Cómo el paramilitarismo se ensañó contra el sindicato de trabajadores y empleados de las universidades públicas, Sintraunicol

La Escuela Nacional Sindical entregó el resultado de la larga investigación de memoria histórica que realizó sobre la violencia que, en medio del conflicto armado colombiano, sufrieron los sindicatos del sector palmero y el de empleados y trabajadores de las universidades públicas (Sintraunicol).

 En asocio con el Centro Nacional de Memoria Histórica, durante los dos últimos años la ENS se dio a la tarea de acompañar el trabajo realizado por las áreas de derechos humanos de los aludidos sindicatos, ya reconocidos como sujetos de reparación colectiva por la Unidad de Víctimas.

 En el marco de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Agencia de Información publica la primera de dos crónicas extractadas de la investigación de la ENS, ésta sobre la violencia antisindical contra Sintraunicol, uno de los sindicatos que más padeció el implacable ataque paramilitar.

Memoria histórica de la violencia antisindical contra Sintraunicol

El Sindicato de Empleados y Trabajadores Universitarios de Colombia, Sintraunicol, organización que hoy hace presencia en 25 departamentos y representa a servidores de 34 instituciones de educación superior del país, se creó en septiembre de 1991 por iniciativa de profesores y trabajadores de las universidades del Magdalena, Pedagógica Nacional, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y Popular del Cesar. Desde entonces su principal lucha ha sido por la dignidad laboral y la defensa de la educación pública.

En principio, Sintraunicol nació con el propósito unir fuerzas para capear las múltiples amenazas que en ese momento se cernían sobre los trabajadores y empleados de las universidades públicas, y tratar de presentar un solo pliego petitorio. Una de las mayores repulsas la suscitaba el Decreto 80 de 1980, que diferencia los trabajadores oficiales de los empleados públicos, para que solo los primeros tengan derecho a negociar convención colectiva y gozar de sus beneficios, mientras los segundos no.

El propósito además se anclaba en las directrices de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, organización fundada 5 años atrás, de la cual eran filiales los sindicatos que crearon a Sintraunicol. Fortalecer sindicatos de industria era precisamente una de las directrices de la CUT para tratar de contrarrestar la arremetida patronal y la apertura de la economía al libre comercio, que era lo que se le venía al país.

Para la educación pública universitaria la apertura económica que promovió el Gobierno Gaviria significó dejarla al libre juego de las fuerzas del mercado y abrirle paso a la iniciativa privada. Ese propósito quedó plasmado en la Ley 30 de 1992, orientada a la privatización de la educación superior y a vulnerar su autonomía. Puso límites y marcos a asuntos como la calidad de la educación, el bienestar de los trabajadores, los conceptos de democracia, pensamiento crítico y libertad de cátedra, entre otros. Supuestamente establecía una fórmula para garantizar una progresiva financiación, pero eso en el camino se enredó y lo que ocurrió fue lo contrario: se institucionalizó su desfinanciación de la educación pública universitaria, lo que a su vez devino en más precariedad en las condiciones salariales y laborales de profesores y trabajadores.

En ese contexto, a los 4 sindicatos fundadores durante esta década se sumaron otros más, que en su orden fueron: UPTC de Tunja, Sindeunillanos, Sintraunicordoba, las universidades de Antioquia, UIS de Santander, del Valle, de Sucre y del Cauca, las 4 sedes de la Universidad Nacional (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira) y de la Surcolombiana de Neiva. Dado que todos estos sindicatos mostraban pluralidad ideológica, Sintraunicol se constituyó desde entonces como un sindicato nacional en el que cabían los diversos credos políticos de izquierda, en alianzas con organizaciones estudiantiles y profesorales, y movimientos sociales y de derechos humanos.

Por otra parte, el proceso de creación y desarrollo de Sintraunicol se dio en un contexto de creciente criminalización de la acción sindical y la violación masiva de los derechos humanos, lo cual tuvo plena concreción con el auge del paramilitarismo en Colombia, estrechamente ligado en sus comienzos al exterminio del partido Unión Patriótica. Sintraunicol va a ser uno de los sindicatos más golpeados por la arremetida paramilitar.

