—Crónica de un proceso que es “espejo” para Colombia—
Recientemente estuvo en Colombia Juan Francisco Martínez Pérez, integrante de la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS), quien como dirigente sindical vivió muy de cerca, y además se involucró, en el proceso de guerra abierta que por más de diez años azotó este país centroamericano. Y también participó en el proceso de diálogo y negociación que a principios de los años 90 le encontró salida política a este conflicto.
Martínez Pérez, en la actualidad consultor y asesor político de varios sindicatos y federaciones de El Salvador, fue uno de los invitados al “Encuentro del Sindicalismo por la Paz” que la CUT realizó la última semana de marzo en Bogotá. Allí relató su experiencia en el proceso de guerra y paz de su país, relato que resulta de interés para Colombia en la medida que sirve de “espejo” para mirarnos, ahora que en La Habana el gobierno adelanta con las FARC una negociación que se espera ponga fin a 50 años de conflicto armado.
Y para el sindicalismo colombiano el caso de El Salvador también reviste particular interés, por cuanto el movimiento sindical de este país no solo fue importante actor en la guerra (fue uno de los colectivos más violentados y exterminados) sino que se la jugó toda en el proceso de negociación política que le puso fin.
Según Martínez Pérez, antes de la guerra el movimiento sindical marcó un punto alto en la agenda de reivindicaciones y conquistas laborales, denunció los problemas del país y movilizó arduamente sus bases sociales en la calle, lo que pagó con una alta cuota de sangre. Sus principales líderes y cuadros fueron asesinados, desaparecidos o encarcelados, al tiempo que muchos de ellos engrosaron la lucha armada. Después, cuando las partes en conflicto acordaron iniciar un proceso de paz, el movimiento sindical también estuvo ahí, abanderando el diálogo y la salida política al lado de otras organizaciones sociales.
Ahora, ¿qué lecciones sacó el movimiento sindical de su participación en esos acontecimientos históricos? ¿En qué acertó? ¿En qué falló? ¿Se fortaleció durante el proceso que siguió a la firma de la paz? ¿Qué deudas quedaron pendientes?
Para contestar estas y otras preguntas esta Agencia de Información habló de largo con Martínez Pérez. Fruto de ello es esta crónica, que da cuenta del conflicto armado de El Salvador, incluido el proceso de paz que lo terminó, el papel del movimiento sindical en cada una de las etapas del proceso, y las conclusiones que todo ello dejó.
Los antecedentes
Desde 1931 hasta 1979 El Salvador tuvo gobiernos autoritarios controlados por las Fuerzas Armadas, que apelaron a una política de represión y reformas limitadas para mantenerse en el poder, apoyados por los terratenientes, la oligarquía y los sucesivos gobiernos de Estados Unidos.
Pero ya desde el inicio de los 70 la reflexión sobre la situación del país y la movilización social venía en alza, se cualifica y amplía. El movimiento estudiantil tiene más presencia, sectores de la iglesia asumen un rol más social, y el movimiento sindical, que hasta entonces se aglutinaba mayoritariamente en una central afecta al gobierno, también entra en otra dinámica, en un proceso que lo lleva de la lucha reivindicativa laboral hacia posturas políticas más firmes frente a los problemas nacionales. En eso son claves los sindicatos del transporte y el del magisterio.
Según Juan Francisco, la nueva postura del sindicalismo magisterial es la que rompe la tradición en temas como la libertad de asociación, la negociación colectiva y los derechos laborales, temas que nunca antes se habían planteado. Asimismo cuestiona el modelo capitalista e introduce una visión anti-imperialista, anti-oligárquica y anti-dictadura. Entre 1969 y 1971 realizó dos grandes huelgas.
En 1972 se crea la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, que aglutina sindicatos de la industria textil, la pesca, sector eléctrico, puertos, que en alianza con otros sectores logra conformar un frente amplio de organizaciones populares y partidos de oposición. La UNO se llamó esta alianza, que apoyó al candidato presidencial de la Democracia Cristiana, José Napoleón Duarte, quien enfrentó al candidato de Conciliación Nacional, el partido oficial del régimen militar.
