Estado de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el Congreso de la República, semana del 2 al 6 de octubre: 
En los pocos días que sesionó el Congreso en la semana se votaron artículos sin proposiciones del proyecto de Ley Estatutaria de las JEP en Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara, además las Comisiones Terceras Conjuntas iniciaron el debate, sin votaciones todavía, del proyecto de Catastro Multipropósito
Lo más importante de cada proyecto
Agridulce Balance de la Implementación del Punto 3
Al cumplirse un año del plebiscito por la paz, fue citada Audiencia Pública por parte del senador Iván Cepeda, el Representante Alirio Uribe, ambos del Polo Democrático y la Representante Angela María Robledo del Partido Verde, para revisar el avance de la implementación del punto 3 del Acuerdo Final: Fin del conflicto, en el que se acordó el cese al fuego y la dejación de armas, la reincorporación de las FARC a la vida civil y garantías de seguridad.
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En palabras de los Congresistas citantes, después de 10 meses de firmado el Acuerdo Final, el proceso de implementación ha sido difícil, sólo el 18% de las normas han sido aprobadas, existen dificultades con el modelo de reincorporación, persiste la inseguridad para quienes han dejado las armas y obstáculos para poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz. Hace falta consolidar un pacto político nacional y en los territorios, consignado en el punto 3.4.2. Siguen pendientes en el Congreso algunas reformas y no se alcanzarán a concretar las 14 normas que se habían anunciado por parte del Gobierno, por vía especial, dado que a este procedimiento le quedan sólo 58 días de vigencia.
Los puntos de vista sobre la implementación
Las FARC
Como invitados estuvieron voceros del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) quienes expusieron sus preocupaciones sobre la ausencia de garantías de seguridad física, económica y social para los excombatientes y sus familiares. La falta de tierras para llevar a cabo los proyectos de reincorporación económica y la amenaza de la Fiscalía con acciones de judialización. Denunciaron además los pocos avances en el proceso de cedulación y bancarización; también la desfinanciación de las labores de desminado, así como el surgimiento de conflictos en torno a los planes integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito y las medidas de sustitución forzada.
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Hicieron un llamado sobre la urgencia de poner en funcionamiento de manera inmediata la Comisión de Reincorporación y la necesidad de avanzar en un compromiso entre el Gobierno y la FARC para tomar 10 medidas urgentes, dentro de las cuales se encuentra el trámite de amnistías para presos políticos, condiciones económicas, logísticas y administrativas para ECOMÚN, la infraestructura para los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación, entre otras.
Agregan que no se ha puesto en funcionamiento la Unidad de Desmantelamiento del Paramilitarismo y denuncian el crecimiento de grupos armados ilegales herederos del paramilitarismo en zonas donde antes estuvo este grupo guerrillero. Resaltaron, además, la necesidad de que en las normas que se debaten en el Congreso se incluyan los enfoques de DDHH, territorial, étnico y de género como contenido expreso de estas y no sólo como principios.
El Gobierno y entidades del Estado
Para el Gobierno, representado por el Ministro del Interior y la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, entre otras entidades, se destaca el acompañamiento a la instalación de los Consejos Territoriales de Reincorporación, así como el exitoso proceso de dejación de armas. Las garantías para los excombatientes ya fueron aprobadas y se defendieron ante la Corte Constitucional. Se ha avanzado en 4 reformas constitucionales que tienen conexidad con el Acuerdo, comprenden las críticas y entienden que se deben fortalecer las mayorías en el Congreso y alcanzar acuerdos con quienes sugieren cambios a los proyectos legislativos. Anunciaron que existen avances para adelantar proyectos productivos de seguridad alimentaria e industrialización y entregas de rentas básicas a excombatientes. Se han realizado censos para construir una política pública de largo aliento en salud y proyectos de reincorporación económica y social.
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En relación con la bancarización hay más de 11 mil personas acreditadas, 10 mil de ellas con rentas básicas y más de 10 mil con asignación de normalización. Señalan además que en 26 zonas se capacitaron a 7.300 excombatientes en cursos de economía solidaria y trabajan en construir 52 cooperativas que serán parte de ECOMÚN.
