–La aerolínea sigue incumpliendo fallo de la Corte contra el Pacto Colectivo–
Pese a que desde mayo de 2015 la Corte Constitucional falló contra Avianca por utilizar un pacto colectivo superior a la convención colectiva firmada con Acdac (sindicato de pilotos), la nueva administración de la aerolínea persiste en mantener la figura del pacto y en desconocer el fallo de la Corte.
La denuncia la hizo el capitán Jaime Alberto Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, quien recordó que el fallo de la Corte confirmó lo que ya había demostrado el sindicato: que Avianca violaba la ley colombiana y el derecho de asociación de los pilotos al ofrecer mejores prerrogativas salariales a quienes no estuvieran afiliados al sindicato o se retiraran de éste.
A todas luces fue una estrategia antisindical la que puso en marcha la anterior administración de la aerolínea, presidida por Fabio Villegas Ramírez, quien, dicho sea de paso, por tal razón está
incurso en un proceso en la Fiscalía, tras una demanda que el sindicato interpuso en su contra invocando el artículo 200 del Código Penal, que establece hasta 5 años de cárcel a quien viole el derecho de asociación sindical.
Pero resulta que la nueva administración de Avianca, en cabeza de Hernán Rincón, ha continuado en la misma tónica. Persiste en el pacto colectivo y sigue incumpliendo puntos de la convención colectiva que firmó con Acdac, según la denuncia del presidente de esta organización sindical, que, como se recuerda, en el 2013 lideró un paro de los pilotos de Avianca con el objetivo de mejorar sus condiciones salariales y laborales; paro que duró tres semanas y generó traumatismos en la movilidad aérea del país.
“Avianca pagó algo por los perjuicios económicos que su conducta discriminatoria y antisindical les generó a los pilotos, pero ha seguido con el desacato al fallo de la Corte referente al pacto colectivo, alegando que lo que tiene no es un pacto sino un plan voluntario de beneficios. Es como si en este país no existiera poder humano contra los atropellos de las aerolíneas, por el gran poder de lobby que tienen”, señaló Hernández.
Tanto es así –agregó– que la semana pasada el Ministerio de Trabajo, atendiendo una querella interpuesta por Acdac, sancionó a Avianca con multa de $390 millones por violación al escalafón de los pilotos. Sanción que se suma a las muchas que esta aerolínea ha tenido en los últimos años por violación de normas laborales.
Fue especialmente sonada la multa por $1.113 millones que el Ministerio le impuso en 2012 por tercerización laboral ilegal mediante cooperativas de trabajo asociado, tercerización que, pese a esa multa, no ha desmontado. Más del 90% de sus trabajadores y empleados en tierra, cerca de 10 mil, siguen vinculados a través de empresas contratistas y temporales, como Sedan, Clave Integral, Vise, Lasa, Servicopava, entre otras.
Pero no solo contra Avianca ha entablado Acdac querellas y procesos jurídicos por conductas antisindicales. También lo ha hecho contra Copa y LAN Colombia, entre otras aerolíneas, que también utilizan la estrategia de los pactos colectivos superiores a la convención colectiva, con igual efecto devastador para sus organizaciones sindicales.
En Copa hubo conciliación y desistió del pacto, más no así lo han hecho LAN y Avianca, que persisten en esa ilegal estrategia antisindical, aseguró el capitán Hernández, quien lleva más de 20 años como piloto y 5 como presidente de Acdac.
Acdac es un sindicato que tiene 67 años de historia. Actualmente cuenta con 681 pilotos afiliados, hombres y mujeres, en su gran mayoría de Avianca, y el resto de las aerolíneas LAN, Satena, Copa, Viva Colombia, entre otras. “En unas tenemos más afiliados que en otras, dependiendo del grado de persecución antisindical que haya habido en cada una. Esa es la realidad”, anotó Hernández.
Mencionó el caso de LAN, empresa en la que Acdac tenía 92 pilotos afiliados, y hoy solo quedan 21, debido a las maniobras antisindicales de sus directivas. En Avianca el ofrecimiento del pacto colectivo también logró diezmar la membresía del sindicato, sin embargo, los pilotos están regresando y hoy en esta empresa Acdac tiene en total cerca de 500 afiliados.
“Como consecuencia de los actos de Avianca los pilotos han ido perdiendo su credibilidad en esta empresa. Ya vieron la verdadera cara de su administración, se dieron cuenta de que miente, que no hace las cosas bien. ¿Cómo el doctor Villegas Ramírez, una persona ilustre y prestante para el país, se presta para violar la ley laboral?”, se pregunta el directivo sindical.
El caso contra Villegas
La demanda penal que el sindicato de pilotos instauró hace más de dos años contra quien en ese momento era el representante legal de Avianca, su presidente Fabio Villegas Ramírez, ha tenido avances, pero no tantos como el sindicato quisiera.
El motivo de la demanda contra Villegas fue haber autorizado el aumento del salario a los trabajadores que no estaban afiliados a los sindicatos de la empresa, y presionar a quienes sí lo estaban para que se retiraran, conductas que configuran violación flagrante del artículo 200 del Código Penal. “La presión llegó a tal punto que muchos pilotos nos vimos acosados y volando con estrés y presión psicológica, en condiciones inseguras”, dijo el capitán Hernández, para quien el fallo de la Corte Constitucional contra Avianca funge como prueba de la conducta punible de Villegas Ramírez.
Lamentó sí este directivo sindical que el proceso contra el expresidente de Avianca se esté dilatando más de la cuenta, por cuenta de las maniobras de sus abogados y de su inasistencia a las citaciones que le ha hecho la Fiscalía. Dos veces Villegas Ramírez ha sido citado a audiencia en las últimas semanas, y dos veces argumentó impedimentos. Y para completar, en días pasados removieron al fiscal que llevaba la causa y se anunció la unificación de los procesos en otra fiscalía.
“O sea que todo vuelve a empezar y el caso se va a dilatar más”, señaló con preocupación el capitán Hernández, para quien ahora lo importante es que las aerolíneas detengan las violaciones de los derechos laborales, cumplan los convenios de la OIT, y que la justicia penal actúe.