XV Informe de Trabajo Decente: “De la protesta a la propuesta: la agenda del sindicalismo para democratizar las relaciones laborales”

Introducción

Este Informe de Trabajo Decente se presenta en el marco del primer gobierno comprometido con una agenda laboral y sindical que se propone una transición productiva y socio – laboral. Se busca garantizar oportunidades de trabajo en cantidades y calidades suficientes para superar los dos más graves problemáticas que en materia laboral padecemos: el alto desempleo estructural y la alta precariedad de la mayor parte de los ocupados. En Colombia no hay trabajo, y una enorme mayoría de quienes logran acceder al mismo, lo hacen en condiciones de precarización.

El nuevo gobierno elegido representa las expectativas de cambio que desea la sociedad colombiana, y de manera particular la clase trabajadora. El Ministerio de Trabajo, que desde hace décadas ha estado al servicio de las políticas neoliberales de precarización laboral, hoy se encuentra bajo la dirección de destacados dirigentes sindicales de sindicatos emblemáticos del país como FECODE y la Unión Sindical Obrera – USO-.

Lo que viene será un proceso nacional de amplios diálogos con los actores del mundo del trabajo para llegar a acuerdos que permitan transformar las relaciones laborales históricamente autoritarias de nuestro país, por un modelo de relaciones laborales mucho más democráticas.

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Capítulo 1. Colombia en Cifras: indicadores para medir la economía del país

En este capítulo se recogen los principales indicadores económicos para medir las cuentas nacionales, y a su vez, la capacidad que tiene en términos financieros el país para hacerle frente a los diferentes retos que implican las propuestas que se presentan por parte del sindicalismo.

Producto Interno Bruto.

La pandemia del Covid – 19 generó un efecto económico adverso para el país, provocando una de las peores crisis económicas de las que se tiene registro. Los efectos en países emergentes y en desarrollo no fueron la excepción, y para el caso específico de América Latina y el Caribe se presentaron caídas pronunciadas como la de la economía panameña (-17,9%) y otras con menor impacto, como la de la economía paraguaya (-0,8%).

Para 2020, el PIB de Colombia presentó una caída de 7% según los resultados del DANE, siendo los sectores de la construcción (-26,8%); la explotación de minas y canteras (-15,6%) y comercio y otras actividades (-13,7%) las actividades con las mayores contracciones coincidiendo con los confinamientos estrictos realizados este año.

Comercio exterior

En el caso del comercio exterior, la situación en Colombia sigue siendo la misma. Hay dependencia de la venta internacional de materias primas, especialmente las relacionadas con petróleo y carbón, las cuales se han visto favorecidas por el aumento del precio internacional en estos bienes que, en ambos casos, están viviendo los más altos precios en los últimos 5 años.

Las cifras más recientes entre enero y julio de 2022 muestran que las exportaciones del país han crecido un 59,76%, comportamiento jalonado por el crecimiento en 86,44% de las exportaciones de bienes minero-energéticos; 98,85% en productos tradicionales (Incluye: café, carbón, derivados del petróleo, ferroníquel y petróleo).; 105,62% en la categoría de principales productos (Incluye: productos tradicionales, bananos, esmeraldas y flores), teniendo las flores un aumento importante de 150,71% pasando de vender USD 546 millones entre enero y julio de 2021 a más de USD 1.370 millones en el mismo periodo de 2022; mientras que los bienes industriales apenas aumentan en 17,74% para el periodo analizado.

Por el lado de las importaciones, las cuales como se vio antes, restan al PIB, se ve un comportamiento más favorable en la llegada de bienes al país, lo cual afecta en gran medida la producción nacional. Según el MinTIC, en 2018, del total de importaciones desde países con los cuales Colombia no tenía acuerdo comercial, un 37,3% competía con los bienes nacionales; la relación con los países con los cuales Colombia tenía un Tratado de Libre Comercio (TLC) asciende a 34,8%.

En este contexto, las importaciones colombianas superaron los USD 56.600 millones en 2021 creciendo un 37,5%, superior al crecimiento de las exportaciones (33,28%) y explicadas en un 81,1% por las compras de bienes industriales, lo cual sigue siendo evidencia de la baja diversificación productiva de la economía colombiana y su dependencia del sector minero-energético para poder comprar bienes con alto valor agregado en el exterior en un contexto de alta depreciación del peso colombiano, lo cual encarece estas importaciones y contribuye al aumento de la inflación.