Naciones Unidas
Para Naciones Unidas, aunque el Acuerdo Final cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos, no se debe descuidar dicho cumplimiento en cada una de las etapas de la implementación, especialmente en lo referido a asuntos la participación de las víctimas. Hicieron un llamado a la priorización de recursos para la cabal implementación del Acuerdo Final. Señalaron que conocen de 145 indultos, 546 amnistías, 1.069 libertades condicionales, pero hay muchos que permanecen privados de la libertad acusados por delitos políticos, que deben ser liberados.
Reconocen que en todos los procesos de paz es común que se presenten tensiones al momento de la implementación práctica de los acuerdos, que las dificultades son inevitables, pero que algunos desaciertos en relación con la base logística y financiera se deben a la falta de una hoja de ruta. Resaltaron que la falta de garantías de seguridad y de reincorporación propicia la ocurrencia de disidencias y deserciones.
Sociedad Civil y Comunidad Internacional comprometidas para que el proceso de implementación avance
Se realizó una reunión entre un importante número de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la comunidad internacional para analizar el proceso de implementación. Se compartió un documento en el que se reconoce la importancia del proceso de paz para el país, cuatro tesis sobre la crisis actual del proceso y algunas propuestas para superarla:
1. La accidentada implementación del acuerdo final, debido al atraso en la formulación del Plan Marco de Implementación, la poca capacidad del Gobierno para alcanzar un pacto político que involucre a instituciones del Estado, partidos políticos y sociedad civil. Ante esto se propone que la Comunidad internacional medie para que la FARC y el Gobierno presenten un balance y una ruta para la implementación.
2. Distancia entre la sociedad y el proceso de paz, hay indiferencia de una gran porción de la ciudadanía hacia el proceso, debido a falta de información. Se propone para ello, estimular a la sociedad y al Estado a desarrollar procesos de pedagogía de la implementación.
3.Estancamiento normativo. En el Congreso solo se han aprobado 9 normas en 10 meses del Fast Track, siguen 8 en trámite y aún falta que se presenten 5 y se acuerde el Plan Marco de Implementación, en los dos meses que le restan al procedimiento especial. Para avanzar en esto la Comunidad Internacional puede ofrecer sus buenos oficios para urgir a la CSIVI a presentar un itinerario e invitar al Gobierno, a los partidos políticos y congresistas a acelerar sus tareas que, en conjunto con acciones de la sociedad civil, logren que aquellos asuman sus responsabilidades y compromisos en materia de priorización normativa.
4. .No despega reincorporación económica y social de los excombatientes de las Farc. Pese al cumplimiento de algunos compromisos por parte de los excombatientes, se presentan retrasos en algunas de las garantías acordadas que les ponen en grave situación de inseguridad, para enfrentar esto se propone instar para que se adopte e implemente rápidamente el plan nacional de reincorporación.
¿Qué se aprobó de la JEP y qué está pendiente?
Lo Aprobado:
Tres sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras de Cámara y Senado se realizaron esta semana para dar primer y tercer debate al proyecto de ley estatutaria de la JEP. Se aprobaron tres bloques del articulado, el primero de ellos no contó con proposiciones y tratan sobre Justicia prospectiva, respeto al derecho internacional y garantía de los derechos humanos, el objeto de la jurisdicción especial, algunos de los principios de la JEP, procedimiento para la libertad, privación de la libertad para miembros de la fuerza pública, responsabilidad de los menores, conflictos de competencia jurisdiccional, órganos de jurisdicción de la JEP, reconocimiento de verdad y responsabilidad, competencia de la unidad de investigación y acusación, tribunal para la paz, requisitos de Magistrado de la JEP, archivos, doctrina probable, la temporalidad (Plazo para la conclusión de la función de la JEP), los recursos que se pueden presentar y medidas cautelares, presupuesto, entre otros.
Las Víctimas en la JEP.
Del segundo y tercer bloque, se aprobaron varios artículos sobre la participación efectiva de las víctimas y sus derechos, entendidas éstas como intervinientes especiales en el proceso, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Resarcimiento de víctimas, deber del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación y la obligación que tienen los beneficiarios de esta jurisdicción de contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Lo Pendiente:
Siguen pendientes, temas y artículos sobre los cuales el Fiscal presenta reparos, como son: Disidencias, reincidencia, deserción, testaferrato, selección de casos, suspensión de procesos en jurisdicción ordinaria para agentes del conflicto y la compulsa de copias.
