En el marco de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Escuela Nacional Sindical presenta este informe que da cuenta de la violencia que han sufrido los activistas y líderes sindicales durante el 2018.
De la misma manera, durante esta semana, la Agencia de Información Laboral presentará dos crónicas sobre la memoria histórica de los sindicatos; de la palma en el Cesar y de Sintraunicol.
Balance de la violencia antisindical en Colombia
La situación de derechos humanos en Colombia suscita gran preocupación, a juzgar por lo ocurrido en este año que termina, en el que se agudizó la persecución y la violencia contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh), entre el primero de enero y el 30 de noviembre del año 2018 hubo 194 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia. Entre estos se cuentan 146 amenazas, 28 homicidios, 7 atentados, 6 hostigamientos, 3 desapariciones forzadas, 2 desplazamientos forzados, un allanamiento ilegal y un caso de tortura.
También hubo incremento en las acciones contra organizaciones sindicales como colectivo (Este tipo de violaciones se dirigen contra la organización sindical en su conjunto). Pasaron de 9 casos en 2017, a 36 casos en lo que va de 2018. Y durante el segundo semestre se identificó un incremento de la persecución y la amenaza contra sindicalistas.
A lo que se suman los incumplimientos en la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC y los obstáculos que han impedido avanzar en los diálogos con el ELN. Mientras el gobierno colombiano en el informe “Examen Periódico Universal” que presentó en mayo de 2018 señala avances en materia de derechos humanos, los movimientos y organizaciones sociales expresan grandes preocupaciones por el agravamiento de la situación.
El Gobierno Duque tiene grandes retos en materia de garantía, protección y promoción de los derechos humanos, especialmente frente a las personas que son vulnerables por diversos motivos: defender derechos laborales, el medio ambiente, poblaciones y territorios; por exigir restitución de tierras, apoyar la paz, denunciar la corrupción y liderar protestas y movilizaciones sociales.
Según el Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), entre enero y noviembre de 2018 en Colombia fueron asesinados 226 líderes defensores de Derechos Humanos en distintas regiones del país, principalmente en aquellas priorizadas por el postconflicto. Allí la ausencia estatal y el vacío dejado por las FARC permiten disputas territoriales por minería ilegal, explotación maderera ilegal, agricultura extensiva, control social y organizativo (Ver “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia», Procuraduría General de la Nación, Abril de 2018)
En lo que va de 2018, el 82% de las víctimas de la violencia antisindical fueron directivos sindicales, quienes venían defendiendo derechos humanos y laborales, exigiendo garantías para realizar su actividad sindical, haciendo denuncias, apoyando la paz, participando en huelgas y protestas. Violencia que se acentuó en el segundo semestre del año, en el que se registra más de la mitad de los casos documentados en 2018.
A la persistencia de la violencia se suma la criminalización de la acción sindical y de la protesta, por la vía del tratamiento de orden público, judicial y punitivo hacia ésta.
Es claro que la violencia antisindical impide o limita el ejercicio de la libertad sindical y la defensa de derechos de las y los trabajadores. Más aún en el caso colombiano, donde el sindicalismo ha padecido persecución y violencia como ningún otro en el mundo. De acuerdo con el Sinderh de la ENS, desde enero de 1973 hasta noviembre de 2018 se contabilizan al menos 14.805 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas 3.180 homicidios, 406 atentados contra la vida, 242 desapariciones forzadas, 7.281 amenazas de muerte y 1.900 desplazamientos forzados. Entre quienes perdieron su vida se cuentan 2.849 hombres y 331 mujeres. 929 de los asesinados eran dirigentes sindicales.
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Los casos en 2018
Cuando se esperaba que el proceso de paz rebajara los niveles de violencia contra el sindicalismo, vemos que en 2018 esta continuó especialmente contra activistas y directivos sindicales.
El Sinderh de la ENS presentó el siguiente cuadro de la violencia antisindical en 2018, con la advertencia de que existe subregistro dadas las dificultades en el acceso a la información, principalmente con relación a los casos de docentes sindicalizados. La reactivación de la violencia en las zonas rurales sigue siendo una constante y es una expresión que podría tener una relación con las dinámicas de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos.
Violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, 2018 (noviembre 30)
| Tipo de violación | Mujeres | Hombres | Total |
| Amenazas | 23 | 123 | 146 |
| Homicidios | 3 | 25 | 28 |
| Atentado con o sin lesiones | 3 | 4 | 7 |
| Hostigamiento | – | 6 | 6 |
| Desaparición forzada | 1 | 2 | 3 |
| Desplazamiento forzado | – | 2 | 2 |
| Allanamiento ilegal | 1 | – | 1 |
| Tortura | – | 1 | 1 |
| Total general | 31 | 163 | 194 |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH
De los casos anteriores, por su gravedad, se destacan los asesinatos de tres afiliados a Sinaltrainal en el Valle del Cauca. Ocurrieron en el mes de mayo, en momentos en que este sindicato negociaba su pliego petitorio con la multinacional Nestlé de Colombia. Las víctimas fueron Gilberto Espinosa, quien había sido amenazado en febrero; Luis Eduardo Domínguez, dirigente, y Cristian Lozano, trabajador de base, ambos asesinados el 23 de mayo en Andalucía, Valle.
El 14 de junio de 2018, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, organizaciones y dirigentes sindicales y sociales de varios departamentos fueron amenazados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Entre los directivos sindicales amenazados estaban Edgar Mojica, de la CUT Nacional; Fernando Otálvaro y Diego Escobar, de Asonal Judicial S.I; Hernán Arciniegas, de la CUT Valle; Germán Marín y Fernando Pérez, de la CUT Antioquia. También fueron amenazados los sindicatos Sintraunicol y Sinaltrainal.
Las amenazas a estas personas y organizaciones hacían referencia al apoyo de la dirigencia social y sindical al candidato Gustavo Petro, y el apoyo al proceso de paz. La pregunta obvia es: ¿quiénes están detrás de estas amenazas? ¿Por qué no hay voluntad ni eficacia de la Fiscalía ni de la Policía Nacional para encontrar los responsables y llevarlos ante la justicia?
El 15 de enero de 2018 en el Valle del Cauca 6 directivos sindicales y un trabajador recibieron amenaza por parte de las Autodefensas Gaitanistas, extensivas también a Sintraunicol, Asonal Judicial, Sutimac, Sintramunicipio, CUT Valle, CUT Cauca, la CTC y la CGT. El texto de la amenaza los relacionaba con la pedagogía por la paz y el respaldo al nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y el 29 de marzo en la sede de Sintraviescols en Cali se recibió un ramo de flores con una cinta y el nombre del sindicato, y las fotos de 4 dirigentes del sindicato.
En la Costa Caribe, el 2 de marzo de 2018 fue amenazada la dirigencia de Sintracoolechera, por parte del Bloque Sierra Nevada de las Autodefensas Unidas de Colombia, que los declaró objetivo militar acusándoles de izquierdistas.
Otro caso doloroso fue el asesinato de Holman Mamian, docente de ascendencia indígena adscrito a la Institución Educativa Santa Rita sede El Ventiadero, municipio de La Vega, Cauca, afiliado a la Asociación de Institutores de Cauca, Asoinca. Era destacado por su lucha en defensa del medio ambiente y contra la minería ilegal.
A mediados del año, en Medellín, el GAULA desactivó una banda de sicarios denominados “Los Magníficos”. Uno de sus miembros: Jesús Sangregorio Esquea, alias “Mi Sangre”, quien había sido agente de la Sijín y durante un tempo la Unidad Nacional de Protección lo designó como reemplazo de la escolta permanente de los esquemas de seguridad de varios líderes sociales, sindicales y un periodista de Antioquia. Es un hecho grave y preocupante, pues pone en alto riego a las organizaciones de derechos humanos y a los sindicalistas, y que no ha sido aclarado por la Unidad Nacional de Protección.
Entre los afectados por la infiltración de alias “Mi Sangre” estaban el expresidente de la CUT Antioquia, Carlos Julio Díaz, quien en ese momento se desempeñaba como director de la ENS; Luis Fernando Quijano Moreno, director de la agencia de prensa Análisis Urbano y presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades); Mario Agudelo Vásquez, analista político e intermediario en la desmovilización de pandillas urbanas en Medellín; Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros; William Millán Monsalve, exprocurador regional (e) de Antioquia y expresidente del Sindicato de la Procuraduría General de la Nación; Carlos Alberto Arcila Valencia, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín; y al líder indígena Juvenal Arrieta González.
