Dos rasgos le dan marca propia al Plan de Desarrollo de Duque y obligan a un análisis más detenido: su visión de los derechos y su grado extremo de instrumentalización para servicio de ciertos intereses privados.
Por Alejandro Parra Giraldo. Subdirector ENS
Bajo el capitalismo contemporáneo, el interés público y ciudadano es una voz cada vez más tenue en el entramado de las relaciones sociales. Los temas que marcan la época y determinan de la sustentabilidad de la vida y la dignidad humana, están bajo férreo control, que se ejerce desde el amalgamiento de los estados con los intereses del gran empresariado privado.
Este fenómeno ha tenido interpretaciones convergentes en considerar que los poderes económicos, en especial un selecto grupo de empresas transnacionales ligadas a poderes políticos y mediáticos, hacen uso deliberado de las decisiones de política pública y de las estructuras mismas del Estado para favorecer sus intereses. En tiempo más reciente, ha tomado fuerza el concepto de “captura corporativa”, impulsado por la Red-DESC, y descrita como “las formas mediante las que una elite económica “socava la realización de los derechos humanos y medioambientales al ejercer una influencia indebida sobre los responsables políticos y las instituciones públicas”.
Una arraigada formulación de algunos sectores políticos alternativos, afirma que no existen diferencias sustanciales en sus visiones de desarrollo económico respecto de gobiernos anteriores, porque se entiende que la hegemonía neoliberal ha sido su programa único. Sin embargo, al menos dos rasgos le dan marca propia al gobierno Duque y obligan a un análisis más detenido: su visión de los derechos y su grado extremo de instrumentalización para servicio de ciertos intereses privados.
En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se tramita en el Congreso, persiste en un modelo económico ruinoso, que hace énfasis en los recursos minero-energéticos, la agricultura de monocultivo y actividades de bajo valor agregado. Lo cual no es nuevo, más aún, el énfasis exportador y el emprenderismo para conjurar el desempleo, son fórmulas agotadas incorporadas de nuevo en el discurso gubernamental.
A su vez, la visión de una sociedad basada en los valores de la familia tradicional, en los discursos de disciplinamiento ideológico y militar de la “legalidad”, y en la existencia de derechos solo en la medida en que existan deberes, se acerca mucho más al modelo que promueve en el mundo la ola de fanatismo de derechas. Es esta la envoltura del núcleo duro del planteamiento económico de Duque, pensado para el control abierto de las decisiones públicas por parte del gran interés privado, empleado, además, como estrategia de gobernabilidad.
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Los empresarios toman la iniciativa
En julio de 2018, resuelta ya la contienda presidencial, el Consejo Gremial Nacional, espacio de coordinación de los 23 gremios empresariales más poderosos del país, presentó al Gobierno electo el documento “Reactivación económica 2018–2022”, en el que dan su diagnóstico sobre los principales problemas económicos del país y proponen soluciones desde su orilla gremial.
El 17 de agosto, ya posicionado como presidente, ante el congreso de la Asociación Nacional de Industriales, Duque presentó su “Plan de reactivación económica”, en el que incluyó, casi textualmente, varias de las propuestas del empresariado. Este plan parte de la baja productividad y la alta tributación como taras del sector productivo, sugiriendo medidas que van desde la disminución de la estabilidad laboral reforzada (a la que se responsabiliza de gran parte del ausentismo laboral), hasta la modificación de los parámetros de edad y tiempo para acceder a una pensión de jubilación, pasando por “no estigmatizar la tercerización” y disminuir más impuestos a las empresas. Propone, en resumen, todo un contexto de políticas públicas que van mucho más allá de simples garantías para la producción y el consumo.
Y el 6 de febrero de este 2019, Duque presentó el texto del Plan Nacional de Desarrollo, al que trasladó pasajes enteros del plan de los empresarios. Es más, en esa ruta ya había avanzado con la mal llamada “ley de financiamiento” que aprobó el Congreso el 18 de diciembre de 2018, que contempla exenciones a las grandes ganancias de las empresas, sustituyéndolas con una mayor carga tributaria a los ciudadanos.
