Así se vulneran los derechos de las trabajadoras domésticas en Colombia. 4 testimonios

Hoy 8, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, presentamos la realidad de las trabajadoras domésticas en Colombia, que en más del 90% de los casos lo desempeñan mujeres. A través del testimonio de cuatro trabajadoras domésticas, quienes en cada caso dan cuenta de la crasa vulneración de sus derechos laborales.

Estos testimonios se extractan de una investigación que la Escuela Nacional Sindical adelanta desde hace varios años y que está condensada en un libro denominado «Historias tras las cortinas, el trabajo doméstico en Colombia: entre transacsiones, incertidumbres y resistencias» de Viviana Osorio Pérez y Carmenza Jímenez Torrado. Los mismos fueron recopilados en talleres con afiliadas al sindicato Utrasd (Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico), y también de casos atendidos en los Centros de Atención Laboral.

Estrella Suarez*, 52 Años. Apartadó, Urabá antioqueño

Estrella Suárez se inició en el trabajo doméstico a los 15 años, en respuesta a las malas condiciones económicas de su familia. Su primera empleadora fue su profesora de matemáticas, quien le suministraba los cuadernos y algunos otros elementos de manutención.

Estrella trabaja desde hace 4 años en una casa de familia, donde no solo no recibe buen trato, sino un pago de apenas $170 mil mensuales, es decir, menos de la cuarta parte del salario mínimo. Con el agravante de que, tras tantos años en el oficio doméstico, su estado de salud se ha deteriorado. Siente dolor en la espalda, padece de calambres, hinchazón y dolor en sus articulaciones, enfermedades que han empeorado en los últimos años.

“Ojalá Dios me abriera una puertecita para estar con otra persona, no estar tan humillada. Porque de verdad a veces me acuesto y no quisiera ya volver a abrir los ojos al otro día”

Estrella Suárez, trabajadora doméstica

También dice que no cuestiona a su empleadora por los malos tratos y el salario recibido, por temor a que le digan que ya no necesitan de su servicio.

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Lila Mendoza*, 69 años. Cartagena

Lila Mendoza nació en San Onofre, Sucre, de donde su papá la separó de los brazos de su mamá para llevarla a vivir al Chocó con su abuela. Cuenta que no estudió porque su padre, ya casado con otra mujer, nunca la mandó a la escuela del pueblo donde vivían, con la disculpa de que por ser de origen campesino iba a ser objeto de burlas, y eso él no lo iba a permitir.

Lila recuerda que en vez de darle estudio, su papá la llevaba para el campo junto con su hermano para que le ayudaran en las labores agrícolas y cuidaran los productos recolectados del asecho de los animales.

Ahora Lila dice que el daño más grande que le causó su padre fue separarla de su madre. Porque si ésta hubiese estado a su lado, tal vez habría podido estudiar y su vida hubiera tomado otros rumbos.

Lila se casó en Ungía, Chocó, donde tuvo sus primeros tres hijos. Pero su relación conyugal fue un infierno, y tuvo un desenlace trágico, pues por poco le cuesta la vida. Ocurrió un día que una de sus hijas necesitaba un cuaderno para la escuela, entonces la envió donde su padre para que le pidiera dinero con qué comprarlo. Su hija regresó llorando porque su padre le respondió que ella misma tenía que rebuscarse el cuaderno. Indignada con esa respuesta, Lila le reclamó al hombre, pues no era ese el tipo de respuesta para una niña. El reclamo desencadenó una discusión que terminó con Lila tendida en el piso, medio muerta, a causa de los golpes que el hombre le propinó con un bate de béisbol.

Luego de la agresión, Lila decidió separarse de ese sujeto e irse con sus hijos para Cartagena, en parte también desplazada por el acoso de los grupos armados que merodeaban la finca de su padre.

En Cartagena empezó a trabajar en el servicio doméstico, el único trabajo que ha ejercido, en casas de familia o en servicios varios de empresas. También tuvo un nuevo compañero sentimental, con quien concibió dos hijos. Pero el hombre la abandonó y la dejó sola, a cargo de sus cinco hijos, por lo que tuvo que entrar a trabajar solo dos semanas después de haber dado a luz el último de sus hijos.

