Ayer la Escuela Nacional Sindical publicó, a través de esta Agencia, un informe-balance de los 5 años del Plan de Acción Laboral que los presidentes de Colombia y Estados Unidos (Obama-Santos) firmaron el 7 de abril de 2011, como condición para la entrada en vigencia del TLC entre ambos países.
Hoy el turno es para las tres centrales sindicales, que también dan su versión sobre los impactos positivos y negativos que el PAL ha tenido para los trabajadores colombianos y el movimiento sindical. Para tal efecto, la Agencia de Información entrevistó al Secretario General de la CUT, Fabio Arias; al vicepresidente de la CGT, William Millán; y el presidente de la CTC, Miguel Morantes. Todos dan su respuesta a las mismas preguntas:
- En estos 5 años, ¿qué avances, u obstáculos, observa en el control a las formas y uso ilegal de la tercerización laboral?
Fabio Arias, Secretario General CUT: El único avance es que se prohibieron las cooperativas de trabajo asociado. Pero todas han mutado a otras formas de intermediación, como las SAS y el contrato sindical, que tercerizan actividades misionales permanentes. Esas formas las consideramos ilegales, y los son porque no reconocen a los trabajadores plenos derechos laborales y sindicales. El mismo gobierno incumple los procesos de formalización laboral en el Estado. Mantiene el sistema de órdenes de prestación de servicios, las cuales, a nuestro modo de ver, son ilegales. En este punto ha habido un craso de incumplimiento del Plan de Acción Laboral. Fabio Arias.
William Millán, Vicepresidente CGT: En ese tema el Plan de Acción Laboral no se cumplido como deber ser. Se suponía que iba a fomentar la formalización y a desestimular la tercerización laboral, pero no ha sido así. Se ha seguido tercerizando bajo formas nuevas como las SAS, el contrato sindical mediante falsos sindicatos, y la proliferación de los contratos por prestación de servicios, que disfrazan vínculos laborales verdaderos. Eso el Gobierno lo sabe, lo hemos denunciado, pero se ha hecho muy poco. Es más, el principal incumplimiento ha sido por parte del propio Gobierno, que ha seguido con la tercerización en las entidades públicas.
Miguel Morantes, presidente CTC: Hemos visto muy pocos avances en ese tema. Ha habido algunas multas a empresas, pero nada efectivo porque el problema continúa. El asunto es que las Cooperativas de Trabajo Asociado, por efecto del Decreto 2025 de 2011, mutaron a otras formas de tercerización, como a las SAS y a falsos sindicatos que firman contratos sindicales. Esas han sido las dos formas preferidas, aunque hay otras. El contrato sindical es un método de tercerización que consideramos muy negativo para el movimiento sindical. Tiene un efecto inversamente proporcional: entre más contratos sindicales haya, más se perjudica el sindicalismo.
Miguel Morantes
- ¿Ve progresos en el control del uso antisindical de los pactos colectivos?
Fabio Arias (CUT): Los pactos colectivos siguen siendo una modalidad utilizada por los empresarios para coartar la libertad sindical. Lo que estipula el Plan de Acción Laboral, en el sentido de restringir esos pactos, no se ha cumplido. Y las reclamaciones que al respecto hemos hecho al Ministerio de Trabajo desde el movimiento sindical, no han surtido ningún trámite positivo.
William Millán (CGT): Los pactos colectivos siguen proliferando, y son utilizados como instrumentos para debilitar al movimiento sindical. En empresas donde existen sindicato aparecen de pronto pactos colectivos que reconocen los mismos derechos consagrados en la convención colectiva. Entonces los trabajadores se preguntan para qué pertenecer al sindicato si con el pacto tienen los mismos derechos.
Miguel Morantes (CTC): Muy pocos progresos. En lo que concierne a la CTC, tenemos el caso de la empresa Aguas Cápital, de Cúcuta, donde los compañeros lograron acabar con el pacto colectivo. Pero no por obra del Plan de Acción Laboral, sino porque los trabajadores afiliados al sindicato lograron convencer a los del pacto colectivo para que renunciaran a éste. Es el único hecho que registramos como positivo.
- ¿Qué efecto han tenido las querellas, unas 150, que los sindicatos le han presentado por uso ilegal de pactos colectivos e intermediación laboral?
Fabio Arias (CUT): Llevamos más de año y medio presentando querellas, y las respuestas se han dilatado. Han salido poquitas, algunas a favor, pero con multas irrisorias. El Ministerio no tasa estas multas con base en la suma más alta que estipula la norma, sino en la más baja. Son multas que cualquiera está dispuesto a pagar y seguir fomentando las prácticas ilegales de constreñimiento de la negociación colectiva y la libertad sindical. Seguimos esperando que el Gobierno sea eficaz y oportuno en la materia, pero ni lo uno ni lo otro.
