El pasado 11 de abril la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó liquidar uno de los sindicatos más importantes y fuertes de la capital del país: Sintraemsdes Bogotá. Pero posteriormente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en falló de tutela, le ordenó al Tribunal de Cundinamarca proferir una nueva sentencia porque su fallo no se ajustaba al objeto de la demanda.
Es decir, Sintraemdes sigue vivo, pero muy amenazado. Por cuenta de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, que, según Martín Quijano, presidente del sindicato, quiere cobrarle a éste su activa oposición al proyecto de la represa de San Rafael.
El origen de toda esta situación –dice Quijano– se ubica en el año 2013, cuando la junta directiva del sindicato negoció bajo la mesa y entregó gran parte de la convención colectiva. Entonces los trabajadores reaccionaron, destituyeron la junta entreguista y nombraron una nueva. Pero se suscitó una serie de inscripciones de juntas ante el Ministerio de Trabajo, por lo que en 2015 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá solicitó a la justicia que dijera cuál de las dos juntas era la legal, y procediera a liquidar la otra.
Ahí empezó un galimatías jurídico. En una primera sentencia, el 12 de febrero de este 2019, el Juzgado Primero Civil de Facatativá negó a la empresa la solicitud de liquidar el sindicato porque no tenía esa potestad. Pero, el Tribunal de Cundinamarca revocó ese falló y fue más allá: ordenó la liquidación de la organización sindical. El Sindicato presentó una tutela ante la Corte Suprema que, como se dijo, le ordenó al Tribunal de Cundinamarca proferir una nueva sentencia con sujeción a las pretensiones de la demanda. Y ahí va el tema.
Entrevistamos a Martín Quijano, presidente de Sintraemsdes, para abordar el tema, y las consecuencias que puede tener para la organización sindical.
Cuéntenos primero un poco de Sintraemsdes Bogotá, ¿cuándo lo fundaron, cuántos afiliados tuvo, cuántos tiene ahora?
Sintraemsdes nació en 1937 con el nombre de Sintra-acueducto, nombre con el que funciona hasta el año 2002, cuando aparece Sintraemsdes, sindicato de industria, que existe desde 1972, que venía en la tarea de unificar todos los sindicatos de servicios públicos domiciliarios del país. Ese año en asamblea de trabajadores Sintra-acueducto toma la decisión de fusionarse a Sintraemsdes y creamos la Subdirectiva Bogotá con 2.500 afiliados, los mismos que hay hoy. El sindicato nacional está en 47 ciudades y municipios del país, y agrupa unos 12 mil trabajadores. La subdirectiva más grande es Medellín, por los afiliados de EPM que son como 4 mil; y la segunda Bogotá. Le siguen Pereira, Bucaramanga, Manizales y Cali.
¿Qué pasó en 2013 con la junta directiva que negoció bajo la mesa?
Ese año surgió un problema al interior de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La dirección sindical de ese momento entregó todos los puntos de la convención colectiva de trabajo; una convención de 80 años, a cambio de que ingresaran 1.300 trabajadores a la empresa. A esos trabajadores solo se les beneficiaría con el transporte y el casino. Ante esa entrega abismal de los derechos convencionales un sector de los trabajadores reaccionamos, pusimos la queja a la Junta Nacional de Sintraemsdes, que convocó una asamblea general en Bogotá. Ésta decidió expulsar a todos los directivos que habían negociado la convención, y se nombró una junta provisional, que funcionó durante 6 meses hasta que se nombró junta en propiedad. Pero los de la junta expulsada siguieron haciendo su proceso de depósitos ilegales en el Ministerio de Trabajo durante más de un año, lo que generó que la empresa colocara una tutela ante el Concejo de Estado, y éste le respondió que el depósito que venía haciendo la junta expulsada era legal porqué así estaba en los estatutos, y que saber cuál de las dos juntas era la legitima implicaba un proceso ordinario ante un juez. Ese proceso lo inició la empresa en 2015, y el juez en primera instancia dijo que la empresa no tenía legitimidad para pedir la cancelación de una junta directiva sindical. Dijo cuál de las dos juntas era la legal, pero se abstuvo de ordenar cancelaciones, ya que ese era un problema interno del sindicato. La empresa apeló en enero y el Tribunal de Cundinamarca terminó yendo más allá: no solo revocó la sentencia de primera instancia sino que ordenó cancelar el registro de la subdirectiva, o sea, el de la inscripción de Sintraemsdes. Y la empresa de manera oportunista se pegó de eso para desconocer el sindicato. Como el Tribunal de Cundinamarca se ratificó en su decisión, interpusimos acción de tutela en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el fallo del Tribunal fue contra derecho. Y la Corte nos dio la razón.
¿Después de ese paralelismo de juntas directivas, el sindicato ha firmado nuevas convenciones colectivas?
Sí, en el año 2015. En medio de ese problema de las dos juntas radicamos pliego de peticiones y logramos firmar una muy buena convención colectiva con vigencia hasta este año 2019, e incluso la vinculación de 1.300 trabajadores a la empresa mediante concurso. O sea que al firmar la convención la empresa de hecho reconocía el sindicato. Pero después se acoge al fallo del Tribunal de Cundinamarca, que ni siquiera había pedido. O sea, está aprovechando la oportunidad para tratar de liquidar a Sintraemsdes.
