17 informes, en total, publicó la AIL el pasado mes de agosto. En este resumen se reseñan los 5 más relevantes:
1- Asamblea Nacional de la USO se ratificó en la defensa de la petrolera estatal Ecopetrol y el proceso de paz.
2- Comisión de la Verdad del conflicto armado (CEV). ¿Cómo implica al sindicalismo?
3- Con la presentación de 26 querellas ante el Ministerio de Trabajo terminó el IV Encuentro por la defensa de la Libertad Sindical.
4- Organizaciones sociales y sindicales urgen al Gobierno Nacional para que presente proyecto de ley sobre garantías para la movilización y la protesta social.
5- Por despedir trabajadores enfermos, juez ordena tres días de arresto al presidente de General Motors Colombia.
4 agosto.
Asamblea Nacional de la USO se ratificó en la defensa de la estatal Ecopetrol
Con 100 delegados de todas las regiones de Colombia, la Unión Sindical Obrera (USO) realizó su XVIII Asamblea Nacional, en la que, entre otras decisiones, se destaca la apuesta de esta organización sindical por la defensa de Ecopetrol como el bien público más importante de la nación, y el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.
Precisamente la Asamblea se inició con un panel en el que se analizó la política petrolera del país y la situación de Ecopetrol en la coyuntura global, así como las estrategias de movilización y acción con otros sectores políticos, sociales y sindicales por la defensa de la estatal petrolera, ante las permanentes amenaza de su privatización. Además, por una explotación petrolera responsable y amigable con el medio ambiente, que beneficie a las regiones y al país.
“Hay amenazas serias sobre la venta de todo el sistema de transporte y logística de Ecopetrol, privatización que no solo impacta a los trabajadores sino a todos los colombianos, que tendremos que asumir más impuestos para compensar los recursos que Ecopetrol deja de generar”, dijo César Loza, presidente de la USO, quien no descartó la huelga como opción en defensa de Ecopetrol.
En la asamblea también se realizó un panel sobre el proceso de paz y el papel de la USO en la implementación de los acuerdos. Contó con la presencia de un delgado de las FARC y dos de la mesa del ELN en Quito, y la intervención de los reconocidos politólogos León Valencia y Alejo Vargas. La USO hizo un llamado al sindicalismo mineroenergético a participar activamente en la implementación de los acuerdos.
Uno de los temas que más expectativas despertó, fue el referido al proyecto de fusión de la USO con los otros dos grandes sindicatos mineroenergéticos: Sintracarbón y Sintraelecol, a fin de conformar un sindicato único de esta industria. La decisión quedó en suspenso, pues la Asamblea decidió que era apresurado disolver la USO, y optó por hacer un ejercicio de coordinación entre los tres sindicatos antes de dar el salto a su fusión.
Otra de las resoluciones de la Asamblea de la USO fue el rechazo al clientelismo y los actos de corrupción en las empresas del Grupo Ecopetrol, en especial los desfalcos de Reficar, Bioenergy y el Proyecto Genoma. En tal sentido, exigió a los organismos de control determinar las responsabilidades y tomar las decisiones al respecto.
En el tema de la tercerización laboral, un “cáncer” que carcome los derechos laborales y las condiciones de salud y seguridad industrial de los trabajadores, la Asamblea de Delegados autorizó a la junta directiva para emprender las acciones jurídicas, políticas y de movilización necesarias contra la tercerización en Ecopetrol y la industria petrolera en general.
15 agosto
Comisión de la Verdad del conflicto armado. ¿Cómo implica al sindicalismo?
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV), creada en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC, es el ente que tratará de esclarecer la verdad de los hechos ocurridos durante más de 40 años de conflicto armado en Colombia. Su misión es establecer las responsabilidades individuales y colectivas de los crímenes y la violencia, el reconocimiento de las víctimas y procurar la no repetición.
Los sindicatos pueden aprovechar esta instancia para lograr configurar una verdad histórica sobre la violencia antisindical. Entre 1973 y julio de 2017 hubo al menos 14.461 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, entre ellas 3.122 homicidios.
