Sindicatos y trabajadores del agro piden ser tenidos en cuenta en proyecto de ley para la “dignificación del trabajo rural”

En la audiencia pública programada en el Senado para este miércoles 7 de noviembre, las y los trabajadores agropecuarios de organizaciones sindicales o asociaciones campesinas podrán plantear sus inquietudes en torno al proyecto de ley llamado de “dignificación del trabajo rural”, sobre la cual tienen grandes reparos por las implicaciones negativas que tendrá en materia laboral y pensional.

A la realización de esta audiencia pública se comprometieron el ponente del proyecto de ley, senador Gabriel Velasco, del Partido Conservador, y el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático. También es producto del Encuentro que el pasado lunes sostuvieron los asesores de los senadores de la comisión donde se discute este proyecto, con voceros de varias organizaciones rurales, sindicales y campesinas.

Los interesados en participar en la audiencia pública se pueden inscribir en el siguiente formulario:

 

La principal preocupación de los voceros de las organizaciones que participaron en el Encuentro, se centró en que el proyecto no tuvo en cuenta a los trabajadores del agro, cuando es vital su participación. Lo otro que preocupa es que establece pisos salariales por debajo del salario mínimo, lo cual abre un puente para legalizar el trabajo precario y la subcontratación, e impedir derechos de asociación y negociación colectiva. Además es inconstitucional y va en contra de los convenios sobre trabajo decente de la OIT, ratificados por Colombia

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A este Encuentro se convocaron los senadores de la comisión donde se discute el proyecto, pero solo asistió Victoria Sandino, del partido FARC. Los senadores Gabriel Velasco Ocampo (su ponente), Honorio Miguel Henríquez, Carlos Fernando Motoa, Nadia Blel Escaf, Angélica Lozano y Omar Restrepo Correa, este último del partido FARC, enviaron a sus asesores.

Por parte de la sociedad civil asistieron representantes de la CUT, CTC, OIT, Fundación FESCOL, Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, Fensuagro, Sintraimagra, Sintrainagro y Mujeres Campesinas de la Sierra Nevada, entre otras organizaciones.

La sesión puede verse en su totalidad en el siguiente video:

 El concepto de la CUT sobre el proyecto

Diógenes Orjuela, recientemente elegido presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, manifestó su preocupación por la forma como el Gobierno pretende afrontar los graves problemas de informalidad laboral, que superan el 60%. “No quiere ir a las causas de este fenómeno y combatirlo, sino todo lo contrario: volver ley esa informalidad”, dijo.

Agregó que superar la informalidad en el campo pasa por promulgar leyes y programas que tiendan a subir la producción agropecuaria del país, que actualmente importa al año 14 millones de toneladas de alimentos. Ello generaría entre 4 y 5 millones de empleos formales, y un crecimiento económico ligado al incremento de los salarios y por ende mayor capacidad de compra.

 Fabio Arias, fiscal de la CUT, leyó un comunicado redactado por las organizaciones sindicales y sociales en torno a este proyecto de ley, en el que se afirma que éste constituye una falacia, ya que, aparte de que no fue consultado con las organizaciones sindicales ni los pobladores de las regiones afectadas, atenta contra derechos acordados en OIT y genera desigualdad al poner en un régimen especial a los trabajadores del agro. Además es inconstitucional, porque viola el derecho a un salario digno, mínimo vital y móvil.

Insistió en que el proyecto debe debatirse en las regiones, en el Senado y en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es donde, por mandato constitucional, se tramitan este tipo de iniciativas. Además debe contar con el concepto técnico de la OIT.

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 Qué dijo la senadora Victoria Sandino

 Para la senadora del partido de las FARC, a la iniciativa le falta reflexión por parte de los sectores sociales, como también vincular a quienes están haciendo la ponencia y tramitando los proyectos de ley 038 del 2018 y el 049 del 2017.

Para esta dirigente, las falencias del proyecto se pueden subsanar si se desarrolla el punto 1.3.3.5 de los Acuerdos de Paz, que habla sobre protección social, formalización laboral rural y un plan nacional de salud rural. Cualquier iniciativa que se desarrolle en este sentido, debe tener como base lo acordado en este punto del Acuerdo de Paz.

Sugirió que sería bueno articular esta iniciativa a otros proyectos de ley que vienen trabajando el partido FARC, la UP y el Polo en materia de reforma al sistema pensional, y que debe considerar en particular a la población rural.

Opinión del Centro de Solidaridad de AFL-CIO

 “Este proyecto es tan precario, que incluso habla de micro seguro para los campesinos, un seguro pequeñito”, señaló Carlos Guarnizo, coordinador en Colombia del Centro de Solidaridad de AFL-CIO, federación sindical de Estados Unidos.

Reiteró que contraviene normas internacionales de la OIT y desconoce la protección especial de que goza el trabajo, consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política. Además plantea la legalización de una serie de relaciones ilegales que, por ser extendidas y darse por mucho tiempo, no pueden entenderse como legalizadas. Por el contrario, son las causas del atraso y la precariedad en el campo.

