Por Héctor Vásquez Fernández
Escuela Nacional Sindical
La reforma tributaria que está promoviendo el gobierno en el congreso, se ha justificado a partir de objetivos como la equidad y la generación y formalización de empleo.
En alocución presidencial de octubre de este año, el presidente Santos indicaba: “(…) lo que buscamos con la reforma tributaria es más equidad y que se pueda crear más empleos dignos y estables, porque somos unos de los países más desiguales de todo el planeta, pertenecemos a esa vergonzosa lista, y nuestro sistema tributario, en lugar de contribuir a cerrar la brecha como debería ser, las perpetúa”. Y agregaba: “(…) pero miren lo injusto que es el sistema, los que ganan menos, acaban pagando un porcentaje superior a los que ganan más, por eso es regresivo nuestro sistema , y lo que queremos hacer es un sistema tributario que sea justo y progresivo”.
La desigualdad que reconoce el presidente está relacionada con dos factores esenciales: ingresos y propiedad. El primero se refiere principalmente a la manera como se distribuye la riqueza que genera una sociedad, en cuya producción participamos todos a través del trabajo. El segundo se refiere fundamentalmente al acceso a activos: dinero, acciones, propiedades, equipos, tierra…
En la distribución de la riqueza, además de los ingresos laborales, los impuestos juegan un papel esencial, pues se suponen que a través de ellos las sociedades garantizan la prestación una serie de bienes y de servicios que son fundamentales para el bienestar de las personas, y para que puedan integrarse a sus respectivas comunidades y participar activamente en sus decisiones, y para que puedan desarrollar sus propias nociones de vida digna.
Mediante los impuestos los Estados captan una parte fundamental de la riqueza generada, que, en primer lugar, es indispensable para financiar la existencia misma del Estado; en segundo lugar para financiar la infraestructura que necesita el desarrollo del país y garantizar la competitividad de las empresas; y en tercer lugar para garantizar una serie de derechos fundamentales para el desarrollo y la libertad de las personas, como la educación y la salud; derechos que también inciden de manera directa en la competitividad del país y de las empresas.
No es posible garantizar de manera universal y efectiva el acceso a estos derechos sin impuestos, ni tampoco desarrollar y modernizar la infraestructura del país. Se supone, por tanto, que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos en la obligación de contribuir, en la medida de nuestras capacidades, con el logro de estos resultados, aportando parte de nuestros ingresos bajo la forma de impuestos. En este sentido las sociedades han diseñado diversas formas de captar impuestos, que tienen en cuenta las capacidades de las distintas personas para hacer sus respectivos aportes, formas que la dan un sentido justo y progresivo a los sistemas tributarios, o lo contrario.
El impuesto de renta, la retención en la fuente, y el IVA o impuesto al valor agregado, son las formas básicas que asumen los impuestos. El primero está asociado a las rentas o ganancias de las empresas, el segundo a las rentas o ingresos de las personas, y el tercero está asociado al consumo. Los dos primeros son impuestos progresivos, en el sentido de que pagan más quienes más renta y ganancias obtienen. El IVA es regresivo, pues no distingue entre la condición socioeconómica de las personas, las iguala al momento de tributar por la compra de algún bien o servicio. Que unos u otros sean los que predominen a la hora de financiar al Estado y los servicios sociales que está en la obligación de garantizar, depende del concepto de justicia y de equidad que prevalezca en la sociedad.
El cuadro que sigue ilustra con bastante claridad cuál ha sido la noción de justicia y equidad que predominado en sistema tributario que tenemos:
INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRADOS POR LA DIAN 1970-2012
Como se ve en el cuadro, las elites políticas y económicas que han dominado este país, han decidido un camino para financiar las distintas funciones que debe asumir el Estado: en 1970, de cada $100 de impuestos que recaudaba internamente la DIAN, $71.71 correspondía a impuesto de renta y complementarios, $7.13 era retención en la fuente, $13.23 estaba constituido por IVA, $7.93 correspondía a timbre nacional, y no existían ni el 4 por mil, ni el impuesto a la seguridad democrática.
42 años después la composición del recaudo es bastante distinta: 31.82% corresponde a impuesto de renta, perdiendo casi 40 puntos de participación; la retefuente es ahora el 25.48%, incrementando 18.35 puntos su participación en el total recaudado internamente; el IVA también incrementó su participación 17.2 puntos, y es ahora el 30.46% del total; timbre nacional es ahora el 0.06%; las transacciones financieras y el impuesto a la seguridad democrática y al patrimonio, que en 1970 no existían, son ahora el 5.85% y el 6.32%, respectivamente.