La percepción general fue que Duarte ganó las elecciones pero los militares actuaron fraudulentamente para no reconocer su triunfo, y eso desató una gran ola de protestas y generó un intento de golpe de estado propiciado por los militares descontentos por lo del fraude. Este intento fue aplastados y Duarte obligado a exiliarse en Venezuela.
A partir de ese momento se escala la lucha social y se inicia la lucha armada, pues ya estaban en acción dos recién creadas estructuras guerrilleras: las Fuerzas Populares de Liberación «Farabundo Martí» (FPL), que nace de la división del Partido Comunista en 1970, y se nutre de dirigentes que vienen de las luchas magisteriales y obreras. Y en 1972 nace el Ejército Revolucionario del Pueblo, que posteriormente se subdivide en dos facciones. Una de sus primeras acciones, que tuvo gran repercusión, fue el secuestró y ejecución de un empresario miembro de una de las más poderosas familias terratenientes.
Entre tanto la dictadura militar se endurece, ya no busca acuerdos. La acción represiva es abierta, golpea, apresa, desaparece y da origen la Organización Democrática Nacionalista (Orden), que es un conjunto de grupos que en principio fueron entrenados por asesores de Estados Unidos y luego devinieron en organizaciones paramilitares.
Desde 1972 hasta 1977 las organizaciones sociales avanzan en todos los niveles. El sindicalismo también crece y se fortalece. Logra reivindicaciones salariales y conquista mejores condiciones de trabajo, ya con una visión que trasciende lo institucional y corporativista y se orienta hacia la lucha política, con acciones de movilización beligerantes, toma de calles y fábricas.
El frente amplio de posición (UNO) se mantuvo unido y vuelve a participar en las elecciones presidenciales de 1977. Y vuelve a perder, otra vez con denuncias de fraude. Tal situación, como había ocurrido cinco años atrás, genera otro golpe de estado dirigido por jóvenes militares que no avalaron el resultado electoral. Este golpe fracasa y muchos de los militares rebeldes terminan en las fuerzas guerrilleras, que para aquel año ya estaban en proceso de unidad. Entonces las organizaciones sociales y partidos de oposición se convencen de que la salida institucional y electoral está bloqueada, y eso radicaliza la contienda.
El afán de frenar la violencia y buscar una salida política que evite la guerra civil, que parece inevitable, lleva al movimiento sindical a plegarse a la propuesta del Foro Popular, escenario en el que confluirían movimientos y partidos de oposición para buscar diálogo con voceros del régimen. El foro incluiría también a algunos empresarios opositores a la dictadura y a la Iglesia Católica, que para ese momento tiene importante protagonismo. La voz de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, suena fuerte. Desde el púlpito le exige a la junta militar el cese de la represión, y a Estados Unidos retirar su apoyo militar al régimen.
Pero la propuesta del foro popular no fructificó. La clase dirigente, empresarial y terrateniente descarta la salida política, considera la negociación como una especie de traición a la patria. Pretende que las guerrillas y movimientos de oposición se inserten en un proceso que no implique mayores transformaciones. La dictadura responde con ametrallamientos en las calles, asesinatos a mansalva y terrorismo de Estado. La universidad de El Salvador es ocupada y la persecución policial a los sindicalistas se intensifica, incluso en las fábricas; los paramilitares dinamitan sedes sindicales, se incrementan las desapariciones y la tortura y asesinato de sindicalistas.
Los puentes pues están rotos, se cierran los espacios de diálogo. La lucha clandestina y el alzamiento armado parece que ya no tiene reversa.
Se desata la guerra civil
El año 1980 fue determinante para el inicio de la guerra civil en El Salvador. Una serie de eventos represivos por parte del Estado y los paramilitares escalan el conflicto. El más relevante fue el asesinato Monseñor Romero, ocurrido el 24 de marzo de aquel año.
