Hoy las clases ricas se dieron a la tarea de controlar, por otros medios, al Estado.
Por Héctor Vásquez Fernández
Desde la creación del Estado moderno, las clases ricas y propietarias de los medios de producción han monopolizado siempre el poder del Estado y han impuesto todo tipo de políticas en beneficio propio. Sólo cuando los trabajadores han contado con una amplia y fuerte organización social y política, a través de sindicatos y de partidos políticos propios, este monopolio se ha roto y los Estados han tenido que reconocer los derechos de éstos y se ha podido avanzar hacia sociedades más democráticas en lo social y económico para que las nociones de libertad y de igualdad no sean simplemente una coartada.
En un principio, las sociedades que surgieron de las revoluciones burguesas del siglo 17, como la denominada “revolución gloriosa” de Inglaterra (1688), o la revolución de las 13 colonias en Norte América, (1775 – 1883), sólo les reconocieron los derechos civiles y políticos a las clases ricas, excluyendo de estos derechos, entre ellos el derecho al voto, a los trabajadores, (siervos, obreros y esclavos), y a las mujeres, (democracias censitarias). Ciudadano era considerado sólo el hombre con propiedad y patrimonio. Por supuesto que las clases ricas aprovechaban este control absoluto del poder para gobernar en su exclusivo beneficio, y las necesidades de las denominadas “clases inferiores” solo eran tenidas en cuenta a través de políticas de beneficencia, que a eso se reducían las políticas sociales.
Hoy en ninguna parte del planeta existe este tipo de “democracia, (la excepción son los países que tienen un régimen de partido único, o países con formas de autoritarismo electoral o cerrado, (Andreas Schelder, CLACSO, 2004), pues las luchas de los trabajadores y de las mujeres les permitió conquistar, por fin, el sufragio universal y la posibilidad de ejercer los derechos civiles y políticos de los que estaban excluidos, lo que condujo a la formación de sociedades más democráticas en el terreno político. Sin embargo, las clases ricas se dieron a la tarea de controlar, por otros medios los Estados, como hoy ocurre en la mayoría de los países, (cooptando incluso a algunos partidos socialdemócratas), principalmente a través del control de los medios de comunicación, de la corrupción del electorado, y usando todo su poder económico para imponer sus intereses en gobiernos y parlamentos, lo que les ha permitido oponerse a cualquier intento de transformación social y económica, cambios que califican de “populistas”, “castrochavistas”, o simplemente “socialistas” o “neocomunistas”.
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Despolitización y naturalización de las relaciones económicas y sociales
En su libro “Contrahistoria del liberalismo”, el filósofo, historiador, escritor y profesor universitario italiano Doménico Losurdo, (1941-2018), nos describe las paradojas, o aporía, de algunos de los filósofos liberales más destacados del siglo 18, en relación con la irrupción política y social de las denominadas en ese entonces “clases inferiores”, que reivindicaban ser sujetos también de los derechos políticos y sociales, hasta entonces reservados sólo a las clases ricas propietarias de los medios de producción, y que reclamaban también que el Estado ampliara su esfera de actuación, ocupándose de la terrible condición de pobreza e indigencia en que se encontraba la mayor parte de la población conformada por la población trabajadora.
Losurdo nos rebela cómo a los ojos de la tradición liberal, resultaba intolerable toda expansión del ámbito político del Estado que fuera más allá de la protección de los derechos a la propiedad y la libertad, pues una actuación así “ataca relaciones que no sólo son de carácter privado, sino que además poseen un carácter inmutable consagrado por la naturaleza o por la providencia”. En este sentido, pone de ejemplo las opiniones de Burke, (Irlanda, 1729-1797), que juzgaba “como locura y blasfemia considerar que entre las tareas del gobierno esté la de garantizar a los pobres cuanto la divina providencia ha querido momentáneamente negarles: la miseria es el resultado del “descontento divino” y eso en realidad no puede ser atenuado, poniendo en discusión “las leyes del comercio”, que “son las leyes de la naturaleza y en consecuencia las leyes de Dios” (subrayados nuestros).
Este tipo de opiniones fueron expresadas también, mucho después, por el filósofo francés Alexis de Tocqueville, (Francia, 1805-1859), en el contexto de la revolución francesa de 1848. Losurdo comenta como este destacado personaje de la historia, observaba con preocupación el comportamiento de las clases obreras: “parecerían tranquilas, ya no atormentadas por las pasiones políticas; por desgracia, sus pasiones, de políticas, se han convertido en sociales; más que la composición de este o aquel ministerio, tienden a poner en discusión las propias relaciones de propiedad y, por tanto, el ordenamiento natural de la “sociedad”, haciendo “pedazos las bases sobre las que aquella reposa”. Losurdo anota que el liberal francés consideraba que la revolución que había estallado “es socialista o está infectada de socialismo, por el hecho de que en ella están fuertemente presentes las teorías económicas y políticas que querrían hacer creer que las miserias humanas son obras de las leyes y no de la providencia y que se podría suprimir la pobreza cambiando el ordenamiento social”. Que el Estado amplíe su esfera de actuación ocupándose de las reivindicaciones sociales de los trabajadores, constituía para Tocqueville una “amenaza de cambio de la constitución social, un ataque a las antiguas y santas leyes de la propiedad y la familia, sobre las que reposa la civilización cristiana”.
