Denuncias de Sindesena mueven a la Procuraduría a actuar contra la corrupción en el SENA (Informe especial)

Para nadie es un secreto que de tiempo atrás el Sena ha estado atravesado por todas las formas del clientelismo y la politiquería, bajo tutela de grupos políticos y caciques regionales. De ahí que la corrupción ronde su administración y la jugosa contratación que se da en esta entidad, y que se desborda en épocas preelectorales, como la actual.

Es un cáncer institucional que lleva muchos años, y que el Sindicato de Empleados del Sena, Sindesena, lleva los mismos años denunciando ante la Procuraduría General y los entes de control. Como también ha reclamado correctivos ante la Dirección de la entidad. Sin mayores efectos, porque casi todas sus denuncias han caído en el sueño de los anaqueles de los despachos.

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Pero parece que esta vez las denuncias del sindicato, a raíz de hechos irregulares descubiertos en la contratación, sí pueden tener desarrollo en la Procuraduría General de la Nación, entidad que con base en dichas denuncias abrió 17 investigaciones disciplinarias en 10 departamentos contra varios directivos del Sena, entre ellos su director general, José Antonio Lizarazo. También suspendió temporalmente a dos funcionarios y ordenó revisar todos los contratos recientes, unos 23 mil, con el objeto de verificar en qué condiciones se hicieron. Asimismo, compulsó copias para que se investigue la actuación de 2 senadores y 4 representantes a la cámara, éstos por los departamentos de Antioquia, Putumayo, Nariño y Caldas.

Según Aleida Murillo, presidenta de Sindesena, el asunto empezó a principios de este año, cuando el noticiero de La W radio publicó una denuncia del sindicato sobre la corrupción en el Sena, soportada con pruebas de audios y textos. Por esta vía la denuncia llegó a la Procuraduría, que desde entonces ha venido recibiendo la información y las pruebas suministradas por el sindicato.

Jugados contra la corrupción

Aleida Murillo lleva 25 años como empleada del Sena, los mismos años como sindicalista. Asegura que nunca, como hoy, había visto a la institución en peor momento. La ve a la deriva y atascada en un pantano de corrupción, según sus palabras.

En respuesta a esta situación, Sindesena ha decidido jugarse a fondo contra la corrupción en la entidad. Con la orientación del sindicato, los funcionarios vienen haciendo la tarea de recaudar información para entregarla a la Procuraduría, que está revisando toda la contratación. Esto como producto de que los trabajadores e instructores contratistas se han atrevido a denunciar los acoso y atropellos que sufren por cuenta del clientelismo.

“Hay incluso funcionarios de carrera administrativa nombrados por clientelismo. Deben garantizar respaldo político para conservar su puesto, y eso implica someterse y ser más flexible en la contratación”, afirma la presidenta de Sindesena.

 “Nuestra tarea es acompañar a los entes de control, darles información. La gente ha tenido la precaución de grabar audios y videos, y conservan las conversaciones de WhatsApp. Son pruebas que estamos aportando. Las denuncias las recibimos juramentadas para que tengan efecto”, puntualizó.

Por estas denuncias en varias regiones se han recibido amenazas, advirtió: “En Putumayo existen contratistas que han sido denunciados por ser afines a congresistas con nexos con paramilitares, y eso nos asusta, genera problemas de seguridad. Yo lo hemos denunciado ante la Unidad Nacional de Protección”.

El pantano del clientelismo

En opinión de la presidenta de Sindesena, un punto álgido en el esquema del clientelismo político que prima en la entidad fue la gestión de Alfonso Prada, quien fuera su director antes de asumir como Secretario General de la Presidencia de la República.

En el periodo de Prada como director el clientelismo se desbordó, asegura. Se rodeó de burocracia innecesaria, de asesores que ganan hasta $6 millones, cuando el empleado de nómina que más gana en el Sena devenga un poco más de $4 millones. Asimismo, incurrió en irregularidades en la contratación de obras físicas.

“Hay una cantidad de obras que se han pagado a unas sumas grandísimas. Eso lo denunció el sindicato y también lo hizo la anterior directora, María Andrea Nieto, denuncias que le costaron su puesto. No se quiso dejar imponer la agenda que Prada le dictaba desde palacio”, señaló Aleida Murillo.

En reemplazo de Nieto asumió la dirección José Antonio Lizarazo, quien además continuó con la dirección regional de Norte de Santander, de donde procede. El año pasado este funcionario fue blanco de una denuncia por promover la recolección de firmas para la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras.

El sindicato acusa a Lizarazo de modificar el esquema de contratación que se acordó con la anterior directora en el marco de un plan de formalización laboral que aprobó el Sena. Y con ello le abrió el apetito a los políticos, quenes en las regiones empezaron a presionar y acosar a los contratistas en busca de apoyos para determinadas candidaturas, a cambio de conservar sus cargos.

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“Hubo centros en los que sacaron el 90% de las personas para meter otras, y le disminuyeron el salario a la gente para poder ampliar el número de contratistas. Les pedían plata o votos. Unos aceptaron para cuidar su puesto, pero otros se atrevieron a denunciar”, anotó la dirigente sindical, quien confía en que la Procuraduría llegue esta vez hasta las últimas consecuencias y sancione a los responsables de la corrupción en el Sena. “Urge una intervención para que este funcione y recupere su gobernabilidad”, indicó.

“Hoy el Sena está a la deriva, no hay quien la dirija. Pero es muy difícil que enderece el rumbo cuando al frente de la institución está el politiquero mayor”, dijo, y agregó que el sindicato tiene la plena disposición de seguir con las denuncias, porque el Sena es una entidad que necesita el país, que le ha prestado 60 años de servicios a millones de personas.

 “Llevamos años luchando para que el presupuesto del Sena no se reduzca, para que se respetan las fuentes de financiación, hasta con la fuerza pública nos hemos enfrentado para defenderlas, para que luego lleguen los politiqueros a apropiarse del presupuesto”, comentó.

Casos puntuales

Uno de los 17 procesos disciplinarios que abrió la Procuraduría, que corrobora la existencia de nóminas paralelas creadas con fines electorales, es el audio de una reunión que Braulio Suárez, subdirector del complejo tecnológico para la gestión empresarial de Caucasia, regional Antioquia, sostuvo con sus funcionarios. Les advierte que, si no votan por Julián Bedoya, candidato al Senado del Partido Liberal y actual representante a la cámara, pueden quedarse sin trabajo.

“Recuerden nuestro aporte mínimo de 30 votos para Julián Bedoya al Senado y Juan Diego Echavarría a la Cámara«, se escucha en el audio la voz de Braulio Suárez, quien en otro aparte reconoce que debe su cargo al representante Julián Bedoya. También se escuchan a algunos de los asistentes comprometer su apoyo, tras escuchar la advertencia de que de no hacerlo les podía costar el puesto. Incluso al final le pide manejar con sigilo y discreción la información para que no se les vuelva un problema.

También como prueba de la manipulación política en la regional del Sena en Caucasia existen pantallazos de WhatsApp, emitidos del celular de Braulio Suárez, citando a sus amigos en la entidad a una cena de apoyo a la candidatura de Julián Bedoya.

Por su parte Nicolás Zapata, presidente de Sindesena en Antioquia, dijo que entre el año pasado y este, Braulio Suárez ha despedido más de cien contratistas y ha entrado a cien nuevos. “Los echan porque no los respaldan políticamente. Por eso esperamos que los órganos de control analicen esos contratos persona por persona y perfil por perfil y detecte las irregularidades”, agregó.

Otra seccional que investiga la Procuraduría es la de Caldas, donde, según Augusto García, presidente de Sindesena en este departamento, se conformó un «roscograma», que implica a la candidata Islén Pineda Zuluaga, fórmula para la cámara del representante Hernán Penagos, actual candidato al senado.

Según el sindicato, una de las contratistas de la entidad es hija de la candidata Pineda, con un contrato que fue firmado el 28 de diciembre pasado para el cargo de instructora del centro de comercio y servicios. Otro familiar de Pineda tiene un contrato por $48 millones por servicios como abogado. Precisamente por este hecho la Procuraduría suspendió al subdirector del centro de comercio y servicios del Sena en Caldas.

Otro caso que menciona el sindicato es el de Henry Luna, director del sistema nacional de formación, quien tiene el respaldo del senador Manuel Enríquez Rosero, de Nariño. La dirección de esa dependencia se llenó de gente de este departamento.