En octubre se produce una alianza de fuerzas guerrilleras y se conforma el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ya con importante poder de fuego entra a responder militarmente a los atropellos y crímenes de la dictadura. Es reconocido por los gobiernos de México y Francia como fuerza beligerante. Y también, en medio de lo que ya es una guerra civil no declarada, se forma la Coordinadora Revolucionaria de Masas, coalición de la que hacen parte las organizaciones guerrilleras, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y otras corrientes de izquierda y movimientos populares, lo mismo que sindicatos, asociaciones profesionales y de maestros, grupos campesinos, congregaciones religiosas, etc.
El FMNL lanza una ofensiva general el 10 de enero de 1981 y llama a la insurrección nacional. Ésta no se produce, pero fue una demostración de fuerza que al régimen le infundió el temor de que se repitiera lo que dos años atrás había ocurrido en Nicaragua, donde el Sandinismo derrotó la dictadura de Somoza y asumió el poder. Así que la ofensiva fue violentamente resistida por la Junta Militar que, según cálculos, recibió mil millones de dólares de Estados Unidos en ayuda para combatir la insurgencia.
En mayo de 1981 el mundo se estremece con la noticia de la masacre de más de 600 personas en la frontera con Honduras, crimen perpetrado por fuerzas militares combinadas de los dos países. Y en diciembre de ese año 4 monjas estadounidenses fueron violadas y asesinadas por efectivos de la Guardia Nacional. Aquel año la iglesia contabilizó 28 de sus miembros asesinados.
La guerra civil durará diez años, con diversos momentos de intensidad. La guerrilla protagoniza fuerte enfrentamientos armados con destrucción de infraestructura y objetivos militares, también secuestra y extorsiona a empresarios y mandatarios locales. Entre el 82 y el 85 llegó a tener bajo control territorios claves y avanza los frentes de guerra cerca de las ciudades. Al mismo tiempo se da el aniquilamiento de las organizaciones sociales y se paraliza la movilización de masas.
En las elecciones de 1984 José Napoleón Duarte, de la Democracia Cristiana le gana las elecciones a de 1984 a Roberto D’Aubuisson, fundador del ultra derechista partido Arena. Duarte hace dos internos de negociación con la alianza del FMLN-FDR, pero ninguna le da solución al conflicto armado.
En este período se reactivan las movilizaciones de las diferentes fuerzas sociales, el sindicalismo entre ellas. y en demanda de la libertad para los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y la libertad sindical. Al respecto Juan Francisco Martínez Pérez, dice:
“Antes de la guerra civil el movimiento sindical tenía una estrategia de lucha y una agenda cargada a las reivindicaciones laborales: empleo, mejores salarios y condiciones de trabajo. Luego, promediando la década, se dio la reconstrucción del movimiento social en medio de la coyuntura de guerra. Pudimos acumular fuerzas y mantener una agenda política y una presencia social permanente; la gente pierde el miedo a recuperar las calles y eso mejora la organización sindical, a pesar de que la vida nuestra estaba en riesgo. Pero la agenda ya es diferente, está puesta en el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, la defensa de la libertad sindical, y en un tema fundamental: la solución negociada del conflicto. Esos son los temas fundamentales de la agenda del movimiento sindical y los sectores populares, de organizaciones de derechos humanos, de víctimas, de las madres, de los presos políticos. La movilización por la paz es permanente, con la consigna: `el diálogo y negociación es la solución´, consigna que acompaña la iglesia católica”.
2ª ofensiva del FMLN y negociaciones de paz
En 1989 el ultraderechista partido Arena gana las elecciones y asume la presidencia del país Alfredo Cristiani, quien en su discurso de posesión sorprende con el anuncio de su apuesta por la negociación política del conflicto. Entonces por primera vez, en septiembre de aquel año en México, realiza una reunión exploratoria con el FMLN.
