Agencia de Información Laboral ENS
El siguiente es el resumen de los 6 informes más relevantes publicados por la Agencia de Información Laboral en noviembre de 2013:
1- Congresistas de E.U dicen que gobierno de Colombia no cumple compromisos laborales previos al TLC.
2- En España la UNI acusa a Prosegur de violar derechos humanos y laborales en América Latina.
3- En lo laboral, la reforma a la salud en Colombia legaliza lo que es ilegal, dicen sindicatos del sector.
4- Con la firma de convención colectiva, regresó el sindicalismo a la multinacional cervecera Bavaria SAB-Miller.
5- Las políticas públicas de Trabajo Decente se pueden impulsar desde gobiernos locales, opinan expertos.
6- Encadenados y con huelga de hambre 4 sindicalistas presionan a Nestlé a cumplir Convención Colectiva.
6 de noviembre
Congresistas de E.U dicen que gobierno de Colombia no cumple compromisos laborales previos al TLC
Según los congresistas de Estados Unidos, Jim McGovern y George Miller, Colombia se “raja” en el cumplimiento del Plan de Acción Laboral (PAL) acordado entre Colombia y Estados Unidos como pre-condición para la aplicación del TLC entre ambos países.
McGovern y Miller, quienes estuvieron en Colombia evaluando el PAL, hacen parte del Grupo Legislativo para el Monitoreo de los Derechos Laborales en Colombia, creado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras la aprobación del TLC.
Si bien en su informe destacan algunos esfuerzos del gobierno colombiano, en especial la creación del Ministerio del Trabajo y la legislación para frenar la intermediación laboral por cooperativas de trabajo asociado, señalan que el Estado se ha quedado muy corto en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, muchas de las cuales aún no se materializan.
Su informe, de 53 páginas, se centra en los abusos laborales y la violencia contra los sindicalistas, ambos en la impunidad. Afirma que la contratación indirecta continúa, solo que bajo nombres distintos a cooperativas; que los empleadores siguen despidiendo en masa a trabajadores que intentan organizarse; que el sistema de inspectores en sectores sensibles de la economía “no es efectivo”, y que muchas veces no se castiga o se cobran las multas por violaciones laborales.
En cuanto a la violencia antisindical, afirman que las amenazas y asesinatos de sindicalistas continúan mientras la impunidad es la norma; reseñan 413 amenazas y 22 trabajadores asesinados por su actividad sindical en 2012; subrayan que en el 90% de los casos de violencia sindical no hay una sentencia que resulte en cárcel, y concluye que el temor a la violencia y las represalias de los empleadores contribuyen a que solo 4% de los trabajadores colombianos estén sindicalizados.
Al final incluyen recomendaciones tanto para EE.UU. como para Colombia, y advierten que la implementación del PAL será tenida en cuenta a la hora de aprobar futuros TLC, como el de la Alianza Transpacífica, actualmente en negociación. También que los acuerdos de formalización no incluyan mecanismos para sub contratación como las SAS.
La cadena CNN realizó una entrevista a Jim McGovern. Verla en el enlace:
https://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/bestoftv/2013/10/30/dusa–colombia-tlc.cnn.html
26 de noviembre
En España la UNI acusa a Prosegur de violar derechos humanos y laborales en América Latina
UNI Global Union presentó en Madrid una queja ante el gobierno español contra Prosegur, la empresa de seguridad privada más importante en España y América Latina.
La queja enumera las violaciones que Prosegur hace de las normas que en materia de derechos humanos y laborales establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales en Latinoamérica, normas que no son legalmente vinculantes para las empresas, pero tampoco son opcionales, señalan las conductas mínimas que debe cumplir una empresa de clase mundial.
La UNI centra su informe en Brasil, Colombia, Perú y Paraguay, y cita numerosos ejemplos de discriminación de afiliados a sindicatos. Describe cómo los sindicalistas son afectados sistemáticamente en sus salarios, cómo se les priva de contratos permanentes, e incluye pruebas de convenios colectivos falsos, acoso y represalias contra dirigentes sindicales, y despido de trabajadores por formar sindicatos y participar en huelgas legales.
UNI Global Union es una federación internacional de sindicatos del sector servicios, con 20 millones de trabajadores en todo el mundo a través de 900 sindicatos afiliados en 150 países. En el sector de mantenimiento y seguridad representa a 2 millones de trabajadores, incluidos los de seguridad privada.
Prosegur es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de seguridad privada en cuanto a tamaño y crecimiento. En 2010 fue número uno en el mercado de la seguridad privada en España, Portugal, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, y desde 2011 lidera el mercado en Colombia.
En Europa Prosegur tiene la buena reputación de promover iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), pero se queda muy corta en América Latina, donde no tiene salvaguardas para garantizar respeto de los derechos de los trabajadores, incluidos los de libertad sindical y negociación colectiva.