Esta Comisión sesionará durante dos años y la conforman 11 comisionados(as), colombianos o extranjeros, que cumplan unos requisitos básicos. En este momento se está en el proceso de elección de sus integrantes. Los movimientos sociales y las organizaciones sociales, entre ellas el sindicalismo, pueden postular personas que, a su juicio, puedan hacer parte de la CEV y desempeñar buen papel en el esclarecimiento de la verdad. El primer semestre de 2018 será un periodo el alistamiento y empezará a sesionar a mediados de ese año.
El esclarecimiento de la verdad sobre la violencia antisindical es todavía un terreno en disputa, pues el Gobierno, las fuerzas del Estado y el empresariado no la han reconocido en toda su dimensión. La CEV es entonces la oportunidad para identificar patrones de victimización y sacar a flote algunas verdades que han permanecido ocultas sobre sobre la violencia antisindical en el país, lo cual será posible si las organizaciones sindicales participan y aprovechan este espacio.
El sindicalismo deberá entonces preparar insumos, presentar archivos y contarle a la CEV lo que no se ha dicho sobre la violencia antisindical.
31 agosto
Con la presentación de 26 querellas ante el Min-Trabajo, terminó IV Encuentro por la Libertad Sindical
Con la presentación de un paquete de 26 querellas por parte de igual número de sindicatos, todas por tercerización laboral y creación de pactos colectivos ilegales, terminó el IV Encuentro de Organizaciones Sindicales por la Defensa de la Libertad Sindical, el Trabajo Decente y la Formalización Laboral, evento que se realizó en Bogotá el 30 y 31 de agosto.
Bajo la coordinación de los Centros de Atención Laboral y las centrales sindicales CUT y CTC, al IV Encuentro asistieron 56 sindicatos de varios departamentos y sectores económicos, que evaluaron y discutieron las estrategias para exigir el cumplimiento de las normas laborales y lograr atención a los reclamos de derechos laborales, especialmente por el uso ilegal de pactos colectivos y planes de beneficio que coexisten con organizaciones sindicales, así como el empleo generalizado de formas ilegales de intermediación laboral.
La presentación masiva de querellas ante el Min-Trabajo es una estrategia que desde el 2014 vienen usando los sindicatos de la CUT y la CTC, acompañados por la ENS y los Centros de Atención Laboral. Con la presentación de las 26 nuevas querellas asciende a 163 su número en los tres últimos años.
Para la abogada Sandra Muñoz, el movimiento sindical ha hecho su trabajo con la preparación y presentación de las querellas, es el Ministerio de Trabajo el que ha sido ineficiente en el trámite de las mismas. La gran mayoría de las 163 presentadas están en trámite, y solo 12 empresas han sido sancionadas con multas cercanas en total a los $20 mil millones, algunas de ellas en proceso de apelación. Entre las empresas sancionadas figuran Caracol Radio, Clínica Marley, Carbones El Cerrejón y la Drummond, entre otras.
En cuanto al IV Encuentro por la Defensa de la Libertad Sindical, hubo un énfasis especial en el estado del derecho de huelga en Colombia, sus obstáculos y retos, tema que no es de poca monta pues casi todas las huelgas que se han hecho en el país en los dos últimos fueron declaradas ilegales por la Corte Constitucional.
También se trataron temas como el procedimiento Administrativo Sancionatorio, se analizó la sentencia de nulidad parcial del Decreto 583 sobre tercerización laboral; y se discutió un estudio preparado por la ENS sobre obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical, como son los contratos sindicales, pactos colectivos, tribunales de arbitramento, huelga, acceso a la justicia en casos de violaciones a la libertad sindical, acuerdos de formalización.
17 agosto
Organizaciones sociales y sindicales urgen al Gobierno por ley sobre garantías para la movilización y la protesta
Las organizaciones sociales comprometidas en la construcción de la Ley Estatutaria de Garantías para la movilización y la protesta social, emitieron un comunicado en el que manifiestan su preocupación por la demora del Gobierno para presentar un proyecto de ley en tal sentido, la cual deberá aprobar el Congreso por el sistema especial del fast track.