Simultáneamente, el FMLN lanza la ofensiva “Hasta el tope”, que es respondida con más represión por parte del Gobierno, que incluso, y torpemente, bombardea barrios populares. El Ejército invade la Universidad Centroamericana y asesina a 6 sacerdotes jesuitas y a sus dos colaboradoras, lo que acabó de desprestigiar al régimen. También contra el sindicalismo hay ataques directos: una bomba estalla en la sede de Fenastras y causa la muerte de varios dirigentes sindicales.
Detrás de todo ese terror, se dijo en su momento, había fuerzas interesadas en que se rompieran las negociaciones iniciadas por Cristiani con el FMLN. Pero éstas continuaron porque ya estaba claro que no era posible la victoria militar de ningún bando, que era necesario llegar a un acuerdo para parar la guerra. Se produce entonces una cumbre de presidentes centroamericanos, en la que el presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, propone a la ONU como mediadora, propuesta que el gobierno de Cristiani acepta. Y así, en abril de 1990 se firma el Protocolo en Ginebra y en mayo el Acuerdo de Caracas.
La participación de la ONU fue determinante y estratégica para el proceso, porque en ese momento crítico le dio certidumbre a las partes que estaban negociando. Lo que no necesariamente llevó en ese primer momento a un desescalamiento de la guerra. Todo lo contrario. Cada bando trató de fortalecer su posición militar antes de la firma de un acuerdo.
En diciembre de 1990 el FMLN lanzó la que sería su última ofensiva militar de carácter nacional. Ésta se extendería durante un mes, tiempo en el cual logró ocupar y mantener posiciones en las ciudades más importantes del país, librando combates en la calle, e incluso con poder de fuego para derribar aviones con misiles tierra-aire. Todo eso con el apoyo de la población, que prácticamente ya estaba en pie de insurrección. Lo que llevó al Gobierno a acelerar la salida negociada del conflicto.
“Se definieron como puntos medulares de la negociación un acuerdo sobre derechos humanos, una reforma constitucional que permitiera que muchos temas críticos fueran introducidos a la institucionalidad y la legalidad del país”, señala Martínez Pérez.
Y así se llega al Acuerdo de paz de Nueva York, que se firma en la propia cede de la ONU en enero de 1992. Pocos días después la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de Reconciliación Nacional” que puso fin a 12 años de una guerra que en poco más de diez años dejó un saldo de 75.000 civiles muertos (en un país de 5.5 millones de habitantes), la destrucción de la estructura productiva y el desplazamiento de más de un millón de salvadoreños.
Puntos claves del acuerdo
Punto central del acuerdo fue la participación política de los miembros desmovilizados del FMNL, que se convierte en partido político con personería y todos los derechos constitucionales. Igualmente se reformó y depuró el órgano judicial y se conformó una nueva institucionalidad.
El acuerdo abordó el tema militar, que era crítico porque el ejército era considerado un enemigo de la sociedad y la democracia. Se dio una gran discusión en torno a si abolir del todo el ejército, o democratizarlo. Unos eran partidarios de que el ejército despareciera por ser una institución que no solo había reprimido a la sociedad sino que era improductivo, no contribuía al desarrollo humano e implicaba un enorme gasto público. Finalmente esta propuesta no prosperó y se optó por construir un ejército con una nueva visión, un enfoque democrático de derechos y subordinado al poder civil.
Otro acuerdo importante fue la depuración militar. Se nombró una comisión ad-hoc en la que participaron 3 miembros de la sociedad civil y 2 oficiales del ejército, la cual elaboró una base de datos que permitiera depurar el ejército y acondicionar su estructura a los tiempos de paz. Dentro de ese marco Martínez Pérez destaca el hecho de que el ejército fuera la institución que, al fin de cuentas, asumió con más firmeza el acuerdo de paz en El Salvador.
Asimismo se reformó la policía, que pasó de ser un cuerpo represivo a una policía nacional civil, con enfoque de derechos, que incluyó un 20% de excombatientes guerrilleros, otro 20% de ex policías y el resto civiles.
Producto del acuerdo se conformó una Comisión para la Verdad, que elaboró un informe que tituló “De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”, que contiene la investigación de los hechos ocurridos durante esos años.
