“Ahora el reto es que nos escuchen”, dice Rocío Pineda, del grupo de mujeres por el enfoque de género en el Acuerdo de Paz

¿Qué tanto de equidad e inclusión de género tendrá el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC? La respuesta a esta pregunta dependerá en gran medida del trabajo que realice la Instancia Especial para garantizar el enfoque de género en la implementación del Acuerdo, la cual se instaló hace dos semanas.

Se trata de un grupo de 7 mujeres, todas líderes en diversos campos de la vida nacional, quienes, de la mano con la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz (Csivi), velarán para que lo definido en este Acuerdo en cuanto a enfoque de género, se cumpla efectivamente en la fase de su implementación.

El Csivi acordó que esta Instancia Especial la conformen representantes de las plataformas nacionales y regionales de mujeres, del movimiento LGBTI y de organizaciones de víctimas del conflicto armado. Y su selección estuvo a cargo de organizaciones como la Consejería Nacional de la Mujer, la ONU Mujeres, la Federación Internacional de Mujeres Demócratas, entre otras.

Rocío Pineda García, actual directora (encargada) de la Escuela Nacional Sindical, es una de las 7 mujeres que integran esta Instancia Especial. En su condición de socia de la Unión de Ciudadanas de Colombia, fue postulada por la Asamblea Departamental de las Mujeres de Antioquia, y resultó seleccionada entre un grupo de 97 nominadas de todo el país. Es una profesional con trayectoria en la gestión de los derechos de las mujeres, en entidades como la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia. Cuenta con una maestría en Género, Sociedad y Política, aparte de participar activamente en el movimiento social de mujeres.

Las otras integrantes de la Instancias Especial de Enfoque de Género, son: Marcela Sánchez Buitrago, directora de Colombia Diversa, representa organizaciones LGBTI; Victoria Neuta Sánchez, abogada y lideresa indígena del pueblo Muisca; Yuly Artundiaga, de la Organización Mujeres Andino Amazónicas (Putumayo), quien ha trabajado en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; Mayerlis Angarita, de la Corporación Narrar para Vivir, representante de las organizaciones de víctimas; Magda Alberto, de la Plataforma Mujeres por la Paz, organización que incidió en la incorporación del enfoque de género en los diálogos de paz de La Habana; y Francisca Aidee Castillo, de la Asociación de Mujeres Araucanas.

La Agencia de Información conversó con Rocío Pineda sobre el papel de esta Instancia Especial de Enfoque de Género en implementación del Acuerdo de Paz, sus posibilidades de incidencia y cómo implica al movimiento sindical:

Primero que todo, cómo surge esta Instancia Especial, qué se puede esperar de ella.

Las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC se iniciaron oficialmente en el 2012, y desde ese momento las organizaciones de mujeres y también desde agencias oficiales de equidad de género, insistimos para que la mesa de La Habana tuviera representación de las mujeres. Pero solo en septiembre de 2014, tardíamente, se logró conformar la Subcomisión de Género para el Acuerdo de Paz, producto de la presión del movimiento de . En ese momento ya habían sido acordados los puntos uno y dos. Hubo entonces que revisar el enfoque de género en esos dos puntos, y empezar a trabajar el enfoque en los 4 puntos que faltaban por acordar. Esta Subcomisión de Género, en la que participaron mujeres de las FARC, se  acabó cuando empezó la fase de la implementación. Entonces, según lo establecido en el Acuerdo Final, se creó la Instancia Especial, de la que hago parte. Pero se crea casi un año después de iniciada la implementación, cuando ya ha habido avances en materia legislativa. Es decir, llega otra vez tarde. Sin embargo, las plataformas de mujeres, como movimiento social, logró este año hacer un trabajo de lobby en el Congreso de la República y en el trámite de las leyes que se han aprobado. Ahora con esta Instancia Especial tenemos un mecanismo para incidir con más dientes en las normas que faltan y todas las demás decisiones de política pública, tal como el plan marco y los PDET, para que integren efectivamente el enfoque de género.

