El empleo lo es todo, pero también nada en el Plan de Desarrollo *

El docente e investigador hace un análisis de lo que trae el Plan de Desarrollo en materia laboral.

Por Jaime Alberto Rendón Acevedo

Universidad de La Salle

Es completamente consecuente con la realidad del país el generoso diagnóstico que el “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” realiza en torno a los mercados laborales en Colombia. Las deficiencias estructurales son puestas en evidencia mostrando los enormes retos que se tienen al respecto, incluyendo temas como la formalidad – Informalidad, el empleo rural, el empleo juvenil, en empleo en los grupos marginados, como los étnicos y la población con discapacidad  o con capacidades diversas, las mujeres y en particular la ruralidad, así como el vertiginoso tema de la protección social, que estando ligada a la formalidad, y al ser esta del 51.9% en el país, genera desbalances que a más de ser de financiamiento significa que el Estado debe de realizar ingentes esfuerzos para atender el régimen subsidiado de salud, y obviamente, que solo una cuarta parte de los trabajadores del país alcanzarán a tener una pensión en su vejez.

El diagnóstico es certero al presentar los problemas en estos temas y en mostrar las enormes dificultades frente a las instituciones que rigen los mercados laborales, incluyendo las dificultades en la concertación, en lograr acuerdos entre empresarios y trabajadores, inclusive con el Estado, en la comisión de concertación.

Esto último es relevante para un país donde sus instituciones históricamente han estado bajo el usufructo de las élites, los intereses particulares de grupos que las controlan, pero también en el yugo de los actores armados. La Escuela Nacional Sindical (ENS) a través del analista Carlos Julio Díaz Lotero[ muestra claramente como si bien lo que se plantea desde el Plan es una de las grandes características en las relaciones laborales en el país, también es cierto que la tasa de afiliación sindical es del 4.6%, la negociación a través de pactos colectivos es del 6%, producto de la violencia sistemática que ha entorpecido la libertad sindical y el goce de los derechos de asociación, que terminan ultrajados por el miedo, el amedrentamiento o la muerte, de hecho, Díaz muestra que la ENS tiene documentado “desde enero de 1973 hasta julio de 2018 … al menos 14.702 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.163 homicidios, 402 atentados, 239 desapariciones, 7.208 amenazas de muerte y 1.898 desplazamientos forzados.” Es fácil entonces hablar de la debilidad de las instituciones, en especial desde los trabajadores, cuando sus líderes han sido perseguidos y masacrados.

Esto va de la mano también de las pretensiones del Plan por regular las posibilidades existentes en la normativa laboral en tanto la multiafiliación y lo que desde el Plan se llama fragmentación sindical. Se trata de una indebida acción en torno a las autonomías de los trabajadores y, en últimas, un desafuero en la propia representación de los pactos. Si la idea es tener únicos interlocutores en empresas, para poder llevar a cabo procesos de convenciones colectivas, sería hora de que la preocupación fuera otra, por ejemplo, promover las propias convenciones y la afiliación sindical (que junto a una mayor inspección del trabajo son compromisos con el TLC de los EUA), en lo que se podría avanzar a través de los sindicatos de industria o de rama de actividad, como existe en los países de mayor desarrollo.

Ahora, las dificultades institucionales que el propio Gobierno hace notar, desde el Ministerio, pasando por el SENA, los gremios, la seguridad social, los sindicatos, o los problemas de coordinación y acuerdos, le sirve para mostrar e insistir en algo que es transversal a todos los pactos y con referencia a todas las instituciones públicas: el Gobierno aboga para que el Plan le de facultades para realizar ajustes institucionales profundos en la estructura del Estado. Igual que sucedió en los períodos presidenciales de Uribe e incluso de Santos. Una contradicción flagrante, se aboga por la institucionalidad, pero se reclaman facultades para no tener que pasar las reformas por el Congreso y recibir a través de la ley del Plan de Desarrollo una patente de corso para cambiar las instituciones al antojo del Gobierno.

