución. Que va a tener su momento culminante en diciembre de 2001, cuando Carlos Mario Palacio, jefe de Obras Públicas del Municipio y mano derecha del alcalde, en un vehículo del municipio condujo a los miembros de la junta directiva del sindicato hasta el corregimiento Minas, para que comparecieran ante el comandante del Bloque Suroeste de las AUC.
En aquel corregimiento los hombres armados le hicieron una encerrona. Como si se tratara de un ajusticiamiento por ser sindicalistas, los enfilaron a todos contra una pared, al tiempo que el comandante Mendoza les echaba un discurso. “A mí no me gustan los sindicatos porque acababan con las empresas, y porque los trabajadores son unos zánganos”, empezó diciéndoles.
Como consecuencia, el presidente de Sintrasema en aquel momento, Orlando Chica, convocó a una reunión de la Junta Directiva, que decidió en pleno renunciar al fuero sindical y al sindicato, aduciendo que no tenía garantías para salvaguardar sus vidas. Y ese mismo día Chica se dirigió al corregimiento de Minas a presentarle al jefe paramilitar el documento de la renuncia firmado por la Junta Directiva.
Pero además, ese día fue sometido a tratos degradantes y agresiones físicas y psicológicas. Lo amarraron de pies y manos en presencia de la comunidad del corregimiento, le apuntaron en la cabeza un arma de fuego con los ojos vendados, y lo metieron en un cajón de madera que simulaba un ataúd. Lo dejaron en libertad con la advertencia de que si denunciaba, se moría.
Al día siguiente, el 6 de diciembre, todos los afiliados al sindicato fueron convocados para la que sería su última asamblea. Con el aval del alcalde William Muriel y la presencia de la representante del Ministerio del Trabajo, uno a uno firmaron la renuncia a Sintrasema.
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