17 notas informativas y de opinión publicó la AIL en abril, de las cuales las 5 más relevantes fueron:
- La ENS presenta su estudio anual sobre el estado del Trabajo Decente en Colombia. Análisis de coyuntura laboral y sindical en 2015.
- Nuevo Decreto 583 sobre tercerización laboral en Colombia: un gran retroceso.
- Plan de Acción Laboral Obama-Santos: 5 años esperando cambios reales.
- Positiva reacción del sindicalismo al inicio de conversaciones con el ELN.
- Audiencia pública sobre reparación colectiva del movimiento sindical.
Publicado 29 abril
La ENS analiza el panorama laboral y sindical en Colombia
Como cada año, en la antesala de la conmemoración del 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la Escuela Nacional Sindical presentó su informe sobre la coyuntura laboral y sindical en Colombia, o lo que es lo mismo: sobre el estado del Trabajo Decente. Las siguientes son algunas de las realidades y cifras que muestra el informe para el año 2015:
- Bajos salarios y desigualdad en la redistribución de la riqueza. Más del 40% de los trabajadores ocupados devengó de 0 a un salario mínimo. Lo que hace que Colombia sea uno de los países más desiguales del continente, con un coeficiente de concentración de la riqueza, Gini, de 0,522.
- La informalidad laboral sigue arrollando. De cada 100 ocupados, 64 carecen de protección social, sólo el 41 cotiza a salud, 38 a pensiones y 44 a riesgos laborales.
- El Estado no protege libertades sindicales. La inspección y control por parte de Min-Trabajo no es eficiente. Hay 834 inspectores registrados, pero en la práctica sólo 156 vigilan y controlan. De 667 querellas presentadas por pactos colectivos y tercerización ilegal, sólo 134 tienen decisión en firme y apenas 2 tuvieron sanciones: BBVA y Bavaria, con multas irrisorias.
- Relaciones laborales ilegales. El 17,3% del total de ocupados, 3´813.880 trabajadores, lo hicieron con relaciones laborales ilegales, sin derechos ni protección social.
- Seguridad y salud en el trabajo. Hubo 723.836 accidentes de trabajo, 9.583 enfermedades laborales y 566 muertes, cifras que sólo consideran afiliadas a las ARL, o sea la minoría.
- Violencia antisindical y la impunidad persisten. En 2015 ocurrieron por lo menos 182 casos de violaciones a la vida, la libertad e integridad contra sindicalistas, entre ellos 20 homicidios, 15 atentados y 106 amenazas. La impunidad por estos delitos es del 95%. En homicidios, delito más sancionado, es del 87%. La Fiscalía perdió dinámica investigativa: solo hubo 3 sentencias por homicidios.
- Bajas tasas de sindicalización y negociación colectiva. De los 22´017.000 ocupados en Colombia, apenas 1´002.555 (el 4.6%) está afiliados a algún sindicato.
- El derecho a la huelga amenazado. La protesta laboral se incrementó 152,3%, pero los paros y huelgas decrecieron 36,9%. De las 33 huelgas que revisó la Corte Suprema de Justicia, a 19 las declaró ilegales, 11 legales, y en 3 casos no se pronunció.
- Situación de las mujeres. La tasa de ocupación de las mujeres es de 48,3%, mientras que la de los hombres es 70,1%, una brecha de género de 22 puntos. Además, a ellas las golpea más el desempleo: 11,8%, mientras a los hombres el 6,7%.
- Los jóvenes. El desempleo para la población joven (14 a 28 años) fue de 15,2%, 6,3 puntos superior al promedio nacional, que fue 8,9%. Hay 1´076.000 jóvenes desempleados, el 50% del total del país. La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes es 9,2 puntos porcentuales superior a la de los hombres jóvenes, que fue de 11,3%.
- La población rural. El país tiene 4´758.000 ocupados en el sector rural, de estos 2´893.000 en la agricultura (60,8%) y 1´865.000 en las demás ramas de la economía. De cada 100 ocupados en la ruralidad, 52 son cuentapropistas y sólo 34 asalariados. El 90,3% de los ocupados no está afiliado a un sistema de riesgos laborales.
Publicado 22 de abril
Nuevo Decreto 583 sobre tercerización laboral en Colombia: un gran retroceso
El 8 de abril el Gobierno Nacional expidió el decreto 583, que reglamenta la tercerización laboral en Colombia. Este decreto, a juicio de las centrales sindicales CUT y CTC, que se pronunciaron, representa un retroceso, toda vez que legaliza la tercerización en todos los escenarios, incluso en actividades misionales y permanentes, antes protegidas por la norma.
