En este artículo se habla sobre las problemáticas laborales y ambientales que genera la empresa Minesa en Santander.
Por Paola Gómez, directora Centro de Atención Laboral, CAL, Bucaramanga
La minería en la serranía de Santurbán se ha convertido en un asunto de interés significativo para los últimos gobiernos y para las trasnacionales. Se han dividido las opiniones entre quienes propugnan, que pese a los daños ambientales, es mucho mayor el beneficio o progreso que representa para el país la explotación minera, y otros sectores quienes señalan que el daño causado por el proyecto minero es irreversible.
La Serranía de Santurbán está conformada por 92 mil hectáreas. Allí nace el agua que nutre algunas zonas de los departamentos de Santander y Norte de Santander, sin embargo, en esta región del país la explotación de oro no es una práctica reciente, desde 1994 la Greystar llegó a Santurbán, ubicando la sede de su proyecto en el Municipio de California. La llegada de esta primera trasnacional minera le abrió paso a otras más junto con sus subcontratistas.
El tema de la minería en Santurbán no solo se ha centrado en el daño ambiental. De la mano de la idea de desarrollo y progreso, producto de la explotación minera, se generaron distintas formas de empleo diferentes a las de cultivar la tierra, de modo que los habitantes de esta región empezaron a ser trabajadores de las diferentes trasnacionales mineras que han hecho presencia a lo largo del tiempo.
Si bien, cuando se están licitando las licencias y permisos para la explotación se ofrece de manera muy atractiva la idea del desarrollo que trae consigo la explotación minera, en el aspecto laboral esta idea ya no es tan atractiva. En la realidad se encuentran prácticas laborales que desconocen los derechos de las y los trabajadores de esta industria.
En la actualidad, Minesa es la empresa más emblemática por su poderío dentro de la explotación minera que se hace en la región. Su objeto social se desarrolla de manera concreta en la explotación de oro en el proyecto Soto Norte. Minesa cuenta con el respaldo de Mubadala Investment Company, grupo empresarial de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Según la empresa, ellos generan alrededor de 500 empleos en la región de Santander, de los cuales, solo 160 son directos, es decir, la mayoría son contratos a través de bolsas empleos, como Temporing S.A. y Adeco Colombia. Estos trabajadores tercerizados se desempeñan en áreas como el casino, el área de transporte y en las áreas de geología, ambiental, mantenimiento, minas y salud ocupacional o seguridad industrial. En síntesis, realizan las mismas actividades de los trabajadores directos.
Desde la llegada de Minesa, se ha mantenido el mismo esquema de tercerización en la región, por eso hoy en día, aproximadamente 340 de los empleos que genera la empresa son tercerizados.
Con este modelo de contratación se están vulnerando no solo los derechos de orden individual, sino los colectivos, como lo es el derecho de sindicalización. Sin embargo, pese a las condiciones laborales promovidas por Minesa, un grupo de trabajadores directos decidieron afiliarse a la Organización Sindical Sintramienergetica y conformaron la seccional de California.
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Así las cosas, desde la puesta en marcha del Centro de Atención Laboral CAL Bucaramanga se empezó a realizar acompañamiento jurídico, a través de la construcción de agendas de trabajo con las cuales se ha ido defendiendo, fortaleciendo y promocionando la libertad sindical como derecho fundamental y humano.
Pero las cosas no han sido fáciles para esta organización sindical que ha tenido que enfrentar las prácticas antisindicales de Minesa. El sindicato ha luchado arduamente para que se den los aumentos salariales y las bonificaciones. De la misma manera, la empresa tampoco ha mostrado voluntad de diálogo, prueba de ello es que desde el 2017 se está a la espera de la convocatoria para integrar el tribunal de arbitramento que dirima el conflicto colectivo de trabajo iniciado por el Sindicato.
Además, la empresa no solo se ha dedicado a desconocer los derechos que componen las dimensiones formales de la libertad sindical, sino que, a través de desconocer derechos subsidiarios como lo son el reconocimiento de permisos sindicales, ha intentado coartar o limitar el ejercicio de Asociación Sindical en cabeza de este grupo de trabajadores.
Recientemente la empresa realizó una modificación parcial al Reglamento Interno de Trabajo donde se cambiaron las disposiciones relativas a las faltas disciplinarias graves, incluyendo en este acápite el incumplimiento de los distintos manuales de “etica” o “conducta” a los cuales el Sindicato siempre les ha hecho oposición por contener apartes que restringen el ejercicio de la actividad sindical. Entre las modificaciones están la prohibición de tomar fotos con el uniforme de la empresa o el difundir cualquier tipo de información relacionada con la Minesa, de tal suerte que el ejercicio de propaganda y protesta del Sindicato se ve amenazado al ser sujeto de reproche disciplinario según esas disposiciones reglamentarias.
Ante las diferentes formas en que se ha intentado menguar la fuerza de Sintramienergetica, seccional California, la organización, junto con diferentes acciones políticas y organizativas, se ha apoyado en el uso de las herramientas jurídicas para la defensa y reivindicación de sus derechos como colectivo. Con el apoyo del CAL Bucaramanga se han presentado reclamaciones ante el empleador, acciones administrativas ante el Ministerio del Trabajo y ante los cambios abiertamente lesivos que se quieren implementar vía Reglamento Interno de Trabajo, se hizo parte el sindicato dentro del proceso de objeciones, de modo que pese a los constantes ataques, siempre se ha mostrado una respuesta organizada y en defensa del ejercicio de la libertad sindical.
El caso de Minesa resulta ser emblemático al ser una empresa con gran poder y representación en el departamento y por ende con capacidad suficiente de asumir la totalidad de sus procesos, sin embargo optó por tercerizar más de la mitad de los empleos que genera, al mismo tiempo direcciona sus esfuerzos por desconocer y vulnerar los derechos en cabeza de la organización sindical, mostrando una imagen corporativa de inversión social en las comunidades con el fin de legitimar su controvertida presencia, al mismo tiempo que precariza a sus trabajadores, quienes son integrantes de estas mismas comunidades.
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