Los sistemas institucionales deben responder a los acuerdos que la sociedad haga sobre sus formas de entender y gestionar los distintos pormenores de la vida, y no la decisión de un grupo político en el poder. Esta sí que sería una buena oportunidad para proponer un acuerdo tripartito en torno al empleo, las libertades de asociación y las formas de gestionar los salarios, pero lejos estamos de ello,  como es este caso donde los 16 pactos generales y los 9 regionales han sido el resultado de documentos elaborados por un partido con participaciones externas perfectamente pensadas y limitadas. La falta de concertación y la incoherencia de los discursos se hicieron manifiestas en la propia elaboración del plan de desarrollo.

Pero la revisión frente al empleo en todo el plan, expresión que aparece en 284 veces en las 1660 páginas, también deja explícito un elemento buscado desde la política por el Centro Democrático desde tiempos pasados y que se le ha convertido en una obsesión a la señora Ministra: el abaratamiento del trabajo e incluso la legalización o formalización de las ya precarias condiciones existentes en buena parte de los trabajadores en la informalidad

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Pero la revisión frente al empleo en todo el plan, expresión que aparece en 284 veces en las 1660 páginas, también deja explícito un elemento buscado desde la política por el Centro Democrático desde tiempos pasados y que se le ha convertido en una obsesión a la señora Ministra: el abaratamiento del trabajo e incluso la legalización o formalización de las ya precarias condiciones existentes en buena parte de los trabajadores en la informalidad, es decir desde el Plan se pretende formalizar a los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, llevarlos a trabajar por horas o a lo sumo por días, creando un complejo sistema de paso automático de régimen subsidiado a contributivo, y generar aportes al menos con una hora de pago.

Por el congreso han intentado pasar el jornal diario integral y han insistido en el salario por horas para aquellos trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, conduciéndolos al pago de la seguridad social y por ende a la formalidad, lo que el Plan se propone como trabajo decente. Pasarlo por el Plan permite al Gobierno hacerlo de manera directa sin tener que volverlo a presentar en el Congreso donde estas medidas no han tenido aprobación. Al avance en la lectura se consolida la percepción que esto último, el salario por horas, es el gran propósito en la política laboral del Gobierno.

El trabajo decente tiene una línea especial dentro del “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados.” Se trata de la línea F: Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva. El objetivo que se busca en esta línea, que además se hace transversal para otras dinámicas en diferentes pactos, es “Promover la generación de ingresos y la inclusión productiva de la población vulnerable y en situación de pobreza, en contextos urbanos y rurales a través del emprendimiento y su integración al sector moderno,” Sin embargo, está línea trabaja elementos no necesariamente congruentes con las recomendaciones que hace la OIT frente al trabajo Decente, en tanto justicia remunerativa, libertad, equidad, seguridad y dignidad, y hace énfasis en emprendimientos, formalización empresarial, formalización laboral, sin que los instrumentos sean claros y las metas no sean significativas en todos los indicadores previstos.

El plan se plantea entonces desde un discurso coherente con la formalización el tema de la seguridad social. La afiliación a los sistemas de salud, pensiones y riesgos se constituye en un propósito loable, aunque se realiza con base no necesariamente en mejoras salariales, sino en la búsqueda de que a partir de los ingresos existentes se pueda cotizar y con ello buscar que de la informalidad se pase a la formalidad, un propósito hecho magia, ya que desde hace décadas el país le ha insistido al abaratamiento del trabajo (precarización laboral y salarial) como estrategia de aumento de empleo y formalización, aspectos que la evidencia empírica muestra como fallidos. Y en esto el Uribismo sí que tiene experiencia.