La ENS coincide con esa apreciación. En un detallado informe mostró que el decreto, aparte de afectar el derecho de los trabajadores a un vínculo laboral directo con la empresa que se beneficia de su trabajo, va en contravía de lo que se estipuló en el Plan de Acción Laboral suscrito entre los gobiernos de Colombia y EEUU en 2011, que en el papel pretendía disuadir a los empresarios para que no acudieran a la tercerización.
Según las centrales sindicales, este decreto está hecho a la medida y exigencia de los empresarios, pues permite que se externalicen, sin límites y bajo cualquier figura, todas las actividades de las empresas, y traslada a los trabajadores los riesgos que entrañan tales acciones. De hecho, su redacción no fue concertada con el movimiento sindical, solo con la Asociación Nacional de Industriales.
Entre los riesgos que el 583 tiene para los y las trabajadoras colombianas, están:
- La deslaboralización o informalización laboral, entendida como la ausencia del contrato de trabajo en la prestación laboral.
- Bajos ingresos laborales. En la medida en que las empresas acuden a la subcontratación con el propósito de reducir costos, los salarios y prestaciones de los subcontratados y los beneficios adicionales que brindan las convenciones colectivas, se reducen más que los de aquellos que no lo están.
- Pérdida de los derechos colectivos. Con el avance de la subcontratación y la contratación atípica el sindicalismo retrocede, pierde espacio y membresía.
Publicado 7 de abril
Plan de Acción Laboral Obama-Santos: 5 años esperando cambios reales
Cuando en abril del 2011 los presidentes Obama y Santos firmaron el Plan de Acción Laboral (PAL), la ENS afirmó que todas las medidas incorporadas en él, aunque insuficientes para modificar las políticas públicas laborales, eran necesarias e importantes; y respondían a problemas señalados por el movimiento sindical. Además, advirtió que solo serían útiles sí se concertaban con los trabajadores y se sustentaban con mecanismos de verificación eficaces.
Hoy, 5 años después, tal temor se cumplió. Nada se concertó ni se estableció ninguna meta de cumplimiento, ni se creó un mecanismo de seguimiento con participación de las organizaciones sindicales. Tampoco se formuló una política pública adecuada sobre inspección laboral, formalización laboral, protección de la libertad sindical, prevención de la violencia o superación de la impunidad. Ha faltado interés del gobierno.
La informalidad y de la ilegalidad laboral no han cedido significativamente. Hoy hay 14´090.880 trabajadores informales, 877.680 más de los que había en 2011; y hay 3´813.880 trabajadores con relaciones laborales ilegales, 351.680 más que en 2011. Ambos fenómenos los explica en parte la ausencia absoluta de control del Ministerio de Trabajo sobre los contratos sindicales administrados por “falsos sindicatos”, que es una de las formas contractuales que reemplazaron las prohibidas Cooperativas de Trabajo Asociado para seguir tercerizando trabajadores, en condiciones de violación de derechos laborales incluso peores. Entre 2011 y 2015 se firmaron 4.303 contratos sindicales.
También en el último quinquenio crecieron 13% los pactos colectivos, figura lesiva para la existencia de los sindicatos. La OIT le solicitó a Colombia que prohíba estos pactos en empresas donde ya existan sindicatos, y la OCDE ha hecho sugerencias en el mismo sentido.
El derecho de huelga, consagrado constitucionalmente en Colombia, también está amenazado, en la legislación hay inmensas limitaciones para el ejercicio de la huelga. De las 33 huelgas examinadas por la Corte Suprema de Justicia sobre huelgas, 19 las declaró ilegales, por diversas razones: por tratarse de servicios público esencial, porque no ser pacíficas, o por incumplimiento de términos.
Y tampoco se ha logrado erradicar la violencia contra personas sindicalizadas. Aunque sí se ha reducido, según estadísticas de la ENS. Sobre todo los casos de homicidio, que se redujeron 52% comparando los dos últimos quinquenios. Pero el hostigamiento, las amenazas y los atentados si se han incrementado. Por otro lado, la capacidad de la Fiscalía para investigar los homicidios de sindicalistas no ha tenido avances significativos. La impunidad de éstos es de 87%, y la de las amenazas es casi total: 99.8%. También la protección de los sindicalistas amenazados se ha debilitado, según quejas de las centrales sindicales.