A esto se le suman temas como la definición de la naturaleza de la JEP, requisitos para acceder a la JEP, debido proceso, participación política de miembros de la FARC, reparación integral, amnistía, renuncia de la acción penal por parte del Estado, el régimen de libertades, competencia de la JEP, responsabilidad de la Fuerza Pública, sala de definiciones de situaciones jurídicas de quienes hayan accedido a la JEP, funciones de los órganos de gobierno y administración, entre otros.
¿Qué empieza a funcionar con el Decreto 1592 de 2017?
El viernes 29 de septiembre el presidente Santos firmó el Decreto 1592 de 2017, con el cual se pretende que en tanto la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz termine su trámite en el Congreso, se adelanten medidas para materializar la JEP y dar inicio a sus labores lo antes posible. El Decreto establece que el Ministerio de Justicia y del Derecho será la autoridad competente que servirá como enlace entre el Gobierno Nacional y la JEP. De igual forma, establece que el Ministerio de Justicia en coordinación cercana con el Secretario Ejecutivo de la JEP, diseñarán un plan para iniciar labores lo más pronto posible, que debe incluir el cronograma y recomendaciones pertinentes. Determina que el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer los cargos de Secretario Ejecutivo y de presidente de la JEP será expedido por el jefe de presupuesto del Ministerio de Justicia, con cargo a los recursos de dicha jurisdicción. Ahora bien, en tanto se adopte la ley estatutaria, se adquirirán bienes y servicios que se requieran para poner en funcionamiento la jurisdicción, lo anterior con cargo al presupuesto del Fondo Colombia en Paz. Finalmente, en el decreto se establece que el Ministerio de Justicia, apoyará al Secretario Ejecutivo de la JEP en el cumplimiento de algunas funciones, dentro las que se destacan: el impulso de adopción de decisiones y medidas para asegurar que la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas puedan cumplir sus funciones desde la posesión de sus funcionarios; coordinar con los órganos que deban presentar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas para que estos informes sean presentados de manera oportuna; adelantar acciones para que la JEP cuente con la capacidad institucional para el ejercicio de sus competencias y coordinar y promover medidas para que todos los órganos de la JEP, sus magistrados y fiscales, entren a funcionar de manera oportuna.
Innovación agropecuaria, adecuación de tierras y catastro multipropósito entre el estancamiento y la privatización.
El proyecto sobre el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria fue agendado en la plenaria del senado y se debatió el 27 de septiembre. Como resultado de este debate la ponencia negativa del Centro Democrático fue dejada como constancia. En cuanto a la ponencia negativa del Polo Democrático, esta se votó 8 a favor y 32 en contra. Sin embargo, al no alcanzar el quorum decisorio requerido en la ley la decisión frente a esta ponencia sigue pendiente.
En el marco del debate se creó una Comisión Accidental para estudiar las proposiciones alrededor del proyecto (son alrededor de 30). La comisión está integrada por Guillermo García Realpe (Coordinador), Maritza Martínez, Juan Diego Gómez, Julio Miguel Guerra Sotto, Antonio, Navarro y Luis Evelis Andrade. A este proyecto le falta entonces su aprobación en plenaria de Senado y en la plenaria de Cámara.
Por otro lado, el proyecto de Adecuación de Tierras que se encontraba extraviado en el trámite legislativo apareció de nuevo, no dentro del Congreso, sino en la CSIVI. El proyecto volvió a su discusión en la CSIVI por discrepancias entre el gobierno y los miembros de la antigua guerrilla de las FARC.
El miércoles 4 de octubre en la comisión tercera de la Cámara comenzó el estudio del proyecto que crea el Sistema Catastral Multipropósito. La ponente, Olga Lucía Velázquez del Partido Liberal, convocó a una serie de invitados entre los que se destacan los alcaldes de las Ciudades Capitales (Asocapitales), el IGAC y el DNP quien no asistió ni envió ningún delegado. Las conclusiones de esta primera sesión son buenas, a excepción de un punto que fue altamente cuestionado en el proyecto que ya tiene un CONPES y siete pilotos en diferentes municipios del país. La polémica gira entorno a los artículos 46, 51 y 52 en los cuales se establece que el Catastro Multipropósito podrá ser entregado a operadores privados y a su vez se establecerá una tasa de cobró al mismo, convirtiéndolo en un servicio público con costo para los beneficiarios. Según la ponente el proyecto busca privatizar el catastro y cobrar por el mismo, situación que hoy en día no sucede y que va en contravía de lo acordado en La Habana.