Ingresos laborales

Esta afectación al bolsillo se da en una economía que no tiene altos ingresos laborales. Para 2021, los ingresos laborales en Colombia rondaban el promedio de $ 1.677.531 mensuales, apenas un 0,4% más que el registro de 2020 ($ 1.670.743), según las cifras del Departamento Nacional de Planeación. La actividad económica con mayor ingreso promedio es la de actividades financiera y de seguros con $ 2.947.928 mensual; seguido por información y comunicaciones con $ 2.609.541 mensuales; y, administración pública y defensa con $ 2.414.069. Las que menos retribuyen son: alojamiento y servicio de comida con $ 958.783 mensuales; actividades artísticas y entretenimiento con $ 1.029.473; y, actividades inmobiliarias con $ 1.180.276 mensuales.

Promedio salarial por sector en Colombia 2021 (13 ciudades).

Indicadores laborales

La reactivación económica del año 2021, que continúa con un buen ritmo para el año 2022, ha tenido su incidencia en las tendencias de los indicadores laborales. Entre enero y julio de 2022 los ocupados en el país aumentaron en 9,1%, mientras que los desocupados se redujeron en 17,2% comparado con el mismo periodo de 2021. Esta situación ubica el desempleo en 12% para lo corrido de 2022, inferior en 3,2 puntos porcentuales a la tasa de desempleo de los primeros 7 meses de 2021, cuando se ubicaba en 15,2%.

En el comportamiento laboral se encuentran sesgos de género que son importantes de resaltar. Por sexo, las mujeres son la mayor cantidad de la población en el país (51,3% vs 48,7% de los hombres). Sin embargo, su participación en la fuerza de trabajo apenas es del 42,1% versus el 57,9% de los hombres por cuenta de la inactividad, ya que allí la participación de las mujeres aumenta a un 69,1%. Específicamente, en la realización de oficios del hogar como es llamado por el DANE, que en su mayor parte son labores del cuidado, de cada 10 personas que están en esta actividad 9 son mujeres, lo cual indica que hay un sesgo alto en la medición del desempleo ya que estas personas no entran dentro de este indicador, a pesar de que contribuyen con cerca del 20% del PIB nacional, según la Cuenta Satélite de la Economía del Cuidado.

Frente al desempleo, las mujeres también tienen una mayor participación con el 54,1% de los desocupados del país.

Frente a la situación de los jóvenes en el país la situación es un poco más crítica, ya que, para esta parte de la población, la tasa de desempleo asciende a 19,9%, cifra inferior al 24,3% registrado en el mismo periodo de 2021, lo cual muestra una mejora, pero con mucho por hacer para este segmento de la población, ya que aportan el 42% del total de desocupados, siendo esto una participación alta. Frente a esta situación, también se encuentra un problema crítico y son los jóvenes que Ni trabajan, Ni estudian o los considerados ‘NiNi’, relación que en Colombia llega al 29,8% de los jóvenes, tan solo por detrás de Sudáfrica (40,9%).

En relación con la informalidad laboral para el total nacional, en el trimestre móvil mayo – julio de 2022 la proporción de ocupados informales fue 58,1%, lo que significó una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (59,8%). Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción fue 44,3%. Finalmente, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad se ubicó en 45,6% lo que significó una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (46,8%).

Capítulo 2: El derecho a la protección social y el piso de protección social.

La información siguiente presenta un panorama reciente del estado de la protección social en Colombia, tanto de los trabajadores y trabajadoras, como de la población pobre y vulnerable, indicadores que constituyen la línea de base de la que debe partir el actual gobierno, lo que nos permitirá medir su coherencia en la implementación de una política efectiva en este terreno.

Políticas pobres para pobres

La protección social de las familias y de los ingresos.

	2018	2019	2020	2021
“Más Familias en Acción” (hogares)			2.600.000	2.067.193
Monto del subsidio por persona				$38.379
“Ingreso Solidario” (hogares)	–	–	1.700.000	3.000.000
Monto del subsidio por persona				$47.500
Hogares en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad	4.430.574
Trabajadoras del cuidado	4.998.871	5.171,472	5.989,067	5.956.251
Colombia Mayor (subsidios)	1.503.706	1.678.586	1.725.121	1.630.000
Monto del subsidio por persona				$80.000
BEPS afiliados	1.129.389	1.453.819	1.453.819	1.522.814
Ahorradores efectivos	156.248	164.130	191.907	197.841
Anualidades vitalicias emitidas	5.587	26.298	26.298	33.437
Monto promedio mes anualidad				$212.617

Fuente: Departamento de Prosperidad Social, DANE, Ministerio del Trabajo.

La característica principal de los diversos programas que en materia de protección social se han implementado en el país, es que ninguno de ellos saca a nadie de su situación de pobreza, ni siquiera de la situación de pobreza extrema en que se haya una buena proporción de la población, el 39,3% y el 12,2% del total de la población, respectivamente. (DANE, datos a 2021), y en cambio, han tenido un manejo clientelar que le ha servido a los partidos que han gobernado al país para capturar votos y corromper la democracia.

El programa “Ingreso solidario” surgió como respuesta a la protesta general de los “trapos rojos”, (un distintivo que durante el confinamiento obligado por la pandemia del Covid usaron miles de hogares para denunciar la situación de hambre en la que se encontraban por la falta de ingresos), y también como reacción a la propuesta de “Renta Básica de Emergencia” que hicieron 54 parlamentarios durante la pandemia del Covid, (proyecto de Ley 310 de 2020), la que fue negada por la bancada mayoritaria del Congreso liderada por el Centro Democrático. Este programa tiene una cobertura, según el Departamento de la Prosperidad Social, de 4.850.000 hogares. Estos hogares reciben cada mes $190.000, o $47.500 por persona, si dividimos por el número de personas que, en promedio, integran los hogares que reciben este beneficio, una suma que apenas representa el 13,3% del valor de la línea de pobreza (hoy en $354.031 por mes y por persona), o el 29,5% del valor de la línea de indigencia (hoy en $161.099 por mes y por persona según el DANE).

Por su parte, el programa “Familias en acción” fue diseñado y puesto en marcha desde el año 2000, con recursos del BID, el Banco Mundial y el Plan Colombia. Si bien el programa fue concebido inicialmente para la población vulnerable, la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, exigió ampliarlo para atender a los más de 3 millones de víctimas del desplazamiento forzado interno en Colombia, programa que después se convierte en política de Estado a través de la Ley 1532 del 7 de junio de 2012, dirigida a la población pobre clasificada en los niveles 1 y 2 del antiguo SISBEN.

En marzo de este año, el Departamento de la Prosperidad social anunciaba que 2.067.193 hogares se estaban beneficiando de este programa, para los cuales en ese mes se habían destinado $317.350 millones de pesos, lo que equivalía a $153.517 por hogar, o $38.379 por persona, una suma que apena representa el 23,8% del valor de la línea de indigencia, o el 10,8% del valor de la línea de pobreza.

Respecto del programa “Colombia Mayor”, este fue creado en 2003, (ley 797), como una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico. En la actualidad, el programa tiene una cobertura de 1.752.121 cupos, el 22,4% de las personas mayores que no tienen pensión, las que reciben un subsidio de $80.000 por mes, suma que equivale al 49,6% del valor de la línea de indigencia, o el 22,6% del valor de la línea de pobreza.

La protección en salud, riesgos laborales y en desempleo.

La población trabajadora total cubierta por el sistema de protección contributiva fue en promedio del 50,7% en 2022, con un incremento de 5,9 pp en cuatro años. Nos estamos refiriendo a la población trabajadora que cotiza al sistema de protección social, porque tiene un contrato laboral que obliga a cotizaciones de trabajadores y empleadores, o porque trabaja por cuenta propia y tiene la capacidad de hacer su propia cotización, como ocurre en el sistema de riesgos laborales, en el que figuran 886.575 trabajadores independientes, apenas el 9,4% del total de los trabajadores por cuenta propia.

La protección social en la vejez

Este año, la población trabajadora afiliada al sistema pensional era de 25.3 millones de personas. Sin embargo, los afiliados cotizantes eran apenas 10,4 millones, el 41,1% de los afiliados. La diferencia está en que el afiliado nunca es retirado del sistema, aunque no haga parte de la población activa, y el cotizante es el que durante el año cotiza por lo menos 6 meses y por lo tanto tiene alguna expectativa de pensionarse. Sin embargo, tampoco éstos tienen asegurada su pensión, pues uno de los requisitos para acceder a ella es la de cotizar 1.300 semanas en el régimen de prima media, o 1.150 semanas en los fondos privados, una condición que no la va a cumplir la mayoría de la población trabajadora por las situaciones de precariedad e inestabilidad del mercado laboral. Más de la mitad de los trabajadores están en la economía informal y no cotizan, y los que tienen trabajos formales, sus empleos no les aseguran estabilidad laboral por 22 o 25 años consecutivos, que es lo que asegura más de mil semanas de cotización al sistema.

Y es que el modelo pensional está diseñado para que se pensionen únicamente personas que trabajen en el sector formal de la economía, que tengan una alta estabilidad laboral, que posean altos niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas, lo que explica el porqué de cada 4 afiliados en los fondos privados que cumplen la edad y solicitan su derecho a la pensión, a tres, el 75%, se la niegan y le devuelven los saldos ahorrados, una situación que en el régimen de prima media es de 1 por cada dos que la solicitan.