Ya en otras ocasiones UNI Global Union ha intentado resolver la situación, pero sin éxito porque Prosegur dice no conocer los problemas denunciados, o excusa las acciones alegando una política de relaciones laborales descentralizada en el ámbito internacional. Pero en esta ocasión ha pedido al PNC español en la OCDE que investigue y resuelva estas violaciones a través de la mediación.
19 de noviembre
En lo laboral, la reforma a la salud en Colombia legaliza lo que es ilegal, dicen sindicatos
Distintos veceros del Movimiento Sindical del sector de la salud coinciden en la inconveniencia del proyecto de ley de reforma la salud ya aprobada por el Senado y en trámite en la Cámara de Representantes. De ahí la participación tan activa y masiva que, con el respaldo de las centrales sindicales, han tenido en las jornadas de protesta contra esta reforma.
Es inconveniente porque no soluciona los problemas del modelo de salud. No acaba con la intermediación de las EPS sino que las maquilla y transforma en gestoras, no resuelve la deuda con los hospitales, continúan las barreras de acceso al servicio y hace más complejo el derecho a la tutela; y para los trabajadores de la salud es especialmente lesiva.
Para Germán Reyes, exparlamentario y presidente de Asmedas Seccional Antioquia, la reforma no elimina la inestabilidad y precariedad laborales, limita la carrera administrativa y legaliza la tercerización de los trabajadores, la cual antes se hacía por medio de cooperativas de trabajo asociado y ahora por OPS y contratos sindicales; tercerización que es ilegal porque va en contra de las sentencias que al respecto emitió la Corte Constitucional
El tema no es menor, pues se calcula que el 70% de los trabajadores de la salud tienen contratos a término fijo o están tercerizados; y muchos de los que tienen vinculación directa están en situación de provisionalidad desde hace años.
Un punto que causa escozor es el cambio de la categoría laboral. De empleados de la salud, los trabajadores pasarían a ser servidores públicos, con lo cual se afecta la carrera administrativa y los trabajadores oficiales desaparecerían de las plantas de personal. Además primarían los contratos flexibles de acuerdo con la demanda de servicios, que puede ser por días, semanas o meses.
El texto del proyecto de ley habla de que el componente laboral de la reforma debe concertarse con las organizaciones sindicales. “Pero en mi concepto ese anexo no amarra nada porque si no hay concertación, como seguramente sucederá, el Gobierno sacará lo que quiera”, agregó Reyes.
“Además viola el derecho a la sindicalización y a la convención colectiva, puesto que ya no habrá con quien negociarla, no habrá trabajadores oficiales, todo el mundo pasará a ser servidor público”, señaló María Doris González, directora del Departamento de Seguridad Social de la CUT y presidenta encargada del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social.
A su vez Fanny Zambrano, presidenta de Sintrasaludcol, señaló: “Nos cambian el nombre de trabajadores a servidores, y pasamos a prestar un servicio temporal, sin garantías de estabilidad y salarios dignos. Nos va a tocar trabajar más tiempo con menor sueldo, lo que nos hace esclavos de la profesión”.
7 de noviembre
Regresó el sindicalismo a Bavaria
Tras 8 meses de tortuosa negociación, la cervecera Bavaria y los sindicatos Sinaltrainbec y Sinaltraceba llegaron a un acuerdo de convención colectiva por dos años, la primera que se firma desde que esta empresa fue comprada por la multinacional sudafricana SabMiller.
El principal logro del acuerdo es el reconocimiento de las organizaciones sindicales y la posibilidad de que éstas recuperen lo que los trabajadores perdieron hace 11 años, cuando se eliminó el antiguo sindicato Sinaltrabavaria y con él los beneficios de la convención colectiva, y se impuso un Pacto Colectivo. En otras palabras: regresó el sindicalismo a Bavaria.
La convención no solo beneficiará a los 600 trabajadores afiliados a ambos sindicatos sino también a los cobijados por el Pacto Colectivo, unos 4 mil.
Según Carlos Alfonso Ortiz, presidente de Sinaltrainbec, sindicato de industria mayoritario, fue importante la disposición de los trabajadores sindicalizados, quienes, con el fin de facilitar el acuerdo, renunciaron a muchas peticiones que estaban en el pliego. También fue clave la permanente asesoría de la CUT y la mediación de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT.
“Es un paso importante no solo para los trabajadores de Bavaria sino para el sindicalismo en Colombia. Esperamos que se respeten los beneficios pactados y, sobre todo, la estructura sindical, porque hay muchos ejecutivos que no aceptan la existencia del sindicato ni entienden la necesidad de construir buenas relaciones obrero patronales”, agregó Ortiz.
Por su parte Fabio Arias, Secretario General de la CUT, y persona clave en el acompañamiento del proceso, calificó como muy positivo el acuerdo, y celebró que Bavaria se haya dado cuenta de que la represión y la persecución sindical no es el camino para construir buenas relaciones laborales.
Entre los puntos acordados están el reintegro de dos activista sindicales despedidos, el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a 14 más, la contratación directa de 67 trabajadores a partir de marzo del año entrante, aumento salarial del IPC más 1,5%, entre otros beneficios económicos.