Un desastre humanitario

La incursión y el ataque paramilitar a las universidades públicas se gestaron a mediados de la década de los 90 y empezó con fuerza a partir de 1997, según lo registra el Sistema de Información de Derechos Humanos de la ENS.

Entre enero de 1977 y agosto de 2018 se registraron 274 violaciones a la vida, la libertad e integridad física contra afiliados a Sintraunicol en 17 de los 25 departamentos en los que hace presencia, 28 mujeres entre las víctimas. Estas violaciones se discriminaron así: 13 homicidios y un desaparecido, 216 amenazas, 25 hostigamientos, 8 atentados y 3 desplazamientos forzados.

Los departamentos donde Sintraunicol ha sido más victimizado por la violencia antisindical, son, en su orden: Valle, Santander, Córdoba, Bogotá, Atlántico, Tolima y Antioquia. Fue en la Universidad de Córdoba en donde más directa y crudamente se expresó la violencia paramilitar y más homicidios se contabilizaron. Sobre estos hechos la Agencia de Información hace algunos años publicó una completa crónica.

Recomendamos leer:  “El sindicato que enfrentó al poder paramilitar, o cómo el paramilitarismo se tomó la Universidad de Córdoba

En cuanto a presuntos responsables, Sintraunicol se sale del patrón que rige en la mayoría de sindicatos victimizados por la violencia. Mientras en éstos sobresalen los casos en los que se desconoce información sobre los victimarios, en Sintraunicol el 54% de los casos (150) se atribuyen a paramilitares. Los casos en los que no se conocen los victimarios son 114 (41%). El 3% de los casos se atribuye a organismos de seguridad del Estado y dos casos a la delincuencia común.

El pico más violento se dio entre 1999 y 2004, un período en el que el terror arremetió contra Sintraunicol en todas sus formas: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, atentados contra trabajadores y sedes sindicales, desplazamientos y exilios. Durante este periodo la ENS registró 69 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra afiliadas y afiliados a Sintraunicol. En 7 de cada 10 violaciones aparecen como presuntos responsables lo grupos paramilitares.

El terror arremete con todo (1999-2004)

En 1997 se reportaron las primeras amenazas directas contra  Sintraunicol. En predios de la Universidad Nacional de Bogotá y Medellín se distribuyeron folletos que anunciaban una ofensiva paramilitar, lo que determinó el exilio de María Piedad León Cáceres, de la sede Medellín.

Luego aparece otro pasquín que declara objetivo militar a los miembros de la subdirectiva de Sintraunicol en la Universidad Surcolombiana de Neiva, entre ellos su presidente y miembro de Junta Directiva Nacional, Jairo Zambrano, quien también debió exiliarse. Y hay amenazas contra 5 miembros de la subdirectiva Magdalena: Armando Restrepo, Edgar Mercado, Merci Aragón, Wilson Penate y Óscar Alvarado, extensivas a sus familias; a lo que siguió la explosión de un petardo en su sede sindical, el cual causó daños materiales pero no víctimas.

En diciembre de 1999 hombres armados trataron de matar al profesor universitario Eduardo Pizarro, quien, aunque recibió varios disparos, sobrevivió. También en diciembre, pero de 2001, el turno fue para el asesor de Sintraunicol Fabio Rivera, quien recibió amenazas telefónicas, al igual que María Helena Piedrahita, expresidenta de la Junta Directiva Nacional. .

Otro hecho grave, que esta vez tocó la cabeza de Sintraunicol, ocurrió en mayo 2000: la desaparición del trabajador de la Universidad Nacional sede Medellín, Gilberto Agudelo Martínez, presidente nacional del sindicato y miembro del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional. Su desaparición se produjo cuando viajaba desde Bucaramanga a Medellín, días después de recibir amenazas escritas y telefónicas. En aquel momento el sindicato mantenía una férrea oposición al Plan de Desarrollo del gobierno Pastrana, que conllevaba al detrimento de la universidad pública. Sus restos se encontraron en el 2005 en una fosa común en la vereda Matanza (Santander), por información de ex combatientes de las AUC.