Estos son los excluidos del sistema pensional:

Los trabajadores del sector informal.
El 80% de los trabajadores por cuenta propia.
Los discapacitados.
Las trabajadoras de la economía del cuidado, (las denominadas “amas de casa”).
Los trabajadores temporales y sin estabilidad laboral: el 36,3% de los trabajadores formales de la industria; el 37,5% de los trabajadores formales de los servicios; y el 27,0% de las trabajadoras del comercio, entre otros. (Cálculos del autor sobre la base de las Encuestas anuales de industria, servicios y comercio del DANE para 2020)
La mayoría de los trabajadores del campo: sólo el 10% está afiliado.
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras pobres (88%): en el 10% inferior cotizan en promedio cinco semanas por año (OCDE).

En este sentido, los pensionados en Colombia apenas son 2.3 millones de personas, el 29,9% del total de la población adulta mayor, el resto, si no cuentan con una renta están en la pobreza extrema, o viven de la solidaridad de sus familias, una situación que afecta gravemente su dignidad.

Como este sistema no garantiza el derecho a la pensión, desde los sindicatos la propuesta es la creación de un sistema pensional de pilares. (Desde 2017, la ENS y FESCOL propiciaron varios encuentros con sindicatos de la CUT, especialmente del sector de la protección social, y de la CTC, y con ellos se construyó esta propuesta) Este gobierno la acogió el en el siguiente sentido:

Sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos, recursos públicos y cotizaciones, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica, de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable, (piso de protección social). Este ingreso se podría incrementar mediante cotizaciones y/o un sistema de ahorros individuales como los que propone el sistema BEPS. Esta propuesta surge de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto Mundial para el Empleo. En Colombia se ha estado aplicando parcial y precariamente a través del régimen subsidiado de salud, el programa Familias en Acción y la política pública para el adulto mayor, y en el último año, a través del programa Ingreso Solidario. La financiación de este pilar cuesta menos de la mitad del costo fiscal que hoy tienen las exenciones tributarias al capital.
Un segundo pilar, obligatorio para toda la población afiliada a pensiones, administrado por Colpensiones, con cotizaciones obligatorias hasta 4 salarios mínimos legales, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.
Un tercer pilar, obligatorio para trabajadores que devenguen más de 4 salarios mínimos, los cuales cotizarían a partir de este nivel en cuentas de ahorro individual en los fondos privados de pensiones, o en Colpensiones, lo cual les permitiría un ingreso adicional a la pensión que asegura el segundo pilar.
La garantía de pensión mínima para todos aquellos trabajadores que cumplieron la edad, y cuentan hasta con el 70% de las semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización hasta que alcancen este requisito.
Restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional acatando de manera plena las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
La reducción de las semanas de cotización de las mujeres con hijos, de 1.300 a 1.150 semanas, y el aumento de la licencia de maternidad a 6 meses remunerados. (Esta propuesta se puede hacer como alternativa a la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres.

Expuesto el diagnóstico sobre los principales indicadores económicos y macrolaborales del país, además de las condiciones de desprotección en material social, presentamos 2 iniciativas que recogen de forma articulada las propuestas que se han presentado desde el sindicalismo del país para dar respuesta y trámite a la crisis social y de empleo que experimentamos; la Conferencia Nacional del Trabajo y la Misión Alternativa de Empleo.

Capítulo 3: Aportes de la Conferencia Nacional del Trabajo para la negociación colectiva en Colombia.

Propuestas para una efectiva negociación colectiva en Colombia

Las tres centrales sindicales comprenden la debilidad existente de la negociación colectiva, tanto en el sector público como en el privado. Solo la negociación por rama, para el caso de los acuerdos colectivos del sector público, ha sido una importante experiencia en hacer extensivos los beneficios que se logran en la mesa de negociación estatal para todos los trabajadores/as al servicio del sector, que toman forma en los pliegos unificados en los municipios, departamentos e instituciones a lo largo y ancho del país. Dentro del paquete de propuestas entregadas a la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez se destacan las siguientes en materia de negociación colectiva y diálogo social a todo nivel:

Propuesta de decreto para reglamentar la comisión permanente de concertación de políticas públicas, laborales y salariales

A pesar de que existe la ley 278 de 1996, creada a raíz de lo establecido en el artículo 56 de la constitución política del año 1991, como uno de los espacios permanentes de diálogo social de carácter tripartito, el proyecto de decreto propuesto por las centrales tiene como fin mejorar la Comisión en los siguientes elementos:

Fortalecer y crear las subcomisiones de conflictos colectivos en el trabajo, mujer y género, sector público, asuntos internacionales, seguimiento al convenio 189 OIT, CETCOIT y subcomisión técnica provisional del estatuto del trabajo.
Reglamentar funciones de la subcomisión de solución de conflictos colectivos en términos de su carácter tripartito, una instancia de diálogo alternativo para el momento de la no resolución del conflicto colectivo y la construcción de una ruta de diálogo para unas relaciones laborales más democráticas.
Periodicidad de un mes para las reuniones de la comisión.
La asignación de una secretaría técnica que dinamice el espacio y la agenda de la comisión.
Promover el fortalecimiento y funcionamiento de las subcomisiones departamentales

Negociación colectiva multinivel

En lo concerniente a la negociación colectiva, el proyecto de decreto de las centrales sindicales del país propone que se debe evolucionar a la negociación por rama de actividad económica, o sector de industria, o servicios entre uno o varios sindicatos, federaciones o centrales sindicales representantes de rama de actividad económica, sector de industria o servicios y una o varias organizaciones de empleadores o agremiación de empleadores, de esa misma rama de actividad económica, sector de industria o de servicios. Lo anterior con el objeto de establecer las condiciones mínimas de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez, en todas las unidades empresariales que desempeñen actividades propias de dichos sectores.

En ese sentido se busca evolucionar el concepto de la negociación entendiendo que puede ser de gremio, de grupo económico y negociación de empresa, además de pretender que la aplicabilidad de las convenciones colectivas sea a todo nivel, en todas las unidades productivas o formas organizativas con su debido procedimiento en términos de dinámica de las mesas, número de negociadores y claridad en el papel de los distintos grados del tipo de sindicatos y empresas.

Propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo

En lo que corresponde a la ley que regirá la evolución desde una perspectiva de desarrollo en Colombia, la negociación colectiva en el país dentro de la estrategia planteada por las centrales buscará garantizar la negociación para los hoy excluidos, como lo son los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales y del cuidado. Se hace énfasis en las no represalias por ejercer este derecho. Por ello, se propuso, además, una política pública nacional y territorial de trabajo decente por la vida a partir de la cual, el estado colombiano elimine todos los obstáculos legales y culturales para el ejercicio de la huelga y la negociación colectiva, en el que se hace énfasis en la promoción del aumento de la cobertura a través de la negociación por rama en consonancia al convenio 154 de la OIT.

Capítulo 4. Propuesta económica alternativa para la creación de empleo: propuestas de la Misión Alternativa de Empleo.

1. Consolidar un acuerdo nacional de compromiso por la paz:

Los impactos de una guerra no declarada de más de medio siglo son desafortunados sobre la economía: más del 1% del PIB perdido por año, incertidumbre e inestabilidad, guerra sucia, desplazamiento y desconfianza. Construir confianza debe ser un propósito nacional, que es la base para fomentar nuevas, mayores y mejores oportunidades de trabajo.

2. Diversificar la estructura productiva y superar el rentismo

El modelo minero-energético y de intermediación financiera de altos costos se agotó: no resultaron ser las locomotoras del crecimiento y no contribuyeron a generar suficientes oportunidades de trabajo. Es el momento de transitar hacia un modelo complejo de industria y de servicios inteligentes a partir de la inversión en ciencia y tecnología; se deben asimilar e impulsar los avances del desarrollo científico, tecnológico y de plataformas virtuales, los cuales requieren trabajo humano más calificado y formado para la vida.

3. Fomentar la economía campesina y la soberanía alimentaria

La transformación del campo colombiano es una deuda histórica. Los campesinos de minifundio limitado en extensión son más productivos y eficientes que la hacienda tradicional. La importación de 12 millones de toneladas de alimentos impide el desarrollo rural integral. La canasta alimenticia y los nuevos productos de exportación provienen de la economía campesina y no del latifundio extensivo y la agricultura de plantación. Fomentar la economía campesina significa usar mejor la tierra, recuperar 10 millones de hectáreas para la agricultura y dotar a las familias campesinas de tierra, servicios y tecnologías modernas, hacerlos propietarios y empresarios del campo incluyendo esquemas asociativos de producción y comercialización. Un buen comienzo sería cumplir con el Punto 1 de Acuerdo de la Habana y acelerar el catastro multipropósito.

4. Financiar de manera justa y equitativa al Estado, con progresividad

El objetivo de la democracia es modernizar y empoderar al Estado como representante de toda la sociedad. El Estado colombiano debe superar la cooptación de los grupos económicos, y debe romper con un oligopolio altamente concentrado que recibe beneficios, exenciones y privilegios a través de las regulaciones, la contratación pública y el sistema fiscal y financiero. Para ello se requiere al menos de dos ejercicios de democratización: reforma tributaria progresiva y equilibrio de requisitos para la economía popular.

