Qué dijeron los panelistas sobre el papel del sector financiero en la construcción de la paz
En un informe anterior la Agencia de Información publicó las propuestas que en Primer Foro Nacional Financiero por la Paz presentó la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), el sindicato que organizó y orientó este evento en asocio con otras organizaciones sindicales.
Lo pueden leer en el enlace: https://www.ens.org.co/index.shtml?apc=a—;1;-;-;&x=20171816)
Hoy publicamos un resumen de los planteamientos de otros 7 panelistas que intervinieron en el Foro, el cual que se cumplió entre el 19 y 20 de mayo en Bogotá ante un auditorio de unas 900 personas. Todos ellos de primer nivel, cada uno tuvo 15 minutos de exposición:
- Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda.
- Clara López Obregón, Ministra de Trabajo.
- Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia.
- Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara por el Polo Democrático.
- Jorge Humberto Botero, Presidente de Federación de Aseguradores, Fasecolda.
- Osvaldo Gómez Castaño, Gerente Corporativo de la Cooperativa Confiar.
- Luciano Sanín Vásquez, vocero de la Escuela Nacional Sindical.
La agenda de paz es la del acceso al crédito
El país ha hecho grandes avances en materia de inclusión financiera. Hemos logrado que en todos los municipios exista al menos un corresponsal bancario. Donde no hay sucursales de bancos por lo menos hay alguna entidad que realiza transacciones y funciones financieras. Hoy en el país el 75% de la población adulta tiene algún tipo de producto financiero, una cuenta de ahorros o corriente. Hace 10 años era menos del 50%. La meta en el 2018 es estar en el 85%.
Se han logrado también avances en el microcrédito. Es el tipo de cartera que más está creciendo, hay un segmento de entidades financieras especializadas en créditos de menor tamaño. En el 2014 introdujimos una reforma que permitió la aparición de intermediarios financieros orientados al segmento informal de la población. Se llaman sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que se conforma con un capital que es apenas el 10% del que se requiere para crear un banco. Las personas de la informalidad pueden utilizar este sistema con bajo costo y más seguridad. La cuenta la abren solo con el número de la cédula y está exenta del 4 x mil. De esa manera crean una historia que le sirve después para acceder a un crédito. Colombia es hoy un referente en materia de inclusión financiera. En una lista del BID aparece segundo entre los países en desarrollo, después de Perú.
Este es pues el país que va a encontrar la paz; un país donde la agenda de inclusión financiera ha sido exitosa. La paz no solo va a mejorar la calidad de vida de los colombianos, nos va a dar seguridad, una sociedad en mayor armonía, más prospera. Además, va a ser de gran beneficio económico. Calculamos que el ingreso de los colombianos va a aumentar, como mínimo, un 1% por encima del crecimiento vegetativo del país en las últimas décadas.
¿Por qué? En primer lugar, porque vamos a poder aprovechar mejor unos sectores de la economía que han estado deprimidos por causa del conflicto. Como el agropecuario, que es el sector que más se va a beneficiar. También el turismo, que es un gran empleador, se va a reactivar y será una fuente de ingresos importante. Para su posición geográfica y sus atractivos turísticos, Colombia tiene muy bajo nivel de visitantes extranjeros, por estar clasificado como un país en conflicto. Y por supuesto, la paz va a permitir que haya más inversión, como se ha visto en otros países que han hecho la transición del conflicto a la paz.
¿Cuál es el papel del sistema financiero? La agenda de paz es la agenda de acceso al crédito. La paz, en primer lugar, va a requerir una serie de mecanismos para poder irrigar recursos a las regiones más afectadas por el conflicto. Y la forma de mejorar las condiciones de vida de los millones de compatriotas que viven en esas regiones, es asegurando el acceso al crédito en condiciones atractivas, barato, que consulten su capacidad de pago.
Ya tenemos experiencia en ofrecer a los colombianos créditos baratos. Por ejemplo, con los programas de vivienda, que tienen un componente de subsidio, que en el caso de los desplazados es total, es vivienda gratis. Para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos el subsidio de vivienda es del 5%, y para la clase media es del 2.5%. Con ese mismo criterio será el acceso al crédito en las zonas rurales que van a ser prioritarias en las inversiones en el posconflicto.
Hay barreras para que las personas tengan acceso al crédito: que no tiene un trabajo, que viven en la informalidad, que no tienen ingresos. Y eso es lo que tenemos que resolver, habilitándolos para que se conviertan en sujetos de crédito en condiciones atractivas. El crédito es el que permite avances en materia de educación, vivienda, y desarrollo de actividades que le generen ingresos a las personas. Si nos quedamos dependiendo únicamente de los subsidios del Estado, nos estancamos. En eso estamos trabajando, como parte de una agenda más amplia del posconflicto.
Hay que democratizar el crédito
Un estudio reciente del Planeación Nacional estima que en un escenario de posconflicto el crecimiento anual del PIB podía ser entre 1,1 y 1,9 puntos porcentuales adicionales. Lo que llevaría al crecimiento potencial del país del 4% en la actualidad, al 6% en los primeros años, lo que tendrá impacto grande en la generación de empleo y en aumento de productividad.
El reto es llevar al Estado a todos los confines, lo que implica servicios públicos, inversión social, carreteras, escuelas, puestos de salud, acciones que complementen la presencia de la fuerza pública, que ha sido la única en muchos municipios. Y esa presencia del Estado tiene que ir acompañada de una política empresarial y financiera. De ahí que la bancarización sea un elemento clave. No se puede pensar en un desarrollo económico efectivo en los campos sin una inclusión financiera con la profundidad que se requiere. No se trata solamente de tener cuentas bancarias y de ahorro, sino principalmente de tener acceso al crédito productivo.
Tenemos que hablar entonces de la democratización del crédito, y de cómo vamos a enfilar las armas productivas que se requieren para generar las condiciones de construcción de una economía viable para los campesinos y el sector empresarial del agro. El complemento del crédito tiene que ser el ahorro, y éste en el campo es muy complejo. En el Programa Familias en Acción la inscripción y apertura de una cuenta de ahorro es fácil, pero la mitad de esas cuentas abiertas por los usuarios de este programa están inactivas. Y de los 250 mil beneficiarios del Programa de Peps, solo un 25% está ahorrando.
Necesitamos ampliar la presencia del sector financiero que facilite la inclusión social a ese núcleo de población que se quiere incorporar al grueso de la economía nacional. Tenemos que pensar en cómo se va a encadenar esa enorme capacidad de los campesinos y trabajadores del campo a una economía de alto valor agregado. Cómo vamos a incentivar una clase media fuerte en los campos. Se necesita que el sector financiero abra la imaginación para ver cómo se va a llevar esa política de crédito y ahorro, que incluya el aseguramiento de las cosechas para que una mala cosecha no se lleve por delante el ahorro y todo el trabajo acumulado por años.
Me parece de la mayor importancia generar el diálogo social sectorial entre los dueños de los bancos, los ahorradores, los beneficiarios de los créditos, y desde luego los trabajadores bancarios. Uno de los objetivos de este encuentro es precisamente ese: montar una mesa de diálogo para que allí todos los actores del sector financiero puedan intercambiar ideas y generar las condiciones para diseñar y fomentar políticas para estos objetivos. Para que esta iniciativa se pueda concretar quiero ofrecer el Ministerio de Trabajo como espacio de diálogo.
Respeto y confianza, dos palabras claves
Los bancos deben dar utilidades. Pero el tema no es cuánto ganan sino cómo las obtiene, en qué creen, qué hacen. No solo los bancos, sino las empresas, tenemos un mundo más allá de lo que comúnmente hacemos o lo que se le puede exigir a un empresario, que es dar empleo y pagar impuestos.
En Bancolombia hablamos de desarrollo humano. Y por eso es hoy la empresa con mayor reputación en el país, la más deseada para trabajar. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la forma de comportarnos en la sociedad. Nos preguntamos: si somos tan poderosos, ¿por qué no cambiamos la mentalidad y empezamos a trabajar en cobranza digna? Yo sabía que cuando hablara de humanismo en la banca, no me creerían, se burlarían, sabía que era una propuesta que generaba resistencia. Pero lo logramos: el 98% de los trabajadores de Bancolombia se siente feliz en la organización, y está comprometido con la banca más humana. Y no se imaginan cómo mejoró la calidad de la cartera cuando nos aproximábamos a los clientes de una manera diferente, respetándolos, generando confianza.
Muchas veces como sociedad nos hemos equivocado y no hemos hecho lo que debimos hacer, y ahí es donde está la corresponsabilidad. Como empresarios y como banqueros podemos hacer muchas cosas. No pensemos solo en el tema del crédito y la financiación, que es importante. Ni la banca ni los empresarios nos podemos limitar a lo que estamos haciendo, porque el momento reclama soluciones extraordinarias. No podemos dar soluciones ordinarias a problemas extraordinarios.
Todos tenemos el mismo objetivo como sociedad: parar esta guerra. Eso por supuesto tiene sus costos, que hay que mirar por el lado positivo, por las posibilidades. Está en nuestras manos hacerlo, no nos podemos dejar distraer por el miedo, las amenazas y la desinformación. Los bancos podemos hacer muchísimo, tenemos que abrir las posibilidades.
Cuando en Bancolombia empezamos a vincular actores del conflicto armado me criticaron, incluso los mismos sindicatos. ¿Cómo así que el cajero va a ser un ex-paramilitar o un exguerrillero?, me decían. Pues hoy tenemos muchos, y son excelentes trabajadores, comprometidos, porque han encontrado una oportunidad y la están aprovechando.
En cuanto al desarrollo económico. ¿Cómo vamos a permitir que más ciudadanos accedan al capital financiero en condiciones de eficiencia? Aquí se tocó el tema de los préstamos que llaman gota a gota. Eso sí es criminal, eso está deteriorando a la sociedad. Cobran el 10% y hasta el 20% diario de interés. ¿Y qué hacen el gobierno, y el congreso y los bancos? El verdadero acceso al crédito se consigue en la base: contra el gota a gota, contra el paga diario. Si hay respeto y confianza somos capaces de hacerlo.
Al final todo eso es construcción de paz, una paz que es de todos. Va a haber acuerdo con las FARC, pero tenemos que buscar el mejor acuerdo posible a partir del debate y la discusión respetuosa. Por eso bienvenido este Foro.
Al sector financiero le llegó la hora de devolver
El economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, se sorprendía de que Colombia, en el marco de un conflicto armado, mantuviera una tasa de crecimiento del producto interno bruto del 5%. Y yo digo que fue un crecimiento económico que se dio de la mano de la violencia, del desplazamiento, de masacres, de un modelo de desarrollo asentado en la extracción de materias primas, en la concentración del sector agroindustrial y en la financiarización de la economía.
El sector financiero durante toda esta violencia tuvo rentabilidades billonarias. Se creó un concepto de banca central concentrado en la inflación y no en la generación de empleo; un esquema para aumentar las tasas de interés, la rentabilidad de los bancos y los fondos financieros, no para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Se hicieron reformas a la salud, no para mejorar la salud de los colombianos, sino para hacer intermediación del derecho a la salud a partir del aparato financiero.
Aquí las cesantías del sector real de la economía se trasladaron al sector financiero para que hicieran agiotaje a los empresarios industriales que necesitaban esos capitales. Así nacieron los fondos de pensiones, que llevan 20 años largos captando recursos y hoy apenas pagan pensiones a 66 mil personas. Es decir, el otro millón 200 pensionados siguen pagados por el Estado.
Cambiamos el contrato social por un contrato social de intermediación financiera. Por eso cabe preguntarnos: ¿qué va a hacer el sector financiero en el contexto del posconflicto? Cuando este sector estuvo en crisis se establecieron políticas públicas para rescatarlo, como pasó en todo Europa. Me pregunto entonces: ¿Quién rescatará a esas 500 mil familias que perdieron sus casas por el UPAC? Al sector financiero le ha llegado la hora de devolver. Es justo que los beneficios obtenidos compensen ahora la paz. Nada más en el primer semestre del año pasado los bancos se ganaron más de 7 billones de pesos.
El sistema financiero puede hacer algunas cosas. Una sería que el grado de su rentabilidad lo mantenga en un rango respetable; que disminuya la avaricia, que es uno de los pecados capitales; y que la intermediación financiera la haga sin sacrificar derechos de las cesantías y las pensiones.
Lo otro que propongo es simple: que se fije para el sector financiero un impuesto para la paz, que sea del 10% del total de sus utilidades en los próximos 20 años. Eso sería devolverle a la sociedad parte de lo que se ha ganado.
El sector financiero se queja de que no ha podido bancarizar el sector rural porque no hay formalidad en la tenencia de la tierra. Esa es mi tercera propuesta: garanticemos la formalización de la propiedad de la tierra en Colombia. Eso cuesta 2.7 billones de pesos, es decir la tercera parte de lo que el sistema financiero ganó en el primer semestre del año pasado.
Los bancos también deberán disminuir los márgenes de intermediación. Porque si disminuyen los riesgos que se daban en las inversiones por causa del conflicto y la guerra, lo lógico es que también disminuyan las tasas de interés, que haya esa reciprocidad.
Y por último propongo que los bancos faciliten una auditoría de la deuda pública nacional y trasnacional, que este año le cuesta 45 billones de pesos a Colombia. En los países donde se ha hecho auditoría de la deuda pública, como Ecuador y Argentina, se probó que el 70% de esa deuda es ilegítima, es odiosa, es ilegal y no se debe pagar.
Paremos la guerra y construyamos la paz, hay recursos para construirla.
La paz en el campo abre interesantes oportunidades
Presidente Federación de Aseguradores, Fasecolda
En un sistema económico y social como el nuestro, el empresario debe entregarle a los consumidores y otros agentes económicos bienes y servicios de buena calidad a precios adecuados, los que resultan del libre juego de la competencia, en el supuesto de que ésta sea leal y suficiente. Es indispensable la función reguladora y policiva del Estado para controlar y sancionar prácticas abusivas. Mientras libres son las economías, más rigurosa tiene que ser la regulación y la sanción.
El sector financiero cumple distintas funciones: de intermediación entre el ahorro y el crédito, mover los recursos monetarios de la gente, gestionar las pensiones y los recursos para la vejez, y gestionar los seguros, que es lo que hace el gremio que represento.
El desarrollo de la paz en el campo colombiano abre oportunidades muy interesantes para el sector financiero, y para el sector asegurador en particular. Los seguros agropecuarios contra las contingencias del clima o fenómenos naturales son vitales en cualquier parte del mundo, incluso en países en desarrollo como Argentina y México. En Colombia solo el 2% de las hectáreas cultivadas están aseguradas.
El doctor Uribe, del Polo Democrático, habló antes de las utilidades excesivas de los bancos. Sí, parecen excesivas por el número absoluto de las mismas, son billones de pesos. Pero el punto que hay que mirar es si esas utilidades se corresponden con la magnitud de los capitales invertidos. El sistema financiero requiere un apalancamiento del capital productivo sumamente grande, que hace justificable las utilidades. Siempre hay que ponderar los dos factores: las utilidades con relación al capital invertido.
En lo que sí estoy de acuerdo con el representante Uribe, es que si los riesgos disminuyen por efectos de la pacificación del país, las tasas de intermediación tendrían que bajar.
Dice también el representante Uribe que sería magnífico crear un impuesto a las utilidades del sector financiero, que a él le parecen excesivas. Es una opción política interesante, pero disminuiría la capacidad de los bancos para prestar los servicios que el país demanda. Unas por otras: si se les quita la plata a los bancos, o a cualquier otro tipo de empresas, eso tiene un costo en la actividad y en la producción de los servicios que esas entidades aportan.
El modelo económico se tendrá que revisar
En el país hay 180 cooperativas de ahorro y crédito y 5 financieras. Confiar es una de éstas, con 160 mil asociados, 100 mil ahorradores y 45 agencias en Antioquia y otros departamentos. Nuestra actividad es cooperativizar, un escenario muy distinto al del sistema financiero tradicional, que por más que haga esfuerzos de llevar una relación distinta, no logra mover de manera radical el resultado más allá de la acumulación y la importancia de sus utilidades. El PIB de Colombia creció el año pasado más del 3%, los bancos crecieron más del 9%. Quiere decir que el sistema financiero crece 3 veces el PIB.
El compromiso del cooperativismo financiero es el del crédito con solidaridad. La solidaridad hace parte del ejercicio de nuestra actividad financiera, y así hemos logrado desarrollar un modelo que tiene la gran capacidad de hacer negocios y lograr resultados extraordinarios. Por eso para nosotros es relativamente fácil apuntarle al propósito de construir la paz.
En ese orden de ideas tenemos que preguntarnos sobre qué sistema financiero queremos: uno vicioso, o uno virtuoso que ayude a transformar el país, que no sea como la esponja que termine con unas utilidades por encima de los demás sectores de la economía. Y en ese sentido habrá que definir no solo esfuerzos de activismo social, sino una concepción que haga realidad eso de que los servicios financieros estén de lado de quienes los necesitan. Asunto que no será fácil.
Necesitamos que las cooperativas tengan más presencia para poder ayudar a muchas personas que no incluye el sistema financiero tradicional. En muchos municipios donde hay cooperativas de ahorro y crédito, éstas son las empresas económicas y sociales más importantes, y eso les abre la posibilidad de ser alternativa para muchas personas que tras los procesos de negociación de paz quieran vincularse a la vida social, para construir un país distinto.
En ese orden de ideas tendremos un cooperativismo interesado en ir más allá del crédito de consumo, en ser un instrumento fundamental para alargar el bolsillo de la gente. Hoy tenemos menos pobres, pero eso no resuelve para nada el escenario de desigualdad de este país, que en América Latina sigue siendo el más desigual después de Haití. Algo hemos hecho mal, a pesar de las utilidades extraordinarias del sector financiero.
Nos preocupe que quienes dirigen los destinos del país, en cabeza del presidente y los negociadores en La Habana, insistan en que el modelo económico no está en discusión. Y el modelo se tendrá que revisar, para que el país pueda cambiar de manera profunda y radical, como estamos esperando. Porque no pude ser que, a partir de una falsa igualdad, los pobres tengamos la posibilidad de acceder a teléfonos celulares, así no tengamos minutos, pero no seamos sujetos de crédito para poder estudiar o tener un proyecto productivo.
Sabemos que es un asunto de paciencia y construcción en un escenario de responsabilidad social empresarial. En últimas, la solidaridad es un propósito que va mucho más allá de la limosna. La solidaridad no es otra cosa que uno se sienta feliz, si son felices los otros. Como decía el poeta César Vallejo: “Y cuándo será que nos veremos con los demás en una mañana bella y hermosa como esta, desayunados todos”.
Agenda laboral y sindical para la paz
La paz no surgirá exclusivamente de la firma de los acuerdos para la terminación del conflicto armado. El reto principal será que aprendamos como sociedad a tramitar, resolver y transformar los conflictos de manera pacífica y fructífera, porque con el acuerdo de paz no van a terminar los conflictos en nuestra sociedad. En las sociedades que hacen transiciones de dictaduras a democracias, lo que casi siempre ocurre en principio es una agudización y ampliación de los conflictos.
Las relaciones laborales, como todas las relaciones humanas, son esencialmente conflictivas, porque en ellas se presenta un gran desequilibrio de poder, del que surgen las tensiones. Las democracias modernas han definido un modelo para abordar los conflictos laborales, con tres elementos. El primero son los derechos que protegen la dignidad a los trabajadores, el segundo es la presencia de sindicatos que le dan voz a los trabajadores, y lo tercero el diálogo social y negociación colectiva, que permite tramitar los conflictos y construir acuerdos para solucionarlos. Ese modelo no lo tenemos en Colombia.
Pero no solamente es un tema de relaciones laborales, también es un tema de justicia social, tal como lo establece la OIT en el preámbulo de su constitución, que dice que “la paz universal y permanente sólo puede hacerse en la justicia social”.
Para establecer una agenda laboral para la paz hay que revisar, en primer lugar, los temas que de los acuerdos de La Habana tienen impacto en las relaciones laborales. Y en segundo lugar los temas que será necesario abordar para que se mejore sustancialmente el abordaje de los conflictos laborales.
Los temas derivados de los acuerdos de La Habana son:
- Trabajo decente en zonas rurales. Creación y mejoramiento de su calidad.
- Garantías para la existencia y funcionamiento del movimiento social de los trabajadores. Despenalización de la protesta social.
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Participación de los sindicatos en la elaboración de la historia de la violencia antisindical.
- Tribunal Especial de Paz. Participación de las victimas pertenecientes al sindicalismo, buscando superar la impunidad
- Fortalecimiento de la institucionalidad laboral en los 300 municipios priorizados para la implementación de los acuerdos: jueces, laborales, inspectores de trabajo, organizaciones sindicales de trabajadores y empresarios.
Los temas derivados de la mejoría en el abordaje de los conflictos laborales, son:
- Fortalecimiento y ampliación de la inspección del trabajo, en particular en zonas rurales. Convenio 129 de OIT.
- Política pública de formalización laboral.
- Fortalecimiento de la conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral.
- Creación de defensoría laboral. Judicatura laboral.
- Creación de un mecanismo judicial expedito para protección contra actos de discriminación antisindical, tal como lo ordenan los convenios 87 y 98 de la OIT
- Cambiar, concertadamente, las reglas de representación sindical, de tal forma, que se estimule la afiliación y la consolidación de grandes sindicatos, y no la creación de estructuras sindicales, respetando la autonomía y el pluralismo sindical
- Actualizar las reglas de negociación colectiva, que permitan la negociación multinivel (tal como ocurre en el sector público), y con ello una ampliación de la cobertura de la negociación colectiva.
- Cumplir las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en el sentido de prohibir pactos colectivos cuando en la empresa exista organización sindical.
- Contener el fenómeno de “los falsos sindicatos” y la prohibir el uso del contrato sindical para actividades misionales y permanentes, así como establecer todos los derechos laborales y de seguridad social en estos contratos. Quizá lo más sano sería sacar del derecho laboral colectivo la figura del contrato sindical.
- Mejorar la regulación del derecho a la huelga como lo recomienda el Comité de Libertad Sindical de OIT, y algunas sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
- Mejorar las reglas para la constitución y trámite Tribunales de Arbitramento, de tal forma que se generen soluciones prontas, satisfactorias y estables.
- Democratización en las empresas. Establecer mecanismos de representación, información, consulta y diálogo de los trabajadores en las empresas.
- Promoción pública de la libertad sindical.
- Fondo para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.