En el 2003 toda la Junta Directiva Nacional de Sintraunicol fue amenazada reiteradamente mediante cartas enviadas por las AUC. Esta junta estaba integrada por José Adonay Múnera Ortega (presidente), Luis Otálvaro Amazara (secretario general), Bessy Cecilia Pertuz Navarro (vicepresidenta y responsable de la comisión de derechos humanos), Antonio Flórez González (Secretario Intersindical e Integrante de la Comisión de Derechos Humanos), Mario José López Puerto (tesorero), Luis Ernesto Rodríguez (presidente subdirectiva Bogotá; Elizabeth Montoya (presidenta subdirectiva Medellín), Álvaro Vélez (presidente subdirectiva Montería), Álvaro Villamizar (presidente subdirectiva Santander); Ana Milena Cobos (secretaria de derechos humanos subdirectiva Fusagasugá). Otros directivos y activistas amenazados fueron: Rosalba Melo Navarro, Máximo Antonio Rodríguez Flórez, Henry Pulido, Roque Puerta Jacobo, José Rodríguez Jiménez, Wilson Moyano, Eduardo Camacho y Pedro Galeano.

Pero el asunto no se quedó en la mera amenaza telefónica. Un mes después hubo un hostigamiento contra la sede de Sintraunicol en el barrio San Luis de Bogotá, donde varios individuos que se hicieron pasar por veedores del sector incursionaron en esta sede buscando al presidente del sindicato, José Múnera Ortega, quien en ese momento no estaba en el lugar.

En octubre de 2004 se presentó otra amenaza colectiva contra los directivos de Sintraunicol Nacional Antonio Flórez, Milena Cobo, Ariel Díaz, Carlos González, Eduardo Camacho y Álvaro Villamizar, mediante un panfleto enviado por los autodenominados Comandos Nacionales Universitarios de las AUC.

 En cuanto al resto del país, un recorrido por las diferentes subdirectivas de Sintraunicol nos arrojan los siguientes datos de la violencia:

En el año 2000 arranca la persecución implacable del paramilitarismo contra Sintraunicol Montería, la cual empezó en septiembre con el asesinato del profesor Hugo Alfonso Iguarán Cotes, presidente de la subdirectiva de Sintraunicol en la Universidad de Córdoba, en el momento en que asistía a una reunión en la residencia de Víctor Hugo Hernández, quien el día anterior había sido nombrado rector, y quien le había ofrecido a Iguarán Cotes el cargo de vicerrector académico. Los paramilitares, encabezados por Walter José Mejía, ingresaron a la residencia y ejecutaron al profesor Iguarán Cotes. Luego a Antonio Flórez, su sucesor en la presidencia de la subdirectiva, y miembro de Junta Directiva Nacional de Sintraunicol, le llegaron amenazas de muerte, por lo que tuvo que irse de Montería. Y en 2001 hubo dos asesinatos más en esta subdirectiva: Francisco José Ayazo Gómez, funcionario del departamento de Bienestar Social, y además estudiante de agronomía (en enero); y el trabajador Nelson Narváez (en mayo).

En Sintraunicol Valle, en mayo 2000 aparecieron grafitis amenazantes en la Universidad del Valle contra los líderes de esta subdirectiva. En  diciembre de ese mismo año fue asesinado el trabajador Hernán Betancourt. En enero 2001 recibió amenazas Carlos Arbey González Quintero, directivo de Sintraunicol Cali, quien cinco meses después fue detenido arbitrariamente por las autoridades, después fue liberado. Y en diciembre de aquel año fue asesinado en Jamundí el trabajador Iván Velasco Vélez, quien ya había sido declarado objetivo militar por las AUC, en una lista de la que también hacían parte otros dirigentes sindicales de la Universidad del Valle como Carlos Arbey Gonzalez Quintero, José Adonay Múnera Ortega, Luis Carlos Moreira y Jesús Antonio Gonzales Luna.

