Diversas organizaciones de la sociedad civil de Antioquia presentaron un informe sobre derechos humanos este martes en Medellín. El evento fue organizado por el Instituto Popular de Capacitación y de él participaron la Organización Indígena de Antioquia (OIA); Escuela Nacional Sindical (ENS); Mujeres que Crean; Ruta Pacífica de Mujeres; Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila; Corporación Jurídica Libertad; Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos -Nodo Antioquia; Proceso Social de Garantías; Partido FARC; Observatorio de Derechos Humanos Fabiola Lalinde; Observatorio Mujer y Género.
A continuación compartimos el resumen del informe que fue presentado por las diferentes organizaciones:
1. Enfoque territorial (Instituto Popular de Capacitación)
Bajo Cauca
Homicidios
Durante 2019, los municipios con mayor número de homicidios fueron Caucasia (108 casos, 36,46%), Cáceres (66 casos, 22,3%) y Tarazá (62 casos, 20,95%). Caucasia presentó una disminución aproximada del 3%; Cáceres, en cambio, mostró un aumento aproximado del 9%; mientras que Tarazá una disminución aproximada del 8%. Cáceres y Tarazá, con una tasa respectiva de 123,32 y 89,02 homicidios por cada cien mil habitantes, son los municipios más violentos en términos de homicidios durante enero y octubre de 2019.
Amenazas
Entre enero y
octubre de 2019, el total de amenazas en el Bajo Cauca fue de 101. Caucasia
tuvo el mayor número de casos, 48 del total, que representa el 47,52%. Esto
dice que casi la mitad de las amenazas ocurrieron en este municipio. Zaragoza,
El Bagre y Tarazá suman el 41,58%, y presentaron respectivamente 16, 14 y 12
amenazas.
Violencia sexual
Desde enero hasta octubre de 2019 se registraron 98 denuncias relacionadas con delitos sexuales. Caucasia fue el municipio con más casos denunciados (37), seguido de El Bagre
(18) y Tarazá (13).
Reclutamiento forzado
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Victimas, entre 2016 y 2019, en Antioquia se registraron 49 casos relativos a la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados.
Sin embargo, y de acuerdo con los testimonios de los familiares de las víctimas, en Cáceres se registran por lo menos 30 casos conocidos de reclutamiento. En las veredas Campanario y Omagá se conocen alrededor de 10. Las personas reclutadas pertenecen al pueblo indígena Zenú. Se atribuye la responsabilidad de este hecho a los Caparrapos y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En Tarazá se registran alrededor de 40 casos de reclutamiento de niños y niñas.
Urabá
Hechos victimizantes
Entre los años 2016 y 2019, el 59% de los hechos vulneratorios son por desplazamiento forzado, el 29% por confinamiento y el 10% por amenazas, tres hechos que durante décadas han sido algunas de las principales acciones que han permitido consolidar el modelo de despojo y acumulación que caracteriza esta subregión.
Este año el confinamiento, con 66%, es el hecho reportado de mayor vulneración de derechos, seguido por el desplazamiento con el 27% y las amenazas el 7%. Esta subregión se ha caracterizado por la presencia grupos armados como el Clan del Golfo o AGC. Contrario a otras zonas de Antioquia, allí no se han presentado disputas por el territorio entre grupos al margen de la ley.
Homicidios
Al analizar por municipios los homicidios presentados en el 2019, con corte a nov 1º, se observa que Turbo es quien sigue presentando el mayor número de homicidios con el 31%, seguido de Apartadó con el 23% y Chigorodó y Carepa con el 14% y 13%, respectivamente.
El mayor número de homicidios presentados, en el rango de los años analizados se ha mantenido en los jóvenes de 18 a 28 años, seguido por la población que se encuentra en el rango de edad de 29 a 39 y en menor proporción los NNA. Lo que implica que es la población joven la más vulnerable frente a hechos como el asesinato.
Medellín
Homicidios
Entre enero y mayo del presente año se registraron 308 homicidios en la ciudad, lo que constituía en su momento 42 casos más y un aumento del 15,79% frente al mismo periodo de 2018 (en el que el aumento había sido del 32,34%, al registrar 65 casos más). Marzo, abril y mayo fueron los meses más violentos no solo de 2019, sino de todo el periodo analizado. Hasta julio, cuando la tendencia cambió, los homicidios iban en aumento en la ciudad. Durante este primer semestre, se cometieron el 67,7% de los asesinatos. En otras palabras, entre enero y junio de 2019 se asesinaron en promedio a 13 personas por semana; proporción que cambia para octubre, cuando la relación es de 8 personas por semana.
