A finales del mes pasado se realizó en Medellín una audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. El evento hacía parte de la 48 Sesión de audiencias de dicho tribunal que se realizó en Colombia en las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y Medellín. Allí se leyeron varios casos, entre ellos varios del sindicalismo.
A continuación, y en el marco del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, presentamos el resumen del caso presentado por la Escuela Nacional Sindical que da cuenta de la violencia que ha sufrido el movimiento sindical en Colombia.
Resumen del caso presentado en la Sesión Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos
Este documento es presentado por la Escuela Nacional Sindical –ENS-, organización no gubernamental y social, con 38 años de trabajo por la defensa de los derechos humanos y laborales. Parte del cual se ha enfocado en hacer seguimiento, documentar, investigar y analizar la grave situación de violación sistemática y selectiva a los derechos a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, llegando a la conclusión de que, a menudo las organizaciones sindicales colombianas han sido estigmatizadas, perseguidas, y miles de sus integrantes han sido asesinados/as. Las víctimas de la violencia antisindical han sido sindicalistas, hombres y mujeres dirigentes como también los afiliados/as y activistas, en consonancia con las definiciones doctrinarias de la Comisión de Expertos y del Comité de libertad sindical, ambos de la Oficina Internacional del Trabajo, así como con la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos (1998).
De los elementos que reseñamos en este texto se puede inferir que las acciones de aniquilamiento al movimiento sindical se han cometido ante la mirada impasible del Estado o, en algunos casos por acción directa de agentes estatales, de donde se puede afirmar que el Estado Colombiano es responsable por acción y por omisión.
La violencia antisindical en Colombia una práctica histórica, sistemática y selectiva
Según el seguimiento realizado por la ENS, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han registrado al menos, 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados. Otra característica que reviste particular gravedad, está relacionada con el perfil de las víctimas, de los sindicalistas quienes han perdido su vida, 2.941 son hombres, 336 son mujeres y 955 son dirigentes sindicales. Mientras que, el panorama general de violencia antisindical muestra que del total de hechos registrados, 11.916 fueron contra hombres, 3.401 fueron contra mujeres, y en el 42,44% de los casos las víctimas se desempeñaban como dirigentes sindicales. Adicionalmente, se han documentado más de 280 violaciones a sindicatos como colectivo. Si bien estos datos nos acercan a la dimensión de la violencia antisindical en Colombia, de ninguna manera debe entenderse que la tragedia vivida por el sindicalismo colombiano se reduce a cifras, pues tras estos miles de casos quedaron graves afectaciones humanas, familiares, organizativas, a los derechos y a la democracia. De manera diferencial las mujeres directivas, activistas y afiliadas de base y las mujeres familiares de las víctimas también han sido afectadas.
Dinámica territorial y sectorial. Las regiones y los sindicatos más afectados
Según Sinderh, entre 1973 y 2020, en 9 departamentos y el Distrito Capital se concentran el 81,0% del total de los casos registrados, y el 76,0% de los homicidios de sindicalistas, estos son: Antioquia, Valle, Santander, Cesar, Bogotá, Cauca, Arauca, Bolívar, Atlántico y Caldas. Asimismo, esta focalización por sectores económicos se relaciona directamente con los patrones identificados según los sindicatos que han sido más perseguidos. Según sinderh, en el periodo abordado, son más de 500 las organizaciones sindicales que han sido objeto de violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sus integrantes, y de esas, al menos 346 han visto morir asesinado/a uno/a de sus integrantes. En 20 organizaciones sindicales se agrupa más del 80;0% del total de violaciones a la vida, libertad e integridad que han sido documentadas en Sinderh. Estas son Sintrainagro, USO, CUT, Anthoc, Sinaltrainal, Sintraunicol, Sintraofan, Sintraemcali, Sintraelecol, Sintraproaceites, Sintramienergetica, USTC, Sintramunicipio, Asonal Judicial, Sintraemsdes, Sutimac, Sintragrícolas y Aspu. En ningún caso, debe asumirse que los sindicatos no mencionados no sufrieron vulneraciones graves con ocasión de la violencia.
