El derecho al mínimo vital se está viendo afectado hoy para millones de personas en Colombia.
Por Héctor Vásquez Fernández
Al 26 de julio Colombia presentaba 248.976 casos confirmados de Covid-19 y 8.525 muertes. Cifras que corresponden solo a los enfermos sintomáticos, los asintomáticos pueden ser dos o tres veces más frecuentes.
A propósito de estas cifras y de la evolución de la pandemia del Covid-19 en Colombia, un atento observador, José Fernando Isaza, señalaba en El Espectador: “Al día 122, la curva sigue creciendo geométricamente y en casos como los de Bogotá y Medellín la velocidad de contagios está creciendo”.
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Ante esta situación, gobiernos locales como los de Bogotá, Medellín y Cali, han vuelto a decretar cuarentenas parciales que obligan al confinamiento de amplios sectores de la población, y se hacen en contra del sentir del gobierno nacional, que si por él fuera ya hubiese ordenado la apertura total de la economía, como lo demostró con el decreto que establecía el “día sin IVA”. Al fin y al cabo, la mayor parte de los fallecidos, más del 63%, pertenecen a los estratos 1 y 2 de población, precisamente los más numerosos y pobres. Éstos, según una vieja tradición eugenésica propia de las elites en todos los tiempos, pueden ser fácilmente remplazables.
Tampoco se trata de que estos sectores de la población sean “indisciplinados” y se nieguen a acatar las órdenes de encierro, distanciamiento social y autocuidado. Sencillamente están obligados a salir de sus casas al rebusque, exponiéndose al contagio, pues la crisis del Covid los dejó sin ingresos y el gobierno los obligó al confinarse sin garantizarles las mínimas condiciones para que, en vez de morir por el Covid, no murieran de hambre.
Más allá del programa “Familias en acción”, que venía de atrás y cuyo presupuesto ya estaba previsto, lo único nuevo que el Gobierno Nacional diseñó en esta crisis para garantizarles un ingreso a las familias sin ingresos, o que los vieron reducir de manera dramática, ha sido el programa denominado “Ingreso solidario”, el mismo que el Gobierno ahora pretende hacer pasar por “Renta Básica”.
Sin embargo, estos programas han resultado completamente precarios, como lo muestran las imágenes de las distintas ciudades en las que miles de personas salen a las calles a rebuscarse algún ingreso. Precarios por su cobertura: 5.2 millones de familias, frente a todas las que hoy no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas, que son 9 millones.
Y precarios también por su cuantía. Según la directora del Departamento de la Prosperidad Social, el programa “Familias en Acción” en la segunda entrega, dispuso de $734.000 millones para 2.6 millones de hogares, los que divididos por el número de personas que en promedio tienen estos hogares: 3.1 personas promedio nacional (los hogares más pobres tienen entre 3.4 y 4 personas promedio), daría una suma de apenas $91.067 por persona mes. Es decir, solo el 34.2% del valor de la línea de pobreza.
Más miserable aún es la suma que se entrega mediante el programa “Ingreso Solidario”, que cubre a 2´614.700 hogares, los cuales reciben $160.000 por hogar, lo que significa apenas $48.485 por persona y por mes. Es decir, apenas el 19.4% del valor de la línea de pobreza.
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Como puede observarse, la población más pobre está en las calles rebuscándose el sustento de sus hogares, no por indisciplina, sino porque las “ayudas” del Gobierno o no les llegan. O si les llegan resultan completamente insuficientes. Ni siquiera cubren la línea de indigencia, que en Colombia cuesta $122.074 por persona y por mes. Apenas cubriría el mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios (DANE).
Esto es lo que le da fuerza y racionalidad a la propuesta que acaban de refrendar más de 50 parlamentarios, a fin de que el Gobierno les reconozca a 9 millones de hogares un ingreso por tres meses equivalente a un salario mínimo, y medio salario mínimo por otros tres meses. Esta suma equivale a $283.162 por persona y por mes, suma que cubriría la línea de pobreza, que hoy tiene un valor de $266.000 por persona y que es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios, alimentarios y no alimentarios, según el DANE.
La propuesta es además consecuente con nuestra Constitución Política, que en el artículo 1° indica que “Colombia es un Estado social de derecho”, “fundado en el respeto de la dignidad humana”. Como lo ha indicado la Corte Constitucional, “sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es otro distinto del de garantizar las condiciones materiales más elementales, sin las cuales la persona arriesga perecer y quedar convertida en ser que sucumbe ante la imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia”.(Subrayado nuestro, Sentencia T-458/97).
Ese riesgo que plantea la Sentencia de la Corte lo están teniendo hoy las familias que se quedaron sin ingresos por causa del confinamiento y la pandemia.
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Luz Johana Rios Mora:
27/07/2020,Estoy desempleada buscó ayuda económica