“Empate técnico”, balance de Martha Rocio Alfonso sobre la negociación entre Fecode y Gobierno

Fecode y el Gobierno Nacional firmaron un acta de acuerdos el pasado 6 de agosto. Pese al difícil panorama que tenían los docentes en su negociación, lograron concertar puntos importantes para el magisterio y las comunidades educativas del país.  La Federación había presentado su pliego de solicitudes a principios del año, pero solo fue posible el inicio de la negociación el pasado 22 de junio.

Fecode ha destacado que los acuerdos logrados traen avances como la reactivación de la Comisión de Alto Nivel para reformar el Sistema General de Participaciones, el fortalecimiento de la educación pública, la revisión de la jornada única, el curso de formación para 8000 docentes, entre otros.

Precisamente para que nos contará sobre los acuerdos logrados, las dificultades que tuvieron y la manera como exigirán cumplimiento, conversamos con Martha Rocío Alfonso, la vicepresidenta de Fecode. También nos contó sobre las dificultades que viven los maestros con el regreso a la presencialidad.        

Conozca aquí los acuerdos

¿Cuál es el balance que hace Fecode del proceso de negociación que terminó el pasado 6 de agosto con la firma del acta de acuerdos?

Para Fecode fue una situación bastante compleja. Nos presentamos en un escenario poco habitual, después de un paro social.  El gobierno venía dando una serie de normatividades previas en relación a la presencialidad en las instituciones educativas que fue un punto de discusión que hacía parte del pliego, nuestra exigencia ha sido que las condiciones de bioseguridad sean previas y verificables y que se garantice todo lo que se ha llamado el PRASS. Iniciando la negociación, el Gobierno sacó unilateralmente la circular ministerial 17  para la reposición del tiempo que los maestros y maestras estuvieron en paro donde impone una condición bien compleja unida a este retorno a la presencialidad que ha generado una sobrecarga laboral, esto generó malestar. Un tercer aspecto fue que el escenario era de total regresividad; negar acuerdos pactados en 2015, 2017 y 2019, negar el derecho a ascenso y negar decisiones que ya estaban en proceso. No progresividad en absolutamente nada.

El balance que nosotros hacemos es un empate técnico. Tuvimos que obligar al gobierno a firmar lo ya firmado.  

Después de esto la posición de ellos fue, por ejemplo, en nivelación salarial, que hacen tanto escándalo, son 5 puntos que se pactaron en 2019 para complementar los 12 puntos del 2015, 1.5% que es una bonificación de nivelación, que en salario sube entre 30 y 60 mil pesos, dependiendo del nivel y que ante salarios tan bajos del magisterio pues no es tanto individualmente. Logramos que el gobierno respete los acuerdos del 2019, la nivelación del 1,5% de este año y el 2,5% para el año siguiente que son adicionales al alza salarial de los trabajadores estatales, que este año fue 2.61% y el año entrante el IPC más el 1.64 %.

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¿Cómo es el tema salarial de los maestros y maestras comparado con otros trabajadores estatales?

Cuando tú ves la tabla salarial de los maestros y maestras, los salarios son muy bajos. Incluyendo los del decreto anterior, el 2277 de 1979, no superan los 4,5 millones. Hay un congelamiento de este escalafón. Si tu miras la tabla de los maestros bajo el 2277, de 130 mil docentes , 120 mil están en el grado 14 desde hace mucho tiempo, con salarios muy bajos, muchos tienen títulos de maestrías y hasta doctorados, no se los reconocen, si se retiran su pensión es muy baja, ya maestros que están con doble pensión, son muy pocos los que quedan.

