1987, el año en que el paramilitarismo se ensañó contra activistas sociales y defensores de D.H en Antioquia. Crónica.

En memoria de Luis Felipe Vélez, líder sindical asesinado hace hoy 30 años

 

En solo seis meses, entre julio y diciembre de 1987, sicarios del paramilitarismo asesinaron en Antioquia a 24 personas, la mayoría en Medellín, entre ellos profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, dirigentes del Comité de Derechos Humanos, así como líderes de la Unión Patriótica y la Juventud Comunista. Fue una vorágine de sangre que marcó el inicio del proyecto paramilitar contra líderes sociales de izquierda y organizaciones defensoras de derechos, como el sindicalismo.

El momento más álgido de aquella andanada criminal tuvo lugar el 25 de agosto –hoy hace 30 años–, cuando en el transcurso de pocas horas y en dos episodios distintos fueron asesinados el sindicalista Luis Felipe Vélez Herrera, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, y los médicos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda, ambos profesores de la Universidad de Antioquia y cabezas visibles del Comité de Derechos Humanos.

Para ese momento la racha sangrienta había adquirido una dinámica atroz. La lista de asesinados en los dos meses anteriores incluía a Pedro Luis Valencia Giraldo, senador por la Unión Patriótica; a los profesores de la Universidad de Antioquia Carlos López Bedoya, Darío Garrido y Jesús Hernando Restrepo; y a los estudiantes José Ignacio Londoño, Edison Castaño Ortega, José Abad Sánchez, John Jairo Villa Peláez, Yowaldin Cardeño Cardona y Gustavo Franco Marín. Además, circulaban panfletos de un grupo autodenominado “Amor por Medellín”, cuyo propósito era “limpiar la ciudad de simpatizantes de grupos guerrilleros”.

 La marcha de los claveles rojos

Esa ola de violencia, claramente política y sin precedentes en la capital antioqueña, generó una fuerte reacción de la ciudadanía. El 13 de agosto diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos convocaron a una manifestación de protesta por las calles de Medellín, a la que llamaron ‘La marcha de los claveles rojos’, porque las 3 mil personas que asistieron a exigir respeto por la vida, lo hicieron con pancartas y claveles rojos.

La represalia violenta contra esta marcha no se hizo esperar, y va a dirigirse contra los líderes que la convocaron y fueron los oradores centrales de la misma. Al día siguiente, 14 de agosto, 5 sujetos que vestían de policías, con el pretexto de hacer un requerimiento judicial, llegaron a la casa de Pedro Luis Valencia Giraldo, senador de la Unión Patriótica, quien en la marcha de los claveles hizo un fuerte reclamo al Gobierno para que frenara la arremetida paramilitar. Le propinaron 42 impactos de bala delante de sus hijos y su esposa.

Y el 25 de agosto, cuando llegaba a su oficina a las 7 y media de la mañana, un sicario acribilló a tiros a Luis Felipe Vélez, presidente de Adida. Y al final de la tarde el turno fatal fue para Héctor Abad y Leonardo Betancur. Su muerte se produjo en la parte externa de la sede de Adida, a donde ambos habían acudido para la velar el cuerpo sin vida de Luis Felipe Vélez. Pero como a éste ya lo había trasladado al coliseo deportivo, ambos se quedaron conversando afuera con algunos maestros. Fue ese el momento en que aparecieron dos sicarios en moto, y los acribillaron. Betancur alcanzó a correr al interior de la edificación, pero hasta allí llegó el sicario a rematarlo.

Precisamente en memoria de los tres inmolados aquel día sangriento, este viernes 25 de agosto el colectivo Cartel Independiente, de Medellín, convocó a una nueva marcha con claveles rojos, 30

años después, como una manera de recordarle al país que los defensores de Derechos Humanos siguen en riesgo en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va de este 2017 han sido asesinados más de 50 defensores de Derechos Humanos, y otros 500 recibieron amenazas.