El logro de la afiliación en este sentido es la expansión de lo que ha sucedido con el tema de los trabajadores por prestación de servicios, ellos han asumido el costo del pago total de la seguridad social, disminuyendo sus ingresos, aunado a unas condiciones contractuales volátiles que los ha llevado a cotizar a la seguridad social entre 6 y 10 meses de los 12 que tiene el año, dificultando con ello el poder tener los requisitos para una pensión.

Adicionalmente, el Gobierno espera fortalecer los programas de apoyo como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), entendiendo que se puede construir, además, un piso mínimo de la protección social (con adición de salud subsidiada y microseguros inclusivos). Si bien es cierto que estos programas son importantes porque le llevan alivio a un número significativo de trabajadores, en especial adultos mayores o de personas que difícilmente tendrán una pensión, también es cierto que este no es el camino para garantizar un ingreso de vejez, una vida digna después que haya terminado la edad de laborar.  La misma OIT muestra como la tendencia en la Región es a fortalecer los regímenes públicos y a tener programas de renta de ciudadanía para adultos mayores que les garantice al menos una canasta básica. Colombia sigue insistiendo en el camino del régimen de ahorro individual con programas gubernamentales limitados para llevar subsidios a las tres cuartas partes de la población mayor que no puede acceder a una pensión. Son caminos errados en los que insiste el plan, que responden a claros intereses financieros y que alejan la idea primaria del plan en tanto justicia y equidad.

En materia de metas, cada uno de los indicadores observados, cuando la estrategia los presenta, ya que en muchas no lo hace, muestran unas pretensiones que podrían catalogarse como mínimas (infra marginales) para el cuatrienio, por ejemplo, espera llegar a una tasa de desempleo al año 2022 del 7.9%, cuando se parte de una línea de base de 9.4%, tasa que el país ya ha presentado en los últimos años, donde por las estacionalidades del empleo se han tenido tasas entre el 7.1% y el 11.0%. El porcentaje de población ocupada cotizante al sistema de pensiones se espera que pase del 36,8 % al 41,2%. El Gobierno espera entonces generar 1.6 millones de empleos de los cuales un millón serán empleos formales, metas nada diferentes a las que se han tenido en gobiernos pasados.

Las empresas afiliadas a las Cajas de Compensación Familiar pasarán de ser 681.195 a 762.846, es decir la meta son 20.413 empresas por año. La tasa de desempleo juvenil pasará del 16,6% 14%, la población joven que ni estudia ni trabaja se espera que sea al final del cuatrienio del 17,6% cuando hoy es del 21,2%. Para solo plantear algunas metas entre las de mayor relevancia. El plan de inversiones contempla recursos para la línea F, por 771,800 millones de pesos para los cuatro años. O para la línea de Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores se tienen 99,800 millones. Cifras evidentemente poco significativas.

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Sin duda alguna el nuevo plan de desarrollo es un buen material de consulta para analistas y estudiantes. A la hora de convertirlo en política pública, en definir los objetivos, estrategias y metas, se vuelve gaseoso

Sin duda alguna el nuevo plan de desarrollo es un buen material de consulta para analistas y estudiantes. A la hora de convertirlo en política pública, en definir los objetivos, estrategias y metas, se vuelve gaseoso, solo con algunas ideas fuerza, en donde el empleo si bien aparece como una carta importante, a la hora de las definiciones de política se desvanece, como todo lo sólido, en el aire. La formalidad solo interesa en tanto aportes a la seguridad social, el trabajo decente queda solo como un concepto genérico para la idea de ese tipo de formalización. La asociación de los trabajadores no será un tema relevante, pero si las formas de gestionar los salarios. La inspección del trabajo escasamente aparece. El goce efectivo de las pensiones y la seguridad social no es la preocupación, pero si la cotización, aunque ella sea el reflejo de contratos laborales precarios, o de emprendimientos formalizados que serán, como lo es hoy, el reflejo de las necesidades de subsistencia, todo esto sumado a salarios mínimos inferiores a lo que hoy está permitido por la Ley, incluso por horas.

*Este artículo fue publicado originalmente en la Revista SUR

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