En cuanto a la violencia contra mujeres sindicalistas, en lo que va del 2018 se han registrado 31 hechos, en la mayoría de los casos (80%) por ejercer roles de dirección y activismo sindical, especialmente la docencia.
En Viterbo, Caldas, el 25 de enero fue amenazada María Victoria Martínez Grisales, activista del Sindicato Educadores Unidos de Caldas, Educal. En Antioquia, Nariño y Guajira también se han presentado amenazas y asesinatos de docentes sindicalizadas. El 19 de febrero Olga María Perilla Bautista, representante de la Mesa de Víctimas del municipio de Maní, Casanare, presidenta de Asoprovicma e integrante del Comité Ejecutivo de la CGT seccional Casanare, recibió amenazas contra ella y su familia. Y está el caso de Irma Beatriz López Suárez, abogada y asesora de la CUT Valle y Asolaborales, víctima de un atentado el 11 de abril en Cali, donde persisten las intimidaciones contra mujeres familiares de dirigentes sindicales.
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Características de la violencia antisindical
Como lo señala el cuadro anterior, la amenaza es el tipo de violencia más recurrente, representa el 75,25% del total de casos registrados este 2018. Es una violencia no letal, pero de igual manera genera un ambiente de vulnerabilidad adverso para el ejercicio de la actividad sindical, así como para las agendas sociales y políticas ligadas a la misma. Gran parte de los sindicalistas amenazados llevaban a cabo procesos de defensa de derechos, de la paz y de los territorios, reclamaban restitución de tierras y apoyaban la campaña presidencial de la Colombia Humana.
Otro dato inquietante de la violencia antisindical en este 2018 es que en el 82% de los casos fue dirigida contra activistas y dirigentes sindicales. Esta focalización es muy grave en la medida de que conlleva la vulneración de derechos individuales y colectivos, impide el libre ejercicio de la libertad sindical y genera daños e impactos en los procesos y las organizaciones. Además guarda relación con la proliferación de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos en el país. Para la ONU, la expresión “defensor de derechos humanos” describe a la persona que individualmente o en conjunto con otras se esfuerza en promover o proteger esos derechos, que es justamente la labor que realizan los sindicalistas y sindicatos que hoy son víctimas de la violencia.
Distribuida por regiones, según Sinderh la violencia contra sindicalistas y sindicatos en este 2018 se ha presentado en 18 departamentos. Los que registran más casos son Valle (34%) y Cauca (23,19%), que concentran el 57,21% del total. Les siguen Bogotá, Antioquia, Atlántico y Caldas. Lo que indica una creciente agudización de la violencia antisindical en la región del suroccidente colombiano.
Distribuida por sectores de la producción, este año la violencia antisindical golpeó duramente a los sectores educativo, agricultura, otros servicios (agrupan directivas de las centrales sindicales), trabajadores de la seguridad, penitenciarios y de organizaciones sociales. También afectó sectores como el minero y el de la salud.
Particularmente en el Cauca, donde la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se ha tornado más fuerte, todas las víctimas pertenecientes a sindicatos y asociaciones campesinas están vinculadas a distintas plataformas de derechos humanos y de defensa del territorio. Es decir, su activismo no solo se supedita al plano sindical, sino que hay una articulación con procesos políticos y populares. Uno caso significativo es el de Huber Ballesteros, Directivo Nacional de Fensuagro y de la CUT, reconocido defensor de derechos humanos y miembro de varios procesos sociales en el Cauca, quien este 2018 fue amenazado en tres ocasiones or parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En cuanto a los responsables de la violencia cometida contra sindicalistas, en lo corrido de 2018 prevalecen los paramilitares como presuntos responsables: 52,06% de los casos. En el 41.7% de los casos los responsables no fueron identificados; y en un menor porcentaje fueron agentes del Estado y la guerrilla.
Según los registros disponibles, han sido reiteradas las amenazas individuales y colectivas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; por las Autodefensas Unidas de Colombia y las llamadas Águilas Negras.
Otra característica de la violencia sindical, no menos preocupante, es la impunidad que persiste. Falta eficacia de los organismos judiciales de investigación y de las autoridades responsables de la seguridad y de la integridad de los líderes y defensores de derechos humanos.
