Boletín Observando la implementación del acuerdo de paz # 7

Estado de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el Congreso de la República, semana del 18 al 22 de septiembre: 

Durante todo septiembre ha sido poco el avance de estos proyectos en el Congreso. No se ha votado una sola iniciativa y los trámites que habían tenido algún avance durante los meses anteriores han quedado estancados o caminan muy lento entre una cámara y otra, o de un debate a otro. Si este ritmo continúa el “procedimiento legislativo especial” tomará los mismos tiempos que el procedimiento ordinario, no se cumplirá con sus propósitos, y la implementación del Acuerdo de Paz se verá gravemente afectada.

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Lo más importante de cada proyecto

Las modificaciones al proyecto de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) en la ponencia para tercer debate.

Ayer lunes 25 de septiembre a partir de las 4:00 pm se dio el  el tercer debate en Comisión Primera de la Cámara. La ponencia radicada la semana pasada y sobre la cual deberá desarrollarse el debate presenta modificaciones con respecto al texto aprobado en Senado, de los cuales es importante resaltar:

1. La exclusión de las cabeceras municipales. En el texto aprobado en segundo debate esta exclusión solo se realizaba si el censo de los municipios incluidos en las circunscripciones, de acuerdo con las proyecciones del DANE para 2017, superaba los 50 mil ciudadanos aptos para votar; el texto de la ponencia excluye a todas las cabeceras municipales y sólo prevé habilitar puestos de votación en las zonas rurales; una decisión que desnaturaliza esta figura, dado que no atiende hechos importantes como que la mayoría de estos municipios son categoría 6, o que 116 de los 164 tienen menos de 15 mil habitantes.

2. La exigencia de certificación de la UARIV para poder postularse a candidaturas. No solo se limita la participación a muchísimas víctimas individuales y colectivas que nunca se registraron, sino que también se desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido reiterada en señalar que la condición de víctima no depende del registro

3. No se incluyó en la ponencia la obligación de paridad de género en la definición de listas, desconociendo disposiciones del Acuerdo Final.

Lea aquí el Boletín Observando la implementación del acuerdo de paz # 5

4. Es necesario un calendario electoral específico y la destinación precisa y clara de un presupuesto para la puesta en marcha de las CTEP que permita la instalación de puestos de votación en zonas rurales, una campaña de cedulación e inscripción de cédulas y un intenso proceso de pedagogía electoral en los 164 municipios, así como la instalación de los Tribunales Electorales Transitorios de Paz.

Además, continúan algunas dificultades en el diseño de este importante mecanismo de representación y reparación territorial, por ejemplo, la definición de reglas especiales de financiación de las campañas y entregas de anticipos; o el bajo porcentaje de las candidaturas por firmas, que apenas llega al 3%. Otro asunto relevante está relacionado con la autoridad competente que deberá certificar la existencia y actuación de una organización o movimiento social en un territorio específico.
Es importante mencionar que el Representante Rodrigo Valencia del Centro Democrático (Antioquia) presentó ponencia negativa y proposición de archivo del proyecto argumentando que “este mecanismo no es más que una fachada para que la guerrilla de las FARC siga afianzando su poder político en las zonas en las cuales ha tenido mayor influencia, y control territorial”. Estos señalamientos estigmatizan a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que por años han sufrido las consecuencias del conflicto, de allí la urgencia que el Gobierno y los Congresistas busquen los medios de hacer público el contenido de este proyecto y se brinden las garantías a quienes aspiren a esas curules.

La necesidad del Plan Marco de Implementación

A la fecha no se conoce el Plan Marco de Implementación (PMI), aun cuando la CSIVI contaba con cuatro (4) meses después de su constitución para discutirlo y aprobarlo. Es decir, el PMI tiene cinco meses de retraso.

Lea aquí: Observando la implementación # 4

Se requiere mayor publicidad y transparencia en el proceso de discusión del PMI, en la medida en que la planeación de la implementación del Acuerdo de Paz en un horizonte de mínimo diez (10) años no puede discutirse sin la participación en el debate de diversos sectores sociales.

Adicionalmente, el PMI debe articularse con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes departamentales y municipales, por lo que su discusión no está desligada de la reforma de la Ley 152 de 1994. El PMI también condiciona la financiación de la implementación ya que debe convertirse en un documento CONPES “el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes” [AF: 197].

¿Qué pasa con la reforma a la Ley 152 de 1994

La reforma de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo es una de las reformas priorizadas dentro del calendario de implementación normativa del Acuerdo Final, pero a la fecha el Gobierno Nacional no ha presentado proyecto de reforma a la ley, aunque se conoce que en la CSIVI ya hay acuerdo al respecto.

Esta reforma es importante en la medida en que debe permitir la inclusión en el ordenamiento jurídico de los dispositivos de planeación territorial contemplados en el Acuerdo Final y su articulación con los mecanismos existentes, incluyendo las formas de financiamiento. También desarrolla el mandato establecido en el numeral 2.2.6. Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa del Acuerdo Final, según el cual es necesario avanzar en la construcción de herramientas que permitan profundizar la participación ciudadana en la planeación de los territorios, al menos en relación con los siguientes aspectos:

• Revisión de las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación;
• Asistencia técnica a las autoridades municipales y departamentales que lo requieran, para la formulación participativa de distintas herramientas de planeación;
• Revisión integral y participativa del sistema de participación en los procesos de planeación (Sistema Nacional de Planeación);
• Fortalecimiento de los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales;
• Promoción y fortalecimiento de la construcción de presupuestos participativos sensibles al género y los derechos de las mujeres en el nivel local.

La financiación de la implementación del Acuerdo Final 

A pesar de que no se conoce el PMI, ya son públicos el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Presupuesto General de la Nación para 2018. Al respecto, surgen algunas inquietudes:

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1. ¿Cuáles son las partidas presupuestales para la paz? El monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) es $235.553.806.729.861 (doscientos treinta y cinco billones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos seis millones setecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y un pesos). No existe un apartado específico que identifique los gastos asociados con la implementación del Acuerdo Final, pero si se toman en cuenta las entidades del nivel central con funciones clave en la implementación y los programas de otras entidades que contienen la palabra “paz” o posconflicto”, se encuentra que el monto destinado a la implementación es $2.075.170.040.962 (dos billones setenta y cinco mil ciento setenta millones cuarenta mil novecientos sesenta y dos pesos). Esto significa que solamente el 0,88% del PGN para el 2018 está destinado a la implementación del Acuerdo Final.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) señala que el costo total estimado de la implementación es 129,5 billones de pesos, para 15 años (8,6 billones por año). Sin embargo, en el presupuesto para el año 2018 solo se destinarán $2,1 billones. ¿Por qué se presenta esta gran diferencia?

2. ¿Cuáles serán las fuentes de financiamiento? El MFMP señala que las fuentes de financiamiento de la implementación son:

Agenda legislativa semana del 25 al 29 de septiembre de 2017

Los  7 proyectos pendientes por presentar al Congreso en  64  días que quedan del Fast Track son: