El nuevo gobierno se compromete con la reparación colectiva e integral al movimiento sindical colombiano

La reparación colectiva al movimiento sindical puede ser posible en este gobierno.

Por Viviana Colorado López

El pasado 7 de octubre se realizó en Bogotá el relanzamiento público de la Mesa Permanente de Concertación de Reparación Colectiva al Movimiento Sindical, creada a través del Decreto 624 de 2016. En este evento convocado por el Ministerio del Trabajo, participaron organizaciones sindicales y organizaciones de derechos humanos. Por parte de la institucionalidad, se contó con la participación de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) y el Comité de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Este acto político es de una importancia muy significativa, ya que busca dar impulso a un proceso que ha caminado a media marcha por casi una década, con unos avances muy limitados. En esta nueva coyuntura del gobierno del cambio, el Ministerio del Trabajo convoca a este evento público para dar un mensaje de voluntad política frente a la reactivación del proceso de reparación colectiva al sindicalismo; asimismo el espacio fue aprovechado para conmemorar y dignificar las víctimas individuales y colectivas de la violencia antisindical, así como a sus familias.

La Ministra Gloria Inés Ramírez fue enfática en mencionar que esta será una prioridad de la entidad a su cargo ya que representa la posibilidad de ampliar las garantías para el ejercicio de la libertad sindical en el país y avanzar en materia de justicia social. Asimismo, considera que, para avanzar en la reparación al sindicalismo, se debe articular lo estipulado en el Decreto 624 de 2016 y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Por su parte, la nueva directora de la Unidad de Víctimas Patricia Tobón, hizo énfasis en que la Mesa Permanente de Concertación ha sido un logro del movimiento sindical, anunciando a su vez, el compromiso de esta dependencia para avanzar en el acceso a los derechos de las víctimas de la violencia antisindical. Adicionalmente, se comprometió a sensibilizar el grupo de trabajo vinculado a esta entidad sobre la violencia contra el sindicalismo, como una condición necesaria para fortalecer y dinamizar el proceso.

Finalmente, más allá de este evento, el relanzamiento de la mesa de reparación colectiva reactiva el debate público sobre esta apuesta política del sindicalismo y las víctimas, y deja en el tablero algunos retos para los actores implicados en el proceso. En primer lugar, es necesario que el nuevo gobierno, y las entidades articuladas al Decreto 624 de 2016, entre ellas el Ministerio del Trabajo y la Unidad de Víctimas, trasciendan de la voluntad política y el compromiso anunciado, a la puesta en marcha de programas por el fortalecimiento sindical desde el enfoque de la reparación colectiva.

Por su parte, el movimiento sindical tiene la tarea de activar una ruta de acción colectiva movilizadora por la exigencia de la reparación colectiva. Para ello, sería importante la conformación de comités en torno al Comité de Impulso de la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical (CONARE), conformado por la CUT, CGT, CTC y Fecode; teniendo en cuenta los avances y propuestas construidas por este comité coordinador. Resulta fundamental fortalecer liderazgos en distintos niveles, que contribuyan a que este sea un proceso colectivo y participativo, que logre integrar voces de víctimas individuales y colectivas de la violencia antisindical, presentes en distintas organizaciones y regiones del país. A su vez, las organizaciones sociales acompañantes del movimiento sindical, podrían participar como aliadas y como apoyo técnico al proceso, disponiendo sus capacidades instaladas, archivos y metodologías.

Por último, vale la pena mencionar que, de reactivarse el proceso y tener avances en materia de reparación colectiva al movimiento sindical, se podrían derivar aprendizajes significativos y rutas que podrían ser exploradas por otros sujetos colectivos de víctimas.

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El movimiento sindical y la necesidad de reparación colectiva

El sindicalismo colombiano ha sido un actor colectivo fundamental en las luchas por la dignificación del trabajo, la defensa de derechos, los procesos de democratización, la búsqueda de la justicia social y de la paz. Estas apuestas por construir una mejor sociedad, lejos de ser reconocidas, legitimadas y valoradas; a menudo han sido permeadas por diversas formas de estigmatización, persecución y violencias; llegando a consolidar un modo de tratamiento basado en la exclusión sistemática, la vulneración de derechos, la violación de libertades sindicales y la restricción de garantías democráticas. Así lo corroboran al menos 15.678 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia entre los años 1971 y 2022, de las cuales 3.310 han sido asesinatos[1].

Más allá de las cifras, la violencia antisindical ha dejado a su paso graves daños individuales y colectivos, y huellas de dolor profundas en miles de familias, cientos de organizaciones sindicales, en movimientos políticos, redes y comunidades presentes en distintos territorios del país. Adicionalmente, según las centrales CUT, CTC y CGT, por medio de esta violencia, se ha favorecido la implementación de modelos de relaciones laborales restrictivos de los derechos de trabajadores y trabajadoras.

El informe Verdades inaplazables: violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano, quehace parte de los anexos del informe final y el legado de la Comisión de la Verdad, representa un avance en relación al reconocimiento del sujeto sindical, la victimización padecida y los impactos generados. Asimismo, la Comisión en sus recomendaciones, enfatiza en la necesidad de trabajar por la superación de la estigmatización que durante décadas ha sido factor de persistencia de la persecución y la violencia, truncando el devenir de los movimientos y organizaciones sociales, entre ellas, el sindicalismo. Esto sumado al reciente cambio de gobierno, abre nuevas ventanas de oportunidad para que la reparación colectiva e integral al sindicalismo, entendida como medidas orientadas a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, no siga siendo una tarea postergada.

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