Esta Ley Estatutaria hace parte de los compromisos del Estado colombiano en el punto 2 del Acuerdo de Paz con las FARC, y junto con la reforma política electoral constituyen los pilares de la apertura democrática que se requiere para la construcción de una paz estable y duradera.
En el comunicado se recuerda que en abril pasado 1.541 organizaciones sociales de los 32 departamentos del país, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), realizaron varios encuentros en los que se recogieron las distintas propuestas de esas organizaciones en torno al contenido que debe tener la Ley Estatutaria, documento que le fue entregado al Gobierno Nacional. Pero ya han pasado 4 meses de espera, y nada que se presenta el borrador de proyecto de ley estatutaria que tenga en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales.
Agregan que su dilación resulta altamente inconveniente porque se trata precisamente de una ley de garantías a la participación y la protesta social, “los cuales deben disponer de amplios desarrollos en un Estado democrático en un marco de paz y convivencia ciudadana”, señalan.
La Ley Estatutaria, además de establecer los principios que guían al Estado en su relación con las organizaciones y movimiento sociales, deberá fijar las garantías para el reconocimiento y respeto a su autonomía, acceso a los espacios de participación, acceso a medios de comunicación. Debe además diseñar los instrumentos con que contarán las organizaciones y movimientos sociales para hacer efectivos sus derechos.
“El Proceso de Paz sin duda constituye la mejor esperanza para empezar a superar la profunda exclusión, estigmatización, criminalización y violencia a que han sido sometidos los movimientos y organizaciones sociales en el país, entre la que se encuentra el asesinado de 186 líderes sociales entre enero de 2016 y junio de 2017”, señalan en su comunicado.
Aparte de la CUT, las otras organizaciones que suscriben el documento son: la Comisión Nacional de Diálogo, Corporación Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia, el CINEP, Casa de la Mujer, y el Consejo Nacional de Participación, entre otras.
1° agosto
Por despedir trabajadores enfermos, tres días de arresto al presidente de General Motors Colombia
Tres días de arresto para Pavlou París, presidente y gerente de la General Motors Colombia (Colmotores), ordenó un juez de Bogotá por desacato de la tutela que le ordena reintegrar a 12 trabajadores despedidos enfermos.
Es el último episodio del conflicto que de años atrás mantiene Colmotores con los trabajadores despedidos enfermos, una práctica que parece ser una política de esta multinacional norteamericana, dado el alto número de trabajadores que reclaman por sus despidos pese a padecer enfermedades contraídas en el trabajo.
Según Liliana Quemba, asesora jurídica de la Unión de Trabajadores Enfermos de General Motors, esta empresa es una verdadera “fábrica de enfermos”. El caso que tiene al presidente de esta compañía al borde del arresto data de julio de 2016, cuando salió de 120 trabajadores de su planta de Bogotá, entre ellos 40 con algún tipo de lesión o enfermedad. Como ese despido lo debió autorizar previamente el Ministerio de Trabajo, éste sancionó a Colmotores con multa cercana a los 200 mil dólares ($600 millones).
24 de esos trabajadores despedidos enfermos lograron su reintegro mediante una acción judicial de tutela, con la directiva de ser ubicados en cargos livianos, acordes con sus limitaciones físicas. Pero en abril de este año 12 de ellos fueron de nuevo despedidos, por lo que debieron recurrir a una nueva acción de tutela para proteger sus derechos vulnerados. El fallo del juez volvió a ser a su favor. Además, sancionó con arresto de 3 días al presidente de la compañía por desacato a dicho fallo, orden que está en trámite de apelación.
Las lesiones más comunes entre los trabajadores de Colmotores son: manguito rotador, síndrome del túnel carpiano, discopatías y hernias en la columna, entre otras, resultado de movimientos repetitivos y la carga reiterada de materiales pesados. Y ello, según la abogada Quemba, tiene que ver con que la empresa no ha instalado las ayudas ergonómicas ni la mecanización de las tareas más pesadas, que sí ha implementado en otros países.
Y otro asunto que complica la situación es que la empresa ha tercerizado los puestos que antes ejercían las personas con alguna discapacidad. “Pero ese es un problema que debe resolver la empresa, no tienen por qué padecerlo los trabajadores enfermos”, señaló la abogada.