Durante este periodo, las comunas más afectadas fueron La Candelaria, San Javier, Robledo, Belén y Castilla, así como los corregimientos de San Cristóbal y Altavista. En estos territorios ocurrieron 1.258 casos, el 55,1%, es decir, más de la mitad del total de las muertes registradas.
Contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica motiva la aparición de enfermedades del sistema respiratorio, siendo las ultimas una de las que más muertes causa en Medellín. Según el informe Cuantificación física y económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín, entre 2012 y 2016 en las comunas de Belén, Laureles y Estadio se registraron entre 600 y 900 casos de muertes por enfermedades respiratorias agudas (ERA). En el caso de las comunas Doce de Octubre, Aranjuez, Manrique y La Candelaria se reportaron entre 500 y 600 casos, los cuales equivalieron a 22.922 personas fallecidas por enfermedades respiratorias agudas. El estudio revela que en los últimos cinco años en Medellín se registraron 4.854 muertes de personas por causa de ERA.
En otros términos, durante el periodo analizado (2012-2016) hubo en Medellín más muertes por contaminación del aire (4.854) que por homicidios (3.867, según datos del Sisc).
2. Reincorporados de las FARC (Partido FARC)
En el departamento de Antioquia hay un aproximado de 1.300 exguerrilleros en proceso de reincorporación, quienes tienen múltiples carencias en su diario vivir. Entre esas múltiples necesidades están la falta de electricidad, agua potable, seguridad y servicio de internet, de acceso a la salud, al empleo, falta de atención psicosocial y de garantías de protección. En cuanto a los proyectos productivos, la falta de tierra y los trámites burocráticos han sido las principales limitantes para la ejecución de estos. En Medellín habitan más de 300 reincorporados que no son atendidos por el Estado, no pueden acceder a la alimentación, seguridad y demás recursos a los cuales tienen derecho por ser firmantes del Acuerdo de Paz.
Ahora bien, 19 reincorporados han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz al 12 de septiembre de 201. Se han presentado 2 tentativas de homicidio a reincorporados. Ocho familiares de exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo.
En el corregimiento de Carrizal, vereda Cañaveral en Remedios, Antioquia, el 14 de junio de 2019 fue sometido a desplazamiento forzado Ever Tamayo, exguerrillero en proceso de reincorporación. El caso se puso en conocimiento del enlace ITPL Instancia Tripartita Local y de la Misión de Naciones Unidas. El hecho fue realizado por un grupo de hombres no identificado, al parecer enviados por un terrateniente para hacer salir las familias que están en la zona.
En cuanto al tema electoral existe una estigmatización social hacia la Fuerza Alternativa, creada por los medios de comunicación y específicamente por dirigentes de otros partidos “alternativos” que excluyen a nuestros candidatos por su pasado histórico. Hay bloqueo financiero a los candidatos para abrir cuentas bancarias para la campaña y las limitaciones para participar en política electoral en condiciones de igualdad, como el caso de impugnación de cédulas por “posible trashumancia” en el municipio de Anorí (45), Ituango (22) y Remedios (4).
Hay limitación al acceso a los territorios por alta presencia de grupos armados, derivando inseguridad para los reincorporados, amenazando su permanencia en zonas de alta influencia de violación a los derechos humanos.
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3. Derechos de comunidades campesinas y gestión comunitaria del agua (Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila)
La vulneración de derechos en relación con las comunidades campesinas nace en el hecho de que ni siquiera han sido reconocidas como sujeto de derechos, tal como lo propone la ONU y la vía campesina. Esta falta de reconocimiento jurídico se traduce en un obstáculo insalvable para acceder a los mínimos sociales del ejercicio de la ciudadanía: ser beneficiarios de crédito, de programas de vivienda, de exención de impuestos, tener la posibilidad de participar en igualdad de condiciones del presupuesto participativo. En general, las instancias de participación en la toma de decisiones son configuradas bajo una lógica exclusivamente urbana, los planes de desarrollo no consideran de manera importante a las poblaciones rurales y en Medellín es evidente la total ausencia de condiciones para acceder a la salud, a la educación superior, al transporte y las soluciones de movilidad creados para la ciudad, la inexistencia de tarifas diferenciales que genera un cobro desmesurado en impuestos como el predial, donde una hectárea para producción de hortalizas tiene el mismo avalúo que una hectárea de expansión urbana al interior de las ciudades.
Lo mismo sucede con las comunidades organizadas para la autogarantía de derechos fundamentales como el acceso y suministro de agua. No existe en Colombia el reconocimiento jurídico de la gestión comunitaria del agua y todas las políticas dirigidas a estas poblaciones están orientadas hacia la regionalización y corporativización desde una lógica igualmente urbana. Lo anterior se constituye en una estrategia de despojo masivo, ruptura de tejido social, privatización del agua y su gestión, quebrantamiento de la autonomía local, desconocimiento de las prácticas históricas de relacionamiento sociedad-naturaleza, vulneración de la igualdad de oportunidades para contar con sistemas de abastecimiento y gestión, desconocimiento de la economía solidaria, del patrimonio comunitario, y de la participación en la toma de decisiones sobre la planeación del territorio y de las cuencas.