Y se abrió la discusión en materia económica y social, que es el tema en el que, según Martínez Pérez, menos se avanzó. “El Foro de Concertación Económica y Social que se pactó para tratar esos temas, no fue atendido en la dimensión que se planteó en la negociación. Los trabajadores que participamos en el Foro definimos una agenda en la que asumimos la problemática de la propiedad de la tierra, el crédito, la deuda agraria, y planteamos una reforma al sistema laboral del país. Pero al final el empresariado decidió no asumirlo como un tema estratégico en la discusión”, agregó el dirigente sindical.
El sindicalismo en el posconflicto
Como el FMNL se volvió partido político, todo el mundo quería estar ahí, más que pertenecer a las organizaciones sindicales, que pasan a un segundo plano, sostiene Martínez Pérez. El movimiento sindical fue fundiendo su agenda política con la línea del FMNL y eso considera que fue un error, pues limitó la capacidad de crecimiento y desarrollo del sindicalismo, que fue perdiendo no solo su agenda sino su independencia.
Luego de la firma de los acuerdos de paz el FMNL perdió 4 elecciones presidenciales sucesivas frente al partido de la derecha. Hasta el año 2009, cuando, tras un cambio de estrategia y nuevas alianzas, logra ganar la contienda electoral con Mauricio Funes como presidente. En las elecciones del 2014 vuelve a ratificar sus mayorías y gana las elecciones con Salvador Sánchez, quien gobernará el país hasta el 2019. Este es un dirigente que viene de los procesos de lucha del magisterio en los años 70 del siglo pasado.
¿Y en ese interregno de 20 años qué pasó con el movimiento sindical? Pasó que en contra de lo que se esperaba, que ganara más espacios y fortaleciera su agenda en el nuevo contexto de paz, perdió terreno. De los 3.6 millones que conforma la población económicamente activa de El Salvador, solo hay 125 mil sindicalizados, o sea una tasa del 2.5%, situación que contrasta con la que había antes de la guerra civil, cuando era del 10%. Solo ha crecido el sindicalismo del sector público, porque en el privado se ha debilitado. Hoy en todo el país no hay más de 60 contratos colectivos en el sector privado.
Ahora con el FMNL en el poder la situación no ha variado considerablemente, se mantienen los bajos porcentajes de sindicalización y negociación colectiva. Sobre este particular Martínez Pérez anota:
“El fortalecimiento del movimiento sindical les toca hacerlo al mismo movimiento sindical, y eso depende de su organización y su capacidad para hacer propuestas que sean legítimas y viables; de su capacidad para reconstruir un tejido de organización de los trabajadores que corresponda al nuevo modo de la economía. Porque el problema de base es que el neoliberalismo cambió la estructura y los sistemas productivos. Las empresas se reorganizaron, se reestructuró el capital, se globalizó la economía, las microempresas hoy son mayoría. Muchas empresas que tenían contratación colectiva quebraron o se fueron del país y desapareció el sindicato. Otras innovaron, iniciaron otras prácticas de relación laboral, y la informalidad creció. No dejaron espacio para que el sindicalismo se desarrolle, y menos si éste continúa aferrado al viejo discurso. Uno de los grandes problemas del sindicalismo es querer seguir haciendo las cosas como las hacía antes”.
Según el dirigente, el movimiento sindical tiene que reinventarse, recomponer su estructura, afinar el discurso, tener una estrategia de organización y relacionamientos más amplios, sintonizarse con los interés de los trabajadores, tener líderes probos, respetados y atractivos para la sociedad. Además debe construir propuestas en los temas fundamentales, como el empleo, la democracia, la justicia, la tributación equitativa, una política pública más responsable.
Y con relación al hecho de que sea el FMNL el partido que hoy detenta el poder en El Salvador, Martínez Pérez plantea que el movimiento sindical “tiene la responsabilidad de acompañar a este gobierno, tanto en el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas como en la crítica, pues sus políticas tienen que servir para el desarrollo de la gente, para asegurar la paz en democracia y dignidad”.