¿Usted personalmente cómo llega al grupo de 7 mujeres que velará por el enfoque de género en el Acuerdo de Paz?

Es resultado de una elección democrática dentro de las organizaciones de mujeres. Las de Antioquia me propusieron a mí como una de sus tres representantes, y en una asamblea nacional obtuve la mayor votación entre 97 precandidatas. Fue una sorpresa porque había otras lideres con un trabajo muy activo y destacado, merecedoras de estar en el grupo. Mi ventaja es que desde el inicio del proceso de paz he estado muy atenta a su desarrollo, a todos los comunicados y por supuesto estudié seriamente el primer acuerdo y el Acuerdo Final. Ahora la responsabilidad es mayor y toca mirar con lupa la implementación. El mayor reto es lograr que de manera efectiva nos escuchen, porque somos una instancia que recomienda, no decide.

¿Qué bondades le encuentra al Acuerdo de Paz y su implementación desde el punto de vista del enfoque de género?

Lo más importante, a mi modo de ver, es que por primera vez se logró develar que el conflicto impacta de manera diferenciada y gravosa a las mujeres. Un acuerdo de paz debe establecer medias específicas para disminuir las desventajas en que históricamente han estado las mujeres. Es un problema estructural del desarrollo, que la Subcomisión de Género y la presencia de las mujeres víctimas lograron visibilizar e incorporar en el acuerdo final. Otro avance con relación a otros acuerdos de paz del pasado en Colombia, es que crea una serie de comisiones en múltiples áreas para garantizar el cumplimiento de lo pactado. Hay un nuevo dispositivo político y metodológico de verificación. Se creó el Csivi, con 3 representantes del Gobierno y 3 de las FARC. Pero el Gobierno repite la historia de la desigualdad de género, pues sus 3 representantes son todos hombres. Paradójicamente es la insurgencia la que mantiene representación femenina, Victoria Sandino, quien ya había hecho parte de la Subcomisión de Género por parte de las FARC. Inicialmente fue necesario el acoplamiento de las mujeres en estas instancias. La historia militar y la visión de la sociedad que tienen las mujeres de las FARC, frente a la historia de luchas ciudadanas y civilistas de las otras mujeres, requirieron su propia negociación. Son dos historias políticas distintas que empezaron y continúan sus propios diálogos.

¿Cuáles son las funciones y los tiempos de la Instancia Especial?

La instalación fue hace muy poco, el 26 de julio. Las mujeres electas en la Instancia Especial para el seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de Paz, estamos revisando las funciones contenidas en éste, elaborar nuestro plan de trabajo y poder actuar, ojalá preventivamente y no a posteriori. Estamos trazando la hoja de ruta y el cronograma de trabajo. Ya nos reunimos con la Consejería de Equidad de Género, los equipos de trabajo que acompañan las dos representaciones en la Csivi, la delegación internacional que apoya a este proceso. También nos hemos reunido autónomamente para conocer nuestras experiencias y las miradas que cada una tenemos sobre el Acuerdo de Paz, las afinidades políticas y conceptuales, y para definir los canales de interlocución con las organizaciones de mujeres, con la Csivi y otros actores institucionales nacionales y territoriales. Los proyectos de ley que elabora el Gobierno pasan por la Csivi, y antes tendrían que pasar por esta Instancia Especial para integrar el enfoque de género y los instrumentos de aplicación efectiva. Si a la legislación no se le integra el enfoque desde su formulación, lego va a ser más difícil.

 ¿Cuáles son los puntos específicos del Acuerdo en los que más hay que trabajar el enfoque de género?

