Para la Escuela Nacional Sindical, presentar al país el “Informe de Coyuntura Económica, Laboral y Sindical” del año 2020 es particularmente retador, por el complejo contexto socioeconómico que afronta la sociedad colombiana, cuya percepción frente al presente y el futuro es verdaderamente desconcertante.
La encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para marzo de 2021, informa que el 7,5% de la población colombiana considera que su situación económica respecto a la de hace 12 meses es mucho peor, mientras que el 51,7% dice que es peor, y el 33,4% que es igual; es decir, el 92,6% de los colombianos se sienten estancados o en crisis. Frente a la pregunta sobre si cree que en los próximos 12 meses la situación va a mejorar, el 45,1% cree que será igual, mientras que el 16,4% afirma que será peor, y 2,6%, mucho peor, para un total del 64% de la población que lo ve todo con incertidumbre.
La múltiple crisis que vive el país no la generó la pandemia, aunque ella ayudó a deteriorar todos los indicadores socio laborales y económicos, a tal punto que se habla de un retroceso de dos décadas de bienestar. La pandemia, más bien exacerbó las brechas sociales y evidenció la gran inequidad social que persiste en Colombia como un rasgo dominante de su estructura social.
Este informe presenta las tendencias, análisis, estadísticas y recomendaciones que, desde el equipo de investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), se vienen construyendo como un aporte para la reflexión, y para proponer unas acciones que encaminen al país hacia un cambio de rumbo en la agenda de empleo e ingresos.
Del análisis queda claro el agotamiento de esa propuesta neoliberal que le ha vendido a la sociedad la idea de un Estado mínimo y un mercado que asigna recursos de modo adecuado; pero también, hace evidente la necesidad de recuperar el papel del Estado en la economía. Nada más lejos de la falacia de la mano invisible que la realidad del país, cuyo gobierno aparece claramente capturado por poderes corporativos y mafiosos a la hora de tomar decisiones claves como la de superar la crisis económica y social.
El panorama social y económico que presenta la ENS al país es verdaderamente preocupante, y evidencia la incapacidad del Gobierno nacional y de muchos gobiernos locales para resolverla. Este es un tema que merece la atención, porque no se trata solo de la voluntad política del presidente de turno, sino también de arreglos institucionales previos orientados por la ideología de mercado, que hoy hacen agua y se muestran como instrumentos obsoletos para responder a las necesidades urgentes de la población.
Trabajo y pobreza
La visión de futuro del país esta signada por la incertidumbre, pues Colombia pasa por un agudo proceso de crisis económica y social. El año 2020 cerró con un deterioro en el crecimiento económico (-6,8% del Producto Interno Bruto, PIB), una tasa de desempleo del 15,9%, cinco puntos más que la de 2019, al tiempo que mostró una caída en la participación de los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral, cuya tasa global de participación fue del 59,2% (cuatro puntos por debajo de la del 2019), y una tasa de población económicamente activa ocupada, que cayó drásticamente al 49,8%, frente a la de 2019, que fue de 58,6%. Esto significó que 2,4 millones de trabajadores dejaron de trabajar o perdieron sus ingresos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, ya sea porque no buscaron empleo durante el proceso de confinamiento, o porque lo perdieron. Del total mencionado, 1,2 millones, son “obrero-empleado particular”, es decir, personas que trabajaban para un empleador particular o privado por un salario en dinero o en especie, y 861.000 “trabajadores por cuenta propio y empleadas domésticas”, cuyos ingresos no son estables. El alza en el desempleo y en la inactividad son considerables debido a la creciente participación en este indicador de la “población desalentada”, es decir, quienes no siguieron buscando trabajo después de un tiempo determinado. La participación de las mujeres en el indicador de “inactividad”, en los últimos 10 años se había puesto casi al nivel de la de los hombres (40%), pero al final del año 2020 se levantó casi 30 puntos porcentuales, pues llegó al 70%. Por su lado, el subempleo, que es un indicador de precariedad, se ubicó en el 37,4% en el año 2020, siendo el subjetivo del 26,6% y el objetivo del 10,8%. Por otra parte, durante los últimos 10 años, los ocupados por cuenta propia habían crecido hasta representar el 1,1% del empleo nacional, principalmente en trabajos informales (90%). Por su parte, los asalariados perdieron participación en el empleo nacional pasando del 50,2% al 48,1%.