En Sintraunicol Barranquilla, en marzo de 2000 se produjo un atentado terrorista en la Universidad del Atlántico y el posterior allanamiento de la oficina sindical por la policía, En septiembre de 2001 las AUC asesinaron al afiliado de base Antonio Mesa, y se registra la amenaza de muerte contra el directivo Alejandro de la Hoz, quien decide pedir asilo en otro país. En 2002 fueron amenazados mediante sufragios enviados a sus residencias Carmen Meza, José Rodríguez y Jairo Palacios Utria. Los instaban a que renunciaran a la subdirectiva de la organización sindical en Barranquilla.

En Sintraunicol Santander, en junio de 2001 varios profesores, empleados y trabajadores afiliados a Sintraunicol en la Universidad Industrial de Santander debieron adoptar  medidas de protección por amenazas recibidas de las AUC. En noviembre 2002, por primera vez en sus 54 años de existencia, la UIS fue objeto de allanamiento judicial  por parte de organismos de seguridad del Estado, el cual también se realizó en la sede de Sintraunicol Santander y en los sitios de trabajo de Álvaro Enrique Villamizar Mogollón y Luis Alejandro Díaz Parada, presidente y secretario del sindicato. El 26 de febrero de 2003, cuando se realizaba el II Congreso Universitario en la UIS, dos hombres que se movilizaban en una moto amenazaron al presidente de la subdirectiva Álvaro Enrique Villamizar Mogollón. También recibieron amenazas de la AUC los estudiantes  Rosmerlin Estupiñán, Mauricio Rivera, Julián Lozano, Príncipe Gabriel González,  y  Mauricio Pinto, a quienes se les acusó de ser miembros del ELN y las FARC.

Debes leer: Véase: “Recuento de luchas y lógicas de la violencia antisindical en Santander Sintrapalmas y Sintraunicol 1975-2012”,

En Sintraunicol Magdalena, en enero 2001 se produjo un atentado contra el directivo de esta subdirectiva Ricado Navarro, quien debió salir desplazado de Santa Marta. También debió salir exiliada por amenazas Gladys Navarro.

En Sintraunicol Huila, en enero 2001 recibió amenazas en su lugar de trabajo el secretario general la subdirectiva en este departamento, Jairo Zambrano. Recibió un panfleto de parte del grupo paramilitar que operaba en la región, lo que lo obligó a desplazarse de la ciudad de Neiva. En ese mismo año las AUC también amenazaron a Gustavo Ramírez, miembro de la junta directiva de la subdirectiva. Salió exiliado del país en virtud del convenio entre España- Asturias y la CUT.

El primer semestre de 2002 fue negro para Sintraunicol Pasto. En abril fue asesinado Libio Tito Hernández Ordóñez, destacado dirigente sindical de la Universidad de Nariño, y quien durante varios periodos integró la Junta Directiva de Sintraunicol. Y un mayo se produjo el asesinato de Michael Steven Gómez Ortiz, trabajador afiliado a la subdirectiva Pasto.

En Norte de Santander en septiembre de 2002 el dirigente de Sintraunicol Pamplona, César Orlando Gómez Velasco, fue interceptado por dos hombres que le propinaron 8 impactos de bala en su cuerpo, causándole  la  muerte. Su esposa, quien iba a su lado, resultó herida. Dos meses después Wilson Moyano, directivo de la subdirectiva Pamplona y miembro de Junta Nacional de Sintraunicol, se vio forzado a salir del país.

En lo que respecta a la Subdirectiva Bogotá, en septiembre de 2000 fue asesinado Efaín Becerra, trabajador de  base afiliado al sindicato. En octubre 2002 fue amenazado Ernesto Rodríguez Pesca, a quien varios sujetos desconocidos también allanaron su residencia.

En octubre de 2002 Ever Tique, Eduardo Camacho Rugeles y Pedro Galeano Olaya, directivos de Sintraunicol Tolima encontraron por debajo de la puerta de la oficina del sindicato un panfleto de las AUC con amenazas dirigidas contra ellos, extensivas a sus familias. En mayo de 2004 volvieron a ser amenazados Eduardo Camacho Rugeles y Pedro Galeano, quienes por ello se vieron obligados a desplazarse de Ibagué. Las directivas de la Universidad les exigieron reintegrarse a sus labores, so pena de ser sancionados.

