Implementación del Acuerdo de Paz en serio riesgo, requiere de un acuerdo político ampliado

Por Verónica Tabares, Subdirectora ENS.

El proceso de paz con las Farc debería significar una oportunidad, no solo para silenciar las armas y reducir el número de víctimas del conflicto armado, sino también para que la sociedad civil pueda ejercer con plenas garantías sus derechos. Para las organizaciones sociales, específicamente, representa una oportunidad de reconstruirse y de incrementar sus posibilidades de participación en la vida política y social del país. Sin embargo, el proceso de implementación presenta hoy serios problemas para cumplir con los compromisos adquiridos.

En primer lugar, no se diseñó una estrategia de implementación lógica y coherente una vez el acuerdo de paz fue refrendado por el Congreso. Tampoco el Gobierno procuró un acuerdo político ampliado que recogiera las voces de instituciones del estado, como los Ministerios y la Fiscalía, ni de los partidos políticos y ni de la sociedad civil, que hicieran posible un proceso fluido, pero sobretodo sostenible. En cambio, se optó por empezar a aprobar normas sin una lógica que permitiera dar mayores garantías a la aprobación de Leyes Estatutarias; normas carentes de leyes marco que posteriormente permitieran un desarrollo de normas ordinarias, o la definición de políticas públicas articuladas.

Es así como al día de hoy aún faltan por aprobar 16 leyes priorizadas en el acuerdo final (puntos del acuerdo final 6.1.9 al 6.1.11), y aún no se cuenta con el Plan Marco de Implementación que, de conformidad con el texto del acuerdo, “contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia (cronograma) e instituciones responsables”. Este Plan Marco debió ser lo primero en tramitarse para asegurar, además, que el acuerdo haga parte del Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes de Desarrollo locales.

A esta situación se suma una sociedad civil vez más ausente e indiferente al proceso. Hoy no se moviliza como lo hizo la semana del 3 al 5 de octubre del 2016, cuando ganó el No en el plebiscito. Organizaciones sociales, campesinas, de víctimas, sindicales, indígenas, y ciudadanos en general, se movilizaron exigiendo que el proceso continuara y que se buscaran fórmulas para refrendarlo y apoyar el paso de las Farc de las armas a la política. Esta sociedad civil no se ha hecho sentir para exigir una implementación que considere sus visiones y propuestas.

Como parte de la implementación del Acuerdo de Paz (capítulo 2 sobre Participación política: Apertura democrática para construir la paz, acápites 2.2.1 y 2.2.2), en el mes de marzo de este año se abrió un espacio nacional de deliberación con movimientos sociales, entre ellos el sindicalismo, del que salieron unos lineamientos y posteriormente un proyecto de Ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y para el ejercicio de la protesta social. Sin embargo, el gobierno realizó su propia versión y no consideró el proyecto de Ley propuesto por el Comité de Diálogo de voceros y voceras de estas organizaciones, que además hoy se hunde en el desgano y el desorden del Congreso de la República.

Para el movimiento sindical, por ejemplo, esta es una ley fundamental para desarrollar las garantías de participación expresadas en los derechos de asociación, negociación colectiva, protesta, huelga, consulta y de protección efectiva contra actos de discriminación e injerencia antisindical, garantías específicas para la existencia y reconocimiento del movimiento de los trabajadores y trabajadoras, derechos estos que hoy no tienen los colombianos.

Por otro lado, hoy no existe un proyecto de ley para la formalización laboral rural y protección social, norma priorizada por el Acuerdo de paz como parte de la Reforma Rural Integral. Así mismo, está pendiente de ser presentada en el Congreso la ley estatutaria de jurisdicción agraria, y sigue en trámite el proyecto de ley de innovación agropecuaria, de adecuación de tierras y de adjudicación de baldíos en reserva forestal.

Todo esto evidencia que el establecimiento no quiere una “paz democrática”, es decir, desarrollar las condiciones, inicialmente normativas, para que los cambios en materia social y económica se den, especialmente en los territorios.

También la “paz militar” corre graves riesgos, pues el Estado no ha brindado la protección necesaria a las poblaciones y regiones más afectadas por el conflicto armado. Han surgido otros grupos armados que han amenazado a la sociedad civil, líderes(as) comunitarios, indígenas, sindicalistas del sector agro y campesinos(as) que hacen parte de los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito. Esta situación de riesgo se caracteriza por:

• Siguen en trámite en el Congreso las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, lo que impediría la representación política de aquellas poblaciones más afectadas por el conflicto armado en las próximas elecciones.
• Están pendientes de formular los planes nacionales de la Reforma Rural Integral (RRI) (salud, educación, vivienda, electrificación, vías terciarias, alimentación, formalización laboral, etc.), y la implementación práctica de la formalización y acceso a tierras.
• No hay mesas de dialogo con los movimientos sociales. Para el caso del sindicalismo no existen ni se ha abierto un espacio para dialogar la agenda laboral y sindical para la construcción de paz.
• De acuerdo con las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, en lo que va corrido del año han sido asesinados 81 de líderes sociales, hechos en su mayoría concentrados en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle y Nariño[1].
• La violencia antisindical no cesa. En lo que va corrido del año se han identificado 185 casos de actos contra la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas colombianos. Más de una tercera parte de la violencia contra ellos se concentró en el sector rural: 73 casos, 7 de ellos fueron agresiones contra mujeres. Las formas de violencia intimidatoria, como amenazas y hostigamientos, fueron las más recurrentes, y de 16 casos de homicidios documentados, la mitad de las víctimas fueron sindicalistas del sector rural.

Prevalece la intención de mantener en el campo un ambiente de temor que limite las posibilidades de mejorar las condiciones de trabajadores(as) y comunidades. Un caso que ilustra esa situación se dio el pasado 6 de agosto en el municipio El Rosario, Nariño, con el asesinato de Nidio Dávila, quien era líder campesino, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (ASTRACAN Subdirectiva Rosario), filial de FENSUAGRO-CUT. Además, amenazaron a las personas que trabajan en pro de una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en ese municipio. Según habitantes del sector, la autoría de esos hechos fue del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Frente Conquistadores del Sur, o los del Morocho[2].

Estamos pues ante una situación crítica, está en riesgo la implementación de los acuerdos de paz. Se requiere un acuerdo político ampliado que involucre al gobierno nacional, gobiernos locales, congresistas y partidos políticos, Farc, entidades del Estado y sociedad civil, que asuma la responsabilidad histórica de avanzar de manera consecuente con el proceso de construcción de paz en todas sus dimensiones y territorios. No nos podemos permitir que esta oportunidad pase sin generar los cambios que en materia social, política y económica se requieren para que los colombianos(as) podamos vivir y gozar de nuestros derechos.

[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/lideres-asesinados-en-2017-ascienden-a-81/544407

[2] Denuncia pública REDDHFIC, 08/08/2017. En: https://goo.gl/ZFYhZg [Consultado: 09/08/2017]