Plan Nacional de Desarrollo: bienvenidos al pasado y al atraso

(Imagen tomada de Agencia de Prensa UNAL)

Iván Duque presentó al Congreso de la República su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”.

Por Alberto Orgulloso, director General de la ENS

Se trata de una colcha de retazos que responde esencialmente a los intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas. En contraste, desmonta derechos sociales y ciudadanos, profundiza el modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la riqueza, del ingreso y del poder político.

Es un proyecto político contra el Acuerdo de Paz, quizá a manera de revancha política contra el gobierno anterior y contra los sectores de la sociedad que claman paz y reconciliación. Los temas claves se reducen a meros anuncios generales y falacias, que dan la apariencia de ser un proyecto democratizador basado en el modelo de los pactos sociales. Pero con la certeza de que nada o muy poco será cumplido, como hasta ahora lo ha sido. Los acuerdos iniciales sobre la agenda anticorrupción derivada de la consulta popular, con sectores aliados (liberales y de la U) y de la oposición (Verdes y Polo), evidencia la falta de seriedad del gobierno, que dice una cosa y hace todo lo contrario. Todos los proyectos de ley fueron hundidos por la bancada del gobierno Duque-Uribe.

Con este PND los trabajadores y los sectores pobres quedan expuestos y más vulnerables, en la medida que adopta “los contratos por horas”, “la cotización por horas” (flexiseguridad), un pago mayor de los aportes a seguridad social por parte de los trabajadores independientes, que pasaría del 40% sobre el ingreso recibido, al 55% del ingreso base.

Asimismo, le apuesta a una medida ya fracasada: tratar de convertir por decreto a los trabajadores en emprendedores o “empresarios”, lo que en últimas es una figura disfrazada del empleo cuenta propia o autónomo, o trabajo precario, como los conductores de Uber, los trabajadores de plataformas y las redes de vendedores y promotores de productos por catálogo, e incluso trabajadores independientes por prestación de servicios, pero sin garantías laborales.

En un Estado Social de Derecho como el nuestro, el gobierno está obligado a cumplir la constitución política, la ley y el derecho internacional. En tal sentido, está obligado a acoger y cumplir las recomendaciones de la OIT, los ODS y los compromisos laborales internacionales derivados de los TLC, que son tratados internacionales vinculantes, y las observaciones de la OCDE en varios temas sensibles.


Tampoco pueden ser desoídas, como hasta ahora lo han sido, las reclamaciones de los sindicatos, los maestros, los campesinos, los grupos étnicos, las mujeres en lo relativo a los derechos humanos, laborales, sindicales y de ciudadanía.

Si el gobierno se propone lograr acuerdos y construir pactos con todos los sectores, tendrá que reconocer e incorporar efectivamente la aspiración de paz de por lo menos la mitad de la población colombiana, en cumplimiento del artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

El Plan Nacional de Desarrollo presentado, es una síntesis de lo que caracteriza el gobierno que encabeza Iván Duque: improvisación, inexperiencia, falta de visión de Estado, guerrerista y revanchista.

Los trabajadores, sindicalistas, campesinos, sectores populares, las víctimas y los defensores de derechos humanos, serán sometidos a un desmonte sistemático de sus derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos y organismos internacionales, como la OIT. El proyecto de PND es un regreso al pasado: más seguridad (llamada legalidad), restricción de derechos y pocas garantías democráticas a la oposición y a los sectores sociales. Se prevé que este Plan será arduamente debatido en el Congreso de la República, como lo establece la ley, pero también en la calle, como lo han anunciado las organizaciones sindicales y sociales.

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Plan Nacional de Desarrollo Desmonta derechos y promueve mayor desigualdad

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, en buena parte debido a las brechas en el mundo laboral y a la alta concentración del ingreso y la riqueza. Según el Informe de Trabajo Decente de la ENS (2017) “el decil más alto de ingresos laborales gana hasta cuarenta veces lo que devenga el decil más bajo. Es decir, en 2015 el ingreso del 10% más rico de la población fue 43,9 veces el ingreso del 10% más pobre”, además, la concentración de la tierra, se ubica en el 0,88 del índice Gini.

