Acordar medidas de flexibilización por la pandemia no es una tarea fácil para los trabajadores que no tienen casi representación ante los empleadores.
Por Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.
Según la revista Dinero, los empresarios estarían “invitando al dialogo social para explotar todas las alternativas posibles para mitigar y moderar los devastadores efectos que está teniendo esta crisis”. En ese sentido, “la ANDI resalta la posibilidad de llegar a acuerdos entre los trabajadores colombianos, sus organizaciones sindicales y las empresas”.
El problema con esta invitación al “diálogo social” y a “acordar”, es que se requieren condiciones para que no sea una simple simulación, o una trampa. Según OIT, las condiciones que permiten el diálogo social son las siguientes:
- La existencia de organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, con capacidad técnica y acceso a la información para poder participar en el diálogo social.
- La voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas.
- El respeto de los derechos fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva.
- Un apoyo institucional adecuado.
Y ninguna de estas condiciones se presenta en Colombia. Veamos:
La tasa de sindicalización en el país es de las más bajas del planeta: 4.6%. En nada se compara con las tasas de sindicalización de la mayoría de los países de la OCDE, que superan el 40%. Incluso en algunos países del norte de Europa la tasa supera el 70% de la población ocupada. Estamos pues muy lejos de las tasas de sindicalización de los países europeos, y de países como Uruguay, Brasil o Argentina.
Ni la mayoría de los empleadores, ni el propio gobierno, tienen voluntad política para el diálogo social. Eso se observa, por ejemplo, en que lo único que se “concerta” en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (establecida por mandato constitucional) sea el salario mínimo, y eso que no siempre.
En este sentido, la baja tasa de sindicalización es el resultado de una muy arraigada cultura antisindical en la mayoría de los empleadores y de las elites gobernantes, celosas en defender el derecho de asociación para sí mismos, pero se oponen ferozmente para impedir que los trabajadores ejerzan este derecho.
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Por otro lado, el poco sindicalismo que se ha logrado construir es principalmente en el Estado (magisterio y empleados públicos), en las grandes empresas mineras, en el sector financiero, en las grandes empresas del sector de los servicios públicos domiciliarios, que son los sectores en donde se ha dado algún desarrollo del diálogo social a través de la negoción colectiva. En el resto, o no hay sindicatos, o éstos son minoritarios, y por tanto carecen de la autonomía y capacidad necesarias para de verdad incidir en las políticas de las empresas. Lo que quiere decir, que, en la mayoría de empresas las condiciones de trabajo y empleo las imponen de manera unilateral los empleadores.
Cualquiera que haya firmado un contrato laboral de trabajo sabe que en esta transacción el trabajador no cuenta con ninguna autonomía, que con tal de acceder al empleo firma lo que sea, y que este contrato es en realidad un contrato de subordinación, que lo condena a recibir y acatar solo órdenes sino quiere perder el empleo.
Cualquiera sabe también que en los lugares de trabajo los derechos civiles y políticos, que supuestamente tenemos todos los ciudadanos, no se pueden ejercer de manera real.
Cualquiera sabe también que en los lugares de trabajo los derechos civiles y políticos, que supuestamente tenemos todos los ciudadanos, no se pueden ejercer de manera real. Tales derechos son de asociación, de expresión y de opinión.
Por esta realidad es que los trabajadores nos organizamos en sindicatos, porque los sindicatos nos dan voz, nos permiten incidir de manera real en la determinación de nuestras condiciones de trabajo. Incidencia que tiene relación con el poder sindical: mientras más trabajadores afilien, mayor autonomía y capacidad de incidencia tendrán los sindicatos.
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De ahí que todas las iniciativas que muchos empleadores están tomando hoy para “acordar” con los trabajadores, como recortes en la plantilla laboral, en los salarios, modificaciones en la jornada laboral, el pago del trabajo nocturno, festivo y dominical, las primas y demás obligaciones legales, en ausencia de sindicatos fuertes no es más que una farsa. Los patronos van a tener toda la capacidad de imponerle a sus trabajadores las condiciones que quieran con el fin de preservar sus intereses.
Desde la ENS hacemos un llamado para que este tipo de “acuerdos” sean rechazados por el gobierno si no están respaldados por organizaciones de trabajadores fuertes y representativas. Y que cualquier acuerdo que se quiera implementar entre trabajadores y empresas para flexibilizar condiciones de trabajo y empleo, sea primero concertado en la Comisión de Políticas Salariales y Laborales.
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Germán Rodríguez:
22/05/2020,Muy cierto.
Es estos momentos el gobierno solo está pensando en dar beneficio a los «empresarios» dejando de lado a los trabajadores. Si bien es cierto que tanto empleadores y empleados necesitan uno del otro, el abuso patronal se a desbordado con la suspensión de contratos, el cambio de las jornadas laborales, las reducciones en salario y los despidos.
Ojalá el ministerio de trabajo este muy atento a no permitir que se sigan cometiendo estos abusos.
Pepelina:
28/05/2020,El gobierno ha sido muy bueno con los trabajadores, todas las noches nos da carne de chancho por TV: una hora diaria. Que rico. Trabajen vagos.