5. Poner en pie de igualdad la economía popular con la oligopólica

El papel de las mipymes en un país no es ser el furgón de cola de las grandes empresas y conglomerados con control corporativo del gobierno. Los encadenamientos productivos son importantes y la inserción en cadenas de valor es positiva, pero eso no se logra en una estructura de competencia donde el oligopolio tiene ventajas y excluye a los demás al relegarlos al papel de subcontratistas. Lo pequeño también es necesario y tiene derecho a participar en las decisiones económicas. Por eso, es necesario reformar las normas de contratación, de participación en los servicios públicos y el acceso a la oferta financiera y asistencia técnica, con la perspectiva de fortalecer una nueva alianza público-popular. No es excluyéndolos y declarándolos informales como se construye la economía: es incluyéndolos.

6. Mejorar productividad depurando activos y corrigiendo la medición

La productividad no mejora pagándole menos a la gente ni menos impuestos al Estado, sino organizando mejor los activos y mejorando la medición de la productividad. Valorizar los activos improductivos para sacarlos de las empresas y trasladarlos a las personas naturales es un buen comienzo. Así las empresas consolidarían solamente los activos que hacen parte de su objeto social y podrían hacer más eficiente los costos financieros y los propósitos de innovación. Por otra parte, se hace necesario una política de innovación, ciencia y tecnologías para mejorar los procesos productivos, y grandes inversiones en infraestructura de transporte para hacer más eficiente la correa de transmisión de la economía. Sobre la medición de la productividad, es importante avanzar hacia metodologías que ponderen mejor la verdadera participación de los factores productivos. Empezar a medir bajo la productividad media es un buen avance.

7. Eliminar la discriminación de género y remunerar el trabajo de las mujeres

La participación de la mujer en el mercado de trabajo, el reconocimiento y la remuneración adecuada de todas sus actividades, son la respuesta para su inclusión socioeconómica. No se trata solo de que el trabajo no remunerado aparezca en el PIB, sino de redistribuir tareas, romper el techo de cristal y combatir las brechas de género para que ellas puedan acceder a las distintas fuentes de empleo y tener una remuneración justa y equitativa. Además de que hay que reconocer el inmenso aporte del cuidado remunerado, hay que hacerlo también con el no remunerado que ellas realizan prioritariamente. Es hora de identificarlo como un sector productivo tan valioso como la salud y la educación. Solo cuando se distribuya esta carga entre el Estado y el mercado se equilibrarán las oportunidades y se impulsará el desarrollo de sus capacidades.

8. Garantizar el derecho de asociación y libertad sindical

La libertad de asociación sindical es una de los grandes déficits de la democracia colombiana, producto de campañas de desprestigio de los diferentes gobiernos y de los gremios de la producción. Para revitalizar el mundo del trabajo y democratizarlo es urgente y muy importante poner en práctica las recomendaciones de la OIT y de los gobiernos extranjeros con los que se han firmado acuerdos (Estados Unidos, OCDE, etc.).

9. El sistema de salud, que ya financia el Estado, hay que convertirlo en preventivo

Los esfuerzos por consolidar un sistema de salud eficiente y con cobertura universal han sido insuficientes. La cobertura terminó siendo un programa de carnetización que no garantiza el acceso ni el buen servicio. Lasalud pública quedó convertida en programa accesorio y sin capacidad resolutiva. Las EPS quedaron en manos de grupos económicos y agremiaciones de políticos, que no son efectivas y solo presumen. El financiamiento que, inicialmente era tripartito, se redujo a trabajadores y Estado. Para que el sistema de salud sea preventivo se requiere de una reorganización que no da espera.

10.Construir un verdadero piso de protección social sin subsidios a los altos ingresos

Los mayores fracasos de la Ley 100 de 1993 fueron universalizar el sistema pensional y hacer imposible la construcción de un sistema único, con un estándar en sus parámetros. El Estado asumió el costo de los regímenes especiales y exceptuados, todos del sector público y con subsidios altos, y le entregó al RAIS el conjunto de empleados particulares, abandonando el antiguo ISS. Hoy Colpensiones está expuesto y será culpado del fracaso. Ni el RAIS, ni especiales ni exceptuados son sostenibles: lo único viable es un sistema público que recoja al conjunto de trabajadores y empleados del país, públicos y privados, hasta un límite de cotización y con tope a la pensión máxima que puede cubrir el Estado.

Capítulo 5. A manera de conclusión: elementos de una agenda laboral y sindical para la democratización de las relaciones laborales.