William Millán (CGT): Con algunas querellas nos ha ido bien, ha habido respuestas oportunas, pero la mayoría no han llegado a feliz término. Los inspectores no toman medidas que permitan garantizar el derecho de asociación y libertad sindical, ni los derechos consagrados en las convenciones colectivas. Qué nos ganamos con firmar una convención si cuando el patrono la incumple acudimos al Ministerio y éste dilata la solución, o le da plazos a la empresa. Luego acudimos a los jueces, pero ya ha pasado mucho tiempo. El otro grave problema es la demora por parte del ministerio para conformar los tribunales de arbitramento cuando el conflicto llega a esta instancia.
Miguel Morantes (CTC): Ejercer la libertad sindical, sobre todo en el sector privado, sigue siendo muy difícil. Es prácticamente imposible formar un sindicato, o lograr que se afilien los trabajadores a éste. Las negociaciones colectivas no se resuelven en la mesa, sino que van a tribunales de arbitramento, donde permanecen estancados durante mucho tiempo, sin que se resuelvan los conflictos laborales. En el último año los sindicatos de la CTC presentaron unas 10 querellas, y solo una terminó en multa para el empleador, caso de la empresa de vigilancia privada Brinks. Pero esa multa nunca la pagó, es más, el sindicato tuvo que montar otra querella para que la empresa cumpliera.
- ¿Considera que el Ministerio de Trabajo ha cumplido en la mejora de la inspección laboral? Es un compromiso que asumió el gobierno en el PAL.
Fabio Arias (CUT): El Ministerio de Trabajo ha nombrado nuevos inspectores, aunque no en la cantidad requeridos en el Plan de Acción Laboral. Pero con los nuevos nombramientos hay dos problemas. Primero, no tienen autonomía para desarrollar su labor; y segundo, los ponen a desempeñar labores administrativas, no les permiten atender la labor de inspección propiamente dicha. Por eso las querellas no avanzan. La inspección laboral en Colombia sigue siendo lenta e ineficiente. El gobierno debería ver la importancia de aplicar sanciones ejemplarizantes ante la andanada de querellas por intermediación y pactos colectivos ilegales, pero no las aplica, o muy poco.
William Millán (CGT): Uno no puede decir que no se ha avanzado en ese tema, sería injusto decirlo. Es cierto que se han nombrado inspectores laborales, pero no en el número que en el Plan de Acción Laboral se había prometido.
Miguel Morantes (CTC): Vemos muy poco apoyo de las inspecciones de trabajo para resolver los problemas laborales. Un problema que llegue a una inspección laboral, es problema que permanece allí algunos meses, cuando no años, y en la mayoría de los casos termina con la absolución del empleador. Y cuando le dan la razón al trabajador, las empresas elevan el caso a una segunda instancia, y en ésta se le da la razón a la empresa. Por eso los trabajadores ya ni ponen quejas ante el Ministerio, porque no resultan en nada.
- ¿Ve avances en la promoción de acuerdos de formalización en los 5 sectores económicos priorizados en el PAL?
Fabio Arias (CUT): No ha habido ningún avance. Por el contrario, en el caso de la minería, que es uno de los sectores priorizados, con la caída de los precios del petróleo y los productos de minería, no solo el empleo se ha precarizado más, sino que se está acabando. Pero el grave problema de la minería es que en su mayor parte es ilegal, y eso no permite avances en los derechos de los trabajadores. El sector azúcar muestra más avances en formalización, pero gracias a una huelga que hicieron los corteros. En los puertos hay una desidia absoluta del Ministerio de Trabajo para obligar a los operadores portuarias a que cumplan la reglamentación y vinculen formalmente a los trabajadores. Y las demandas que hemos entablado para lograr esa vinculación las hemos perdido por la inoperancia del Ministerio. En el sector flores, uno de los más beneficiados por el TLC, no se ha avanzado un ápice. A las empresas no las obligan a cumplir la normatividad. En el sector de la palma ha habido unas pocas multas, las más cuantiosas, pero los empresarios se las han pasado por la faja con el ardid de liquidar las empresas para constituir otras.
William Millán (CGT): Ese tema lo tenemos que abordar con mucha seriedad. ¿Cuántos trabajadores se han formalizado en los puertos, cuántos se han organizado en sindicatos, y cuánto éstos han crecido? Muy poquitos, prácticamente existen los mismos de antes del Plan Obama-Santos. Y lo mismo ha ocurrido con los otros 4 sectores económicos priorizados en este Plan, que para mí ha tenido un impacto nulo.
Miguel Morantes (CTC): Formalización laboral ha avanzado en algunos sectores. Pero muy poco, porque en su inmensa mayoría los trabajadores siguen siendo informales, vinculados mediante formas no contractuales; o si son contratados laboralmente no les pagan prestaciones sociales ni el salario mínimo.
- ¿El derecho a la huelga en Colombia se ha debilitado o fortalecido?
Fabio Arias (CUT): Hemos retrocedido. Han salido varios fallos de las altas cortes señalando, por ejemplo, que en los hospitales la huelga es ilegal en cualquiera de los servicios, cuando la norma internacional solo habla de la ilegalidad de la huelga en los servicios de urgencia y cuidados intensivos. Pero la corte la prohibió en todos los servicios: consulta externa, el área administrativa. Esa normatividad es regresiva. En el sector minero-energético ha habido unas 10 huelgas en estos últimos 5 años, unas las han declarado legales y otras ilegales, como el caso del sindicato Sintramienergética en la Drummond. Y otras las han levantado con la aquiescencia y complicidad del Ministerio de Trabajo.
William Millán (CGT): El derecho de huelga sigue igual, las normas son las mismas desde hace muchos años, con las mismas limitaciones. Por ejemplo, aún no ha sido posible el derecho a la huelga por parte de las federaciones y confederaciones sindicales; como tampoco se ha resuelto el tema de los servicios esenciales. El Congreso ha sido pasivo para abordar la discusión sobre qué se considera servicio esencial. La norma dice que todos los trabajadores de una actividad, llámese sector salud o sector petrolero, no tienen derecho a la huelga. Reconocemos que algunas actividades sí son esenciales, como las urgencias hospitalarias, pero no todas. Hay actividades, como las administrativas, en sí podrían declararse en huelga. En lo de la negociación colectiva de empleados públicos si ha habido una evolución positiva. El decreto 160 no es del todo lo que queremos porque todavía falta resolver el tema de la conciliación, pero es un avance.
Miguel Morantes (CTC): Hay una fuerte discusión en la OIT sobre el derecho de huelga. En Colombia, donde el derecho de huelga está consagrado constitucionalmente y en las distintas jurisprudencias, no escapamos de esa discusión. Digamos que no ha habido avances ni retrocesos, el tema de la huelga sigue apegado a la norma.
- El artículo 200 del Código Penal, que establece sanciones para quienes atenten contra el derecho de libertad sindical, ¿ha servido o no?
Fabio Arias (CUT): Nada útil, no ha habido un solo condenado por la violación a esa norma. Ante las denuncias que los sindicatos han hecho, no sé cuántas, pero son muchas, la Fiscalía se muestra absolutamente indiferente. Es una norma que no tiene los dientes muy afiliados, pero si la Fiscalía quiere y tiene voluntad, con ella podría sancionar a muchos empresarios. Pero los procesos los archiva y no pasa nada, no investiga a nadie.
William Millán (CGT): No conozco ningún caso de un empleador sancionado penalmente con fundamento en el artículo 200. Es decir, es letra muerta. La fiscalía está desentendida de ese tema. Yo personalmente he presentado denuncias penales ante la Fiscalía por vulneración de los derechos de asociación, y con eso no ha pasado nada.
Miguel Morantes (CTC): No ha servido absolutamente para nada. A ningún empleador han procesado o enviado a la cárcel por ese motivo. En nuestros registros no tenemos ningún caso. La justicia no tiene ningún interés en investigar los casos contra el derecho de asociación y la libertad sindical.
- ¿Ve avances en la superación de la violencia contra los sindicalistas y la impunidad de los delitos contra éstos?
Fabio Arias (CUT): Los homicidios de sindicalistas han disminuido, pero han aumentado otras formas de violencia, como las amenazas. Es muy delicado que a los sindicalistas los maten, pero también lo es que los amenacen, porque el temor siempre es paralizante, y como en Colombia las manazas se cumplen, uno se aterra cuando lo amenazan. En cuanto a la protección a los sindicalistas amenazados el gobierno ha venido recortando significativamente los esquemas de protección. Amparado en que ya es menor la cantidad de asesinatos, considera que el tema de la violencia está superado, y por eso ha restringido o eliminado la protección. Y un dirigente amenazado y sin ninguna protección no se atreve a hacer sus actividades sindicales. Y en el tema de las investigaciones contra la impunidad, la Fiscalía bajó completamente la guardia. Solo en los dos primeros años de la vigencia del Plan de Acción Laboral le puso algún empeño al tema, pero después lo abandonó del todo.