4. Pueblos Indígenas (Organización Indígena de Antioquia-OIA)
El Sistema de Alertas Tempranas de la OIA, pudo establecer que desde el mes de enero de 2018 a septiembre de 2019 se han desplazado de manera forzada 281 indígenas en el departamento de Antioquia, siendo estos en su mayoría población de la zona del Bajo Cauca, 106 personas en Cáceres y 120 personas en Caucasia.
Durante los meses de enero de 2018 a septiembre de 2019, se ha presentado el confinamiento de 1.064 indígenas en el departamento, siendo las zonas de Bajo Cauca, Norte y Occidente las más afectadas.
Grupos armados ilegales han reclutado de manera forzada a jóvenes indígenas, principalmente en las zonas de Urabá y Bajo Cauca. Las prácticas de reclutamiento por estos actores se dan por medio de amenazas e intimidaciones a los jóvenes y su familia. Las practicas más comunes son el ofrecimiento de dineros para que sean colaboradores o trabajen con ellos, el enamoramiento a las jóvenes, ofrecimiento de ayudas a las familias menos favorecidas, entre otros. En lo corrido del 2018 a 2019 se han presentado en Antioquia 26 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes indígenas.
En lo que va ocurrido del 2019 se han presentado 7 incursiones a territorios indígenas por parte actores amados (la Fuerza pública y grupos al margen de la ley) que han entrado a estos generando desplazamiento y zozobra en las comunidades, cometiendo severas violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
5. Derechos de las mujeres (Mujeres que crean y Ruta Pacífica de Mujeres)
En el 2018 fueron asesinadas 174 mujeres en Antioquia, es decir, por cada cien mil habitantes 5 mujeres fueron víctimas de violencia homicida. El 36% de las denuncias realizadas por las mujeres víctimas de violencia sexual en Antioquia, corresponden a mujeres que habitan en zonas rurales del departamento. El 84% de las víctimas de violencias sexuales, son menores de edad, siendo las niñas y las adolescentes la gran mayoría de las víctimas de las agresiones sexuales (73%).
En el primer trimestre de este año se han registrado 220 casos de homicidio de mujeres en el país, siendo las personas más cercanas (esposo, novio, pareja, expareja) las responsables de los casos violentos. En este país, existe un 90% de impunidad con relación a las violencias contra las mujeres.
Ahora, con relación al ámbito representativo, aunque las mujeres son más de la mitad de la población del país, del departamento y de los municipios de Medellín, Caldas y Barbosa, en los cargos de representación política no sobrepasan el 25%. Además, en los escenarios partidistas, las mujeres son víctimas de múltiples agresiones psicológicas, físicas, sexuales, económicas y simbólicas. Las mujeres enfrentan no solo obstáculos estructurales, como los existentes en el sistema electoral y de partidos, sino también obstáculos de permanencia en el que son discriminadas y violentadas por ser mujeres en los partidos políticos.
Las mujeres como lideresas estan expuestas a agresiones, amenazas, feminicidios y desapariciones forzadas; sufren violencias físicas, psicológicas, sexuales, simbólicas, económicas e institucionales. La presencia constante de los actores armados y la ausencia del Estado en los territorios donde desarrollan la labor las expone a vulneraciones de todo tipo.
6. Líderes sindicales (Escuela Nacional Sindical)
En 2019 la violencia antisindical persiste. Desde 1973, en Colombia han sido asesinados
3.254 sindicalistas. Durante el año 2019 se han registrado al menos 136 hechos de violencia contra sindicalistas, de los cuales 13 son homicidios. Se han registrado 21 casos de hechos de violencia contra mujeres sindicalistas, 18 de ellas son directivas, lideresas y asesoras sindicales.
El 78,33% de las violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia se ha concentrado en tres sectores económicos: agricultura (28%), minas y canteras (25%) y educación (19%). Algunas de las organizaciones más afectadas son Fensuagro, la USO, Fecode y la CUT.
En el 59% de los casos se desconoce información sobre un presunto responsable. Sin embargo, de los casos que se tiene algún indicio, son los grupos paramilitares los principales presuntos victimarios con el 37% de los hechos registrados. El ejército y la guerrilla aparecen como presuntos responsables, en dos casos, respectivamente.
Para el caso de Antioquia se han documentado 2 casos de amenazas. Adicionalmente, Adida reporta 116 casos de amenazas contra docentes sindicalizados.