Los maestros vinculados bajo el decreto1278 de 2002, somos muchísimos más, cerca de 190 mil, incluyendo 60 mil provisionales que no tiene derecho a hacer carrera, ni a ascenso, no les reconocen títulos. Hoy los que estamos en carrera, estamos sin posibilidades de movernos, dependemos de que convoquen a concurso de ascenso, ya son tres años que se completan sin convocar al ascenso, cuando la norma dice que debe ser un cronograma anual. Esto viola todo tipo de derechos, con salarios precarios, mucho más bajo que los otros trabajadores estatales. Hay unos niveles altos, pero ahí hay cerca de 4 mil docentes, el grueso de los maestros y maestras está con un salario de 2,3 millones, 2,5 millones, siendo profesionales, muchos con maestría y hasta con doctorados. Miren el desnivel totalmente vulnerado; con la negociación logramos descongelar el curso de los 8000, se va a hacer el año entrante en agosto.

Por otro lado, está la bonificación pedagógica, del 15% al 19%, pero al resto de estatales del país, la tienen con el 35% los que ganan más de dos salarios mínimos. La reciben, por ejemplo, la rama judicial, que todos tienen esta bonificación, con salarios mucho más altos que los de nosotros y nosotras.  Dimos una pelea, subimos a 11%, luego a 15% y nos iban a quitar el ajuste del 19%.

Una de las luchas fuertes de la Fecode es la modificación del Sistema General de Participaciones, ¿Por qué es importante cambiar este sistema?

Hay otros acuerdos relacionados con aspectos de financiación de la educación que están relacionado con el Sistema General de Participaciones, que esta rebasado

Del Sistema General de Participaciones depende, salud, saneamiento básico, agua potable, educación y otras apropiaciones de municipios y comunidades. Nosotros estamos pidiendo que la reforma sea integral. En el caso de educación los recortes que se han dado desde el 2001, ha llevado a un hueco fiscal impresionantes, hoy, de cada 100 pesos que llegan al sector de educación, si, 94 se van en nómina pero es porque este cada vez es menor, por dos razones: primera; las reformas que se han hecho sobre la fórmula que han ido en detrimento, rebajando a la mitad los presupuestos y la segunda porque el Sistema General de Participaciones es una bolsa donde la principal fuentes son los impuestos que hay en el país y la reformas tributarias que se han dado, han bajado las tributaciones con la disculpa de mejorar el empleo, generar empresa y esto ha generado una cantidad de beneficios, casi un paraíso fiscal se ha vuelto a Colombia para los grandes empresarios, que ha llevado a que la bolsa esté hoy disminuida.

Por eso es muy urgente una reforma tributaria que grave a los más ricos, y por otra parte que reformule la fórmula. Nosotros presentamos formulas y estamos pidiendo al gobierno que agilice el proceso para que en la próxima legislatura se dé esta aprobación, porque está totalmente ahogada la financiación de la educación y de allí dependen otros puntos: Las relaciones técnicas, el número de estudiantes por maestro, por espacio, por cargo, está el debate de la jornada única con condiciones y el fortalecimiento de la educación en todos los niveles.

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¿Por qué no aparece el tema salarial en los acuerdos firmados por Fecode?

Fecode no acuerda el alza salarial, esta se concreta en la mesa de estatales. En esa mesa están las centrales, y si bien Fecode tiene una representación a través de la CUT, ellos son los que acuerdan el alza salarial, nosotros acordamos es la nivelación salarial para el magisterio, dado que hemos demostrado una marcada desigualdad en nuestros salarios en relación a los trabajadores estatales, esta nivelación se aplica sobre el alza salarial.

Ya salieron los decretos salariales para todos los trabajadores estatales, entre ellos los de los tres regímenes de los maestros;  el 1278 y el 2277 y de la 804 y sale una parte adicional, un decreto de bonificación, de nivelación salarial que es el que nosotros acordamos en este proceso y que llevamos pelando año a años desde el 2015.

¿Por qué es importante la jornada única en el país y cuáles son las garantías que debe haber?