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El poder corporativo en la visión del Plan de Desarrollo de Duque
Sectores sociales y sindicales han denunciado el carácter regresivo e ideológicamente peligroso del PND de Duque, y han evidenciado que muchos de sus 311 artículos contienen rasgos calcados de las exigencias de los empresarios. Se destacan al menos los siguientes:
- El Plan de Desarrollo de Duque no expresa un pacto sino una imposición. Es un acuerdo cerrado entre empresarios y Gobierno, que plasma el modelo autoritario y de captura corporativa mediante el cual discurren las políticas de producción y desarrollo económico en el país.
- La fuerte influencia del gran empresariado persiste en un modelo económico que ha probado ser incapaz de producir desarrollo con equidad, que carga sobre actividades económicas de bajo valor agregado la dinámica de la producción y el empleo.
- El PND no incluye medidas frente a temas sensibles como la transparencia corporativa, el cierre de puertas giratorias de los funcionarios que pasan al sector privado, y viceversa. Omite medidas eficaces para disminuir el control de ramas económicas por parte de empresarios, que tienen participaciones de mercado impensables en el mundo desarrollado y establecen legítimas barreras para la inversión y la competencia libre. Esto genera dinámicas como la depresión del mercado de capitales.
- Existen algunas medidas positivas aparentemente, como la realización de censos económicos regulares que permitan conocer las características y evolución de los negocios puede ser una medida positiva, al igual que el denominado programa de manufactura inteligente. Pero son medidas pobremente apalancadas en el presupuesto y con un sabor declarativo.
- El proyecto del Plan de Desarrollo de Duque contempla medidas de apoyo a la oferta, esto es, a las empresas, mientras deprime la demanda agregada con una mayor carga impositiva sobre las familias. Carece de medidas audaces para aumentar la formación de capital (la cual confía a programas de baja inversión e impacto y a la inversión extranjera) y generar formalización con generación de nuevos empleos en condiciones dignas.
- El PND persiste en políticas agotadas, como la clusterización (por inexistencia de dotaciones colectivas robustas) y las zonas francas (desde las cuales se exporta tan solo un 10% de su producción total).
- En materia tributaria, el Gobierno Duque copió al pie de la letra el pedido del Consejo Gremial Nacional para que disminuya la renta sobre personas jurídicas y para que los ciudadanos hagan un mayor sacrificio para cubrir el faltante fiscal. Se volvieron a implementar medidas tributarias que no corrigieron graves fallos como la dispersión y complejidad de los tributos. En cambio, persisten en justificaciones contraevidentes, como que la generación de empleo está asociada a menos tributación corporativa, formula revelada como ineficaz en todo el mundo. Se convalidaron tesis mentirosas, como la composición y nivel de las tasas nominales y efectivas de tributación. Se omite recordar que en Colombia son altos los impuestos como aporte a ingresos fiscales desde el empresariado, porque la renta está altamente concentrada, y el Plan de Desarrollo de Duque no va en la dirección de elevar tales rentas en otros segmentos –como las personas naturales- lo cual solo se logra por medio de productividades crecientes asociadas a sectores de mayor valor agregado.
- En materia laboral, el PND incluye medidas como mejorar los negocios especulativos con rentas provenientes del trabajo (como “seguros incluyentes”) o realizar una reforma a la seguridad social con el pago por horas y o jornales de salud y pensión. Una verdadera reforma de la seguridad social.
En el fondo el Plan de Desarrollo de Duque comporta una visión ideológica de la gestión de la economía: la del populismo de derechas en auge. El modelo de Estado y sociedad que origina pone en peligro, no solo las bases de la economía, sino que amenaza la democracia y el estado de derecho, sustituyéndolo ya no solo con el de opinión, sino con el poder ya casi omnímodo del gran empresariado.
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