Todos los años que laboró como doméstica, más las condiciones en las que tuvo que hacerlo, afectaron su salud. Viene padeciendo dolores en sus piernas y brazos, afección aún no diagnosticada por parte de los médicos.

“Cuando uno lava y plancha, llega el invierno y uno se moja con los aguaceros y eso hace daño. Además las calles para llegar a mi casa eran de puro barro”,

Lila Mendoza, trabajadora doméstica

En los lugares donde trabajó le daban su uniforme, pero nunca los elementos de protección para realizar sus labores. Recuerda que en su último trabajo le pagaban a $25 mil el día laborado, más el transporte, y su horario era de 6:00 am a 4:00 pm.

Cuenta que ninguna de las familias para las que trabajó se preocupó por afiliarla al sistema de seguridad social, pese a que desde aquella golpiza que le dio su exmarido ha debido tomar medicamentos. Siempre ha estado afiliada al régimen subsidiado. Como tampoco tuvo las mínimas garantías en sus periodos de embarazo: no le daban los permisos para las consultas y controles médicos previos y posteriores al parto, ni tuvo licencia de maternidad remunerada.  

Lila afirma que su no asistencia a las consultas médicas, para no arriesgarse a perder su empleo, le trajo complicaciones en su último embarazo:

“Yo estaba trabajando y de pronto se me vino una hemorragia. Me fui corriendo donde el médico, que me hizo el reconocimiento y me sacó unos coágulos de sangre. Me preguntó qué me había hecho, y yo le contesté que nada, que lo único era que trabajaba mucho. Él me dijo que en mi estado tenía que dejar el trabajo, o trabajar apenas dos días a la semana, máximo tres, porque si no el bebé, una niña, se me iba a morir. Me dijo que mi hija estaba desnutrida en mi  vientre debido el ritmo de trabajo. Al nacer solo pesó medio kilo”. 

De haber podido educarse, cree Lila, le hubiera gustado emplearse en otros oficios, como modistería o enfermería, aunque dice, a modo de chiste, que le tiene pánico a la sangre. Y de haber podido cotizar a un sistema de pensiones para tener una vejez digna, no estaría en las que está. A sus 69 años, ya retirada como empleada doméstica, vive de lo que le dan sus hijos.

“No es mucho, pero es lo único que tengo para sobrevivir”, puntualiza.

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Rosmery Tuberquia, 39 años,  Medellín

Rosmery, oriunda del municipio de Cañas Gordas, tiene una larga experiencia en el servicio doméstico. Llegó a Medellín en 1992 a la edad de 19 años (hoy tiene 39), y desde entonces ha trabajado sin cesar en casas de familia.

Ningún mal recuerdo la asalta cuando habla de los distintos hogares donde trabajó, hasta cuando se refiere a Sol, su última empleadora, propietaria de una pensión estudiantil en el barrio Los Colores, al occidente de Medellín.

A la casa de Sol llegó recomendada por una amiga suya, y comenzó a trabajar en 2010 mediante un contrato verbal, que le resultó muy desfavorable porque quedó sometida a una jornada de 12 horas durante 6 días a la semana (incluso algunos domingos y festivos) por un precario sueldo de $420 mil mensual (menos del salario mínimo legal de aquel año), y sin el pago a la salud y pensión. “Pero la necesidad me obligó a quedarme ahí”, anota.

Al finalizar el primer año, Sol le pagó $500 mil, suma que incluía el sueldo de diciembre y su liquidación. Rosmery se sorprendió porque esperaba una suma mayor, que incluyera vacaciones y las demás prestaciones sociales que la ley establece, con excepción de las primas de servicio, que para ese entonces la ley no reconocía para el trabajo doméstico.

En vista de que su empleadora no atendió sus reclamos, le pidió a ésta que le diera una constancia escrita del pago, como había ocurrido en sus anteriores empleos. Pero su empleadora le respondió que ella no entregaba constancias. Así y todo, Rosmery siguió laborando al servicio de Sol, hasta un día de principios de enero de 2012, cuando ocurrió un incidente que determinó que ésta la despidiera.