La jornada única ha sido una apuesta de varios gobiernos en términos de igualdad en las intensidades horarias y la permanencia de los estudiantes, tanto en colegios públicos como privados. En esta discusión entendemos que la escuela es un espacio protector, a veces los únicos donde los niños y niñas reciben alimentación o donde pueden tener unas condiciones mejores para la protección de sus vidas. Pero la discusión para nosotros es que la jornada única tiene que ser con condiciones. No es comparable un colegio privado que tiene buenas instalaciones, que no tiene sobre cupo, que tiene, por aula, 15 o 20 estudiantes, o si tienen más tienen muy buen espacio, donde el estudiante puede desarrollar sus actividades.

Otra de las discusiones ha sido sobre el currículo. La jornada única se entendió como más horas de matemáticas, español, ciencias sociales encerrados en un aula y no, tiene que ser complementaria, integral, que debe abocar a que los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar otras habilidades y capacidades y no quemarlos en la etapa escolar. Logramos unos acuerdos complementarios a los que se plasmaron en el decreto 2105 de 2017, que tienen que ver con que las condiciones deben ser previas y verificables en término de las plantas físicas, la alimentación escolar, de la infraestructura y en las condiciones de maestros y maestras, porque no se puede convertir esto en más sobrecarga laboral de la que ya hay en las instituciones.

Vemos que el gobierno ha bajado la expectativa frente a esto y ha desarrollado el financiamiento de la jornada única en las 96 entidades certificadas para que ellas asuman este costo y este proceso. El gobierno nacional solo acompaña y da la orientación, pero las inversiones las hacen las entidades territoriales. 

El gobierno no quería que la mesa especial de educación sesionara desligada de la mesa estatal, ¿Cómo fue esa discusión? 

Nosotros reconocemos que existen otros sindicatos que agrupan docentes y trabajadores en general. Ellos han presentado pliego, pero nosotros somos una organización mayoritaria a la cual se acogen las filiales y algunos sindicatos que han surgido atienden a Fecode también, en ese sentido, nosotros defendemos la mesa de educación, porque el pliego de educación es de Fecode, es sólido, sobre financiamiento de educación, sobre carrera docente, sobre condiciones de salud y prestacional, sobre la presencialidad, sobre todos esos aspectos. Eso genera una condición diferente, porque presentamos pliego por una organización y filiales que tenemos como sustento la defensa de la educación pública financiada por el Estado, eso hace que nosotros defendamos nuestra posición y al gobierno le queda muy difícil desconocer la fuerza de la organización.

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Frente a la declaración del Covid – 19 como enfermedad laboral, ¿Se logró algo? ¿Cómo fue la discusión?  

Nosotros planteamos esto desde que surgió la pandemia, cuando no había vacuna, porque consideramos que nosotros tenemos un contacto muy grande con las poblaciones. El problema principal que el gobierno desconoce la escuela como un punto de contagio cuando dice que no habrá más de 50 personas y hay colegios grandísimos. Lo que están haciendo es que los estudiantes están las 5 horas en el salón, comen ahí, están ahí, tengo casos de maestros y maestras enfermas, que no tienen derecho ni a ir a tomar agua.

Hay una discusión sobre el retorno con seguridad y garantías, pero la otra discusión tiene que ver con reconocer el Covid-19 como enfermedad laboral. El gobierno se mantiene en que esto es una pandemia, eso quedó ahí en el documento. No hubo acuerdo, pero como maestros y maestras pensamos que es un problema que debe acoger a todos los trabajadores, pero el gobierno es reiterativo en que no. Reconocemos que debería ser así para todos los trabajadores, cuando el contagio es producto del contacto en el trabajo, no solamente para nosotros porque también lo pidieron las centrales pero el gobierno se negó.

Hay propuestas para que el gobierno dé subsidios para que los padres inscriban a sus hijos a colegios privados. ¿Qué dicen desde la Federación?