En Sintraunicol Cartagena, en el año 2002 al integrante de esta subdirectiva Joel Teherán fue víctima de seguimientos, y en el portón de su residencia le dejaron un gato muerto como señal de amenaza. Por estos hechos debió buscar medidas de protección. Y en agosto 2004 otro integrante de esta subdirectiva, René Cabrales Sosa, también fue objeto de amenazas.

Enfrentando el estigma (2005-2010)

 Durante el periodo 2005 y 2010 merman los homicidios contra Sintraunicol, pero se agudizan las amenazas y los señalamientos estigmatizadores. De acuerdo con el registro del Sinderh de la ENS, en estos seis años se registraron 103 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra afiliados de Sintraunicol. 6 de cada 10 casos fueron contra integrantes de las subdirectivas Cali y Bucaramanga.

La incertidumbre y el temor por las amenazas también cundieron en Atlántico, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Cauca, Tolima, Cundinamarca y Antioquia, y llevaron a la desafiliación de personas que integraban las subdirectivas de Sintraunicol en estos departamentos. Varias de estas amenazas las recibieron directicos y afiliados que antes ya lo habían sido. La lista que suministra la ENS de los amenazados entre 2005 y 2010 incluye los siguientes nombres:

Lina Álvarez, Sandra Manrique, Leslie Barrios Salvador, Mildred del Valle Medina, José Milciades Sánchez Ortiz, Wilson Sáenz Manchola, José Ariel Díaz, Carlos Arbey González, Álvaro Villamizar, Carlos Escobar, José Ulises Rodríguez Jiménez, Eduardo Camacho Rugeles, Edinson Méndez Giraldo, José Adonay Múnera Ortega, Álvaro Núñez Delgado, Iván Castellanos, David Alberto Erazo, Javier Fernández, Antonio Flórez González, Ariel Rengifo Acosta, Johel Teherán Berrio, José Eurípides Delgado, Gonzalo Guerrero, José Santos Garzón, Silvio Guevara, Javier Maldonado, Luis Norberto Moreno, Carlos Palma, Alberto Prada, William Sandoval, Fernando Santander, Javier Alejandro Acevedo, Armando Restrepo Maury, Juan Carlos Jaimes, Senén Aponsá, Iván Castellanos, Eliécer González, Máximo Rodríguez, Plutarco Sandoval, Ives Trujillo y Álvaro Vélez.

Pero el caso más resonante durante este período, ampliamente difundido por los medios, fue la declaración pública que en 2007 hicieron José Obdulio Gaviria, asesor de cabecera del presidente Álvaro Uribe Vélez, y el vicepresidente de la república Francisco Santos. Ambos acusaron a Sintraunicol Subdirectiva Cali, lo mismo que a Sintraemcali y Sintrateléfonos, de tener nexos con la guerrilla. Esta afirmación tuvo de inmediato repercusiones en el conjunto de Sintraunicol. Toda su  junta nacional fue amenazada a los pocos días, y determinó la renuncia Bessi Pertuz Navarro, directiva nacional del sindicato, y del secretario de derechos humanos de la subdirectiva Fusagasugá. Cuatro años después, cuando ya no estaban en el gobierno, la justicia obligó a Gaviria y a Santos a retractarse públicamente de sus acusaciones y ofrecer disculpas a Sintraunicol y los otros dos sindicatos falsamente señalados.

En este periodo se produjeron dos asesinatos contra miembros de Sintraunicol. El primero ocurrió el 31 de enero de 2009 en Quibdó, Chocó, donde la víctima fue Luis Franklin Vélez Figueroa, trabajador de base. El segundo ocurrió en el departamento de Córdoba, donde la víctima fue Luis Alfonso Díaz Villa, de la subdirectiva de Sintraunicol Montería.

Otros hechos de persecución contra Sintraunicol fue la captura por parte de la policía de 4 integrantes del sindicato y 15 estudiantes, hecho ocurrido en Medellín en 2005.