No será una concentración masiva como la de 1987, sino una movilización con varios plantones en distintas plazas a lo largo del día, a las que se espera la gente asista con claveles rojos. También habrá agitación en las redes sociales, compartiendo fotos y videos con la etiqueta #NoMatarás.

Y ayer en el auditorio de Adida se realizó un acto de conmemoración de los 30 años del asesinato de Luis Felipe Vélez Herrera, el líder sindical sacrificado. El homenaje comprendió la proyección de un video, la lectura de poemas y un recital de canciones, y contó con la asistencia de numerosos maestros y maestras.

 

Los mártires del 25 de agosto de 1987 

 

 

Luis Felipe Vélez Herrera tenía apenas 33 años aquel 25 de agosto. Era abogado, politólogo y destacado promotor de la actividad sindical en Antioquia, ruta que lo llevó a ser miembro del comité provisional de la CUT, presidente de Adida e integrante de la Junta Nacional de Fecode. En su memoria, hace 5 años la ENS produjo un video con motivo de los 25 años de su asesinato, que recoge los recuerdos e impresiones de su esposa, Lilian Gómez, con prólogo de magistrado Carlos Gaviria Díaz (qepd):

Por su parte, Fernando Ospina Yepes, actual presidente de Adida, quien aquel año era un joven educador recién afiliado al sindicato, destacó las virtudes humanas y el gran liderazgo gremial de Luis Felipe Vélez:

“Aparte de la profunda tristeza que nos produjo, ese asesinato dejó secuelas a nivel de la actividad sindical, puesto que demostró la intención de golpear a una organización como Adida, que tenía fortalezas. Pero si bien en ese momento fue un golpe rudo para el sindicato, también animó al magisterio a seguir en la lucha, defendiendo a los maestros, a la educación pública y los derechos humanos”.

Es pertinente anotar que, con el asesinato de Luis Felipe Vélez, la serie de crímenes contra los educadores en Antioquia no hizo sino comenzar. Entre 1985 y 2005 fueron asesinados en este departamento 398 docentes, el 91% de ellos maestros de primaria y secundaria, y el 5% de la Universidad de Antioquia. En su mayoría eran educadores que también tenían algún tipo de liderazgo en las comunidades, como promotores sociales, defensores de derechos humanos o sindicalistas.

Héctor Abad Gómez tenía 66 años cuando los sicarios acabaron con su vida. Era médico salubrista y activista político. En varias ocasiones fue secretario de Salud de Antioquia, diputado de la Asamblea, representante a la Cámara y precandidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal. Al momento de morir se desempeñaba como presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, cargo que le deparó mortales enemigos. En uno de los bolsillos de su camisa le encontraron una lista con 22 amenazados de muerte, entre quienes figuraba él mismo junto a otros defensores de derechos humanos, activistas políticos, artistas y funcionarios públicos.

 Leonardo Betancur Taborda tenía 41 años. Era médico salubrista, al igual que su maestro y mentor Héctor Abad Gómez, con quien compartía la visión de la salud como forma de mejorar el mundo, acabar las inequidades y reducir las brechas sociales. Como dirigente político fue concejal de Medellín por el movimiento Firmes, e intervino en la creación del Fondo Social Médico y del Comité de Derechos Humanos. Había sido además socio fundador de la Escuela Nacional Sindical. En los tiempos del Estatuto de Seguridad estuvo preso 6 meses por atender a un miembro del ELN herido en combate con la fuerza pública.

Al sepelio de estos tres líderes sacrificados asistieron no menos de 5 mil personas, lo que daba cuenta de la conmoción y el repudio que su muerte violenta generó en la comunidad antioqueña. “Podrán matar una flor, pero jamás podrán matar la primavera”, fue la consigna que más se escuchó entre los marchantes en el sepelio. Ese día el alcalde de Medellín, William Jaramillo, exigió acciones urgentes y denunció que la ciudad era blanco de una ola de violencia política jamás vista.