Los elementos de la agenda laboral y sindical que promoveremos se desprenden de los problemas a resolver que afectan al mundo del trabajo y al movimiento sindical. Estos los resumimos de la siguiente manera

Alto desempleo debido al sesgo anti laboral del modelo de desarrollo
Alta informalidad y precariedad laboral por el predominio del “cuenta propia” de baja productividad y agregación de valor en la ocupación laboral
Intermediación laboral ilegal y prácticas de contratación laboral ilegal como los contratos de prestación de servicios en el empleo público
Alta exclusión de los sistemas de seguridad social contributivos
Baja densidad sindical y cobertura de la negociación colectiva
Ineficacia y marginalidad del diálogo social
Limitaciones a los derechos de libertad sindical y de la huelga
Debilidad institucional en las funciones de inspección y vigilancia y de acceso a la justicia
Ausencia de garantías para el ejercicio de la protesta social
Violencia antisindical y alta impunidad

En consecuencia, los elementos de las reformas en los temas de empleo, derechos laborales, de seguridad social y de libertad sindical que se proponen como solución a los graves problemas estructurales que hemos señalado los presentamos de manera sucinta en los siguientes términos

1. Creación de empleo en clave de transición productiva y revisión del modelo de desarrollo

El empleo estable y bien remunerado solo será posible si el Estado implementa políticas que fomenten el desarrollo total de las fuerzas productivas del país con énfasis en el progreso científico y tecnológico, y su infraestructura de transporte. El Estado debe recuperar su papel protagónico en la regulación de la moneda, del comercio y los mercados, y de la política cambiaria para el fomento de la economía productiva, y garantizar una política social excluida del mercado y con un enfoque de derechos. Por tanto, el Estado debe garantizar la disponibilidad de crédito adecuado para la inversión productiva en la agricultura, la industria, la minería responsable, energía, comunicaciones, transporte, y la orientación de recursos para el desarrollo de una infraestructura económica y social moderna, en lugar de seguir basando nuestra economía en actividades de extracción minero – energética, exportadora de bienes primarios, y lógicas financiero – especulativas.

2. Formalización laboral

Se debe dar cumplimiento a la ley y a las sentencias de la Corte Constitucional para prohibir todas las formas de intermediación laboral ilegal existentes que se realizan por medio de Cooperativas de Trabajo Asociado, fundaciones, y otras organizaciones, así como poner límite al abuso en la intermediación laboral que hacen las Empresas de Servicio Temporal. Por su parte el Estado debe dar ejemplo de respeto de las normas laborales evitando el uso de contratos de prestación de servicios para regular el trabajo dependiente en actividades misionales y con vocación de permanencia. La formalización laboral de los “cuenta propia” en la llamada economía del “rebusque” será consecuencia de la generación de empleo productivo.

3. Seguridad y protección social

Se debe derogar el enfoque de negocio que hoy tiene la legislación que regula la seguridad social y rediseñar el sistema para que sea público, universal, solidario y con enfoque preventivo. Las medidas que se deben desarrollar, son entre otras:

Derogar los desarrollos legales del gobierno del presidente Duque que establecieron un falso Piso de Protección Social con el propósito de acabar con el régimen contributivo y precarizar, aun mas, las condiciones laborales de los trabajadores del país.
Establecer un régimen de salud público, universal, solidario con un enfoque preventivo y no reactivo.
El régimen en pensiones debe ser predominantemente público y de prima media (solidaridad intergeneracional), para garantizar pensiones reales en la vejez.
El sistema de riesgos laborales debe rescatar la verdadera dimensión de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la muerte en el trabajo
Se debe estudiar la posibilidad de establecer una Renta Básica, por lo menos de Emergencia, para atender rápidamente el drama del hambre que golpea a cerca de 20 millones de colombianos, y con mayor fuerza a los adultos mayores.

4. Libertad sindical

En materia de libertad sindical, se deben adoptar los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno (Plan de Acción Laboral Obama-Santos, Hoja de ruta con la Unión Europea, compromisos con la OCDE), las recomendaciones de los organismos internacionales, los desarrollos de la Corte Suprema y los mandatos constitucionales en materia laboral y de libertad sindical.

Desarrollo de la negociación por sectores económicos, según lo recomienda la OCDE, tomando como referente el modelo de negociación del sector público del país.
Prohibir los pactos colectivos en empresas donde existan sindicatos, según las recomendaciones de la OIT.
Se debe reglamentar el artículo 56 de la Constitución Política para definir qué se entiende por servicio público esencial y evitar que se sigan declarando ilegales las pocas huelgas que se realizan en el país.