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7. Derecho a la protesta social (Observatorio de Derechos Humanos Fabiola Lalinde)
En Medellín,
durante el año 2019 se han registrado 7 casos de criminalización de la protesta
social, entre los que se destacan, el hostigamiento, la agresión física y
verbal, las retenciones indebidas y los señalamientos realizados por algunas
instituciones a defensores y defensoras de derechos humanos.
La violación del derecho a la vida se hace recurrente en la intervención de policía y el ESMAD en las
manifestaciones debido a los heridos producto de las mismas. El abuso en el uso de la fuerza
y la mala aplicación de los protocolos de acción han generado
múltiples heridos, algunos con afectaciones graves. De las capturas masivas y
arbitrarias realizadas se tiene registro de aproximadamente 100 detenciones en
el marco de la protesta social; durante el mes de octubre se registraron 27
detenciones y el día 4 de diciembre se registraron aproximadamente 75 traslados
a CTP, mientras que otro número desconocido de manifestantes fueron conducidos a otros centros.
8. Tratamiento de guerra a la protesta social y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Corporación Jurídica Libertad)
Entre 2011 – 2017, el Estado ha emitido 2 Leyes y 3 resoluciones (Policía Nacional), que persiguen, limitan, restringen y vulneran este derecho constitucional.
La violencia y agresiones del ESMAD, no es algo nuevo, ya son numerosas las víctimas, que, junto a Dylan Cruz, engrosan la lista de personas asesinadas por este Escuadrón de la muerte, la cual se estima que son alrededor de 34 personas. Gran parte de los asesinatos y demás agresiones cometidas por este cuerpo, se encuentran en la impunidad, ya que los responsables a nivel judicial ni disciplinario han recibido sanciones. Lo que se constituye en un mecanismo de impunidad que les permite actuar de manera ilimitada.
Por su parte el director de la Policía general Óscar Atehortua, reveló que en 2019 más de
2.000 miembros del Esmad han sido investigados por denuncias referentes a presuntos excesos de fuerza en medio de las manifestaciones. “Hemos sido garantes y acompañantes de la protesta social pacífica y tranquila. Por eso hay en la Policía 2.327 investigaciones solo en 2019” dijo el general a RCN Radio.
Desde que inició el Paro Nacional en Medellín (desde el 21 de noviembre al 4 de diciembre), de acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad (2019) se han presentado: 123 agresiones, de las cuales 114 son detenciones arbitrarias que incluyen tortura física y/o psicológica; 8 heridos, y se han registrado casos de hurto. Las personas muy golpeadas o heridas no son llevadas al Centro de Traslado por Protección, lo que se convierte en una forma de ocultar la actuación violatoria de los agentes estatales, además de ser un mecanismo impunidad, ya que no se reporta el caso ni se presenta ante la Fiscalía.
Es de anotar que el 4 de diciembre, el ESMAD, realizó agresiones basadas en género, no solo con insultos sino con amenazas de violación a una de las mujeres que fue detenida y torturada.
9. Defensores y defensoras de derechos humanos (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos)
Hasta el 6 de diciembre de 2019 se han presentado por lo menos 400 agresiones. La principal agresión son las detenciones arbitrarias, con 156 casos; seguida de las amenazas individuales, con 108 registros; se han presentado por lo menos 24 homicidios de líderes/as. El desplazamiento forzado de hombres y mujeres que ejercen liderazgo continúa. Este año tenemos registro de lo por menos 19 casos de desplazamiento forzado. Durante este 2019 se incrementaron las judicializaciones contra líderes/as sociales, se han presentado 9 casos.
En lo relacionado
con los presuntos responsables, se debe decir que la Policía Nacional,
principalmente el Esmad, es el mayor responsable de agresiones con 182 casos,
seguido por diferentes estructuras paramilitares como AGC, Caparrapos y otros,
con 152 casos donde fueron responsables. Igualmente, algunas autoridades
civiles continúan estigmatizando a líderes y lideresas. Las llamadas
disidencias de las Farc son responsables de al menos 5 agresiones a líderes en
Antioquia.
Las subregiones donde más agresiones se han presentado este año son Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Urabá, Nordeste. Valle de Aburrá 240. Bajo Cauca 51, Urabá 45, Nordeste 23, Norte 14, Oriente 13, Suroeste 8, Occidente 2, Magdalena Medio 2
Los sectores más victimizados son las organizaciones y líderes/as estudiantiles, campesino, indígenas, comunitario, minero. Son sectores, líderes/as y organizaciones que luchan por la defensa del territorio, los recursos naturales, le apuestan a la construcción de paz territorial, hacen parte del PNIS Y PDTS.
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