Bajo la consigna “No más miedo, defendamos nuestros derechos, todas afuera por la causa”, avanza en el país el paro indefinido de las trabajadoras que prestan servicio para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los hogares de bienestar, más conocidas como “madres comunitarias”, unas 7 mil en total.
Paro que es consecuencia del incumplimiento de los compromisos que el gobierno adquirió con ellas luego de un paro similar que realizaron en el 2013, relacionados con la contratación directa e indefinida y el reconocimiento del derecho a una pensión digna para estas mujeres, cuyo oficio es cuidar los niños de madres que no pueden encargarse de ellos, o deben trabajar para sostener a su familia.
Pero también el paro es consecuencia de la crisis social y humanitaria que vive el ICBF, y que se traduce en improvisación y desgreño administrativo en los programas de primera infancia, aseguró a esta agencia Olinta García, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolecentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), que lidera el movimiento de protesta.
“Nuestra lucha es para dignificar las condiciones de los niños atendidos por los programas de primera infancia y por supuesto, para dignificar nuestras condiciones laborales. Porque lo que quiere Bienestar Familiar es acabar con el programa de hogares. Hogar que se cierra es hogar que no se vuelve abrir”, precisó la dirigente sindical.
En las principales ciudades del país el paro se desarrolla con plantones y manifestaciones ante las oficinas del ICBF, incluso con carpas para pasar la noche, dijo Olinta García, quien anotó que el instituto amenaza con descontarles los días no trabajados por el paro. “Cree que con las amenazas nos van a frenar la protesta, pero estamos demostrando que sí podemos”, agregó.
Para este jueves se prepara en Medellín una marcha de las madres comunitarias, que partiría de la sede del ICBF, en el barrio La América, hasta el centro administrativo La Alpujarra.
Improvisación y hostigamiento laboral
Sintracihobi denunció acoso y hostigamiento sistemático por parte de los operadores y el ICBF, con el objetivo de que las madres comunitarias deserten de los programas de primera infancia, los cuales llevan atendiendo por más de 30 años. Asimismo, desconocerles el derecho a una pensión digna y a las prestaciones que se les adeudan tras tantos años de servicio.
Afirma que el sistema “Banco Nacional de Oferentes”, del cual participan operadores privados con músculo financiero y experiencia en el cuidado de la infancia y adolescencia, elegidos muchas veces a dedo por funcionarios del ICBF con intereses monetarios, o por amiguismo, ha sido “nefasto” para el personal de los programas de instituto. Según el sindicato, es evidente la corrupción en el proceso de contratación en algunas regiones, lo que obliga a las madres comunitarias a migrar a operadores privados, a menudo sin ser recibidas por éstos, pese a que, por directriz del ICBF, su contratación es obligatoria.
Lo más grave es que debido a esta improvisación y a la infraestructura insuficiente, miles de niños no han podido ser atendidos. Ciertos operadores privados tienen una “miserable” minuta de alimentación para los menores, lo que ha tenido como consecuencia la muerte de niños por desnutrición, o por condiciones de desatención. Así se lo ha hecho saber el sindicato al ICBF mediante oficios y derechos de petición, los cuales hasta ahora no han tenido respuesta.
Nelly de la Hoz, madre comunitaria de La Guajira, dijo, por ejemplo: “Me veo obligada a hacer una sopa para 12 niños con solo 6 onzas de frijoles”. Otra madre de Cundinamarca señaló: “Cuando se advierte que hay un niño en situación de desnutrición, ICBF envía un formulario, no hace nada más para sacar el niño de la situación”.
Qué piden las madres
Son varias las peticiones que las madres comunitarias esperan el Gobierno atienda. Los principales son:
- Vinculación con contrato a término indefinido directamente con el ICBF para quienes laboran en los programas de primera infancia y adolescencia.
- Pensión digna que abarque todos los años en los cuales se prestó el servicio, independientemente de la modalidad en la cual se haya desempeñado la madre.
- Revocar el banco de oferentes y permitir que las asociaciones que históricamente han venido contratando con el ICBF lo continúen haciendo, y se brinde la capacitación necesaria para fortalecer administrativamente las asociaciones y capacitar a sus integrantes en la correcta administración de los recursos para poder garantizar la calidad del servicio.
- Igualdad presupuestal en términos locativos —arriendo— y de canasta para los programas tradicionales frente a la estrategia de ‘Cero a Siempre’.
- Las madres Fami deben tener la opción de trabajar tiempo completo y continuar con su calidad de madre comunitaria tradicional Fami. Adicional a esto debe existir igualdad entre el complemento alimenticio que se entrega para la modalidad Fami con el entregado en la modalidad familiar.
- Las madres sustitutas deben ser cubiertas en su totalidad por parte del ICBF en los montos correspondientes a salud y pensión.
- Los perfiles laborales de las modalidades: madre comunitaria, Fami, modalidad familiar y CDI deben ser respetados y remunerados justamente teniendo en cuenta los criterios de formación académica, pero también la experiencia y todos los años de servicio que han prestado en los programas de primera infancia.
- En caso de que exista el cierre de un hogar o la renuncia temporal o definitiva de la madre trabajadora, cuando se logre la reapertura del mismo, debe hacerse en la modalidad que históricamente ha desarrollado, no en una modalidad integral, como se está obligando por parte de algunas regionales.
- Se debe revisar integralmente los estándares aplicados en los últimos años por parte del ICBF, ya que son lesivos para las madres trabajadoras, su estabilidad, e imponen condiciones imposibles y difíciles de cumplir por parte de los hogares tradicionales.
- Pago de las prestaciones sociales, independientemente de que exista contrato laboral para las trabajadoras de todas las modalidades. De igual manera el pago del mes de enero debe ser reconocido para las madres comunitarias.