El resultado neto es que ahora las empresas y el capital tienen una menor participación en la tributación, un factor que explica en parte porque somos un país de los más desiguales del planeta.
La evolución de estos tributos confirma una apreciación que Bonilla y González hacían en un texto publicado en razonpublica.com, en el sentido que “desde 1990 hemos tenido cerca de 15 reformas que crearon múltiples exenciones a los grandes capitales, beneficiando a algunos grupos económicos y gravando con mucha más fuerza a los estratos medios de la población”, y que “en este proceso se desvirtuaron los principios constitucionales básicos que se pregonan sobre el sistema tributario colombiano (equidad, eficiencia y progresividad)”.
Hay que recordar que además del tipo de evolución que presentan estos tributos, favorable completamente al capital, en estos 42 años se hicieron dos reformas laborales que le disminuyeron costos a los empleadores y le rebajaron ingresos a los trabajadores, como la Ley 50 de 1990, que eliminó la retroactividad de las cesantías, y La ley 789 de 2002, que disminuyó el pago por el trabajo en dominicales y festivos, y por el trabajo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, reformas que también contribuyeron a la situación de inequidad y desigualdad que hoy caracteriza nuestra sociedad.
Un aspecto fundamental de la actual reforma es la rebaja del 33% al 25% del impuesto de renta que pagan las empresas, y la supresión de los aportes que sobre la nómina deben pagar los empleadores para financiar el pago de la seguridad social de los trabajadores (8.5%), del SENA (2%) y del ICBF (3%).
Respecto del primero, la tasa del 33% no la pagan todas las empresas, pues muchas de ellas en la realidad tributan una tasa efectiva inferior al 25%, principalmente aquellas que lograron negociar acuerdos de estabilidad jurídica, o que se establecieron en zonas económicas espaciales, o fueron beneficiadas por políticas específicas de exenciones tributarias por la producción o generación de ciertos servicios, como la venta de energía eólica, los servicios de transporte fluvial, servicios hoteleros, las plantaciones forestales y maderables, los negocios financieros y los cultivos de cacao, caucho y palma de aceite, entre otros.
Con respecto de los aportes a la nómina, llama la atención la concepción que las élites tienen de éstos, cuyo objetivo es, en primer lugar, financiar el cuidado y la atención de la salud de los trabajadores, y en segundo lugar la formación para el trabajo, aportes que son considerados como un impuesto, y no como una inversión social que permite la reproducción del trabajo y mejorar la competitividad de las empresas.
Para compensar esta rebaja y financiar al SENA, al ICBF y la salud de los trabajadores, la reforma propone imponerle un tributo del 8% a las utilidades de las empresas, lo que supone que empresa que no genere utilidades no aporta nada, y que el resto hará todas las maromas contables y legales posibles para recuperar este tributo o disminuirlo.
Para ilustrar lo que puede pasar con la financiación de estos programas y con los derechos fundamentales que ellos hacen posible, podemos remitirnos a los resultados de las más de 26 mil empresas de las que la SUPERSOCIEDADES y la SUPERFINANCIERA reportan informe de resultados:
El primero es que el 24% de las empresas que aparecen en estos informes estarían exentas de pagar este tributo, pues o no presentaron utilidades netas, o presentaron resultados negativos. Y el segundo es que con el 8% sobre las utilidades que presentaron el resto, se cubriría apenas el 66% del presupuesto del SENA y del ICBF de este año, dejando completamente desfinanciada la salud de los trabajadores, lo que obligaría al Estado a financiar su faltante con recursos del presupuesto nacional, lo que afectaría la financiación de los otros programas que también se relacionan con la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, a no ser que para no financiarlos se recurra a la famosa “regla fiscal” aprobada en este gobierno, según la cual únicamente se garantizan aquellos servicios y derechos cuya financiación esté incluida en el presupuesto.
Como lo advertían Bonilla y González (por el título de su documento parece tenían positivas expectativas de la reforma), desde la perspectiva de la equidad sería equivocado:
· Reducir el impuesto a la renta.
· Eliminar el impuesto al patrimonio.
· Unificar el impuesto al valor agregado (IVA).
· Eliminar el impuesto municipal de industria, comercio y avisos (ICA).
Estos autores señalaban, además, que “la productividad no mejora porque la empresa pague menos impuestos sino porque el gobierno (local y nacional) crea las condiciones propicias para que la inversión sea rentable. Si las personas son más educadas, si la movilidad y los servicios portuarios mejoran, si la seguridad aumenta, si la demanda crece porque el mercado interno se fortalece, etc., las empresas podrán elevar su productividad. Es una falacia pensar que los menores impuestos favorecen a las industrias. Sin tributos no hay servicios públicos adecuados y, por tanto, los costos de los privados aumentan”.