Se necesita un acuerdo global para descarrilar el TISA, dice la ISP
El Acuerdo Internacional de Comercio de Servicios (TISA en sus siglas en inglés) es hoy la principal amenaza que pesa sobre la prestación de los servicios públicos en el mundo, toda vez que su propósito es limitar la capacidad de decisión de los Estados sobre la prestación de los servicios y de paso beneficiar a las multinacionales que los prestan.
Es la tesis que viene promoviendo, a manera de alerta, la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), sindicato global que aglutina a trabajadores de los servicios públicos y del Estado en 153 países y representa a unos 20 millones de trabajadores.
Según lo expuesto por Juan Diego Gómez (secretario de la ISP para la Región Andina) en el 2º Encuentro de Sindicatos del Grupo EPM realizado recientemente en Medellín, el TISA pretende generar cambios en el Acuerdo General de Comercio de Servicios, los cuales resultarán nocivos para la democracia y la capacidad de las autoridades públicas de tomar decisiones sobre los servicios. Además, hace improcedente la participación ciudadana en el tema, y no incluye cláusulas de protección laboral.
La particularidad del TISA, explicó Gómez, es que se negocia por fuera de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y por fuera del acuerdo general de servicios, sobre la base de unos países que se auto-titulan como ´los mejores amigos de los servicios públicos´.
“En realidad son los mejores amigos de las trasnacionales de los servicios públicos. Eso se comprueba al ver la lista de países que participan en la negociación del TISA, los más proclives a la aplicación del modelo de desarrollo neoliberal. Aducen que lo hacen en el marco del Acuerdo General de Servicios, ya que éste no limita la posibilidad de que algunos países acojan normas progresivas más allá de lo firmado en este Acuerdo”, afirmó el vocero de la ISP.
Las negociaciones del TISA se realizan desde el 2012 en Ginebra, Suiza, y en ellas participan 50 países que representan el 70% del comercio mundial de servicios. Colombia es uno de ellos. También están, entre otros, Australia, Canadá, República China (Taiwán), Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, que representa a sus 28 estados miembros. Por América Latina también participan Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú.
“Lo preocupante es que el proceso va muy rápido. En estos 4 años se han realizado 17 rondas de negociación, de modo que en cualquier momento tendremos el TISA firmado y nos dejará sin posibilidad de reacción. De ahí que estemos alertando sobre los riesgos que implica”, agregó Gómez.
Riesgos que parten de considerar los servicios públicos como mercancías, que es lo que hace en esencia el TISA. “Hay servicios que tienen vinculación con la vida, con los derechos humanos fundamentales, como la salud, el agua potable, la educación, que son los que están ahora en la esfera de la negociación. Darles el trato de mercancía es un atentado a la vida de los pueblos y los ciudadanos, deben por tanto ser excluidos de todo tipo de acuerdos comerciales”, dijo Gómez.
Por qué el TISA
Según la ISP, el sector de los servicios públicos hoy impulsa buena parte de la economía mundial. Ha crecido a un ritmo más rápido que el comercio de bienes. Ya representa el 70% del PIB mundial y cerca del 20% del comercio global. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) estima que en 2013 las exportaciones de servicios globales alcanzaron los 4,7 billones de dólares y crecieron a una tasa anual del 5%. En general, el comercio de servicios ha crecido un 95% desde el año 2000.
Es además un sector que ha experimentado inmensos cambios derivados de los avances tecnológicos, de la aparición de nuevas prácticas en los negocios y de la una integración global más profunda. De ahí que los países que impulsan el TISA tengan especial interés en introducir cambios a las reglas del comercio internacional de servicios, con el objetivo de que éste corresponda al estado de la técnica y promueva la competencia abierta en un amplio espectro de sectores de servicios.
