Denuncia el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios
Uno de los derechos que más se han erosionado en Colombia, es el del acceso a una justicia eficaz. El sistema judicial no funciona, la impunidad campea, los procesos son eternos, los trabajadores de la rama reiteradamente deben realizar paros y plantones para exigir buen trato y respeto a sus conquistas laborales.
Y para los internos sindicados y condenados en las cárceles, así como para el cuerpo de guardias que los vigilan, el sistema funciona aún peor. El hacinamiento en las cárceles ha alcanzado niveles críticos, insostenibles. En su último informe al Congreso, la Defensoría del Pueblo aseguró que Colombia atraviesa por la peor crisis carcelaria de su historia, problemática que lejos de superarse se agudizó.
En efecto, la sobrepoblación carcelaria es del 56% promedio nacional, dado que hay 121.613 reclusos y las cárceles apenas tienen capacidad para 77.953. Con el agravante de que poco se hace para remediar la situación. Según la Defensoría del Pueblo, en 2015 la construcción de nuevos cupos apenas avanzó un 43%. La Unidad de Servicios Penitenciarios solo entregó 1.709 cupos, de los 7.088 que estaban proyectados.
Situación que se traduce, de un lado, en la violación permanente de los derechos humanos de los reclusos; y de otro, en el deterioro de las condiciones laborales y de seguridad de las y los trabajadores que prestan guardia penitenciaria, vinculados al Inpec. Para ellos la situación también es bastante penosa.
Así lo revelaron Felipe Quimbayo y Esteban Jurado, presidente y vicepresidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP), de la subdirectiva Cárcel Pedregal, de Medellín, quienes visitaron esta Agencia de Información para denunciar la “explosiva” situación en este penal. Tanto que recientemente esta subdirectiva sindical emitió un comunicado en el que advierte sobre el obligado cierre del penal a nuevos internos, ya que no cabe uno más.
Denunciaron múltiples problemas, relacionados con la habilitación de celdas en zonas comunes y restringidas, con la falta de atención en salud para los reclusos, la grave situación de salubridad dentro de los pabellones, y la negativa del Inpec a trasladar internos para descongestionar el penal.
El SEUP es una de las 8 organizaciones sindicales que en enero de 2015 firmaron un acuerdo laboral con el Inpec, el cual supuso la depuración de una gran cantidad de sindicatos “de papel” que figuraban en la entidad, más de 50, que carecían de base legal y un mínimo de afiliados, razón por la cual quedaron por fuera del acuerdo laboral.
El SEUP es la segunda organización sindical en el Inpec, con cerca de 2 mil afiliados. Se creó en el 2009 por iniciativa de un grupo de guardas disidentes del estilo de manejo de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, el sindicato que sigue siendo mayoritario en el Inpec, con unos 4 mil afiliados.
En la cárcel Pedregal el SEUP cuenta con 51 guardianes sindicalizados; y en la cárcel Bellavista, de Bello, tiene otro tanto.
La situación de la cárcel Pedregal
La cárcel Pedregal de Medellín tiene 6 años de funcionamiento, y está catalogada como de alta seguridad. Al decir de Felipe Quimbayo, este es un establecimiento de difícil manejo, no solo por el hacinamiento sino por el perfil de los internos, muchos de ellos de alta peligrosidad, involucrados con bandas criminales.
Esta cárcel tiene dos áreas separadas, una para mujeres, con 1.184 internas, sin hacinamiento; y otra para reclusos varones, actualmente con 2.300 internos, cuando su capacidad es solo para 1.200, o sea 113% de hacinamiento.
Según el directivo sindical, la mayor sobrepoblación en el área de varones se da en un pabellón que se construyó improvisadamente en una cancha de microfútbol, donde se apretujan más de 600 internos en pésimas condiciones: sin ventanas de ventilación, con celdas para 4 personas donde se acomodan hasta 6, por lo que tienen que turnarse para dormir, práctica que irónicamente llaman “pico y placa”. Situación que en días pasados llevó a que los familiares de los reclusos hicieran mítines para protestar por el hacinamiento y la falta de condiciones humanas en el penal.
Además, es un pabellón muy inseguro, no solo para los internos sino también para los guardianes, que corren serios riesgos si ingresan al interior, tal como ocurrió en noviembre pasado, cuando los reclusos protagonizaron un motín que dejó 6 guardianes heridos.
“Y por ser espacios tan reducidos no se pueden controlar con gases lacrimógenos”, agregó Quimbayo, para quien el tema de seguridad es de manejo, ya que los internos de por sí respetan la guardia, pero en condiciones de extremo hacinamiento ese respeto se pierde y con él el control del penal.