Han dicho ustedes que detrás de todo este enredo jurídico hay una voluntad de retaliación de la Administración Peñalosa, por la acción popular que el sindicato presentó para impedir la construcción de un parque en la represa San Rafael. Explíquenos eso.
Estamos convencidos de que es una retaliación del alcalde Peñalosa. Desde el momento en que sale el fallo de suspensión de las obras del embalse de San Rafael, arranca una arremetida contra todos los afiliados a Sintraemsdes. Una serie de despidos arbitrarios por parte de la administración, sin un debido proceso, notificando cada semana a 7 u 8 personas para despedirlas. Cuando uno hace seguimiento a esos despidos, encuentra que muchos son trabajadores de la base del sindicato. Incluso la semana anterior radicamos una queja por acoso laboral colectivo. Tal vez el Alcalde espera que la acción popular que puso el sindicato para impedir las obras del embalse, se suspenda si se liquida Sintraemsdes. Pero se equivoca. En el encabezado de la acción popular dice claro que, así se acabe Sintraemsdes, Martín Quijano, como representante legal del sindicato y ciudadano, queda obrando para la acción popular. Así que tendrán que matarme a mí como persona natural para que cese la acción popular.
¿Por qué concretamente el sindicato promovió la acción popular por lo del embalse de San Rafael?
Desde hace muchos años la convención colectiva de Sintraemsdes dejó de dedicarse solo a pedirle al empleador mejoras salariales y beneficios particulares. En los últimos 15 años nos hemos preocupado por el tema ambiental, fortalecer el capítulo sobre “Medio Ambiente y recursos hídricos”. A los últimos gerentes que ha tenido la empresa les hemos dicho que no compartimos ese proyecto, por el daño ambiental al recurso hídrico de la ciudad. Aparte del daño económico para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pues le implicará un gran endeudamiento.
¿Cuáles son los daños al medio ambiente y al recurso hídrico que generaría el proyecto del embalse de San Rafael?
En el proyecto la empresa habla de talar unos 9 mil árboles de especies nativas. Se le va a meter concreto a cerca de 190 mil metros cuadrados del embalse, con senderos, ciclo rutas, parqueaderos, muelles para embarcaciones, un complejo de restaurantes y el cable para el transporte. Se habla de una inversión de más de $600 mil millones, para meterle 20 mil personas diarias al embalse, lo que va a generar una gran contaminación. ¿Qué va a pasar con 20 mil personas caminando por los senderos, metidas en lanchas, demandando comida y restaurantes? Las aguas que vienen del páramo de Chingaza son de las más puras de los acueductos del país. El procedimiento que se hace en la planta de tratamiento Francisco Viernes es muy sencillo, casi de decantación y de filtros, pero cuando se empiecen a contaminar las aguas del embalse se van a encarecer los costos del tratamiento, será necesario comprar más filtros, tener más operarios y una planta más moderna.
¿Y qué hay de la licencia ambiental para ese proyecto?
En su afán de sacarlo adelante, el Alcalde Peñalosa sacó una licitación para hacer las obras en el embalse de San Rafael sin un estudio de manejo ambiental. Este plan no existe, así digan que sí. Están cogiendo un plan de manejo ambiental del año 2003, que era para obras pequeñas y la ampliación de una planta de tratamiento que existe allí. Por eso el Juez Sexto Administrativo de Bogotá, después de evaluar todas las pruebas que le presentamos, decidió conceder la medida cautelar y ordenó la suspensión de la licitación, y de cualquier obra que se adelante en el sector de La Calera.
¿Qué acciones está haciendo el sindicato para enfrentar esta coyuntura de acoso laboral y sindical?
Estamos trabajando con la ONG Justicia y Paz. Dicen que hay méritos suficientes para que llevemos la queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También va a ser elevado ante la OIT, porque creemos que esto ya raya con la violación del derecho de asociación sindical.
Qué llamado hace a las organizaciones sindicales en torno al proceso jurídico que se adelanta, y que podría terminar con la cancelación de la personería jurídica del sindicato.
El llamado al movimiento sindical es que aquí no hay que mirar a qué central obrera pertenece un sindicato, porque este caso lo que deja claro es la amenaza que se cierne sobre los sindicatos. Si a Sintraemsdes le quitan la personería por los motivos que he expuesto, estamos en peligro todos, porque cualquier empleador va a tener un camino cierto para acabar un sindicato en este país. Es sencillo: yo como empresa pongo a 10 personas a firmar una planilla como junta directiva del sindicato, con radicación en el Ministerio de Trabajo. De esa manera hago paralelismo a la junta directiva del sindicato, hago depósitos de dos o tres juntas distintas para invocar así violación al derecho por parte de los sindicatos. Digo: por favor, liquídenme ese sindicato que está abusando del derecho de asociación. Eso es un peligro.
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