Las Mypimes están abandonadas porque el gobierno se ha dedicado a ayudar a los bancos
Por Héctor Vásquez Fernández.
Hasta abril de este año los bancos, o establecimientos de crédito, habían tenido $2.7 billones en utilidades netas, el 40.1% de ellas concentradas en los bancos de Sarmiento Angulo: Bogotá (29.8%), Popular (3.8%), Occidente (4.6%) y AV Villas (1.9%). El 20.8% en Bancolombia.
De los 23 bancos que en abril operaban en Colombia, únicamente 2 tuvieron pérdidas: Pichincha y Compartir. Hay que anotar que en 2019 los bancos obtuvieron utilidad neta por $10.9 billones, y todo el sistema financiero se ganó $19.9 billones.
Hasta el mes de abril de este año, el sector financiero en su conjunto había presentado pérdidas por $17.18 billones, pero estas no eran pérdidas de los bancos, sino principalmente de los fondos privados de pensiones y cesantías, que perdieron $17.53 billones en este período, según el reporte de la Superfinanciera, pero esta es una pérdida que afecta principalmente a los ahorradores de los fondos de pensiones.
Estas ganancias, obtenidas en medio de semejante crisis, es el resultado de una política pública al servicio de los banqueros, como lo muestran los diferenciales entre las tasas de interés del Banco de la República (DTF: 4,42%) y los costos de la intermediación financiera que los bancos cobran a su clientela, una de las más altas del planeta: entre 14,25 % y 17.8%, según los años de plazo de los créditos y según cada banco. O las tasas que cobran las tarjetas de crédito, que están casi al mismo nivel de la usura: 26%.
Pero no son sólo estos diferenciales (que los partidos del régimen, ni el mismo gobierno se atreven a modificar) lo que muestra un Estado y una política pública al servicio de los banqueros. De forma muy clara en esta coyuntura se ve cómo el actual gobierno está manejando los recursos para atender las necesidades de las empresas, relegando el segmento de las Mypimes, que requieren de manera urgente créditos de fomento a tasas subsidiadas, para así financiar su actividad y no desaparecer.
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Lo primero que hizo el Gobierno Nacional a través del Banco de la República fue permitirles a los bancos disminuir el encaje bancario del 11% al 8%, con el fin de inyectarle liquidez a la economía, una suma que puede estar alrededor de los $10 billones.
Acto seguido, expidió el decreto 562, mediante el cual estos recursos liberados el propio Gobierno los toma como préstamo mediante la emisión de “títulos de solidaridad”, operación que le va a generar ganancias a los bancos de por lo menos $345 mil millones en un año. Una operación que bien pudo tener un costo cero para el Estado si el propio Banco de la República le hubiera prestado directamente al gobierno, pues lo que le cobraría por intereses: 3,05%, se lo devolvería a través de las utilidades del Banco.
Hasta el mes de abril de este año, el sector financiero en su conjunto había presentado pérdidas por $17.18 billones, pero estas no eran pérdidas de los bancos, sino principalmente de los fondos privados de pensiones y cesantías, que perdieron $17.53 billones en este período, según reporte de la Superfinanciera. Una pérdida que afecta principalmente a los ahorradores de los fondos de pensiones.
La segunda movida fue tomar recursos públicos del Fondo de Ahorro y Estabilización por $12.1 billones, y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) por $2.7 billones, para apalancar los créditos que se hicieran desde las empresas en crisis para financiar su actividad.
Pero el propio Ministro de Hacienda el 18 de marzo decía que había disponibles hasta $48 billones para apalancar el otorgamiento de este tipo de créditos: “Tenemos unos recursos ahorrados. No se necesitan en materia de inmediata liquidez en este momento. Se necesitarán más adelante y el país tendrá el tiempo de reaccionar pasada esta emergencia, de reponer esos recursos”, subrayó.
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Sin embargo, estos recursos, en vez de prestarlos directamente a través de la banca pública (Banco Agrario, FINGRAGO o Bancoldex) se los entregaron a los bancos privados para que estos hicieran negocio, con la única condición que los prestaran a una tasa de interés 2 puntos porcentuales inferior a la tasa normal que el banco maneja, con lo cual los bancos se ganan una renta de por lo menos entre 12 y 15 puntos porcentuales en cada préstamo.
Pero no todos los bancos están accediendo de manera transparente a esos recursos, no todos cuentan con la misma capacidad para influir sobre el gobierno, como ha quedado demostrado en el tratamiento que desde éste y la Fiscalía ha tenido el banquero Sarmiento Angulo en el caso de Odebrecht.
Como también, no todas las empresas están accediendo a estos créditos de manera transparente. Era de esperarse que los bancos prefirieran las empresas socias y amigas, y aquellas con la suficiente capacidad para incidir sobre sus decisiones.
Es lo que explica la queja generalizada de la mayoría de las Mypimes, las cuales, por no tener estas capacidades, ni contactos, ni historial crediticio, ni activos suficientes, son rechazadas sistemáticamente, tal como se ha conocido por los medios. Historias dramáticas, situaciones reconocidas como tal por el propio vicepresidente comercial de Bancóldex. En una entrevista a la revista Semana aseguró que “son los bancos quienes toman la decisión de otorgar o no los créditos a los clientes”.
La Revista Semana lo ilustró de esta manera: “Los pequeños empresarios están sintiendo que estas ayudas se están quedando en el papel y no se están llevando a la acción. Parece que aún en momentos de crisis las micro y pequeñas empresas siguen teniendo problemas para acceder al sector financiero tradicional. Y lo más angustiante: a los recursos brindados por el Gobierno supuestamente para apoyarlos.
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Esto lleva a pensar que en los próximos días el país verá un centenar de Mypimes cerrando. Y esto es preocupante, si se tiene en cuenta que más del 80% de la generación de empleo en el país está en manos de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Estos problemas los encontró la Contraloría General de la Nación al examinar la línea especial de crédito “Colombia Agro Produce”, que lanzó el gobierno para atender la emergencia desatada por el coronavirus. Identificó que la mayor parte de las colocaciones quedaron en manos de grandes agroindustriales y comercializadores:
“De los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones (94.4%) han ido a grandes comercializadores y agroindustriales. $8.300 millones para medianos y sólo $4.200 millones para pequeños productores”, informó la Contraloría Delegada.
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