Activismo bajo amenaza (2010–2018)

Según el Sinderh de la ENS, durante este periodo se registraron 100 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra afiliados a Sintraunicol, entre ellos un homicidio, el de Luis Alfonso Díez Villa, dirigente de la subdirectiva de Montería, ocurrido en agosto de 2011.

Sintraunicol fue, a nivel nacional, el segundo sindicato con mayor número de amenazas, 21, discriminadas así: Valle 14, Atlántico 2, Bogotá 3, Córdoba 1 y Santander 1. El primer lugar lo ocupó la CUT como organización, con 28 casos de amenazas.

De acuerdo con José Milciades Sánchez, Secretario Nacional de Derechos Humanos de Sintraunicol, la violencia en este periodo estuvo estrechamente ligada al apoyo que el sindicato le brindó al Proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC, mediante acciones como la promoción de la universidad como territorio de paz y convivencia, la pedagogía por la paz y la campaña por el SÍ en el plebiscito. Adicionalmente, Sintraunicol articuló su trabajo con otros sindicatos y sectores sociales, buscando con ello defender la educación y la salud como derechos, el acompañamiento comunitario, la protesta y movilización social.

El 86% de las violaciones contra la vida, la libertad y la integridad apuntaron a la dirigencia del sindicato. En su mayoría, los responsables de esos hechos presuntamente fueron grupos paramilitares, siendo las subdirectivas de Valle y Córdoba las más perseguidas y amenazadas.

Como se dijo, con 14 casos registrados, la subdirectiva Cali fue objeto de más persecución e intimidaciones durante este período. Se reportaron amenazas contra Edinson Méndez Giraldo, presidente de esta subdirectiva; José Milciades Sánchez, secretario nacional de derechos humanos; y los directivos y activistas Wilson Sáenz Manchola, José Ariel Díaz, Silvio Guevara, Milco Ferrer y Antonio Jesús Gutiérrez.

 Por parte de Sintraunicol Córdoba, se reseñaron amenazas contra dirigentes y activistas como, Stefan Romero Núñez, Diógenes Ayazo Tafur, Silvia Maussa, Roger Sáenz Gómez, Leslie Barrios, David Alberto Erazo, Iris Izquierdo González, Walberto Martínez Campo, Ariel Rengifo Acosta, Álvaro Vélez Carriazo, Ferly Negrete, Esteban Romero y Daniel Acosta, entre otros.

En mayo de 2013 fueron amenazados varios directivos de las subdirectivas de la costa caribe y directivos nacionales.

 El 31 de agosto del 2014 la presidente y el fiscal de Sintraunicol Nacional: Elizabeth Montoya y William Parga, fueron víctimas de un atentado en la vía Honda-Tolima cuando regresaban de la reunión de junta nacional en Montería. La organización sindical ya había denunciado seguimientos desde hacía varios días.

En la actualidad las amenazas no se han detenido,  siguen siendo la forma más recurrente de la violencia antisindical en varias subdirectivas de Sintraunicol,  sin que las medidas adoptadas por el Estado para erradicar este tipo de prácticas y garantizar la actividad sindical, tengan efecto. Aunque existen esquemas de seguridad para algunos dirigentes, estas medidas, según ellos, no son suficientes, por lo que reclaman medidas más integrales.

En el 2018 se reportaron 3 amenazas contra Sintraunicol, a través de panfletos en los que también se señalan de manera colectiva a otras organizaciones sindicales, entre ellas Anthoc, Sinaltrainal, la USO, Sintraelecol, Fensuagro, Sintraemcali, Sintrainagro y Sintramienergetica. En algunos casos estas amenazas han sido extensivas hacia organizaciones sociales.

En este punto, y a manera de conclusión, es necesario subrayar la enorme deuda que en materia de verdad, justicia y reparación existe hacia las víctimas de la violencia antisindical en el caso de Sintraunicol. Como se dijo atrás, en el 41,61% de los casos se desconoce información sobre el presunto victimario, indicador de impunidad sumamente grave ya que la investigación y sanción son necesarias para que la violencia antisindical no se repita y se sienten las bases de respeto y garantía para realizar la actividad sindical.

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