Reforma Política: A la Superintendencia de Industria y Comercio no le gusta el control a los proveedores en las elecciones
La Superintendencia de Industria y Comercio hizo llegar a la secretaría de la Cámara de Representantes una carta en la que expresa inconformidad con relación a la creación del REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES ELECTORALES que se encuentra enmarcado en el artículo 4 de la ponencia mayoritaria presentada a la plenaria de la Cámara. El argumento de la Superintendencia es que este registro restringe la libertad de competencia económica. El argumento de la entidad puede rebatirse con otro argumento, lo que busca es un mecanismo que haga transparente los costos de los bienes y servicios que se usan en las campañas electorales y que permita controlar los gastos que realizan las organizaciones políticas en las elecciones. Es importante recordar que la financiación de las campañas es mayoritariamente con recursos públicos.
Habrá Audiencia Pública sobre Circunscripciones Transitorias especiales de Paz
El próximo jueves 12 de octubre desde las 9:00 am la Comisión Primera de la Cámara realizará Audiencia Pública, la cual fue solicitada por varias organizaciones sociales para poder presentar las inquietudes y propuestas sobre este importante Acto Legislativo.
Quienes quieran participar deberán inscribirse hasta medio día del miércoles 11 de octubre en el correo: audienciascomisionprimera@gmail.com
Es grato saber que los Congresistas trabajarán un jueves, ojalá se convierta en costumbre para el avance de los proyectos.
Destacados de la semana
¿El Fiscal está intimidando a la bancada Conservadora?
El lunes 2 de octubre, el Representante Heriberto Sanabria intervino como vocero del Partido Conservador manifestando que la bancada iba a votar a favor de la JEP, sin embargo, el día 03 de octubre manifestó que, de no ser acogidas las proposiciones presentadas por el Fiscal, no votarían en tanto consideraban que eran fundamentales para el proyecto. Finalmente, el día 04 de octubre, posterior a la intervención del fiscal, el HR pidió la palabra para manifestar el absoluto respaldo a todo lo dicho por el Fiscal.
Agenda legislativa de la semana del 2 al 5 de octubre
| Fecha | Proyecto | Cámara |
| 9 de octubre de 2017 1:00pm |
Ley Estatutaria de Administración de Justicia Especial para la Paz (JEP) | Comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado. |
| 10 de octubre de 2017 3:00 pm |
Reforma Política y Electoral | Plenaria de la Cámara |
| 10 de octubre de 2017 3:00pm |
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
Conciliación del Acto Legislativo del Monopolio Legítimo del Uso de la Fuerza por parte del Estado |
Plenaria del Senado |
| 10 de octubre de 2017 9:00 am |
Debate de control político: Costo fiscal de las amnistías otorgadas en virtud de la Ley 1820 de 2016 e igualmente el impacto fiscal del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP | Comisión tercera del Senado |
| 12 de octubre de 2017 9:00am |
Audiencia pública sobre el proyecto de Acto Legislativo de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz | Comisión Primera de la Cámara |
Los 6 proyectos pendientes por presentar al Congreso en 51 días que quedan del Fast Track son:
| Punto del Acuerdo Final | Tipo de proyecto | Temas |
| Punto 1 | Ley Estatutaria y Ley Ordinaria | Jurisdicción Agraria |
| Punto 2 | Ley estatutaria | Garantías para la participación de las organizaciones y movimientos sociales – Garantías para el ejercicio de la protesta social |
| Punto 4 | Ley Ordinaria | Política criminal para el conjunto de la cadena de narcotráfico – tratamiento penal diferenciado para los cultivadores de cultivos de uso ilícito |
| Punto 5 | Ley ordinaria | Reforma a la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas) |
| Punto 6 | Ley plan | Incorporación de Ajustes al Plan Nacional de Desarrollo |
| Punto 6 | Documento CONPES | Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final |