Losurdo cita también al filósofo Malthus, (Inglaterra, 1766-1834), para el cual era absolutamente necesario que la economía política se convirtiera en “un objeto de enseñanza popular”, pues a través de su conocimiento “los pueblos comprenderán que deben atribuir la causa de sus privaciones a la naturaleza cruel a o su imprevisión individual. Esta opinión era también compartida por el propio Tocqueville, al que Losurdo cita, quien consideraba necesario difundir entre las clases obreras “algunas nociones – entre las más elementales y evidentes- de la economía política que las hagan comprender, por ejemplo, lo que de permanente y necesario hay en las leyes económicas que rigen la tasa de los salarios; porque tales leyes, que son en cierta manera de derecho divino –ya que surgen de la naturaleza del hombre y de la propia estructura de la sociedad- están fuera del alcance de las revoluciones”.
Para los filósofos de la época, la pobreza y miseria y la situación de exclusión en que se encontraba la mayor parte de la población trabajadora, no había que encontrarla en la falta de políticas sociales por parte de los Estados de la época, ni en la desigual distribución de la riqueza, ni tampoco en la ausencia de derechos políticos, económicos y sociales, sino que esta situación era manifestación del “descontento Divino”, como lo afirmaba Burke, o consecuencia de la “inmoralidad y la incontinencia sexual” de los pobres, “que traen al mundo seres a los que nos les puede asegurar la subsistencia”, según la opinión de Malthus. Precisamente, remitiéndose al “principio de población de Malthus”, anota Losurdo, que también Tocqueville acusa a “todos los excesos de la intemperancia difundidos entre “las clases inferiores”, a su “imprevisión”, o su tendencia a vivir “como si cada día no tuviera un mañana”, y sobre todo, a esos “matrimonios precoces e imprudentes, los cuales parecen tener otro fin que el de multiplicar el número de los infelices en la tierra”.
“La pobreza no es obra de las leyes”; el pobre es como “el salvaje” que no ha logrado superar el estado natural.
También Benthan, (Londres, 1748-1832), otro influyente filósofo liberal de la época, llegaba a conclusiones muy semejantes, según Losurdo: “la pobreza no es obra de las leyes”; el pobre es como “el salvaje” que no ha logrado superar el estado natural. O sea, para decirlo con las palabras de un discípulo y colaborador francés del filósofo inglés: “la pobreza no es una consecuencia del ordenamiento social. ¿Por qué, entonces, reprochársela? Es una herencia del estado natural”. En la polémica contra el iusnaturalismo, el filósofo inglés ironiza sobre el hecho de recurrir a la naturaleza para fundamentar derechos que tienen sentido sólo en el ámbito de la sociedad, pero ahora la naturaleza reaparece para quitarle la responsabilidad de la miseria al ordenamiento político social.
Concluye Losurdo, que al fundamentar en la naturaleza -y en la naturaleza sancionada por la Providencia- las relaciones sociales existentes, los intentos por modificarlas no pueden ser otra cosa que una expresión de locura. Burke expresa todo su “horror” por esos revolucionarios o reformadores precipitados que no vacilan en “cortar en pedazos el cuerpo de su viejo progenitor para ponerlo en el caldero del mago con la esperanza de que hierbas venenosas y extraños encantamientos puedan devolverle salud y vigor”. De manera análoga para Tocqueville, es la ilusión de que exista un remedio (político) contra ese mal hereditario e incurable de la pobreza y del trabajo” lo que provoca las incesantes, desastrosos experimentation que caracterizan el siclo revolucionario francés, o sea “la gran revolución social” iniciada en 1789.
Como podemos ver, cada vez que desde las organizaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras se reivindican políticas públicas incluyentes, democráticas en los social y en lo económicos, que le den una base real a las nociones de igualdad y de libertad que fueron proclamadas por las revoluciones liberales del siglo 17, los dueños del poder , sus ideólogos y acólitos salen con todo su poder mediático a descalificarlas, ya no de “locuras”, o “blasfemias”, sino de “populistas”, “demagógicas”, o “castrochavistas”. Pero el objetivo el mismo: asegurar los privilegios de los que controlan la riqueza y el poder.
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