Pero ante la dificultad para que estos cambios se hagan al interior de la OMC, hace 4 años Estados Unidos y Australia tomaron la iniciativa de negociar por fuera un nuevo acuerdo internacional de comercio de servicios, que es el TISA. Acuerdo que busca liberar aún más este comercio, desregularizar lo que todavía está regulado en el Acuerdo General de Servicios, y con ello hundir el acelerador de su privatización en beneficio de las empresas multinacionales y los países más ricos. No en vano la arquitectura del TISA la definió una coalición de industrias de servicios de Estados Unidos y el Foro Europeo de Servicios Públicos, que son conglomerados de multinacionales de servicios.
Los riesgos del TISA
Como ya se dijo, el propósito de fondo del TISA es profundizar la redefinición de los servicios como mercancías y limitar la capacidad de los gobiernos nacionales para tomar decisiones sobre su prestación. “En este sentido tiene cláusulas que son supremamente peligrosas, como la cláusula Statu Quo, la cláusula a prueba de futuro y la trinquete”, advirtió Juan Diego Gómez.
La cláusula “Statu Quo” dice que todo lo que esté privatizado al momento de firmarse el acuerdo, permanecerá como tal, independientemente de que en el proceso de privatización haya un tiempo estipulado para la terminación del mismo.
La cláusula “a prueba de futuro” señala que como los servicios públicos son tan dinámicos y permanentemente están en innovación, todo servicio que aparezca en el fututo quedará cubierto por el acuerdo TISA. O sea que a las compañías multinacionales les garantiza la posibilidad de apropiarse de los servicios públicos del planeta, no solo los que hay actualmente sino los que a futuro puedan aparecer.
La cláusula “trinquete”, como su nombre lo indica, dice que todo lo que se firme en la esfera del TISA no podrá ser revertido, independientemente de que los inversores del capital financiero cumplan o no con la prestación de los servicios.
Esta cláusula le sale al paso a la tendencia de reversión de empresas privatizadas que se está dando en el mundo, sobre todo las de servicio de agua potable a nivel municipal. En los últimos 15 años unas 347 de estas empresas privatizadas han vuelto a ser públicas, dado su fracaso en la prestación de servicios de calidad. Un caso sonado fue el de Cochabamba, Bolivia, donde el pueblo enfrentó y logró sacar del negocio a la multinacional que prestaba el servicio. Y el caso de París, donde el servicio lo tenía la compañía Lion de Suez, y ante su incumplimiento la administración tomó la decisión de remunicipalizarlo. Con el TISA las multinacionales quieren blindarse de esas reversiones.
Lo otro es que supuestamente las empresas del nivel nacional competirán en igualdad de condiciones con las grandes multinacionales, lo cual es una falacia. Entre otras cosas porque las diferencias que puedan surgir en la aplicación del TISA las dirimirán tribunales internacionales, lo que hace que la reversión sea supremamente complicada, toda vez que la mayoría de esos tribunales dan la razón a las multinacionales en sus demandas contra los Estados, y las multas que aplican son cuantiosas.
En el caso de Colombia, por ejemplo, una empresa estatal como EPM en la competencia con otras multinacionales podría quedar en condiciones desfavorable para el desarrollo de su objeto social y para la prestación de los servicios.
Estrategias para enfrentar el TISA
Para la ISP, contra el TISA es muy importante la unidad sindical en empresas prestadoras de servicios.
“Los sindicatos deben considerar seriamente el riesgo de este acuerdo y unificar la lucha global articulados con organizaciones de la sociedad civil, pues los trabajadores no podemos enfrentar solos esta lucha. Se necesita cabildeo político en el congreso y ante gobiernos de otros países de la región que no participan en el acuerdo. Se necesita un acuerdo global para descarrilar el TISA”, señaló Juan Diego Gómez.
En Colombia se creó la Red contra el TISA Capítulo Colombia. De su última reunión participaron 45 organizaciones sociales y cívicas, entre ellas 6 de las federaciones sindicales internacionales que operan en el país.