En el área destinada a la reclusión de mujeres el manejo es menos complicado, dijo por su parte Esteban Jurado, vicepresidente del SEUP Subdirectiva Pedregal. “Aunque hay mucha interna perfilada como de alta peligrosidad por pertenecer a bandas delincuenciales, y hay una que otra amenaza, pero la situación no es comparable con el área de los internos varones”, señaló.
Derechos laborales: de mal en peor
El hacinamiento extremo en los centros penitenciarios tiene como consecuencia la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo del personal de guardia, cuyo número no se incrementa en la misma proporción que lo hace el de los internos.
El área de internos varones de la cárcel Pedregal la controlan, en dos turnos, unos 50 funcionarios, cuando para vigilar a los 2.300 internos que aloja se requieren como mínimo unos 100. Pero las convocatorias que hace el Inpec no alcanzan a llenar ni el 20% de las vacantes.
Esa insuficiencia de personal de guardia hace que las jornadas laborales sean inciertas. “Nosotros trabajamos en turnos de 24 horas por 24 de descanso, pero eso no se cumple, nos toca trabajar más horas porque el guardia de relevo no llega a tiempo o hay que hacer algún operativo de emergencia”, señaló Felipe Quimbayo.
Dijo también que en noviembre salió personal administrativo y del área jurídica, pero aún no llegan los reemplazos. “Entones a los guardias nos toca hacer labores administrativas, siendo que el trabajo nuestro es de custodia y vigilancia”, anotó Esteban Jurado.
Las remisiones externas plantan otra dificultad. Los guardianes pueden pasar hasta 15 o más horas en un hospital cuidando reclusos heridos o en tratamiento médico, sin posibilidades de comer nada porque no pueden abandonar su puesto. Aparte de que las remisiones aumentan su riesgo personal, ya sea por algún intento de fuga o por un rescate armado, como ocurrió a principios del año en Medellín, hecho en el que dos guardianes resultaron heridos. Otro caso fue el asesinato de un guardia de apellido Benavides en las afueras del penal.
“No es lógico que a un recluso de alto perfil lo llevan a la cárcel 20 policías en un carro blindado, pero al momento de sacarlo en remisión al juzgado a un centro médico lo acompañen apenas dos vigilantes en un carro sin blindaje”, señaló el directivo sindical.
Qué exigen los guardianes
Las exigencias de tipo económico no son hoy tan prioritarias. En el acuerdo laboral del año pasado lograron incrementos del sobresueldo que reciben por horas extras, transporte y alimentación, prima de seguridad, y por “disponibilidad”, es decir, por estar siempre listos para acudir a cualquier llamado, así estén en horas de descanso. Todas conquistas logradas por la presión sindical.
La principal exigencia –según los directivos sindicales entrevistados– tiene que ver con el des-hacinamiento de las celdas y los patios, porque es inhumana la condición de los internos en ellos. También exigen aumento de personal de guardia y la reestructuración de algunos puestos del servicio, como una manera de corregir la sobrecarga laboral.
Piden la instalación de más cámaras de seguridad, más vehículos para el servicio de remisiones y la reparación del parque automotor que está varado; exigencia ésta dirigida a la Alcaldía de Medellín, toda vez que en este penal hay muchos internos sindicados, no condenados, y ellos son responsabilidad de la alcaldía del municipio.
Exigen que se mejore la atención en salud para los internos, que está completamente deteriorada. Caprecom, la entidad que atendía este servicio, renunció a seguirlo prestando, y lo tomó la Auspec, que es la unidad con la que está contratando el Inpec, pero cuya atención es muy deficiente.
“El 9 de enero un interno apuñaló a otros dos internos, y uno de ellos murió. Los atacó en un arrebato de locura porque ese interno está en tratamiento siquiátrico. Y en el penal no tenemos condiciones para cuidar internos siquiátricos, ni para manejar el tema de la tuberculosis, ni hacer acompañamiento sicológico”, denunció el presidente de la subdirectiva del SEUP.
Como se ve, no es exagerado afirmar que las cárceles colombianas son una “bomba” de tiempo. La situación de la Cárcel Pedregal es apenas una muestra de ello, y no la más extrema. Hay penales, como el de máxima seguridad de Valledupar, donde el hacinamiento llega al 200%, y a las altas temperaturas se suma la falta de agua y el riesgo de enfermedades infecciosas. Un infierno.
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