Ese día Rosmery, madre soltera de un hijo de 9 años, pidió autorización para salir más temprano y hacer una diligencia en el colegio de su hijo, permiso que Sol le negó. Y no solo eso, alegando que Rosmery la miró “muy feo” cuando le negó el permiso, la despidió y apenas le pagó $20 mil por los 5 días que llevaba laborados.

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María Inés Arango, 49 años,  Medellín

María Inés nació en Andes, municipio del suroeste de Antioquia, desde donde muy joven se vino a trabajar a Medellín en el servicio doméstico.

Los últimos patrones que tuvo fueron Rosa e Iván, una pareja de la tercera edad residente en el barrio Conquistadores, para quienes laboró 8 años ininterrumpidos.

El comienzo de su jornada en casa de esta pareja (7 de la mañana) siempre implicó un conflicto para María Inés, pues vive en Belén Las Violetas, un barrio no sólo apartado sino que padece el flagelo de la violencia entre pandillas, lo que agrava el flujo de transporte público en la zona.

“Mis patrones nunca entendieron lo difícil que es para mí el transporte, incluso cuando realmente no  necesitaban que llegara a las 7 en punto de la mañana”,.

María Inés, trabajadora doméstica

Así que el pasado 19 de junio llegó a trabajar a las 8:30 de la mañana, esto porque tenía un permiso acordado con Iván, el señor de la casa.

Hacia las 11 de la mañana Rosa se levantó y, con su temperamento habitualmente conflictivo, le preguntó a su marido: “¿Y esa hijueputa a qué horas llegó?”, frase que María Inés escuchó. 

Muerta de la ira por el insulto, le reclamó a su patrona, a lo que ésta le respondió con el despido. Le dijo que se largara de su casa, e incluso le recomendó que se dirigiera a la oficina del trabajo para que la liquidasen, pues allí “no había dinero para ella”.

El señor Iván intentó calmar la situación diciéndole a María Inés que no prestara atención a las palabras de su esposa, pero ya no admitió más razones. “No. Ya me cansé de tanto maltrato, me quiero ir de aquí”,  fue su respuesta. Sólo recibió $5 mil por una semana de trabajo.

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Tanto Romsery Tuberquia como María Inés Arango se acercaron al Centro de Atención Laboral (CAL) de Medellín en busca de ayuda jurídica. Expusieron su caso y los asesores les señalaron la lista de responsabilidades que, de acuerdo con la ley, sus empleadores estaban en obligación de asumir. Ambas quedaron atónitas al entender que todos sus derechos les habían sido conculcados. En el caso de Rosa, su última patrona siempre le dijo que las pensiones eran sólo para los profesionales, no para las muchachas del servicio.

María Inés se indignó al enterarse que nunca, ni siquiera cuando trabajó como interna, le habían pagado el salario mínimo, ni le cotizaron a salud, ni mucho menos a pensión. Así que se tuvo que entender con el abogado de su patrona, quien le ofreció un millón de pesos como liquidación por ocho años de trabajo, oferta que por supuesto ella rechazó. Según sus cálculos, lo que le adeudan asciende a 10 millones de pesos.

Ante la negativa de sus empleadores a reconocerle este pago, su paso siguiente fue acudir al consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia a fin de interponer demanda ordinaria laboral.

Y Rosmery decidió entregarle personalmente el oficio a Sol, su empleadora, pero la hija de ésta, que es abogada, dijo que su mamá no se encontraba y se negó a recibir el documento. “Entonces yo lo tiré debajo de la puerta y ella lo devolvió”, dice.

Su proceso es más complicado, pues al no existir ningún documento que compruebe la relación laboral, debe apoyar su declaración con testigos. Pero los universitarios que vivían en la casa de Sol se negaron a colaborarle, y esta es la hora en que no sabe a qué otro recurso acudir para ganar el caso.

Tanto María Inés como Rosmery confiesan no entender completamente el proceso jurídico, y se muestran un poco escépticas sobre la  eficacia del mismo. Por ahora deben conformarse con esperar sus resultados, que puede tardarse entre 6 meses y un año, tiempo que para María Inés especialmente es angustioso teniendo en cuenta su situación: tiene tres hijos que sostener y aún se encuentra desempleada.

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