Otra de las consecuencias de aquella sucesión de crímenes, fue el exilio obligado de profesores, líderes políticos y activistas de derechos humanos. Días después de aquel 25 de agosto sangriento, el abogado y profesor de la Universidad de Antioquia, Carlos Gaviria Díaz, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos, sus colegas Jaime Borrero y César Muñoz, y el periodista Alberto Aguirre, debieron tomar la ruta del exilio.

Sigue la racha violenta

El 17 de octubre de 1987, 6 días después de la conmoción nacional por el asesinato del presidente de la UP, Jaime Pardo Leal, en Medellín cayó víctima de las balas el vicepresidente de la Asociación de Médicos Internos y Residentes, Rodrigo Guzmán. A la semana siguiente fue desaparecido y luego encontrado asesinado Orlando Castañeda Sánchez, estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia.

El 24 de noviembre, a escasos metros de la Basílica Metropolitana de Medellín, en la sede de la Juventud Comunista (Juco) se produjo la masacre de 6 personas. Varios hombres armados ingresaron a esta sede y acribillaron a todos los que allí se encontraban, en el piso y en total estado de indefensión. Las víctimas fueron Orfelina Sánchez, Írian Suaza, Pedro Sandoval, Marlene Arango, Concepción Bolívar y Luz Marina Ramírez, estudiante de química en la Universidad de Antioquia. Por lo regular esa sede permanecía custodiada por la policía, pero esa vez ésta brilló por su ausencia.

Esa misma semana a la lista de crímenes en Antioquia, que ya era escandalosa, se sumaron los de Wilson Taborda Cardona y Germán Emilio Torres, conductor y escolta del presidente de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa. A la altura del municipio de Puerto Triunfo fueron interceptados por gente del MAS, sin que desde entonces se volviera a saber de su paradero.

El 10 de diciembre, instituido por la ONU como el Día Internacional de los Derechos Humanos, continuó la tragedia. En horas de la mañana un grupo de 6 hombres que portaban prendas policiales ingresó a la Cooperativa de Trabajadores de Simesa, de donde sacaron al estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia y dirigente de la UP, Francisco Gaviria Jaramillo, cuyo cadáver fue encontrado al día siguiente en una de las lomas de Envigado.

Pero la andanada violenta en aquel aciago 1987 no paró allí. El 16 de diciembre se produjo un atentado en contra el diputado de la UP, Gabriel Jaime Santamaría. Su vehículo oficial fue atacado con granada de fragmentación y disparos, que por fortuna solo produjeron lesiones a su conductor y él salió ileso.

Y faltaba el puntillazo final, otro crimen que sacudió nuevamente a la sociedad antioqueña: en un paraje de la carretera al mar fue encontrado el cadáver del abogado y profesor de la Universidad de Antioquia, Luis Fernando Vélez Vélez, quien había reemplazado a Héctor Abad Gómez en la presidencia del Comité de Derechos Humanos. Era, además, teólogo y experto en la cultura katía.

A manera de conclusión podemos decir que lo ocurrido en 1987 fue el preámbulo de la violencia que en los años posteriores se extendió por el país como una epidemia. Fueron acciones perpetradas principalmente por el clan de los Castaño en alianza con políticos y miembros de la fuerza pública, que después se consolidarían como las Autodefensas Unidas de Colombia. Tuvo como blanco a la Universidad de Antioquia, al Comité de Derechos Humanos, a la Juventud Comunista y la Unión Patriótica, con el objetivo de generar temor y la sensación de que Antioquia y su capital eran tierra de nadie.

La respuesta del Gobierno, tanto el nacional como el regional, fue lenta e ineficiente, y la impunidad terminó de condenar todos esos casos al olvido institucional. Por increíble que parezca, después de 30 años la gran mayoría de ellos siguen impunes.

Años después en el libro ‘Mi confesión’, del periodista Mauricio Aranguren, el jefe paramilitar Carlos Castaño admitió que en ese momento él personalmente lideraba la autodefensa urbana en Medellín, y confesó que su organización participó en varios de esos crímenes, entre ellos el del senador de la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia.