Por iniciativa del movimiento sindical y de la OIT cada 7 de octubre se celebran las Jornadas Mundiales por el Trabajo Decente, fecha en la que el mundo laboral y sindical se detiene para analizar y reflexionar sobre el trabajo, su calidad, la protección social y los retos para garantizar que el trabajo sea fuente de calidad de vida para las y los trabajadores. Desde hace 11 años la Escuela Nacional Sindical publica un informe sobre el estado del Trabajo Decente en Colombia, como una contribución a esta discusión y a la promoción de los derechos de las y los trabajadores.
Este informe se presenta a partir de los 4 pilares estratégicos propuestos por la OIT, esto es: a) la generación de empleo, b) los derechos fundamentales en el trabajo, c) la protección social o seguridad social y d) el diálogo social. Asuntos en los que, como lo muestra el informe, falta mucho camino por recorrer; se necesita un gran esfuerzo tripartito para lograr la generación de empleos de calidad, estables y productivos, bajar los índices de precariedad e informalidad laboral y controlar las condiciones de vulnerabilidad, especialmente en la ruralidad, así como el cese de la persecución contra las y los trabajadores que se sindicalizan para tratar de mejorar sus condiciones laborales. Este informe hace especial énfasis en el enfoque de derecho de la protección social a la vejez.
El Gobierno del Presidente Duque tiene la obligación constitucional y legal mediante el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, de establecer y ejecutar políticas públicas y acciones dirigidas al cumplimiento efectivo de las normas y compromisos internacionales que conlleven al Trabajo Decente y digno para las y los trabajadores de todo el país, incluyendo a los migrantes.
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Generación de empleo e ingresos
En 2017 el crecimiento de la ocupación fue solo de 1% con respecto a 2016, y se tradujo en 226.400 nuevos puestos de trabajo, jalonados principalmente por la agricultura, ganadería caza, silvicultura y pesca, sector caracterizado por alto informalidad y precariedad laboral; también por la industria manufacturera y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que reportaron variaciones de 4,5%, 3,4% y 4,9% respectivamente.
Pero el empleo que se ha creado en Colombia es vulnerable, o sea un empleo con alta probabilidad de precariedad, ya que no goza de estabilidad y seguridad, ingresos regulares, acceso a protección social y posibilidad de diálogo social. Este tipo de empleo se dobló en Colombia en los últimos 25 años. En 1992 había 5.4 millones de ocupados en condición de vulnerabilidad, en 2017 fueron 11.3 millones. O sea que 1 de cada 2 ocupados se encuentra en tal condición, o sea sin trabajo decente.
Según la OIT, tienen empleo vulnerable quienes trabajan por cuenta propia y los trabajadores familiares auxiliares. Y de acuerdo con el DANE, los trabajadores por cuenta propia vienen creciendo. Hoy son 9´644.000, o sea un poco menos de la mitad de los ocupados (43,1%).
Pero la informalidad laboral es todavía mayor, considerada esta como las personas que carecen de cobertura a seguridad social básica: salud, pensión y riegos laborales, sin la posibilidad de construir un proyecto de vida a largo plazo. Los informales son 14´750.000 en Colombia, o sea el 65,9% del total de las 22´383.000 personas que trabajan. Se destaca que en el primer semestre de 2018 la informalidad tuvo un leve descenso, pasó a 65,2%.
En las cabeceras de los municipios el empleo informal representó el 60% del total, pero en la zona rural es más mucho más dramático: el 87,3%.
En cuanto a los ingresos laborales, en Colombia el 80% de los ingresos de los hogares dependen de los ingresos del trabajo, bien sean salarios o ingresos por actividades independientes. Pero el 70% de los ocupados ganan menos de 1,5 salarios mínimos, inferior incluso al valor de la canasta básica familiar, por lo que la capacidad de consumo de los hogares es muy reducida.
Esto se refleja en el alto porcentaje de jefes de hogar que perciben como insuficientes sus ingresos para cubrir los gastos mínimos del hogar: el 34,7% en 2017; percepción que se incrementa en la zona rural, donde el 53,1% de los jefes de hogar considera insuficientes sus ingresos.
Los datos anteriores guardan relación con la distribución de la riqueza en el país: en 2016 sólo el 33,5% del total de ingresos de la economía, se destinaron a la remuneración de los asalariados.
Acabar con la desigualdad de género en el trabajo
Colombia ha ratificado cuatro convenios de la OIT que competen directamente a la protección de los derechos laborales de las mujeres[1]. Además cuenta con normas internas, como, entre otras, la Ley 1496 de 2011, que garantiza igualdad salarial y retribución laboral entre mujeres y hombres; la Ley 1788 de 2016, que garantiza la prima de servicios para los y las trabajadoras domésticas; y la Ley 1413 de 2010, sobre la inclusión en las cuentas nacionales de la economía del cuidado.
Pese a que en el país hay un millón más de mujeres que de hombres, ellas representan 4 millones menos de población económicamente activa con respecto a los hombres. Además, la tasa de desempleo sigue siendo más alta para las mujeres (12,3%) que para los hombres (7,2%).
Esto se explica por la dificultad de ellas para acceder y permanecer en el mercado laboral, por lo cual muchas deciden dejar de buscar empleo, lo que aumenta la tasa de población inactiva. La inactividad en las mujeres es del 45,5%, y la de los hombres es del 25,5%.
En 2017 la diferencia de ingresos salariales entre hombres y mujeres fue de 17,6 puntos, es decir, las mujeres ganaron el 82,4% del salario de los hombres. El promedio del salario de los hombres fue de $1´096.560 y el de las mujeres $904.039. Esto a pesar de que las mujeres tienen mayor formación. En 2017 registraron un promedio de 9,7 años de formación, y los hombres 8,6 años.
La participación de la mujer en actividades asignadas a roles masculinos aún es muy baja, porque persiste la visión de la función de cuidado asignado a ellas, en actividades económicas culturalmente feminizadas como los servicios comunales y sociales (30,6%), y el comercio, hoteles y restaurantes (33,9%).
Según los cálculos de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, en 2017 las mujeres aportaron el 78,4% del total de horas anuales dedicadas a del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres aportaron el restante 21,6%. El valor económico del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado fue 185.722 miles de millones de pesos.
En cuanto a la seguridad social, en 2017 el 61% de las mujeres ocupadas no contribuían a pensión, y el 58,2% no cotizaba a salud. En general, solo un 34,2% contribuía a salud, pensión y riesgos laborales, y solo el 31,3% tenía caja de compensación familiar. En la zona rural el indicador es aún más preocupante: el 84,7% de las mujeres ocupadas no cotizan a pensión.
Por otro lado, está la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, que afecta más a las mujeres, y todavía más a las jóvenes, lo cual les limita el acceso al mercado de trabajo y su permanencia en él, o no los permite progresar en su carrera profesional.
Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 2014 se recibieron 1.069 querellas de acoso laboral, mientras que en julio de 2015 la cifra disminuye a 735, como consecuencia de la poca y efectiva respuesta institucional frente a las víctimas. Las trabajadoras del servicio doméstico, por estar sola y en entornos aislados, están especialmente expuestas a sufrir violencia y acoso en el trabajo.
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Los jóvenes siguen en la encrucijada
La oferta de más y mejores puestos de trabajo para los jóvenes es un desafío que el país no ha podido resolver, y es uno de los factores que más dificultan su inclusión en la sociedad.
El sistema educativo y el mundo laboral son los canales principales de inclusión social, pero en 2017 el 20,8% de los jóvenes colombianos entre 14 y 28 años conformaban los llamados “Ninis”, es decir, no estaban empleados, no estudiaban ni buscaban trabajo, lo cual los expone a ser estigmatizados o relacionados con la mendicidad o la violencia.
Desagregado el fenómeno por nivel educativo, se encontró que los jóvenes “Ninis” con educación básica primaria fueron 37,1%; con básica secundaria el 15,7%; con educación media el 29,4%, y con educación superior o universitaria el 11%.
La tasa de desempleo de los jóvenes llegó a 16,1% en 2017, la cual triplica la de los adultos (5,9%) y casi dobla la tasa nacional de desempleo (9,4%). En este año hubo 1´144.000 jóvenes desocupados, el 49,4% del total del país.
Y cuando consiguen empleo, estos generalmente son de baja calidad. 6 de cada 10 jóvenes se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal en condiciones precarias, con bajos salarios y sin protección ni derechos. La tasa de informalidad para los jóvenes entre 18-28 años es del 61,4%.
Entre los jóvenes, las tasas de participación en el mercado laboral son siempre más altas para los hombres que para las mujeres: 65,8% y 57,8% respectivamente; lo mismo que las tasas de ocupación: 50,5% y 39,8% respectivamente. Son cifras que reflejan los mayores obstáculos que las mujeres jóvenes tienen para acceder al mercado laboral, así como la presencia de una mayor proporción de mujeres que se dedican a las tareas domésticas y de cuidado de la familia, que no se miden en términos de empleo remunerado.
La situación se agudiza cuando el fenómeno se desagrega por sexo y por zonas del país. En las zonas urbanas la tasa de desempleo de los hombres jóvenes fue de 14,5%, y la de las mujeres 21,8%. En la zona rural la brecha es mucho mayor: el desempleo juvenil femenino triplica al masculino (18,1% frente a 5,3%).
Por número de meses que los jóvenes duran buscando empleo, se encontró que el 13,9% de los hombres y el 11% de las mujeres duran de 6 meses a menos de un año. Sin embargo, la diferencia se amplía en el rango de más de un año buscando empleo: 12,9% en el caso de los hombres y 17,6% en las mujeres.
En cuanto a los obstáculos que los jóvenes encuentran en su búsqueda de empleo, el 40,8% manifestó el no tener suficiente experiencia laboral; 16,8% indicó que los requisitos del trabajo son mayores que la educación/formación recibida; y el 14,3% dijo que no hay suficientes puestos de trabajo disponibles.
La realidad del trabajo de niños, niñas y adolescentes
Según OIT, en el mundo hay 152 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 5 y 17 años víctimas de trabajo infantil, 73 millones en situación de trabajo peligroso. En las Américas la cifra llega a 10´735.000 NNA que trabajan, el 61% de ellos en trabajos peligrosos.
En Colombia en 2017 la tasa de trabajo infantil fue 7,3% (796.000 NNA), con una pequeña disminución con respecto a 2016, cuando era 7,8%. De cada 100 NNA que trabajaban, 56 lo hicieron sin remuneración o ganancia. Pero si se suman aquellos NNA que realizan oficios del hogar por 15 horas o más, la tasa de trabajo infantil ampliada asciende a 11,4% (1´250.000 NNA).
El trabajo infantil predomina en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, sector que absorbe el 44,4% del total del trabajo infantil (353.000 NNA). En la agricultura se concentra en el cuidado de animales y la agricultura comercial y de subsistencia, se realiza en el seno de la unidad familiar y por tanto no es remunerado. El 30,1% del trabajo infantil corresponde al sector comercio, hoteles y restaurantes, y el 11,0% a la industria manufacturera.
En cuanto a las razones por las cuales trabajan los NNA, el 44,8% lo hace porque deben participar en la actividad económica de la familia, y el 9,2% porque debe ayudar con los gastos de la casa.
Situación de las y los trabajadores rurales
Según el DANE, en la zona rural hay 4´910.000 personas ocupadas (el 21,9% del empleo en el país), apenas el 12,4% de ellas con un contrato de trabajo escrito. La mayoría de los ocupados son hombres (68,9%), mientras las mujeres son (31,1%).
El trabajo por cuenta propia representa el 52,5% del empleo rural, mientras que los trabajadores asalariados, que son “los únicos protegidos por la normatividad laboral”, solo representan el 33,4%. Los trabajadores familiares sin remuneración y los jornaleros participan con el 20,5% en el empleo total en la zona rural.
El 61,8% de los ocupados se concentra en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 12,7% en comercio, hoteles y restaurantes, y el 8,2% en los servicios comunales, sociales y personales.
En cuanto a la seguridad social, el panorama en la práctica es de exclusión. Mientras en las cabeceras el 46,8% de los ocupados contribuye al régimen contributivo de salud, en la zona rural sólo contribuye el 15,5%. Situación similar se presenta en la afiliación al sistema pensional: el 43,2% de los ocupados de las cabeceras está afiliado, frente a 14,1% de la zona rural. La afiliación a cajas de compensación familiar sigue la misma línea: 35,7% de los ocupados en las cabeceras y el 10,8% de los ocupados en la ruralidad.
Seguimos mal en protección social: baja cobertura pensional
Colombia no sólo no ha adoptado el convenio 102 de OIT, ni ha cumplido las normas internas que procuran la garantía del derecho a la protección social, sino que a ese respecto mantiene una política fallida, excluyente, inequitativa y demagógica, que se evidencia en los siguientes indicadores:
Baja Protección social de la vejez:
En Colombia en 2017 apenas el 38,6% de los trabajadores cotizaba activamente al sistema pensional, quienes podrían tener una expectativa cierta de pensionarse. Por su parte, solo el 22% de los trabajadores cuenta propia o independientes figuran como afiliados, aunque los datos de la SuperFinanciera no dan cuenta de cuántos son cotizantes activos, por lo que no se conoce su grado de fidelidad al sistema.
De cada 100 adultos mayores (60/64 años o más), apenas 34 están pensionados, los demás, si no cuentan con una renta para vivir, tienen que sobrevivir de la solidaridad de la familia, del programa Colombia Mayor o en la indigencia. Esta situación de exclusión se da porque el sistema está diseñado para que solo se pensionen trabajadores del sector formal de la economía, con alta estabilidad laboral, altos niveles educativos y que trabajan en zonas urbanas. Los demás no tienen expectativas ciertas ni posibilidades de alcanzar el derecho a la pensión.
De los 2´285.485 pensionados del país, el 57% están a cargo de Colpensiones, mientras que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) asumen sólo el 6,6%, es decir, 150.000 personas. Sin embargo, en la afiliación a pensiones de la población activa la proporción es muy diferente: el 26,9% hace parte de Colpensiones (2,1 millones de afiliados cotizantes) y el 73,1% a las AFP (5,7 millones de cotizantes).
Con base en los datos anteriores, el reto es diseñar una reforma pensional cuyo principal resultado sea asegurar a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica, de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo vital de ciudadanía, que podría ser equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable, ingreso que podría incrementarse mediante cotizaciones, o con un sistema de ahorros individuales como los BEPS.
Protección en salud:
Es la más amplia cobertura: de cada 100 trabajadores, el 93 tienen aseguramiento en salud. Sin embargo, sólo el 48,7% está afiliado como cotizante al régimen contributivo (10´896.000 personas), mientras que al régimen subsidiado lo está el 41,6%, lo que no sólo evidencia el predominio del trabajo informal y precario en nuestra economía, sino también los bajos ingresos de la mayoría de los trabajadores por cuenta propia, que no les permiten aportar al sistema contributivo, lo que obliga al Estado a invertir recursos del presupuesto para financiar el derecho a la salud.
Protección en riesgos laborales:
Es muy alta la tasa de trabajadores excluidos de la protección en riesgos laborales: en 2017 fue del 54,3%, equivalente a 12´145.184 trabajadores. Advirtiendo que en el sistema se presenta un enorme subregistro.
Lo otro es que para quienes sí están afiliados a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) la protección y seguridad deja mucho que desear. Oficialmente en 2017 se registraron 568 muertes (2 diarias en promedio), 660.110 accidentes de trabajo no letales (1.834 diarios), y las ARL apenas reconocieron 9.692 casos de enfermedad laboral (27 diarios).
Del total de asalariados, el 88,3% está afiliado a riesgos laborales, en tanto que solo el 6,7% de los trabajadores por cuenta propia está afiliado al sistema. Los trabajadores más desprotegidos son los del sector agropecuario: de los 3´730.000 que en 2017 laboraban en el campo, apenas 393.175 estaban afiliados al sistema de riesgos laborales (10,5%).
Protección de los cesantes y desempleados:
En Colombia los desempleados no cuentan con ningún ingreso que les asegure el mínimo vital mientras encuentran un primer empleo. Mientras que la única protección que tienen los cesantes, son sus cesantías, cuyo monto depende del tiempo trabajado. Pero sólo el 40,5% de la población ocupada está afiliada a los fondos de cesantías. Y en el caso de los trabajadores independientes o cuenta propia la situación es más crítica: apenas 780 mil, el 8,1%, aporta a un fondo de cesantías, lo que indica la precariedad laboral y social de esta población trabajadora.
Diálogo social y libertades sindicales
El diálogo social lo garantiza el derecho de asociación sindical, negociación colectiva y la huelga. Es decir, el diálogo social es posible si los trabajadores se pueden sindicalizar, si los empresarios no usan formas ilegales de tercerización o persiguen a quienes se sindicalizan, y si el Estado protege los derechos de los trabajadores. Veamos entonces cómo evoluciona el diálogo social y las libertades sindicales en Colombia:
Sindicalización:
Solo 5 de cada 100 personas que trabajan están sindicalizadas, lo que representa una tasa de 4,6%, que es de las más bajas del mundo. Para aumentar la sindicalización es necesario reducir la tercerización laboral, la estigmatización y la persecución antisindical de empresas y empleadores tanto del sector público como privado. De acuerdo a los sistemas de información de la ENS, la sindicalización pasó de 833.858 sindicalizados en 2010, a 1´028.764 en 2017, lo que representa un incremento de 194.900 sindicalizados nuevos en siete años. El 52,0% de los sindicalizados hace parte del sector privado y el 48,0% del público, pero la tasa de sindicalización en el primero es de sólo 2,4%, mientras que en el segundo es 42,0%.
Infortunadamente algunas prácticas sindicales, prácticas empresariales antisindicales y la inestabilidad e inseguridad laboral provocan fragmentación del movimiento sindical que no contribuye al fortalecimiento del sindicalismo como actor socio-político del mundo del trabajo. El 80% de las 5.523 organizaciones sindicales del país tiene menos de 100 afiliados, y eso disminuye el poder de la negociación colectiva.
Negociación colectiva:
Ha disminuido. En 2015 se firmaron 500 convenciones colectivas, en 2016 solo 387. Pero las herramientas antisindicales que fingen ser negociación colectiva, como los pactos y los contratos sindicales, aumentan sensiblemente: los pactos colectivos pasaron de 216 a 261, y los contratos sindicales se dispararon, pasaron de 964 a 1.975 entre 2013 y 2015, en su mayoría en el sector de la salud.
Violencia antisindical: persisten los asesinatos
Las agresiones contra activistas y dirigentes sindicales siguen siendo el mayor obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical, de la paz y la convivencia, pues se suman los hechos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Cifras de INDEPAZ indican que en lo que va de 2018 han sido asesinados 123 líderes sociales.
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la ENS – Sinderh- desde el 01 de enero de 1973 hasta el 07 de septiembre de 2018 se han documentado 3.167 casos de homicidio. En 2017 se presentaron 215 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en el país, de los cuales ocurrieron 22 homicidios, 137 amenazas, 26 hostigamientos, 17 atentados contra la vida, entre otras. Del total de violaciones 28 fueron cometidas contra mujeres sindicalistas.
Los departamentos que más registraron violencia contra sindicalistas y sindicatos, fueron: Valle, Cauca, Santander, Atlántico, Bolívar y Antioquia. A lo que se suma la criminalización de la acción sindical: el tratamiento de orden público, judicial y punitivo.
Desde 2017 se ha reactivado la violencia antisindical en el sector rural, donde se presentaron 76 casos en la agricultura, más de la tercera parte del total, y 57 casos en el sector de explotación de minas y canteras en ese año.
A pesar de los compromisos internacionales de Colombia, la impunidad judicial sigue invariable. Aún existe una enorme deuda en materia de verdad y justicia con las víctimas individuales y colectivas de la violencia antisindical en Colombia. La tasa de impunidad de los crímenes contra sindicalistas supera el 90%.
Derechos a la Movilización:
Pese a la persistencia de limitantes para el ejercicio de la protesta social, los sujetos del mundo del trabajo mantienen su participación a través de la acción colectiva sean huelgas, paros o movilizaciones. Desde el 2009 las movilizaciones laborales han venido creciendo. El 2017, es el año con mayor número de movilizaciones desde 1991, con 386 acciones de protesta, 309 de ellas fueron jornadas o manifestaciones (mitin o plantón, marchas, etc.); 52 cese de actividades (paro o huelga), y 23 otras acciones de protesta.
Si bien el derecho a la huelga está regulado, su ejercicio se ve limitado por normas restrictivas, tales como: a) exigencia de mayorías para poder acceder a este derecho; b) declaratoria de servicios públicos esenciales que, de acuerdo con los parámetros OIT, no deberían tener esta connotación; c) estricta exigencia de la aplicación del procedimiento y declaratoria de huelga como presupone el Código Sustantivo del Trabajo, aun cuando hay causas reales que lo impiden. Además, hay ausencia de regulación para que se puedan desarrollar huelgas de solidaridad, seccionales, locales o parciales y para Federaciones y Confederaciones, así como también, fallos judiciales que no reconocen la huelga como principal mecanismo de presión en el derecho de la libertad sindical, desconociendo los pronunciamientos de la OIT sobre la materia.
Este informe de trabajo decente, alerta sobre el uso mediático y la influencia de las grandes empresas sobre los medios de comunicación y sus campañas de estigmatización que criminalizan el derecho a la huelga, como se vio durante la huelga de los pilotos de Avianca.
Garantías para el diálogo social:
En el país el diálogo social tiene un carácter residual, prueba de ello son los pobres resultados de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la cual sólo hubo 6 acuerdos en las 18 negociaciones del incremento del salario mínimo; la poca eficacia para lograr acuerdos en materia de políticas laborales y de proyectos de ley; el precario funcionamiento de las Subcomisiones Departamentales de Concertación, con pocas excepciones y la imposición de políticas laborales sin consulta ni discusión previa en esta Comisión y en lo relativo al cumplimiento de las recomendaciones de la OIT.
Hacia una Política Pública por el trabajo decente y la protección social a la vejez basada en el cuidado y la solidaridad:
La Escuela Nacional Sindical reivindica el trabajo decente y digno asociado a la garantía de los derechos laborales y sindicales. En virtud de ello identifica como desafíos de la política pública, en el marco del próximo Plan Nacional de Desarrollo en materia laboral, las obligaciones constitucionales del Estado y del gobierno colombiano, en especial el cumplimiento de los compromisos laborales nacionales e internacionales, principalmente los siguientes:
- Cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control de OIT (Comité de Expertos, Comisión de Normas y Comité de Libertad sindical);
- Aplicación integral del Plan de Acción Laboral –PAL (Obama – Santos) del 7 de abril del 2011;
- La Resolución 2628, “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” del Parlamento Europeo; del 13 de junio de 2012;
- Las conclusiones de la Misión de Alto Nivel de la OIT de febrero de 2011;
- Las recomendaciones del Comité de Relaciones de Empleo y Políticas Sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);
- El Acuerdo de Cooperación Laboral entre Colombia y Canadá, como parte del TLC suscrito con Canadá (agosto de 2011);
- El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente el número 8 sobre crecimiento económico y trabajo decente;
- Los compromisos derivados del Acuerdo de Paz en materia laboral;
- Los compromisos adquiridos con las centrales sindicales, Fecode y las federaciones de empleados del sector público.
- La adopción de la política pública de trabajo decente a nivel nacional y territorial que incluya el compromiso por la formalización laboral; el control de la tercerización ilegal y el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo. Así mismo, que incorpore la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso en todas sus formas; la superación de la discriminación laboral por razones de género, etnia u origen; la garantía y respeto de la libertad sindical en todos los sectores de la economía, incluyendo las zonas rurales; y la protección a los y las trabajadoras de la economía del cuidado; del servicio doméstico y las madres comunitarias.