Tabla 1
Si sumamos a los casi 2,7 millones de personas mayores que no reciben pensión, los 2,4 millones de trabajadores desempleados, tendremos 5,1 millones de personas sin empleo y sin ingresos, cuya situación no puede ser cubierta por el mercado, pero, peor aún, que están ante un Estado incapaz de tomar decisiones de fondo. No sobra añadir que la escandalosa cifra que acabamos de presentar no tiene en cuenta a la población inactiva.
La situación de pobreza, según estimaciones independientes del economista Luis J. Garay, a marzo de 2021, puede alcanzar ya el 60% de la población colombiana urbana, mientras la del campo llega al 80%, lo cual afecta el derecho fundamental a la alimentación. El día de ayer, el Dane emitió las cifras oficiales de pobreza, reconociendo que el 55,3% de la población, esto es casi 6,5 millones de colombianos tienen ingresos por debajo de $145.000 en promedio al mes (línea de pobreza extrema) y más de 21 millones de colombianos tienen ingresos inferiores a 331.688 en promedio al mes (línea de pobreza).
En efecto, en enero de 2021, el 67,3% de los hogares consumieron tres comidas al día, en comparación con el 90,1% de un año atrás; el 29,7% de los hogares, dos comidas al día y el 2,4%, una sola, el 0,5% de los hogares manifestaron haber consumido menos de una comida al día, con lo cual, más de millón y medio de personas comieron entre una y menos de una comida al día.
Vea y descargue una presentación del Informe de Coyuntura aquí
Salud y precariedad laboral en el sector
Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2021), han ocurrido 2.787.303 enfermos por Covid-19 y, de ellos, han fallecido 71.799, con lo cual Colombia ocupa el puesto décimo en la incidencia de casos y en muertes totales como consecuencia del virus. Si observamos la tasa por número de habitantes, Colombia es el décimo país del mundo en cantidad de contagios y muertes, donde los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 son los más afectados, pues concentran el 87,7% de las defunciones causadas por la enfermedad en todo el país.
La realidad ha desnudado la limitada capacidad de nuestro sistema de salud para atender la pandemia, y sugiere la urgencia de recuperar el papel del Estado en la definición de las reglas de juego para el funcionamiento de estos. Pero también muestra la poca preparación de las comunidades y los ciudadanos para enfrentar riesgos de este tipo. Se evidencia también que la deuda en salarios, la precariedad de las relaciones laborales y la ausencia de remuneracionesdignas es una de las características más desalentadoras del empleo en el sector de la salud, que se intenta matizar llamando a sus protagonistas los “héroes” en la pandemia. Casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras del sector salud (44%), trabajan sin una relación laboral directa, y solo un tercio de ellos y ellas cuentan con un tipo de contrato que les brinda estabilidad laboral.
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Salud en el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras
A diciembre de 2020, solo habían 10.123.385 de trabajadores y trabajadoras afiliados a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), según los datos de Fasecolda (2020), es decir, una tasa de cobertura del 51% del total. Esto significa que la mitad de la población trabajadora no cuenta con ningún sistema de protección en seguridad y salud en el trabajo. Pero, es aún más triste saber que solo se tiene una aproximación sobre los datos de enfermedades laborales, pues no existen estadísticas oficiales sobre este drama de los excluidos del sistema.
Se sabe sí, que la cobertura en riesgos laborales está concentrada mayoritariamente en tres departamentos (Antioquia, Valle y Cundinamarca), y que en Bogotá alcanza el 70% del total de las y los afiliados, pero con ello se evidencia la total invisibilización de las enfermedades de origen laboral en el resto del país.
Este tema en el sector salud es dramático: de reportar, en promedio, 481 casos de enfermedad laboral en el 2019, hoy tenemos 35.723 casos, es decir, hubo un incremento del 540,5% en los reportes de enfermedades de origen laboral por efecto de la pandemia. Este sector muestra un aumento significativo en la aparición de enfermedades de salud mental (Boletín del Monitoreo Crítico, 2020), donde se informa que el 58% de las y los trabajadores dicen que los afectan condiciones psicosociales tales como los problemas para concentrarse, de sueño, de incapacidad para tomar decisiones, agobio, tensión e incapacidad para afrontar situaciones difíciles, entre otros.
Jornada laboral y simultaneidad en las tareas
Según la “Encuesta de conciliación de vida laboral y personal”, realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Ministerio del Trabajo,
El 57,7% de las y los encuestados, dijeron que sus jornadas laborales en el marco de la pandemia han sido en promedio mayores a 8 horas diarias. En términos de género, 61% de las mujeres y 53,2% de los hombres han visto aumentadas sus horas de trabajo, respectivamente en unas 2,5 horas diarias en promedio.
En dicha encuesta, los medios digitales se consolidaron como la principal herramienta laboral, la cual utilizaron más de ocho horas al día el 51,8% de los encuestados (57,5% mujeres y 45% hombres). Esta condición del trabajo intensificó los problemas de ansiedad, angustia y salud mental referidos en las consultas médicas; la profundización de la violencia y el acoso laboral, y los problemas de salud mental; el desconocimiento de las enfermedades y accidentes, producto del trabajo en casa y/o teletrabajo. Pero también afirma que no se entregan, en especial al personal sanitario, los equipos de protección y bioseguridad en cantidad y calidad suficientes; hay también grandes carencias en la preparación y adecuación de los lugares y puestos de trabajo en casa, que tienen como consecuencia la aparición de enfermedades del sistema osteomuscular, entre otros.
El confinamiento masivo de la población ha incidido negativamente en la ampliación de la jornada laboral, pues se da el fenómeno de la simultaneidad de tareas. Además, la prohibición de actividades sociales, familiares, culturales, deportivas y recreativas, facilitó la disponibilidad de más tiempo para el trabajo productivo, en detrimento de la utilización del tiempo libre y de descanso reparador y de buena calidad. Es un asunto dramático, pues el tiempo de la vida familiar y personal y el tiempo del trabajo ahora no se diferencian.
Brechas de género y trabajo
El año 2020 cerró, para Colombia, con una tasa de desempleo femenino del 20,6%, que supera con creces a la de los hombres (7,8%). Aunque desde 2018 la participación de las mujeres en el mercado laboral bajó (fenómeno conocido como “caída en escalera”), el año 2020 marca un punto de inflexión en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres, en general, y de manera particular afectó su participación en el mundo laboral, donde predomina la fuerza laboral masculina. Así pues, puede verse que hay un retroceso en la reducción de brechas de género y sobre la equidad en la división sexual del trabajo, principalmente asociada a roles asignados a la condición de género. En consecuencia, son las mujeres las que fueron reasignadas a las tareas domésticas durante la pandemia.
Pero, además, el empleo feminizado, por considerarse que es un rol de la mujer, explica la ampliación de la brecha salarial, el limitado acceso al sistema de protección social y el soporte de un trabajo de cuidado que lo ejercen principalmente mujeres. En el 2020, los indicadores marcan una caída en la tasa de ocupación de los hombres de 6,1 puntos porcentuales con respecto al 2019; para las mujeres, dicho descenso fue de 7,6 puntos porcentuales. La tasa de ocupación de los hombres muestra una mejora en el segundo trimestre, y cierra el año con 1,6 puntos porcentuales a su favor, mientras, para las mujeres, el indicador se mueve sutilmente con tendencia a la baja.
Es importante señalar que:
La recesión del Covid-19 ha afectado fuertemente a los sectores intensivos en contacto como los servicios de cuidado personal, restaurantes, hostelería, entre otros, debido a las medidas de distanciamiento social. Estos sectores de alto contacto tienen una mayor proporción de trabajadoras, lo que afecta a más mujeres que hombres.
Por ejemplo, en el 2019, el 94,7% de las personas empleadas en el sector de otras actividades de servicios fueron mujeres, línea en que se ubica el sector de la educación (77,7%); el de actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales (75,1%), el de alojamiento y servicios de comida (66,3%) y el de actividades de servicios administrativos y de apoyo (63%). Esto le correspondió en el año 2020 a hogares individuales en calidad de empleadores (91,4%); actividades de atención de la salud humana (76,8%) y alojamiento y servicios de comida (68,4%). Así pues, el sector de las actividades de servicios administrativos y de apoyo (61,7%) y el sector de la educación (60,1%) fueron los que tuvieron una mayor proporción de mujeres ocupadas sobre el total de personas de cada rama de actividad.
En relación al trabajo doméstico remunerado, al cierre del año 2019, se estima que en Colombia había 687.716 trabajadoras domésticas, cifra que se redujo a 512.389 en el primer semestre del 2020, y que muestra una pérdida de 175.327 de este tipo de puestos de trabajo durante el inicio del confinamiento. El 46,4% de estas trabajadoras recibieron hasta medio SMLMV por sus servicios y el 27,9% recibió más de medio SMLMV, pero menos de uno. Esos mismos indicadores fueron del 28,8% y 34,6% en el 2019 y el 2020, respectivamente. Para el 2020, tan solo el 25,7% de las personas empleadas en el servicio doméstico devengaron un SMLMV o más, un 10,9% menos que en el 2019, cuya cifra se situó en 36,6%.
Los jóvenes sin estudio ni trabajo
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los NiNis son jóvenes en edades entre 14 y 28 años, que no trabajan y no participan de ninguna actividad de enseñanza o de formación.
Entre mayo y julio de 2020, el 33% de ellos no estudió ni trabajo; es decir, hubo casi 15 millones de jóvenes que no tuvieron ninguna oportunidad para percibir ingresos, de los cuales la proporción más alta son mujeres: el 42% frente al 23% de los jóvenes que cayeron en esa condición de NiNis. El incremento de la población que no estudia ni trabaja fue de 10 puntos, cuyo efecto estuvo en la crisis, si se considera que entre mayo y julio de 2019 esta población era del 22% del total de los y las jóvenes.
Entre mayo y julio de 2020 el 50,4% de los jóvenes en edad de trabajar también estuvieron inactivos, pero en el caso de las mujeres esta cifra alcanzó de 59%, al tiempo que, durante la pandemia, el desempleo juvenil llegó al 29,7%, esto es, 12 puntos porcentuales por encima del desempleo juvenil reportado en el 2019, que ese año cerró en el 17%. Esta realidad afecta más a las mujeres, cuando llegó al 37,7%, en su caso, y del 24,1% en el de los hombres.
Durante 2020, las tasas de ocupación de los jóvenes entre 14 y 28 años llegaron a mínimos históricos (34,9%), siendo menor para las mujeres, con el 25% de ellas ocupadas, apenas una cuarta parte de las mujeres en edad de trabajar; mientras que, esta tasa para los hombres fue mayor que el promedio, al alcanzar el 44,2% de ellos participando en alguna ocupación, con lo que se tiene una brecha de ocupación de casi 20 puntos porcentuales.
La brecha de participación en el empleo de los jóvenes está asociada también a la condición de género. Como se dijo antes, el trabajo feminizado asocia a las mujeres a los sectores del comercio y actividades de salud y educación, entre otras, los cuales han estado más afectados por la recesión económica. La brecha salarial por su parte, está determinada por la condición de género, pero también por la misma edad. Según el Dane, por cada $100 que se gana un hombre joven, una mujer en la misma condición recibirá $69,4 por realizar el mismo trabajo. Otro dato inquietante es que las personas jóvenes ganan en promedio $359.000 pesos mensuales menos que las personas que se encuentran en el rango de 29 a 54 años.
Negociación colectiva
La fragilidad en la capacidad de presión de trabajadores y trabajadoras se evidencia en los datos sobre la negociación colectiva, los cuales resultan absolutamente marginales en el sistema de relaciones laborales colombiano: en apenas el 0,02% de las empresas se dan procesos reales de negociación colectiva entre empresas y sindicatos, y su cobertura es solo del 11,8% de la población asalariada, que equivale a 9,5 millones de personas, y del 5,7% de la población ocupada del país.
La tasa de sindicalización en Colombia es muy baja, y ser sindicalista es una actividad que implica riesgos muy altos. De cada 100 trabajadores, menos de cinco se encuentran afiliados a algún sindicato, y la mayoría de sindicalizados está en el sector público. Entre los empresarios y en las elites gobernantes, siempre ha predominado una cultura antisindical, premoderna, que reivindica para sí todos los derechos, pero les niega a los trabajadores sus derechos fundamentales, como el de asociación, y se oponen, de todas las formas posibles (legales e ilegales), a que los trabajadores se organicen.
En promedio, en el país se firman 200 pactos colectivos al año. La promoción de esta modalidad de “negociación”, que es más bien una imposición, hace parte de las estrategias antisindicales de las empresas: donde las empresas logran imponer un pacto colectivo, difícilmente puede prosperar un sindicato y desarrollarse una convención colectiva, razón por la cual, desde hace muchos años, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha instado al país para que reforme su legislación laboral, y haga que este tipo de “acuerdos” se realicen solo cuando no haya presencia de organizaciones sindicales.
Ahora, en cuanto a los contratos sindicales, otra forma de contratación cuestionable, hasta agosto del año pasado se habían negociado un total de 567. Sin embargo, desde 2012 la tendencia ha crecido hasta más de 1.500 por año, principalmente en hospitales del sector público. En estos contratos los trabajadores tampoco cuentan con ninguna autonomía. Por ejemplo: cuando un hospital requiere cierto personal, acude a alguno de esos sindicatos, que se formaron después de que la ley les prohibiera a las cooperativas de trabajo asociado hacer de intermediaras laborales. Con estos falsos sindicatos es con los que el gerente de un hospital negocia las condiciones bajo las cuales trabajará el personal subcontratado.
La Convención colectiva, que es la única forma de negociación que se considera real, permitió 158 procesos de negociación en el sector privado, y 31 procesos de negociación de acuerdos colectivos, para el caso del sector público.
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Violencia antisindical
No solo son los derechos sociales y económicos los afectados por la crisis. Igual ocurre con los derechos civiles y políticos: hay grandes expresiones de discriminación, violencia y autoritarismo, tal como lo deja plasmado el informe “El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia,balance del gobierno de Iván Duque en materia de derechos humanos” (Alianza de Organizaciones Sociales y Afines [Alianza], 2020).
Para la ENS, la violencia antisindical, en particular en Colombia, tiene la fatal característica de ser sistemática y selectiva. Bien lo ha señaló así la Confederación Sindical Internacional (CSI, 2020), al mencionar los casos de asesinatos, intentos de homicidio, desaparición forzada y de amenaza de muerte contra sindicalistas. La mayoría de ellos no han sido resueltos y el Gobierno sigue sin combatir eficazmente la cultura de impunidad presente en el país; mientras, el sistema judicial continúa siendo deficiente y carece de los recursos necesarios para llevar a cabo sus procesos. En general, frente a los delitos relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos de sindicalistas, hay una impunidad que supera el 90% del total de casos documentados.
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se registraron al menos 130 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física dirigidas contra sindicalistas en Colombia; entre ellas 18 homicidios, dos desapariciones forzadas, 10 atentados contra la vida, 82 amenazas y cuatro detenciones arbitrarias. Del total de casos de violencia, 120 fueron hombres y 10 casos estuvieron dirigidos contra mujeres. Varias de las características de estos casos se presentan en este informe.
Durante el año 2020 se identifica la continuidad de las hipótesis explicativas de la violencia antisindical en los últimos años, entre las cuales se encuentran: i) la tendencia decreciente en el registro de casos; ii) la violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales; y iii) la reactivación de la violencia antisindical en el sector rural. Aunque la violencia antisindical muestra una disminución en los casos documentados, es preciso resaltar el incremento de la persecución contra la dirigencia, el liderazgo y el activismo sindical, que para el año 2020 representa el 88,46% del total de casos documentados.
Así mismo, en el último año, la dinámica regional de la violencia antisindical se ha expresado en 22 departamentos del país, sin embargo, en seis de ellos se concentra el 73,07% de los casos: Bogotá (25), Cauca (23), Meta (17), Nariño (12), Huila (11) y Atlántico (7). En cuanto a la concentración por sectores económicos, encontramos un primer foco de violencia contra sindicatos en el sector de la educación (43), seguido de minas y canteras (31), rural (28) y otros servicios comunales (15). Si el sindicalismo es atacado, el liderazgo en Colombia está en proceso de exterminio: según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), entre el 1 de enero y el 03 de noviembre de 2020 fueron asesinados 251 líderes y lideresas sociales (Ortiz y Ríos, 2020).
La pasiva reacción del Gobierno colombiano ante lo altos índices de victimización contra personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos ha encendido alertas internacionales, tanto así que en marzo de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020) emitió una condena por el asesinato de líderes sociales, y por su parte, Michel Forst Relator Especial de la ONU declaró este tipo de violencia como crímenes políticos (Pardo, 2020).
Un riesgo adicional en el marco de la pandemia ha sido la marginación del debate público y las agendas relacionadas con la defensa de derechos humanos, las libertades y la democracia, la exigibilidad en la implementación de los acuerdos de paz y la lucha por la satisfacción de los derechos de las víctimas. Por lo menos es muy diciente que el 1 de mayo de 2020 fuera publicada por la revista Semana, una investigación que revelaba carpetas secretas producto de interceptaciones ilegales a líderes sociales, políticos, periodistas y sindicalistas. Otro fenómeno que reviste gravedad son los permanentes señalamientos que hace contra los maestros afiliados a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) el Partido Centro Democrático, los cuales generan un ambiente de riesgo y un factor de persistencia de la violencia antisindical contra maestros y maestras sindicalistas.
Pese a los esfuerzos realizados por mejorar su operatividad, el programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue presentando falencias en su estructura, enfoque, eficacia y seguimiento;[1] las medidas y los esquemas establecidos siguen siendo insuficientes e ineficaces para cumplir los objetivos de protección a sindicalistas. Por ejemplo, desde el 2018 se destinaron recursos para la implementación de la ruta de protección colectiva a nivel nacional, pero, sin embargo, para el 2020 el balance de gestión había sido apenas del 4%.
[1]. Ver nota al pie en la p. 75 de este informe,
Papel del estado durante la crisis
La situación que crea la pandemia, por su novedad y gravedad, exigía por parte del Estado una actuación profunda y eficaz, principalmente en tres dimensiones: detener la expansión del virus, proteger la destrucción del tejido productivo y el empleo y blindar a las familias más vulnerables de la pérdida de ingresos y, por lo mismo, del hambre y la miseria. Ninguna de las tres acciones fue atendida como se hubiera requerido.
El sistema de salud, presa de la voracidad de la intermediación financiera y no se adecuó con la suficiencia necesaria la red hospitalaria pública y privada, en tanto que la atención a la salud fue reactiva, no preventiva. Ambos rasgos fueron consecuencia de las limitantes estructurales de la Ley 100 de 1993, de salud, que puso en las manos del sector privado las decisiones frente a la crisis. La incapacidad del Gobierno nacional para abastecer la cantidad suficiente de vacunas para alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño”, seguramente será solventada por la oferta privada, a la cual podrá acceder la población con poder adquisitivo, en tanto que la incidencia de mortalidad por Covid-19 se presentará en los estratos más bajos de la población, la cual requiere de la oferta estatal de vacunas.
Según la encuesta de micronegocios del DANE en el IV trimestre de 2020, de un total de 5.676.043 de micronegocios, 406.443 habían cerrado temporalmente y 92.392 habían ce-rrado definitivamente. Las pequeñas y medianas empresas representan el 90 % del sector productivo nacional y solo las micro aportaron en 2020 un valor agregado de $43,2 billones de pesos, poco más de 4 puntos del PIB. La pérdida del tejido productivo de base que aportan las mypimes es consecuencia de la ineptitud del Estado para proveer de subsidios a la nómina y de demanda pública de bienes y servicios orientada a este sector empresarial. La caída en los ingresos de los hogares y la dificultad para que sus miembros se ocupen tiene como con-secuencia la pérdida en la capacidad de consumo de la población, con lo cual se ha debilitado el factor más incidente en el crecimiento de la economía desde la demanda. En efecto, en 2019, el consumo de los hogares representó el 69% del PIB, por lo cual se ha estancado el ciclo económico, donde, mientras el consumo dinamiza la demanda, la demanda dinamiza la producción y, por tanto, el empleo.
Los sectores empobrecidos, principalmente asociados a trabajos informales y a condiciones de pobreza, requerían ser aliviados de manera inmediata, porque ni el empleo ni los ingresos iban a ser vehículos de protección en este caso. Una panorámica de esta realidad durante el momento más duro de la crisis fue presentada por Sánchez y Chaparro, de la Universidad Nacional, en mayo de 2020:
En hogares pobres, por ejemplo, dos de cada tres jefes de hogar ocupados tienen empleos informales. La situación es crítica en hogares pobres con jefatura femenina, pues el 75% de estas mujeres tiene empleos informales. La informalidad laboral no solo tiene mayor incidencia, sino que también es fundamental para la generación de ingresos de los hogares pobres y vulnerables. En los primeros, el ingreso proveniente de actividades informales representa, en promedio, el 52% de sus ingresos totales; en los segundos, esa cifra es de 40,5% para las 13 principales ciudades del país”. Señalaba el estudio basado en la Gran Encuentra Integrada de Hogares, que los hogares pobres tienen una alta dependencia en la generación de ingresos por actividades informales, incluso porque muchas veces esta es su única fuente de ingresos. Actividades que fueron en gran cantidad restringidas durante el confinamiento (Sánchez y Chaparro, 2020).
Luego de presentar este panorama, podemos decir que la ENS, junto con varios aliados, ha venido insistiendo en la necesidad de una renta básica suficiente y permanente para el país. Una renta que sea por lo menos de un salario mínimo por familia, la cual equivale a un millón de pesos. Lamentablemente, el Gobierno nacional, en su programa de “alivio”, estableció una transferencia de $160.000 mil mensuales por familia en 2020, que ahora actualiza en el marco de la propuesta de reforma tributaria a $176.000, en promedio, por familia. La característica de este Gobierno ha sido un proceso de miserabilización de la pobreza, que sin embargo le da réditos, en tanto nivela la pobreza por lo bajo, al tiempo que no incrementa significativamente el costo fiscal de los programas que actualmente se transfieren a los programas transferencias monetarias condicionadas (de 1,25% al 1,4% del PIB, en promedio), pero que además, le permite generar un programa de amplia cobertura, focalizado en la pobreza y la pobreza extrema, para alinearlos en la pobreza estadísticamente establecida sin tocar los programas clientelares y asistencialistas de transferencias monetarias condicionadas. En otras palabras, el Gobierno pretende, mediante operaciones aritméticas y paramétricas, “terminar con la pobreza”, lo cual no pasa de ser una medida publicitaria que no impactará en la reactivación de la demanda agregada ni en la mejora de las condiciones de las familias colombianas.
Ni una cosa, ni la otra. Las ayudas a las empresas se concentraron principalmente en las grandes, y en los bancos, a los que el Gobierno del Centro Democrático les entregó el manejo de los recursos para que estos a su vez se los entregaran a aquellas en forma de crédito; una intermediación que favoreció, por supuesto, a los banqueros y a las empresas cercanas a estos bancos. El enorme hueco fiscal ($25 billones de pesos) pretende ser cubierto, para rematar, con los dineros que provea una reforma tributaria profundamente regresiva.
Es así como podemos entender la enseñanza que nos deja esta pandemia, y es que, finalmente, el Estado es importante. Hasta ahora nos hacían creer que los mercados son los mejores reguladores de la vida social, colectiva, económica, pero llega la pandemia y los mercados desaparecen, y las personas, los ciudadanos y ciudadanas tienen que pedir protección, y es el Estado el que debe proveerla. De allí que no podemos tener un Estado represor y excluyente, sino uno que sea protector y garantista.
Afirmamos pues, que el Estado colombiano está en manos de poderes corporativos y gremiales, y en función de intereses específicos. Solo así se puede explicar que, en medio de la pandemia, los bancos hayan obtenidos utilidades por $4,2 billones, recogidos principalmente por Bancolombia y el Banco de Bogotá, del grupo empresarial antioqueño y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, respectivamente, sobre los que no han recaído medidas de tributación extraordinarias. Es el momento de discutir qué Estado y qué modelo de desarrollo necesita el país. Y en esa discusión, también se debe incluir la defensa de la democracia y la paz para el logro del derecho a buen vivir.