William Millán (CGT): No podemos ser simplistas y reducir el tema a las cifras, porque la muerte de un solo sindicalista debe ser motivo de repudio y preocupación. Pero no sucede lo mismo con las amenazas. De acuerdo con los datos de nuestro departamento de derechos humanos, y en eso coincidimos las tres centrales sindicales, las amenazas no han disminuido, por el contrario, han aumentado. Y eso nos preocupa porque en cualquier momento se vuelven a disparar los homicidios. Es cierto que el Estado ofrece protección para los compañeros amenazados, pero eso no se debe al Plan Obama-Santos, se debe a la lucha de los trabajadores, de las presiones internacionales y los requerimientos de OIT y de gobiernos demócratas. Lo que sí ha pasado durante la vigencia del Plan Obama-Santos, es el debilitamiento de los esquemas de protección. La Unidad Nacional de Protección se llenó de burocracia, hay más burócratas que técnicos. Se han disminuido esquemas, se cambian las empresas que prestaban el servicio de escoltas e incluso se redujo el combustible para los vehículos y el pago de los viáticos y los peajes cuando toca desplazarse de una región a otra. Yo personalmente presenté una queja a la Procuraduría para que investiguen los incumplimientos. Y por otra parte, las investigaciones por los crímenes y delitos contra sindicalistas en un principio se activaron pero después prácticamente se paralizaron.
Miguel Morantes (CTC): Aunque hoy hay menos víctimas sindicales, el problema es aún preocupante, siguen los ataques y la persecución contra dirigentes. Han cambiado las prácticas y tácticas, han refinado la forma de atacar al movimiento sindical. Ya lo hacen por medio de abogados, que las empresas contratan para demandar a los sindicatos y los trabajadores por cualquier motivo: por una equivocación en la redacción o las firmas en el acta de conformación de un sindicato, por ejemplo. Sigue existiendo un clima enorme de actitud antisindical. Y en cuanto a la impunidad, ni se diga. De ese asunto ni se volvió a hablar.
- ¿La asistencia técnica de la OIT ha tenido impactos en temas de inspección laboral, diálogo social, lucha contra la impunidad? ¿Cómo valora espacios de solución de conflictos como el CETCOIT?
Fabio Arias (CUT): La OIT ha hecho buenos esfuerzos parar hacernos entender a los trabajadores los derechos que tenemos, como también para advertir al gobierno y a los empresarios sobre las irregularidades que cometen y los insta a cumplir las recomendaciones del Plan de Acción Laboral. Pero desafortunadamente no la escuchan, especialmente el gobierno. El CETCOIT ha resuelto algunos problemas, ha logrado acuerdos, pero muchos de éstos no se cumplen. El dato que tenemos es que el 60% de esos acuerdos los empresarios los incumplen.
William Millán (CGT): La OIT hace esfuerzos, pero por ser una entidad tripartita tiene limitaciones, no puede tomar determinaciones sin consultar con las partes que la conforman, y eso genera algunas dificultades. En los últimos años ha cumplido el mismo papel de siempre, no ha tenido cambios sustanciales a raíz del Plan Obama-Santos. Nos parece sí destacable el papel y la importancia del CETCOIT. Ha facilitado la solución de muchos problemas, inclusive en la perspectiva de construir confianza entre sindicatos y empleadores, como una forma de solucionar problemas. La llegada de Eduardo Cifuentes a su dirección ha sido positiva. Es una persona honorable y transparente, de la academia, y eso le da seriedad al tema.
Miguel Morantes (CTC): La OIT cumple en Colombia con sus responsabilidades, invita a las reuniones y se compromete a realizar actividades, hace investigaciones. Pero el problema es que la política laboral y sindical en Colombia no ha cambiado para nada. El CETCOIT sigue operando, pero por lo general se ocupa de asuntos colaterales. Ningún problema de trascendencia ha sido solucionado por este organismo. Aunque quien lo coordina, el doctor Eduardo Cifuentes, es una persona diligente y dedicada.
- ¿En qué forma cree que el PAL se relaciona con la construcción de una paz sostenible?
Fabio Arias (CUT): La CUT tiene una agenda laboral para el posconflicto que es prácticamente la misma consignada en los 15 puntos del pliego de peticiones que presentamos al Gobierno en el marco el paro nacional del 17 de marzo. Esos puntos recogen los temas que históricamente hemos reclamado: empleo, trabajo decente, formalización laboral, libertades sindicales y reparación colectiva del movimiento sindical. Algunos de esos puntos están contenidos en el Plan de Acción Laboral, y tampoco son distintos a los reclamos que hizo la Comisión de Alto Nivel de la OIT que visto al país en febrero de 2011.
William Millán (CGT): Debería tener impacto positivo, convocarnos a todos como sociedad en temas claves, como la redacción del Código del Trabajo que ordena el artículo 53 de la Constitución política, lo que tendría, por ejemplo, fuerte impacto en la garantía de los derechos laborales y aclimatar un ambiente de mayor respeto y tolerancia, para que todos y todas podamos convivir en paz. Sería muy positivo para el movimiento sindical y a las relaciones obrero patronales en general.
Miguel Morantes (CTC): La paz es un asunto entre los grupos guerrilleros y el Gobierno. El movimiento sindical ha dado todo su apoyo para que el proceso de paz llegue a feliz término, pero no creo que el Plan de Acción Laboral tenga una relación directa con este proceso.