El PND parte de un buen diagnóstico de la realidad socio-económica del país, pero no reconoce en todos los casos las causas de las desgracias de la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades y las brechas sociales, étnicas y de género. Como tampoco reconoce la existencia de un conflicto socio-político armado, que debe ser terminado por la vía del diálogo y la negociación. Es un gobierno negacionista del conflicto y las responsabilidades históricas de la violencia.

El proyecto de Plan es una oferta de buenas intenciones, y de malas también. Carece de un enfoque de derechos laborales y de un compromiso serio por el Trabajo Decente, la justicia social y los derechos humanos. Son simulaciones con cargas ideológicas profundas de la nueva ola de derecha mundial. Los anuncios son una señal de guerra contra las y los trabajadores y el movimiento sindical.

Propone varias reformas: laboral, pensional y sindical, que conducirán a una mayor precarización laboral y a la limitación de derechos fundamentales. Este tipo de proyectos de ley no podrían realizar reformas legales o constitucionales sin cumplir el procedimiento legal y los preceptos de la Corte Constitucional. Pero el bloque de poder del actual régimen autoritario se cree con el derecho supremo de violar y desconocer el derecho y la ley.

Crecimiento basado en extractivismo y precariedad laboral

El Proyecto del Plan considera que “el crecimiento económico se potenciará con el fortalecimiento de un entorno favorable a la creación y consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo. Este entorno reducirá la informalidad, apoyará el emprendimiento, movilizará fuentes de financiación, fomentará la conversión tecnológica, simplificará la regulación, promoverá la competencia, dinamizará la producción agrícola moderna e inclusiva, e impulsará las exportaciones”.

Se propone “elevar el crecimiento potencial a 4.1%, hasta alcanzar un crecimiento máximo de 4,5% en 2022”. Los sectores que serían los de mayor aporte al crecimiento son agricultura, minería e industria, sin embargo, Duque hizo una alharaca sobredimensionada.

Sin embargo, estos supuestos son falacias, porque no reconocen el ambiente muy poco favorable para las exportaciones colombianas, basadas esencialmente en productos primarios extractivos (petróleo y minerales), debido en parte a los cambios en la matriz energética de los países desarrollados, que prometen el cambio progresivo de las fuentes de energía, en respuesta a los compromisos frente al cambio climático. Además, las reservas de petróleo en producción y la capacidad extractiva no han podido pasar de los 900 mil barriles por día. El milagro vendría de la mano de los precios del petróleo y los llamados comoditis.

Aspectos que desmejoran a los trabajadores

La meta de generación de empleo se reduce a buenas intenciones, son pocas las posibilidades reales de cumplirse. Propone crear 1´600,000 nuevos empleos, de los cuales un millón serían formales y el resto informales (38%). Si la apuesta de empleo está basada en el emprendimiento, el empresarismo y la rebaja de los costos laborales, ello podría significar un mayor deterioro de la calidad del empleo y del trabajo por cuenta propia, pero sin las garantías de seguridad social. Es un plan que les quita a los pobres y les da más a los ricos.

De acuerdo con el informe de la ENS, “en 2017 el crecimiento de la ocupación fue solo de 1% con respecto a 2016, lo que se tradujo en 226.400 nuevos puestos de trabajo, jalonados principalmente por la agricultura, ganadería y pesca, sector caracterizado por la alta informalidad y precariedad laboral”. Evidencia que constata la OIT cuando dice que los trabajadores cuenta propia y los familiares auxiliares, tienen un empleo vulnerable. Los cuenta-propia son 9´644.000 personas, cerca de la mitad de los ocupados (43,1%). Y a nivel rural es más dramático: pasó de 38,8% a 52,57%.