El punto clave del Acuerdo es el dos, el de la reforma política. Pero llegamos tarde. ¿Por qué clave? Porque la razón de ser de un acuerdo de paz es la ampliación de la democracia política, la participación política de aquellos sectores históricamente excluidos. Es la democracia política real y efectiva. La reforma política es el instrumento para el salto cualitativo de mayor participación y de representación de los intereses de las mujeres. Yo estudie mucho este punto, porque tengo muchos años recorridos en el movimiento de mujeres y he concluido que tenemos que estar donde se toman las decisiones más trascendentales para la vida del país, y por supuesto para las mujeres, porque de resto es pedir limosnas a quienes ejercen el poder político. Igualmente debemos buscar intermediarios en el Congreso, en las gobernaciones. El punto uno, el desarrollo rural integral, es también clave, porque las brechas de género en el agro son inmensas y estructurales, empezando por el acceso a la propiedad de la tierra. Además, el Acuerdo habla de unas zonas prioritarias, donde hay un gran trabajo por hacer. Esta el tema de las víctimas. Se logró que en la Comisión de la Verdad que crea la Justicia Especial para la Paz haya una parte referida a los crímenes contra las mujeres y las medidas de reparación individual y colectiva acordes con la dimensión de ese delito.

Frente a la reforma política que cursa actualmente en el Congreso, ¿qué tienen que decir?

Hace poco creamos una mesa multipartidista de mujeres, donde hay representación de todas las corrientes políticas y elaboramos un documento sobre las implicaciones del enfoque de género en la reforma política. En cada tema elaboramos unos aspectos que nos parecen centrales. Por ejemplo, si va a haber una nueva autoridad electoral, que ésta sea paritaria en las magistraturas. Este documento lo mandamos a la Misión Especial Electoral que creó el Acuerdo para elaborar la propuesta de reforma electoral. En un encuentro que se realizó en Cartagena, en la que se le presentó el proyecto preliminar a la clase política, tuvimos ocasión defender el tema de la paridad, la alternancia y la universalidad política, una mayor financiación del Estado para que los partidos tengan programas de formación y liderazgo de las mujeres, y así disminuir las desventajas. Sabemos que eso a los partidos políticos poco les interesa, pero si no la defendemos nosotros, ¿quién la va a defender?

¿Qué opina de la forma como quedó el proyecto que presentó el Gobierno en cuanto a paridad de hombres y mujeres las listas electorales?

Yo no estoy de acuerdo con que la paridad sea progresiva, o sea mantener el 30% de la cuota de mujeres en las listas para las próximas elecciones, en el 2022 aumente al 40% y en el 2016 ya será el 50%, como si el derecho se diera por partecitas.

¿Y sobre las victimas mujeres del sindicalismo?

Es larga la lista, sobre todo de maestras y de mujeres del sector salud. Ahora que estoy encargada de la dirección de la ENS, veo que existe una plataforma y una agenda laboral y sindical para la implementación del Acuerdo de Paz y la manera como se puede desarrollar el enfoque de género. Sigue siendo difícil la igualdad de oportunidades, de derechos y de representación para las mujeres en toda la dinámica política y orgánica del sindicalismo. El orden de género predominante en la sociedad incluye también el movimiento sindical. Aunque es importante señalar que ya se notan ciertos cambios. Esa tarea hay que desarrollarla con las organizaciones sindicales, con las sindicalistas y con las trabajadoras. El impacto del conflicto armado en el movimiento sindical ha sido enorme, en todo el sentido de la palabra, pero también es diferente el impacto en las sindicales. Por tanto, la reparación de las victimas tiene que ser en clave de género, lo mismo que las preguntas por la verdad.

¿Por qué es bueno para el sindicalismo que usted, como encargada de la dirección de la ENS, haga parte de la Instancia Especial?

Es una ventaja, porque dispondría de otros instrumentos para hacer más visible la afectación y violación de los derechos humanos y los derechos laborales de mujeres y hombres sindicalistas, la reparación diferenciada y destacar la importancia de un movimiento sindical sólido. El respeto a los derechos laborales, los derechos y libertades sindicales y el trabajo decente son claves en la construcción de una sociedad democrática. Yo conozco bastante varias mujeres líderes sindicales del país, de las diversas centrales, sobre todo de la CUT y CTC. Todas ellas, las conocidas y las menos conocidas, van a tener en mí una persona de confianza, con la posibilidad de impulsar el reconocimiento de los intereses de las mujeres sindicalistas víctimas del conflicto, en términos de reparación, verdad, justicia y garantía de no repetición. Pienso que podemos hacer una alianza poderosa en ese sentido.