Presuntos responsables de la violencia antisindical
Según la información disponible en Sinderh, se identifica que entre los años 1973 y 2020, más de nueve mil casos representados en el 62,11% corresponden a aquellos en los cuales no se identifica un presunto responsable del hecho, lo cual refuerza el patrón de impunidad que encubre los crímenes cometidos contra sindicalistas. Por otro lado, de los 5.679 casos en los cuales se tiene información de un presunto responsable, los paramilitares son los principales victimarios en el 68,00% de este subtotal de registros; los organismos estatales (ejército y policía) ocupan el segundo lugar con el 19,96%, seguidos de grupos guerrilleros con el 8,20%, la delincuencia común con el 1,9% y el empleador con el 1,83% de este tipo de casos.
Violencia antisindical cometida por el paramilitarismo. Relación entre paramilitares y Estado
En síntesis, de los casos que se tiene algún indicio, seis de cada diez fueron cometidos presuntamente por grupos paramilitares y en dos de cada diez se estima que hubo participación de la fuerza pública. Incluso se identifica un patrón en casos de violencia contra sindicalistas cometidos en el contexto de la relación por acción u omisión de entre el Estado y los paramilitares; a juzgar por los casos documentados estas alianzas han sido sistemáticas en la violencia vivida por los sindicatos como Anthoc, Sintraclínicas, Sintraofan, Sintradepartamento, Sintrasema, Astdemp, Sintramunicipio, Sindiba, Sintraelecol, Sintraemsdes, Sintraemcali, Sintraunicol, Fecode y Fensuagro. Así como los hechos de violencia en los cuales se identifica el accionar conjunto del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y los paramilitares. En ocasiones hasta han sido investigados empleadores y empresas, y sus nexos con grupos paramilitares, como lo ejemplifican los casos de la empresa multinacional Drummond, la Nestlé, la Chiquita Brands. Incluso los informes y testimonios entregados por el movimiento sindical ante instancias como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz buscan aportar al esclarecimiento histórico, verdad judicial y justicia frente a este tipo de crímenes.
En este entramado es fundamental advertir la responsabilidad del poder ejecutivo y del poder judicial. El poder ejecutivo en cuanto a las acciones en las que se han visto involucrados organismos estatales: la fuerza pública, servicios de inteligencia y funcionarios públicos. Y en relación con el poder judicial, la falta de interés y voluntad política de la Fiscalía General de la Nación – FGN- para construir una metodología de investigación de la violencia antisindical con enfoque de crimen de sistema, lo cual perpetúa el alto índice de impunidad. Adicionalmente, esto se relaciona con la falta de acceso a la justicia por parte de sindicalistas, lo cual se evidencia con la escasa efectividad del artículo 200 del Código Penal tanto por omisión de la FGN, como por la falta de interés de los jueces penales en darle aplicación efectiva. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos se tenía que la impunidad en casos de sindicalistas supera el 90,0% del total de casos documentados (Colorado y Muñoz, 2016).
Dinámica temporal: acercamiento preliminar a una periodización
Es fundamental precisar que, por la naturaleza heterogénea, multicausal y contextual de la violencia antisindical, su comprensión no se acota en una mera línea explicativa de periodización. Sin embargo, se propone la siguiente aproximación cronológica que permite identificar algunas dinámicas temporales en seis sub periodos, así:
En el primer periodo denominado Discursos y escenarios que suscitan la violencia, que va desde el año 1973 hasta el año 1984, se identifica un auge significativo, principalmente frente a los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y las amenazas.
