Noviembre fue de intensa movilización estudiantil y sindical en Colombia, y ese es el tema de la nota que encabeza el resumen informativo de la AIL en este mes. Las otras 4 notas son:
– La Junta Nacional decidió realizar el 7º Congreso de la CUT en mayo de 2019.
– OIT dio la razón a pilotos de Avianca: pueden hacer huelga y no pueden ser despedidos por ello.
– Sindicatos y organizaciones del agro piden ser tenidos en cuenta en ley para la “dignificación del trabajo rural”.
– El Brasil de Bolsonaro visto por un sociólogo brasilero.
Noviembre fue un mes de intensa movilización estudiantil y sindical en Colombia
Liderado por un robusto movimiento estudiantil, que volcó a las calles para exigir políticas públicas de financiación de la educación superior, noviembre fue un mes de gran agitación en Colombia, la cual fue secundada por el movimiento sindical y otras fuerzas sociales que salieron a rechazar la regresiva reforma tributaria que se discute en el Congreso; y por el magisterio que agremia Fecode, que se sumó a las movilizaciones para defender la educación pública y presionar al Gobierno a cumplir el pacto que firmó en el 2017.
Por efecto de estas movilizaciones, que por parte del movimiento sindical impulsaron la CUT, CGT, CTC y Confederación Democrática de Pensionados, el Gobierno y el Congreso debieron desistir de gravar con IVA del 18% a la canasta familiar, por su afectación a los trabajadores y a la clase media. En cambio el paro de las universidades y la movilización estudiantil continúan porque el Gobierno se niega a atender la demanda de más recursos para las universidades públicas.
Las centrales sindicales, aunadas en el llamado Comando Nacional Unitario, llegaron a hablar de convocar a un paro nacional a mediados de diciembre, pero desistieron de esta iniciativa a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos y pase la temporada navideña, nada propicia para dicha convocatoria.
Para nosotros no tiene sentido ni presentación el proyecto de reforma tributaria. No nos queda más camino que la movilización social para responder a la agresión del equipo económico del Gobierno”, señaló Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.
Por su parte, la CUT y Fecode en un comunicado conjunto calificaron como “monstruosa” la reforma tributaria, en la cual el Gobierno Duque” pone a funcionar la lógica de rebajarle a los ricos y cobrarles más a los pobres. Por eso es necesaria la movilización social para derrotar el asalto a los bolsillos de la mayoría de los colombianos”.
Miguel Morantes, presidente de la CTC, señaló: “Hemos reactivado el Comando Nacional Unitario para enfrentar esta difícil coyuntura. El proyecto de reforma tributaria atenta contra la economía del país, que todavía no se repone de la reforma del 2016. Hacemos un llamado a que nos movilicemos. Esta reforma no puede pasar”.
Puedes leer: ¡A la calle este jueves!, llamado de las centrales sindicales para rechazar la reforma tributaria
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26 de noviembre:
La CUT realizará en mayo su 7º Congreso Nacional
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, fijó para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2019 la realización de su 7º Congreso Nacional en Bogotá. Fue la decisión más importante de la Junta Nacional de esta central que sesionó la penúltima semana de noviembre.
La Junta Nacional también definió otros importantes aspectos de su agenda para el próximo año. Como la aprobación de la declaración política en la que ratifica su oposición al Gobierno Duque y reitera el llamado a la movilización y la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores colombianos, así como la convocatoria a una gran convergencia de fuerzas sociales, políticas, estudiantiles que fortalezca y haga más efectiva la lucha de las fuerzas alternativas que hoy se mueven en el ámbito nacional.
Otro punto que definió la Junta Nacional tiene que ver con la estrategia y las líneas que tendrá el pliego de peticiones que los sindicatos estatales presentarán a comienzos del 2019. Pliego que, entre otros aspectos, contiene el incremento salarial para los trabajadores del Estado, resolver temas de la carrera administrativa y de las plantas de provisionales, en las que hay funcionarios que llevan 15 y 20 años como provisionales, lo cual calificó de “aberrante”.
Sobre los primeros 100 días del Gobierno Duque, el nuevo presidente de la CUT, Diógenes Orjuela dijo: “Este gobierno sigue haciéndole los mandatos del imperialismo y desarrollando su programa en las fuentes uribistas. Con un agravante: ahora es respaldado por toda la coalición de los partidos que tuvieron algunas fisuras en el Gobierno Santos, y que están allegados al mandato del presidente Duque”.
16 de noviembre:
OIT da la razón a pilotos de Avianca: pueden hacer Huelga y no pueden ser despedidos por ello
La OIT emitió un concepto técnico en el cual afirma que el transporte aéreo no es servicio público esencial, por lo que los pilotos de Avianca tienen derecho a la huelga; que el procedimiento por el cual la votaron se ajustó a los parámetros de OIT y tuvo la mayoría requerida, por tanto son injustificados los despidos y las sanciones que, como retaliación, realizó Avianca.
La Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la huelga que a finales del 2017 lideró la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), argumentando que el transporte aéreo es un servicio público esencial y que la votación de la huelga no cumplió las condiciones requeridas.
Pero en su concepto, la OIT señala que el transporte aéreo de mercancías y pasajeros no es servicio esencial sino “un servicio público de importancia trascendental”, por tanto la huelga “es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales”. En el sector aeroportuario –agrega– solo el control del tráfico puede considerarse servicio esencial.
La huelga de Avianca fue votada por 699 de los 702 pilotos de ACDAC, pero la Corte Suprema consideró que para ser legal la debió votar más de la mitad de todos los trabajadores Avianca, que son 8.540, una cantidad que para la OIT es demasiado grande. “Podría dificultar excesivamente la posibilidad de efectuar la huelga” conforme a los principios de libertad sindical. La huelga en las seccionales locales de una empresa como Avianca puede ser votada por una asamblea de la seccional local si el motivo de la huelga es de índole local.