Por otra parte está la dura realidad de las microempresas (de hasta 10 trabajadores). La mitad de las Mipymes del país se quiebra después del primer año y solo 20% sobrevive al tercero. Una de las causas de esa alta mortalidad, es que el 62% de las Mipymes no tiene acceso a préstamos financieros, y cuando lo tienen es costoso, según estudio del Instituto McKinsey. ¿Cómo podrán sobrevivir los emprendedores en un ambiente adverso para los pequeños negocios?

Es previsible entonces que la tasa de informalidad se mantendrá muy alta durante los próximos cuatro años, superior al 53% por tamaño de empresa y más 60% por afiliación a la seguridad social. El mismo proyecto del Plan reconoce que los emprendimientos son poco sostenibles, porque están basados en la necesidad y la carencia de condiciones de mercado.


Pero lo más grave es que el Gobierno viene por el desmonte de los derechos que amparan a los trabajadores.

Para incentivar la formalidad laboral se propone reducir el costo de la contratación formal, mediante la reducción gradual del salario mínimo (cambio en la metodología de fijación del salario) y la flexibilización de los costos laborales no salariales.

El plan establece que la formalización gradual –especialmente de los trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo legal y de los rurales– “mediata aportes a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y acceso a seguros inclusivos que los protejan de los riesgos inherentes a su actividad laboral”. Y agrega: “El Ministerio del Trabajo establecerá un piso mínimo de protección social para los habitantes de la zona rural y quienes desarrollen actividades agropecuarias, que regule sus condiciones especiales e incremente su formalización (dependientes, contratistas o independientes)”. Este piso mínimo incluye salud subsidiada, vinculación a los BEPS, y la obtención de un Seguro Inclusivo Rural.

De igual forma el gobierno propone implementar una estrategia de cofinanciación de micro-seguros, dirigida a población vulnerable, inscrita en el Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), así como una estrategia de protección de riesgos laborales para trabajadores que devengan menos de un salario mínimo legal, lo que termina legalizando la contratación por debajo del mínimo. Además de favorecer al sector financiero con la expansión de los micro-seguros, pero sin la expectativa cierta de alcanzar el derecho a la pensión.

Finalmente, el gobierno de Duque invade la autonomía sindical y de un tajo impone una reforma laboral y sindical, cuando propone “adoptar las medidas pertinentes para regular la multiafiliación y fragmentación sindical”. Lo cual a todas luces es inconstitucional, pues pretende tramitar por esa vía un cambio sustantivo, que si bien es necesario, debe ser producto de la concertación con el sindicalismo.

Pocas iniciativas del Plan de Desarrollo merecen respaldo por contribuir positivamente a la garantía de derechos. Una es el aparente compromiso de adopción de una estrategia por el Trabajo Decente para el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo, el diálogo social y la protección social. Otra es la estrategia que impulsa la formalización de los trabajadores que ejercen labores de cuidado, buscando que sean flexibles y adaptables y garanticen su inclusión social y productiva, en el marco de la creación del sistema del cuidado.

El gobierno de Duque deberá dar muestras fehacientes de un verdadero compromiso por el respeto de los derechos humanos y los derechos sociales, económicos y culturales, así como la voluntad genuina de diálogo con los sectores sociales y sindicales para alcanzar acuerdos que se cumplan efectivamente y sean garantizados institucional y presupuestalmente.

Amanecerá y veremos. Este Plan, que se parece más a un espejo roto debido a sus contradicciones y atrevimientos, tiene detractores en todos los partidos políticos y sectores sociales. Y hasta por parte del mismo Presidente Duque, quien deja en evidencia su estrategia del “policía bueno y policía malo” con sus mensajes contradictorios, cuando presuntamente desautoriza públicamente a sus ministros.

Sólo falta que en este Plan de Desarrollo se incluyan la prohibición de la venta de empanadas en la calle, en aras de combatir la informalidad, y hasta la genialidad de asignarles esa función de inspección, vigilancia y control a los inspectores de trabajo, de la mano del millón de informantes que proponen uniformar.

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