Para el sindicalismo es claro que los propósitos y compromisos del PAL siguen siendo pertinentes, mucho más en este momento en el que el principal reto de los actores del mundo del trabajo será el de contribuir a construir la paz duradera.
Publicado 1º de abril
Positiva reacción del sindicalismo a inicio de conversaciones con el ELN
El anuncio del Gobierno sobre la iniciación de diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, fue recibido positivamente por el movimiento sindical, que desde cuando se inició el proceso con las FARC en La Habana ha clamado para que también se negocie con el ELN, pues sin este grupo el proceso queda incompleto.
Para Luis A. Pedraza, presidente de la CUT, es de vital importancia que las dos guerrillas, FARC y ELN, estén en el proceso, el cual hay que seguir apoyando hasta que se logre un acuerdo de paz que facilite la reestructuración social y la equidad social. Además, porque ya no existirá pretexto para seguir estigmatizando y acusando a la dirigencia social y sindical en asuntos en los cuales no está comprometida. Gran parte de los sindicalistas asesinados lo ha sido por esas acusaciones.
Julio Roberto Gómez, presidente CGT, también expresó respaldo a los diálogos con el ELN, al tiempo que exigió al gobierno negociar el pliego de peticiones que las centrales obreras presentaron con ocasión del paro nacional del pasado 17 de marzo. ¿Es necesario alzarse en armas para que el Gobierno atienda las peticiones de los trabajadores con la misma prontitud con la que se convocaron los diálogos con las FERC y ahora con el ELN?, se preguntó.
Por su parte Edwin Palma Egea, vicepresidente de la USO, el sindicato más antiguo del país y el principal en el sector petrolero, señaló que la paz con el ELN y las FARC servirá para que el pos-acuerdo sea un escenario que no solo permita a fuerzas democráticas hacer política en favor de las clases menos favorecidas, sino también crecer al movimiento sindical. Para la USO es particularmente significativa la negociación con el ELN porque esta guerrilla siempre ha reivindicado la nacionalización de los recursos minero energéticos y la redistribución de la riqueza nacional, posturas que coinciden con el ideario de la USO.
Y finalmente Miguel Morantes, presidente de la CTC, dijo que recibía con beneplácito el inicio de las conversaciones Gobierno-ELN. “Nos parecen importantes y positivas, pues sin arreglo con esta guerrilla la paz queda incompleta. Seguramente habrá dificultades, como las ha habido con las FARC, pero lo importante es que haya voluntad de ambas partes”, anotó.
Publicado 8 de abril
Audiencia pública sobre reparación colectiva del movimiento sindical
Convocada por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, y con motivo de la conmemoración del “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado” (8 de abril), se realizó en el Capitolio Nacional una audiencia pública en la cual se discutió el tema de la reparación colectiva del movimiento sindical. Y al día siguiente, como homenaje a los miles de sindicalistas asesinados en Colombia, se programó una marcha por las calles de Bogotá.
El parlamentario Alirio Uribe, quien coordinó la audiencia pública, insistió en que la reparación colectiva de las víctimas es un componente importante en la construcción de la paz y el posconflicto, y más en el caso del movimiento sindical, que en los últimos 40 años ha visto como 487 sindicatos han sido víctimas de la violencia, 3.094 sindicalistas fueron asesinados y 14.037 soportaron algún tipo de agresión, convirtiendo a Colombia en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la labor sindical.
Pese a ello, desde julio de 2012, cuando el sindicalismo y el gobierno iniciaron un proceso para la implementación de medidas de reparación colectiva en el marco de la Ley 1448, éste muestra muy pocos avances por falta de voluntad política del Estado.
Quienes intervinieron en la audiencia coincidieron en que para el movimiento sindical la reparación colectiva pasa por el restablecimiento de la tasa de sindicalización a los niveles que tenía antes, el fortalecimiento de la libertad sindical, que incluye los derechos a la organización, negociación y huelga, y el fin de la persecución y estigmatización del sindicalismo, entre otras medidas. Además, la inclusión de la verdad sobre la violencia antisindical en los informes que se desprendan de los diálogos de paz.
Un hecho positivo fue que pocos días después de la audiencia, luego de dos años de aplazamientos el Gobierno por fin firmó el decreto que crea la Comisión de Concertación para le Reparación Colectiva del Movimiento Sindical, de la cual hacen parte las 3 centrales obreras, 5 ministros y otras agencias del Estado. Se espera que ahora sí arranque el proceso.