Lo otro que afirma el concepto de OIT, es que nadie debe ser objeto de sanciones por realizar o intentar hacer una huelga: “Los trabajadores y sus organizaciones deben poder recurrir a la huelga como medio legítimo de defensa de sus intereses económicos y sociales sin ser objeto de medidas de represalia antisindical”. Pero Avianca despidió a 107 de los pilotos que participaron en la huelga y sancionó a 109.
Según Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, organización que desde el principio de este 2018 solicitó a la OIT conceptos sobre los aspectos señalados, no es Avianca sino el Gobierno colombiano el que ahora tiene que responder ante la OIT por su comportamiento en la huelga de Avianca, y también los jueces que la declararon ilegal deben corregir los errores cometidos.
Sindicatos y organizaciones del agro piden ser tenidos en cuenta en ley para la “dignificación del trabajo rural”
En audiencia pública realizada en el Senado de la República, las y los trabajadores de sindicatos y asociaciones agrarias plantearon objeciones de fondo, por sus implicaciones negativas en materia laboral y pensional, al proyecto de ley que busca “Dignificar el trabajo rural”.
Por parte de la sociedad civil asistieron representantes de la CUT, CTC, OIT, Fundación FESCOL, Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, Fensuagro, Sintraimagra, Sintrainagro y Mujeres Campesinas de la Sierra Nevada, entre otras organizaciones
Una preocupación de los voceros de estas organizaciones es que en la discusión del proyecto no participaron los trabajadores del agro. En cuanto a su contenido, afirman que establecer pisos salariales por debajo del salario mínimo abre la puerta al trabajo precario y a la subcontratación, e impide derechos de asociación y negociación colectiva. Además va en contra de los convenios sobre trabajo decente de la OIT.
La CUT criticó la forma como el Gobierno afronta los problemas de informalidad laboral en el campo. La superación de éstos debe pasar por leyes y programas que incrementen la producción agropecuaria del país, que actualmente importa al año 14 millones de toneladas de alimentos. Ello generaría entre 4 y 5 millones de empleos formales, y un crecimiento de salarios que dé mayor capacidad de compra.
Para Victoria Sandino, senadora del partido de la antigua guerrilla de las FARC, las falencias del proyecto se subsanan si se desarrolla el punto uno del Acuerdo de Paz sobre protección social y formalización laboral en el campo. Sugirió que sería conveniente articular el proyecto de ley en cuestión con otros que han propuesto los partidos FARC, UP y el Polo en materia de reforma al sistema pensional.
El vocero de Sintrainagro manifestó su temor de que las agroindustrias que hoy tienen trabajadores protegidos por convenciones colectivas hagan uso de las herramientas que propone este proyecto de ley para precarizar a esos trabajadores, disminuir aún más su sindicalización y la negociación colectiva.
“Mientras no se resuelva el tema de la tenencia de la tierra, de la que se han apoderado, a punta de asesinatos, estas propuestas son inútiles”, dijo por su parte el vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
9 de noviembre:
El Brasil de Bolsonaro, visto por un sociólogo brasilero
A partir del 1º de enero Yair Bolsonaro, líder de la ultra derecha, gobernará el país más grande y desarrollado de Latinoamérica. Para indagar lo que ello significa la Agencia de Información conversó con el sociólogo brasilero Vinicius Sartorato, magister en políticas de trabajo y globalización.
Sartorato atribuye el triunfo de Bolsonaro a la descreencia en los partidos tradicionales y en las instituciones del Estado, como también a la polarización frente al Partido de los Trabajadores, espacio que Bolsanaro ocupó con electores de la extrema derecha, de la derecha más moderada y los ciudadanos que están en desacuerdo con la gestión y los manejos del Partido de los Trabajadores.
Sobre el apoyo de los militares a Bolsonaro, dijo que es significativo, por su condición misma de ex capitán del ejército. Pero no es un apoyo unánime. “Es una cuestión compleja en un país que tiene como perspectiva la democracia, y que debe resolver las interacciones con la sociedad civil, los movimientos sociales, los sindicatos, etc. Esa es una preocupación”, señaló el sociólogo.
Sobre lo que le espera a Brasil señaló, entre otros aspectos, que habrá un tratamiento político autoritario y menos democrático de lo acostumbrado. En la cuestión económica, la estructura de apoyo a Bolsonaro en el parlamento es de los terratenientes, la industria de las armas, los banqueros, entonces sus propuestas económicas irán más al lado del patrón que de los trabajadores, lo que tendrá efectos en cuestiones como la reforma pensional y las relaciones laborales.
“Brasil necesita tratar cuestiones como la pobreza, el desarrollo social, las cuestiones de bases como saneamiento básico y vivienda y alimentación, y esas no son prioridades para este gobierno. Lo que se ve es una política económica elitista, que no tiene como plataforma la redistribución de renta”, afirmó Srtorato.
Agregó que Bolsonaro también es un factor de inestabilidad en la región. Se habla de la posibilidad de una intervención armada en Venezuela en asociación con los Estados Unidos; del Acuerdo de París sobre cambio climático que Bolsonaro cuestiona y propone acabar con el Ministerio de Medio Ambiente.
Considerando su pensamiento ultra conservado, involucrado además con las iglesias protestantes, las cuestiones relacionadas con los derechos de las minorías pueden generar conflictos. La ONU, a través de Michelle Bachelet, dice que está mirando la cuestión de las mujeres, los homosexuales, los indígenas. Las preocupaciones sobre la cuestión democrática son altas.
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