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Propuestas alternativas
Uno de intereses más recientes de la ENS ha sido contribuir a la construcción de propuestas de reformas al empleo y los ingresos en el marco de una agenda alternativa, articulándolas con centros académicos y sectores sociales. El resultado de este esfuerzo encaminado desde el 2020 son las propuestas que se resumen a continuación:
1. Implementar la renta básica universal no condicionada y suficiente con la universalización de programas de transferencias monetarias. Ello en el marco de un cambio de enfoque con respecto a los programas de lucha contra la pobreza que no castiguen a quien sale de ella, y en contraposición con el control clientelista regional de los mismos.
2. Ampliar el sistema de protección social, en el sentido de que su reestructuración parte de considerar la necesidad de protección para el conjunto de la población, no solo para quien tiene capacidad de pago o está cobijado por una relación salarial formal. Esta reestructuración deberá considerar nuevos mecanismos de financiación complementarios a los aportes de los trabajadores, tales como el monotributo, o el subsidio a contribuciones de los trabajadores informales por parte del Estado. Un verdadero piso de protección social debe soportarse en el reconocimiento de la condición de trabajadores a los integrantes de la economía popular, y al reconocimiento de una pensión universal no contributiva a los adultos mayores sin ingresos ni pensión.
3. Adoptar el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres para Colombia, incorporando el cuarto pilar del cuidado en el sistema de protección social, el cual partiría de la institucionalidad actual y de manera progresiva iría hacia las políticas públicas, para que se redistribuya la carga del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres y entre el Estado, la comunidad y el mercado. Desde la ENS queremos insistir en que la sociedad requiere un nuevo pacto social con perspectiva de género. Un pacto que, desestructure la división sexual del trabajo, donde la economía del cuidado ingrese a la corriente central de las políticas económicas como la mejor oportunidad de reducir las brechas de género, y avanzar en las políticas públicas con equidad de género, en especial, en salud, educación, trabajo de cuidados y de protección, y una renta básica que, en perspectiva, mejore una condiciones de dignidad de las mujeres que logren humanizar el mundo del trabajo y reduzcan mercantilización de la vida.
4. El sistema pensional en Colombia debe ser regulado por el Estado, para sustraerlo de la voracidad de los mercados financieros. La bolsa de recursos debería unificarse para conseguir el equilibrio los montos de pensiones reconocidas, que pesan sobre el régimen de prima media con prestación definida y vitalicia, y las cotizaciones de los trabajadores, que recauda el régimen de ahorro individual con prestación indefinida.
5. Las economías de los sectores populares deben ser reconocidas en el pacto social ciudadano-Estado, ya que, actualmente, generan ingresos públicos a través de mecanismos directos, como su trabajo productivo, su aporte al cuidado de la vida, y por mecanismos indirectos, como los impuestos, la deuda y los servicios públicos financiarizados. La reforma a las leyes 80, “de contratación”, y 142, “de servicios públicos”, pueden generar un impulso al sector de la economía popular, con el que el Estado generaría incentivos para su participación en la contratación pública, en procesos flexibles de formalización y en acceso a la financiación, entre otras políticas. Solo así avanzarán hacia su fortalecimiento gremial y organizativo.
6. El trabajo decente solo será posible si se afecta la estructura productiva nacional, es decir, si hay un cambio del rumbo del modelo económico actual. La salud en el trabajo deberá incorporarse como una dimensión fundamental en la medición de trabajo decente, así como el fortalecimiento de procesos organizativos que conlleven a una unidad de acción de la clase trabajadora, independiente de la condición laboral o la forma de contratación. En este contexto, mejorar la productividad y definir un equilibrio de cooperación entre países de la región puede conllevar a la reducción gradual de la jornada laboral a 36 horas de trabajo, sin desmejorar el salario.
7. Ante la persistencia de la violencia antisindical se requiere la implementación de acciones articuladas para transformar esta realidad, las cuales deberían apuntar al desmonte de la cultura antisindical que legitima la violencia; al esclarecimiento y reconocimiento de la violencia antisindical, como una condición necesaria para la no repetición; a la superación de los altos índices de impunidad, que limitan el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas, y a la reparación colectiva e integral del sindicalismo. Así como a la promoción de reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.
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