Cinco son los temas fundamentales en los que coinciden los compromisos internacionales en materia laboral: 1) el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado (Ministerio del Trabajo y Fiscalía General de la Nación) con énfasis especial en el fortalecimiento de la inspección laboral (se recomienda la creación de la Superintendencia de Inspección Laboral); 2) la disminución de la informalidad e ilegalidad laboral (promoviendo la efectiva formalización laboral en las empresas y en el Estado); 3) la protección y garantías a la libertad sindical, incluyendo los derechos a la asociación y afiliación a sindicatos, la negociación colectiva y el derecho a huelga; 4) la superación de la violencia antisindical y control de la impunidad y 5) la ampliación y fortalecimiento del diálogo social eficaz.
Adicionalmente, el Estado y el gobierno deben diseñar y adoptar una política especial y transitoria para la atención humanitaria, la regularización y protección de los derechos laborales de la población migrante a fin de evitar la precarización de las condiciones laborales de los nacionales y los propios migrantes.
Pacto por el Trabajo Decente
Para la celebración del Día Nacional por el Trabajo Decente el Gobierno del presidente Iván Duque, a través de su Ministra de Trabajo, Alicia Arango, propone un “Pacto por el Trabajo Decente” que incluya los cuatro pilares fundamentales que lo definen y que busca “garantizar los derechos de los trabajadores y la construcción de una Colombia en equidad”.
Sin embargo, más allá de un mero anuncio simulado de acuerdo tripartito, se requiere un verdadero Pacto que se materialice en el cumplimiento de la ley laboral y de las obligaciones del Estado y del gobierno en todas las materias inherentes al derecho al trabajo decente y digno; a los derechos fundamentales de las y los trabajadores; de la protección social universal a la vejez, incluyendo el enfoque del cuidado a las personas mayores; la cobertura y garantía de la salud en el trabajo y de la práctica del diálogo social eficaz expresado en la negociación colectiva.
Este “Pacto por el Trabajo Decente” debería incorporar obligaciones para las empresas y las entidades públicas mediante acciones, proyectos y propuestas de políticas laborales progresivas que den cumplimento a las normas y compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado colombiano.
Así mismo, debe incluir acciones que estén encaminadas al cumplimiento de los temas laborales definidos en el Acuerdo de Paz para las trabajadoras y trabajadores rurales como la protección y la garantía de sus derechos fundamentales, mediante la formalización y la protección social.
Finalmente, el Pacto debería establecer un mecanismo de seguimiento y verificación de los objetivos, medidas y metas de política que procuren alcanzar el efectivamente trabajo decente y digno en todo el país y en todos los sectores de la economía.
Anexos.
Medellín y Valle de Aburrá
| Indicador | 2016 | 2017 | I semestre 2018 |
| Población Económicamente Activa | 2´007.000 | 2´043.000 | 2´063.000 |
| Población ocupada | 1´793.000 | 1´822.000 | 1´801.000 |
| Tasa de Ocupación | 58,3% | 58,5% | 57,2% |
| Población desocupada | 214.000 | 221.000 | 261.000 |
| Tasa de Desempleo | 10,7% | 10,8% | 12,7% |
| Tasa de informalidad (según acceso a salud, pensión y riesgos laborales) | 43,7% | 43,2% | 43,1% |
| Tasa de desempleo mujeres | 12,6% | 12,5% | 14,5% |
| Tasa de desempleo hombres | 9,0% | 9,4% | 11,1% |
| Tasa de jóvenes Ninis | 16,5% | 17,3% | 18,5% |
Medellín registró en 2017 una tasa de desempleo de 10,8%, superior a la tasa nacional de 9,4%. En total había 221.000 desocupados en la ciudad. Por sexo, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 12,5%, mientras la de los hombres fue de 9,4%. Para el primer semestre de 2018 la tasa de desempleo fue de 14,5% y 11,1% respectivamente.
Por su parte, la tasa de ocupación fue de 58,5% representando a 1.822.000 ocupados. En la ciudad dos posiciones ocupacionales concentraron el 87,7% del empleo: empleado particular (59,1%) y trabajador por cuenta propia (28,6%).
La tasa de jóvenes NINIs en la ciudad fue de 17,3%, inferior al promedio nacional que fue de 20,8%, pero superior a la registrada en 2016. Esta situación se agrava cuando se diferencia por sexo: la tasa registrada para las mujeres NINIs fue de 22% frente a 12,6% de los hombres.