Inicialmente el expresidente y exsenador Uribe estaba haciendo una propuesta para rencaucharse el año pasado de un referéndum para entregar la educación pública a manos de privados, eso se le cayó. Posteriormente, en esta legislatura, la senadora Cabal presenta un proyecto de ley que tiene este fin, que pasen a colegios privados con la figura del bono, como está en la norma, el gobierno tiene la obligación de garantizar la educación pública, financiada y administrada por el Estado, mientras tenga las condiciones, las plazas docentes, las posibilidades y que haya la plata. Hay la posibilidad que en zonas que es difícil porque no hay suficiente número de planta, se pueda concesionar.

Frente al curso de formación docente, ¿cómo fue la negociación, en que quedaron?

Los maestros y maestras que estamos bajo el decreto 1278 ascendemos por la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Esta es una evaluación que contempla instrumentos como videos, evaluación de desempeño, una encuesta, etc. La última evaluación tuvo resultados consolidados en septiembre de 2019, fecha para efectos fiscales. Fecode hizo, en ese mismo 2019, un acuerdo para que los primeros 8000 maestros que quedaran en el límite, (es una evaluación que se pasa con 80.01,) entonces los maestros que quedaron con 80, 00 para abajo, se les diera una oportunidad en termino de aspectos formativos, porque quedaron muy cerca y que pudieran presentar un curso de formación donde desarrollan un proyecto y con este, si cumplen, pasan.  Pero el acuerdo se retrasó el año pasado por la pandemia. Salió el listado de los 8000 maestros publicado por parte del gobierno, hicimos un acuerdo de un proyecto para que tuviera en cuenta varias situaciones, incluso la pandemia, el gobierno empezó a hacer el trabajo con las universidades y la planeación, se habló con el Icetex para el proceso y se radicó y estuvo en consideraciones ciudadanas, se hizo todo el trámite, se radicó en septiembre en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tenía el proyecto y sabía que era un acuerdo, porque los acuerdos los firma también Hacienda, pero sin embargo, pasó la proyección presupuestal 2021 obviando esa apropiación presupuestal, no lo firmó, lo engavetó Carrasquilla. Después hubo una demanda de unos maestros del Cauca, en primera instancia ganan, pero se va para al Consejo de Estado y este falló en contra.

El punto de ese acuerdo estaba en el 7. El acuerdo queda, “no se cumple por un fallo del Consejo de Estado y se sustenta”. Nosotros tuvimos que revivirlo porque había una expectativa en 8000 maestros, era un acuerdo previo. No debería haber sido así, pero nos tocó revivirlo en el punto 8 donde se habla del ascenso y la reubicación salarial de los maestros del 1278. Se acuerda programar este curso con ese listado, con ánimo de que termine en 12 meses a la firma del acuerdo, o sea, en agosto de 2022 y para eso se debe cumplir con sacar el decreto, aprobar el decreto para garantizar la previsión financiera y que se proyecte este curso de los 8000 que es con universidades. Esperamos que esta semana que empieza el trámite para la instalación de las mesas, también empiece el proceso para que esa convocatoria sea a tiempo y que después no nos digan que por ley de garantías tocó parar cualquier tipo de contrataciones. 

Sabemos que el gobierno incumple los acuerdos, ¿Cómo lograr la materialización de estos acuerdos?

Lo primero es que en el acta de acuerdos hay varios puntos que tienen como objeto hacer un seguimiento más riguroso del acuerdo; los tiempos, los responsables, etc. Lo segundo es que se deja claro que ellos no pueden romper las vigencias, que no pierde vigencia un acuerdo.

Obviamente nosotros durante el proceso de negociación hicimos algunas cosas y las tenemos muy presentes. Por un lado, una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos argumentando que se está violando el derecho de asociación y el de negociación colectiva. También iniciamos, a través de la CUT, un proceso con la Comisión de Expertos de la OIT y para adelantar una queja ante este organismo, eso como mecanismos de exigencia, de denuncia y de acompañamiento.

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