Posteriormente, entre 1985 y 1994, el periodo denominado Sembrar el terror: Irrupción del exterminio sindical, es caracterizado por el exterminio de sindicalistas, gran parte de ellos dirigentes y líderes/as sindicales, como una estrategia orientada a instaurar el terror en el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores organizados, así como en las comunidades y en los territorios donde los sindicatos victimizados tenían asiento.
Entre los años 1995 y 2004 se ubica el periodo denominado Proliferación de la violencia: diversificación y expansión, la violencia letal se mantiene, incluso se incrementa y el movimiento sindical vive la década de mayor pérdida de vidas humanas en su historia reciente. Durante este decenio los casos documentados son cinco veces mayores en comparación con la década anterior.
Entre los años 2005 y 2014, en el periodo denominado Giros estratégicos de la violencia: prevalece la intimidación, se identifica un cambio en las prácticas y las estrategias por parte de los victimarios, se reducen los homicidios de sindicalistas, aunque persisten otras formas de victimización sindical. Podría decirse que, en parte esto es un logro del sindicalismo a través de la labor de denuncia, y el apoyo de la comunidad nacional e internacional defensora de derechos humanos y laborales.
En la coyuntura reciente, entre los años 2015 y 2020, denominada Expresiones reguladas de la violencia antisindical se identifican factores contextuales como: i) la tendencia decreciente en el registro de casos[1]; ii) la violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales; iii) la reactivación de la violencia antisindical en el sector rural, iv) la relación entre la violencia antisindical y la persecución a personas defensoras de derechos humanos, líderes/as sociales.
Acercamiento a contextos explicativos y lógicas de la violencia antisindical
Partiendo de la revisión del panorama expuesto anteriormente, la violencia antisindical se define como; “El conjunto de prácticas y actos que lesionan la vida, la integridad personal y la libertad de los y las sindicalistas y que, mediante coacción y uso de la fuerza, ocasionan el exterminio de las organizaciones sindicales, su inmovilización, cooptación y/o su exclusión. En otras palabras, la violencia antisindical, cuyo carácter y naturaleza fundamental es de tipo político, se entiende como el conjunto de los actos que buscan, a partir de la elección de las víctimas, someter, reducir, asimilar y cooptar el sujeto y la acción sindical a partir de la destrucción violenta, el daño emocional o el exterminio físico”[2].
Asimismo, se ha avanzado en la identificación de lógicas, modalidades, hipótesis y contextos que explican la relación entre roles sindicales y la violencia antisindical expresada como:
- Consecuencia del rol sociopolítico sindical.
- Instrumento de regulación y control político de las movilizaciones y protestas sindicales.
- Consecuencia de la lucha por el control territorial
- Instrumento que utiliza la retórica contrainsurgente como instrumento de cooptación y eliminación de liderazgos sindicales.
- Como instrumento de regulación del conflicto laboral.
- Violencia de carácter estatal. Utilización del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.
- Instrumento de “corrección” Ideológica utilizada principalmente por grupos guerrilleros.
- Violencia que utiliza escenarios de delincuencia común como distractores del contenido político de la acción.
- Consecuencia de la implementación del modelo neoliberal
- Instrumento que favorece la acumulación de la tierra
- Instrumento para desestructurar procesos organizativos
A modo de recomendación
Teniendo en consideración que la violencia antisindical tiene unas dinámicas y características propias, es necesario precisar que, su superación requiere esfuerzos/medidas que van más allá de la finalización del conflicto armado y la implementación de un programa de protección. Una política para transformar esta realidad tendría que apuntar al desmonte la cultura antisindical que legitima la violencia; avanzar en el esclarecimiento y reconocimiento de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición; superar los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas. Así como promover reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.
[1] Nota metodológica: es necesario precisar que existe sub registro, principalmente, en la violencia antisindical cometida contra docentes, ya que en los últimos años se han encontrado dificultades para acceder a esta información.
[2] Correa G; Malagón L. Imperceptiblemente nos encerraron. Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia, 1979-2010 (2012). Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas; Escuela Nacional Sindical. Pág. 30
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