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Desafíos y recomendaciones
La Escuela Nacional Sindical reclama al gobierno del presidente Iván Duque medidas eficaces para detener las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de las y los trabajadores sindicalizados, garantizar el ejercicio efectivo de la libertad sindical como derecho fundamental, y las garantías constitucionales necesarias para el ejercicio del derecho a la protesta y a la huelga, consagrados en la constitución política y en tratados internacionales.
Es necesario respaldar las observaciones y recomendaciones que el Relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y las defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, hizo durante su reciente visita a Colombia. Entre las cuales se destacan:
- Exigir el cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos; la superación de la violencia antisindical y el control de la impunidad; garantías al ejercicio de la libertad sindical y la protección a los sindicalistas en virtud de los acuerdos de cooperación laboral en el marco de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia con EEUU, Canadá, la Unión Europea y las decisiones de la OIT. Especialmente el pronunciamiento recientes de la OIT respecto a la huelga de pilotos de Avianca.
- Instar al gobierno del presidente Duque a dar cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, y a persistir en la búsqueda de un acuerdo con el ELN para el cierre definitivo del conflicto armado en Colombia, como una condición necesaria para el ejercicio de la libertad sindical, la ampliación de la democracia y la superación de todo tipo de violencia que afecta a los sindicalistas. En Colombia podría haber mejores condiciones para el ejercicio de la libertad sindical y la superación definitiva de la violencia antisindical en la medida que se supere el conflicto armado interno, se desactiven y controlen los factores de violencia derivados del narcotráfico, del microtráfico, del despojo y usurpación de tierras; y a la vez se logre erradicar la cultura antisindical y de estigmatización auspiciada por algunos funcionarios públicos, como el Ministro de Defensa, y algunos empresarios.
- Reclamar de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial acciones eficaces de investigación y aplicación de justicia para superar los altos índices de impunidad que supera el 90% de los casos, a fin de garantizar el castigo ejemplar de los responsables de los crímenes contra las y los sindicalistas.
- Instar al gobierno nacional del presidente Duque a que ponga en marcha y garantice el cumplimiento del Plan de Acción Oportuna para la prevención y protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas. Para ello se deben acoger las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos y del Relator Especial de DDHH de las Naciones Unidas, quien manifestó: “Espero que esta misión y mis recomendaciones ayuden al gobierno a desarrollar y fortalecer aún más una política nacional sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos”, incluyendo a los sindicalistas”.
- Modificar el modelo actual y los esquemas de protección a personas amenazadas, depurando la infiltración de los esquemas de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, a fin de brindar garantías a los usuarios de los esquemas de seguridad de las organizaciones sociales, a los líderes sindicalistas y defensores de DDHH amenazados o en grave riesgo.
- Promover las garantías necesarias para que el movimiento sindical representado en la CUT, CTC, CGT y el sindicalismo independiente que ha sido víctima de la violencia antisindical, pueda concurrir ante el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, representado por la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
- En ausencia de aplicación de la justicia nacional y dada la alta impunidad frente a los hechos ocurridos contra las organizaciones sindicales y las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones sindicales se verán avocadas a acudir al sistema interamericano de derechos humanos para procurar el amparo de sus derechos fundamentales violados por el Estado, a fin de lograr medidas de restablecimiento, de protección y cautelares de ser necesaria.
- El gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior, en alianza con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías y demás organismos, y con el auspicio de la OIT, deben realizar acciones que contribuyan a la reparación simbólica al sindicalismo mediante campañas pedagógicas y de comunicación pública, para la promoción de las garantías a las y los trabajadores al ejercicio de la sindicalización, el derecho de afiliación a los sindicatos, a la negociación colectiva y el derecho a la huelga; así mismo dar pleno cumplimiento al Pacto por la Vida y la Protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, promovido por el Procurador General de la Nacional.´
- Destacar el apoyo y acompañamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han generado informes y audiencias y presentado alertas sobre la grave situación de derechos humanos en Colombia, e instado al gobierno a tomar medidas eficaces de protección a los líderes y defensores de derechos humanos y sindicalistas. Para ello se requiere redoblar los esfuerzos que ayuden al gobierno nacional, a los gobiernos locales y a las autoridades competentes a tomar medidas eficaces.
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