En materia sindical, se encontraron 89.157 afiliados a 290 sindicatos. La tasa de sindicalización de Medellín sobre el total de ocupados fue de 4,9%, levemente superior a la tasa registrada a nivel nacional y departamental (4,6% y 4,1% respectivamente).
Indicadores Nacionales
Los siguientes cuadros fueron elaborados con información de tres fuentes: DANE, Sistema de Información Laboral y Sindical de la ENS, Fuente de Información Laboral de Colombia (Filco) del Ministerio del Trabajo:
| Indicador | 2016 | 2017 | I semestre 2018 |
| Población Económicamente Activa | 24´405.000 | 24´697.000 | 24´689.000 |
| Población ocupada | 22´156.000 | 22´383.000 | 22´210.000 |
| Tasa de Ocupación | 58,5% | 58,4% | 57,3% |
| Población desocupada | 2´249.000 | 2´314.000 | 2´479.000 |
| Tasa de Desempleo | 9,2% | 9,4% | 10,0% |
| Total empleados particulares | 8´563.000 | 8´651.000 | 8´606.000 |
| Participación del empleado particular en el empleo | 38,6% | 38,7% | 38,7% |
| Total ocupados cuenta propia | 9´558.000 | 9´644.000 | 9´656.000 |
| Participación del cuenta propia en el empleo nacional | 43,1% | 43,1% | 43,5% |
| Porcentaje de trabajadores asalariados | 48,7% | 48,5% | 48,5% |
| Porcentaje de trabajadores no asalariados | 51,3% | 51,5% | 51,5% |
| Tasa de informalidad laboral (según acceso a salud, pensión y riesgos laborales | 66,7% | 65,9% | 65,2% |
| Porcentaje ocupados afiliados a cajas de compensación familiar | 29,6% | 30,3% | 30,7% |
| Afiliados a organizaciones sindicales | 1´025.792 | 1´028.764 | S.D. |
| Tasa de sindicalización | 4,63% | 4,60% | S.D. |
| Número de convenciones colectivas | 387 | N.D. | S.D. |
| Número de pactos colectivos | 261 | N.D. | S.D. |
| Número de contratos sindicales | 1.975* | N.D. | S.D. |
* La información de contratos sindicales es para 2015.
Indicadores por sexo, 2017
| Indicador | Mujeres | Hombres |
| Tasa Global de Participación | 54,5% | 74,8% |
| Tasa de Ocupación | 47,8% | 69,4% |
| Tasa de Desempleo | 12,3% | 7,2% |
| Tasa de informalidad (según acceso a salud, pensión y riesgos laborales) | 65,8% | 66,0% |
| Tasa de inactividad | 45,5% | 25,2% |
| Ingresos laborales promedio | 904.039 | 1´096.560 |
| Diferencia de ingresos entre mujeres y hombres | 17,6% | |
Indicadores población rural
| Indicador población rural | 2016 | 2017 | I semestre 2018 |
| Población Económicamente Activa | 5´095.000 | 5´176.000 | 5´111.000 |
| Población ocupada | 4´828.000 | 4´910.000 | 4´845.000 |
| Tasa de Ocupación | 56,4% | 57,0% | 55,9% |
| Población desocupada | 267.000 | 265.000 | 266.000 |
| Tasa de Desempleo | 5,3% | 5,1% | 5,2% |
| Trabajadores asalariados | 1´621.000 | 1´641.000 | 1´576.000 |
| Porcentaje ocupados asalariados | 33,6% | 33,4% | 32,5% |
| Trabajadores no asalariados | 3´205.000 | 3´269.000 | 3´269.000 |
| Porcentaje ocupados no asalariados | 66,4% | 66,6% | 67,5% |
| Tasa de informalidad (según acceso a salud, pensión y riesgos laborales) | 87,9% | 87,3% | 86,5% |
[1] Convenio 003 Protección a la maternidad (1933); Convenio 100 sobre igualdad de remuneración (1963); Convenio 111 sobre discriminación (empleo y ocupación) (1969) y Convenio 189 sobre trabajo doméstico (2014)
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