5. Acceso a la justicia

Los recursos que el Estado dedica a la fiscalización de las obligaciones de las empresas, y para impartir justicia laboral, están muy por debajo de los estándares de organizaciones internacionales a las que pertenece Colombia. Por ejemplo, el número de inspectores laborales es de 55 % inferior al que señala la Organización Internacional del Trabajo y la relación de jueces en materia laboral respecto a la población es 83 % inferior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; de hecho, entre 1993 y 2019, el número de procesos aumentó en 177 %, pero el de jueces laborales no cambió.

Para garantizar mayor eficacia en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, esta se debe fortalecer con más inspectores según los parámetros internacionales, con un enfoque preventivo y también de protección de derechos. Se deben crear mecanismos de acceso a la justicia laboral judicial que sean ágiles y expeditos para la defensa y restablecimiento de los derechos laborales y de libertad sindical que se vulneran.

6.Estatuto del Trabajo

Se debe dar cumplimiento al mandato del artículo 53 de la Constitución Política que ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo de acuerdo con los principios de igualdad, progresividad y no regresividad, y por otra parte garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo que se encuentran ratificados.

7. Equidad de género y generacional

Hoy se hace necesaria una política de empleo con enfoque diferencial, orientada a promover y proteger el empleo de las mujeres. La pandemia del COVID 19 tuvo mayores impactos negativos sobre el empleo femenino.

La emergencia de salud pública, que aún no superamos, tuvo su mayor peso en el aumento de las actividades del cuidado a cargo de las mujeres. Ante esto, es urgente que se cree una política nacional de economía del cuidado, para que esta función se democratice, y las mujeres no sigan siendo las que lleven la mayor responsabilidad con trabajos no remunerados.
Es importante incluir dentro de un enfoque diferencial, la inspección y vigilancia sobre el empleo que se ofrece en actividades referidas al cuidado, pues esas son las que más emplean a mujeres. Por ejemplo, la posición ocupacional de empleo doméstico está copada en su gran mayoría por mujeres (94%), pero es un renglón ocupacional con muchos desafíos aún por resolver en materia de protección del trabajo digno.
En la creación de nuevos puestos de trabajo formal en el país se debe incluir el enfoque diferencial en la oferta que se genere, pues no solo las mujeres tienen mayor participación en el autoempleo, sino también en la inactividad laboral.
Finalmente se deben desarrollar políticas públicas que favorezcan la inclusión de los jóvenes en el desarrollo laboral y social del país.

8. Agenda para superar la violencia antisindical

La violencia antisindical, en medio de un contexto de violencia contra líderes sociales, se focaliza contra activistas y líderes sindicales. Por ello se requieren acciones articuladas para transformar esta realidad, las cuales deberían apuntar a:

El desmonte de la cultura antisindical que legitima la violencia.
El reconocimiento de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición.
La superación de los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas.
La reparación colectiva e integral del sindicalismo.
La promoción de reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.

9. Los retos de la tecnología y los trabajos en plataformas

El trabajo en plataformas virtuales (digitales) se desarrolla en el marco de una alta precarización y flexibilización laboral Estas modalidades digitales/ virtuales del trabajo presentan grandes retos para los marcos jurídicos. El trabajo digital es una tendencia inevitable, pero se necesita que la regulación laboral sea la única que aplique a estas nuevas formas organizativas del trabajo. Las relaciones laborales no solo deben regularse por el derecho laboral, sino que deben también involucrar la protección social de todos los trabajadores.

10. Concurso de méritos en el Estado

El Congreso debe regular que las pruebas de los cargos públicos que se provean por medio de concurso de méritos sean transparentes y que consulten sus características. Se debe garantizar que el conocimiento del cargo se reconozca, así como darle algún valor a la antigüedad.

11. Economía del cuidado

En términos de equidad, se debe desarrollar el enfoque de las tres R el cual propone un modelo para el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico no remunerado entre las familias (hombres, mujeres, niños y niñas), el mercado, el Estado y las comunidades, a continuación, se describe cada uno de sus tres elementos.

Reconocimiento del trabajo de cuidado. Esta primera etapa trata de dar un reconocimiento e importancia al trabajo de cuidado no remunerado como un elemento clave tanto en el desarrollo humano de las personas como en el desarrollo social y económico de los países.
Reducción del trabajo de cuidado. Esta segunda etapa tiene como propósito fundamental la reducción de la carga de trabajo de cuidado, especialmente en las mujeres de bajos ingresos, ya que ellas son las que presentan las mayores desventajas en términos de actividades de cuidado no remunerado.
La redistribución del trabajo de cuidado. El tercer elemento de las tres R tiene que ver en la forma como se puede redistribuir la carga de trabajo de cuidado entre los diferentes agentes, familia, Estado, comunidad y mercado.