Setecientos trabajadores que tienen diagnóstico médico de graves enfermedades profesionales y sus compañeros que se encuentran en riesgo de contraerlas, así como las viudas de una decena de obreros muertos por causa de su trabajo, esperan que el Tribunal Superior de Bogotá falle una acción popular instaurada en 2010 por la Procuraduría General de la Nación contra Carbones del Cerrejón Limited, la ARP Positiva Compañía de Seguros y el Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo).
Esa apelación a la justicia fue el recurso que les quedó a estos trabajadores ante la falta de voluntad de la empresa para solucionarles su problema. Quienes sufren enfermedades irreversibles saben que no podrán recuperar su salud y que les será difícil obtener una pensión temprana acorde con el riego que corren, pero aspiran a que la sentencia del contencioso obligue a Carbones del Cerrejón a asumir el pago de su mayor riesgo en el trabajo. Es una apuesta por las generaciones de futuros mineros, la mayoría de ellos guajiros, quienes siguen soñando con que el carbón hallado en su subsuelo sea fuente de bienestar para todo su departamento y para los colombianos, no solo una fuente de severas enfermedades.
Por eso han acompañado los esfuerzos de la Comisión Negociadora de Sintracarbón, que busca que este tema quede incluido en la convención colectiva de trabajo 2013-2014, y así Carbones del Cerrejón asuma su responsabilidad en el tema de los riesgos profesionales y la afectación de la salud de los trabajadores, como son las enfermedades pulmonares de tipo mortal, lesiones óseas severas, auditivas y dermatológicas, daños musculares que desde tempranas edades los inhabilitan para desarrollar su trabajo y mantener una vida de calidad, y aumento del riesgo a contraer cáncer por la pérdida de antioxidantes en su ADN, causada por la exposición a minerales dañinos.
El caso de Jélix
Jélix Torres adquirió la misma enfermedad pulmonar que en los últimos 5 años mató a sus compañeros Jorge Gil y Guillermo Moreno Murillo. La suya es una forma de silicosis derivada del polvillo de carbón que abunda en la mina, que lleva en su piel, en sus zapatos, pero sobre todo en los pulmones. Éstos perdieron flexibilidad para transportar el oxígeno que le da la vida, patología que solo se detecta después de 30 años de exposición, pues es asintomática.
Jélix sufre porque sabe que su vida se ha acortado y que su deterioro es irreversible; y sufre por las condiciones de vida que tendrá su familia. También por la suerte que van a correr otros 600 trabajadores a quienes ya se les detectó bronquitis crónica, enfermedad que precede la silicosis o la fibrosis pulmonar. Estos hombres están tan enfermos como los fumadores de cien cigarrillos diarios, sin embargo ni siquiera obtienen de su empleador y su asegurador exámenes realizados con métodos aprobados por la Sociedad Colombiana de Neumología.
La ciencia lo confirma
En sus distintos estudios sobre los agentes cancerígenos, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y el Instituto Colombiano de Cancerología han obtenido pruebas incontrovertibles de que el sílice cristalino, del tipo existente en El Cerrejón, es un agente cancerígeno del tipo I.
Por otra parte, un análisis entregado por el Centro de Investigación Genética y Biología Molecular de la Universidad del Sinú, tras investigación con 200 individuos, demostró que las personas expuestas a la explotación de carbón sufren daños en su ADN, haciéndose más vulnerables a las distintas formas de cáncer. Esta investigación sugiere que “la exposición ocupacional a residuos de minería de carbón está asociado con daño cromosomal, posiblemente incrementado el riesgo de cáncer”. Tanto es así que países como España han prohibido la minería a cielo abierto, para así garantizar la salud de las comunidades.
Esas declaraciones científicas serían suficientes para que la compañía y su aseguradora de riesgos profesionales reconocieran la enfermedad profesional y tomaran medidas para reducir la exposición de los trabajadores a los polvos minerales. También para que el Ministerio de Trabajo inspeccionara la operación y buscara corregir deficiencias. Sin embargo, Carbones del Cerrejón, en un acto de irresponsabilidad con la vida de sus colaboradores, sigue imponiendo turnos de trabajo de 12 horas diarias por 4 días a la semana, en los que la inhalación constante de carbón aumenta el riesgo. Asimismo se niega a asumir sobrepagos en riesgos profesionales para que sus trabajadores se jubilen a edades más tempranas y reduzcan sus riesgos de morir por enfermedades silenciosas e irreversibles.
Para evitar asumir estas responsabilidades Carbones del Cerrejón alega ante autoridades médicas y judiciales la pérdida, en un incendio, de los exámenes de ingreso de los trabajadores, y expone obstáculos para realizar pruebas especializadas, como espirometrías.
Sintracarbón ha aceptado asumir los costos de estos exámenes y hasta ha realizado biopsias de pulmón a los trabajadores enfermos. Estas pruebas, que no son exigidas por ley, confirmaron la gravedad de los enfermos pero no fueron suficientes para que se reconociera su situación, muy a pesar de que la silicoantracosis se encuentra en la tabla de enfermedades profesionales que emitió el gobierno nacional.
Medidas insuficientes
En países donde el Estado ejerce un adecuado control en los temas de salud pública, se mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones de las minas y el aislamiento de los mineros de los sitios afectados con la presencia del polvo, a fin de que se evite el daño. En El Cerrejón las medidas de protección se limitan al riego permanente de las zonas de explotación y al cierre, con silicona, de los equipos conducidos por mineros, sumados al uso de mascarilla; medidas que, por sus resultados, no son suficientes, y por lo mismo los trabajadores han recurrido a los gobiernos Nacional y Departamental para solicitar vigilancia permanente sobre el riesgo de las personas y zonas afectadas. En torno a esta solicitud pesan, como fantasmas siempre presentes, las vidas de los tres compañeros muertos en el último año, el último Darío Illidge, fallecido el pasado fin de semana.
Otra importante fuente de enfermedades de los trabajadores de Carbones del Cerrejón tiene que ver con factores ergonómicos, asociados a las posiciones que deben adoptar para realizar su trabajo, y a la manipulación de equipos vibradores que producen daños permanentes en los músculos de piernas y manos. Estos riesgos, según la norma internacional, se minimizan no programando jornadas superiores a 8 horas diarias, y en El Cerrejón los turnos son de 12 horas, más 7 horas de trasportes desde su sitio de residencia al de trabajo, hecho éste que se ha denunciado ante los ministerios de Trabajo y Salud, sin respuestas satisfactorias.
Carbones del Cerrejón mantiene un servicio de transporte precario, que impone a los operarios viajar 4 y 5 horas diarias en equipos aptos para trayectos urbanos de diez a quince minutos, por lo que más de 10 trabajadores tienen diagnóstico de severas lesiones osteo-musculares. Sin embargo, la compañía apenas accedió al 10% de las peticiones de los trabajadores para mejorar el sistema de transporte local.
La empresa conoce la ley y sabe de sus obligaciones en materia de las pausas activas que deben realizar los trabajadores para mejorar sus condiciones de salud. A pesar de ello el trabajador José Riveras enfrentó duras jornadas de acoso laboral por solicitar que le permitieran realizar las pausas activas, que es su derecho constitucional.
La vida de 700 trabajadores enfermos hoy, y la de quienes relevarán a las actuales generaciones en la explotación minera de El Cerrejón, impone entonces buscar un acuerdo convencional o una decisión judicial que garanticen que esta compañía cumpla sus responsabilidades en materia de protección al trabajador y al medio ambiente.