11 noviembre
Políticas públicas de Trabajo Decente se pueden impulsar desde gobiernos locales, opinan expertos
Es la conclusión del Foro “Trabajo decente para una vida digna” organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el diario El Espectador y la ONU Hábitat, el cual congregó importantes invitados internacionales, académicos, líderes sindicales, y responsables de políticas públicas de América Latina.
El eje temático del foro fue el papel de los gobiernos locales, los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil en la promoción de Trabajo Decente. Se trató el caso Bogotá, que tiene como eje transversal de su Plan de Desarrollo una política distrital de trabajo decente, y los casos pioneros de Sao Paulo y el estado de Bahía, en Brasil.
“La generación de empleo y la calidad del mismo en un país dependen de variables macroeconómicas, como el crecimiento económico, la regulación del mercado laboral, el sistema de seguridad social, la normatividad laboral. Son factores que están al margen de una administración local. Pero no quiere decir que las autoridades de las ciudades no puedan apostarle a la construcción de mercados de Trabajo Decente. Bajo esa premisa, Bogotá ha incluido el TD como eje trasversal de su Plan de Desarrollo”, dijo Carlos Simancas, Secretario de Desarrollo Económico de la ciudad.
Por su parte Ítalo Cardona, representante de la OIT para los países andinos, señaló: “Con esta Política Pública, Bogotá se suma a la enorme preocupación que hay hoy por el Trabajo Decente dese un marco de competencia local. En el contexto de América Latina es una experiencia importante. La apuesta es la construcción de una política con unos componentes definidos por la OIT, que incluyen a las organizaciones de trabajadores y empleadores en coordinación con entidades del gobierno. Ahora el compromiso es llevarla a la práctica, lo que implica la asignación de recursos, competencias, responsabilidades, participación de empleadores y trabajadores, y vigilar que los beneficios lleguen a los sectores que más la necesitan”.
A su turno Kjeld Jakobsen, ex director del Instituto del Observatorio Social de la CUT Brasil, dijo: “Para aplicar una política de trabajo decente en una ciudad hay que comenzar por casa, con los propios trabajadores, evitando los procesos tercerizados. Y utilizar la capacidad de inversión de las alcaldías para comprar bienes y servicios y construir infraestructura, y exigir a las empresas contratistas que se cumplan las normas laborales, la negociación colectiva, y se respete el salario mínimo. Los sindicatos deben participar, apoyar esas políticas”.
Y Miguel Delgado, directivo de la CUT Bogotá, expresó: “Para el sindicalismo es muy importante que Bogotá tenga una herramienta como la Política Pública de Trabajo Decente. Quiero destacar que el alcalde Gustavo Petro, con todos los problemas que tiene en diálogo social, ha avanzado en formalización del empleo. Al día de hoy ha formalizado unos 7 mil trabajadores”.
8 de noviembre
Encadenados y en huelga de hambre 4 sindicalistas presionan a Nestlé a cumplir Convención Colectiva
4 trabajadores de Nestlé en la planta de Bugalagrande, Departamento del Valle, se encadenaron y realizaron huelga de hambre para protestar por los incumplimientos que la empresa hace de lo pactado en la Convención Colectiva.
Se trata de William Zapata, Wilson Riaño, Omar Rengifo y Miguel Millán, todos directivos de la seccional de Sinaltrainal en Bugalagrande. Javier Correa, Presidente Nacional de Sinaltrainal, dijo que con su acción los trabajadores quieren llamar la atención sobre la negativa de Nestlé, la compañía agroalimentaria más grande del mundo, a cumplir los acuerdos pactados en la Convención Colectiva firmada el 28 de junio de 2012, tras 82 días de conflicto.
Pero la protesta no es solo por la violación de derechos laborales y las presiones indebidas de la empresa a los nuevos trabajadores para que no se afilien al sindicato. Es también para denunciar las amenazas de muerte que pesan sobre algunos dirigentes sindicales de la seccional Sinaltrainal Bugalagrande, y para reclamar verdad, justicia y reparación por los sindicalistas de Nestlé, 13 en total, asesinados desde 1984, uno de ellos Luciano Romero, caso por el cual hay abierto un proceso penal por la omisión en que incurrió la empresa.
Los huelguistas también instan a Nestlé a que deje de hacer importaciones masivas de leche en polvo y otras materias primas y productos terminados que afectan la agroindustria nacional y ponen en riesgo los empleos y la estabilidad de pequeños y medianos productores.
Es de anotar que el 2011 Nestlé S.A. hizo negocios en Colombia por 90 mil millones de francos suizos, excelente balance que contrasta con la situación precaria de los productores proveedores de la compañía y de los trabajadores.
Nestlé, por su parte, emitió un comunicado en el que sostiene que ha cumplido con todos los acuerdos convencionales y lamenta que Sinaltrainal recurra a la huelga de hambre como método de lucha.