Guarnizo hizo un llamado a que se reconozcan los derechos laborales, ya que, como se ve en los países desarrollados, son el motor de su economía y de su gente. Y llamó a involucrar a los sujetos de esta ley: los campesinos.

 La opinión de Fescol

 “Aprobar este proyecto es legalizar la precariedad laboral rural”, dijo Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos de la Fundación Fescol. En su concepto, es inconveniente que se cree el jornal rural integral, porque no solo es inconstitucional sino que atenta contra el principio del salario mínimo vital y móvil, legaliza la precariedad laboral, y quita derechos a las y los trabajadores.

Asimismo criticó lo que el proyecto plantea en cuanto a Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), los cuales estarían determinados por la capacidad de ahorro de un trabajador agropecuario que no goza de un ingreso digno y muchas veces está por debajo de la línea de pobreza. “Hacer eso es, sin duda, dejar desprotegida a la población rural en sus años de vejez”, anotó.

Opinión de un líder campesino de Nariño

 En el campo prima la pobreza y la indigencia, y este proyecto de ley de “dignificación del trabajo rural” no  apunta a resolver esos problemas”, dijo Rober Daza, integrante de la UTL del senador Alberto Castilla y líder campesino de Nariño, al tiempo que pidió un proceso de debate y concertación con los sectores de las regiones.

Señaló que en el campo no hay capacidad de ahorro, porque el pago por jornal hace que las familias a duras penas tengan ingresos por $200 mil o $300 mil mensuales. La mitad de la población son mujeres y hacen trabajos no remunerados. Además los trabajos por jornal son estacionales. Se pregunta entonces: ¿de dónde va a salir el dinero para los BEPS?

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Qué dijo Sintrainagro

“Este proyecto frenará y retrocederá la conquista de derechos en los sectores donde hemos logrado avances en materia laboral”, dijo por su parte Benjamín Rojas, asesor jurídico de Sintrainagro.

Manifestó su temor de que las agroindustrias que hoy tienen trabajadores protegidos por convenciones colectivas, harán uso de las herramientas que propone este proyecto de ley para precarizar a esos trabajadores, disminuyendo aún más el nivel de sindicalización y negociación colectiva de Colombia, uno de los más bajos del mundo.

 Opinión de una campesina de la Sierra Nevada

“Este proyecto no tiene en cuenta los aportes que las mujeres trabajadoras rurales hacemos a la economía”, subrayó María Jazmín, líder campesina de la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Dijo que si bien el proyecto reconoce la deuda histórica con las mujeres trabajadoras del campo, desconoce las causas de esa deuda. Explicó que el 51% de la fuerza laboral en el campo, son mujeres; en manos de ellas está el 26% de la producción del café y aportan 5 veces más que los hombres a la economía del hogar. La mujer invierte más del 90% de sus ingresos en bienes que contribuyen a superar la pobreza. Este proyecto, insistió, no tiene en cuenta ninguna de esas contribuciones.

 La senadora Angélica Lozano

 El asesor de la senadora del partido Alianza Verde presente en el Encuentro, señaló que la figura de los BEPS incluida en el proyecto hará desaparecer la pensión en el sector agropecuario.

“Las pensiones en el sector rural tenderían a desaparecer porque se remplazarían con estos BEPS, que solo son un subsidio y que además tienen como base el salario, ya de por sí precario. Además, los BEPS no se pagan mensual sino bimensualmente”, dijo el asesor.

Señaló que el concepto de salario integral es para trabajadores que tienen un ingreso alto, y no se entiende por qué se quiere equiparar con el campesinado que percibe ingresos tan bajos.

 Qué dijo la ANUC

 “Mientras no se resuelva el tema de la tenencia de la tierra, estas propuestas son inútiles”, dijo por su parte Juan de Dios Torres Ruiz, exdirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

 Manifestó que de la tierra se han apoderado, a punta de asesinatos, quienes no trabajan en ella, lo que ha causado la grave crisis del campo colombiano. Resaltó que si aún existe algún asomo de resistencia cívica rural, es gracias a la movilización campesina que encabezó la ANUC.

 Opinión de Sintraimagra

 Para el sindicato Nacional de Trabajadores de Alimentos, Sintrainagra, la aprobación de este proyecto de ley conllevaría a un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la agroindustria, acabaría con las convenciones laborales, la formalización laboral y los contratos a término indefinido, ya que se remplazarían por contratos estacionales en época de producción. También incrementaría la migración a las ciudades.

 Opinión de Fensuagro

 “El proyecto de ley de “dignificación del trabajo rural” abre la puerta para que los grandes empresarios de la agroindustria precaricen más el trabajo”, fue la opinión de Pablo Vargas, integrante del Comité Ejecutivo de Fensuagro.

Recordó que las organizaciones campesinas han reiteradamente han denunciado el abandono campesinado por parte del Estado, y los legisladores en vez de ofrecer alternativas que los favorezcan formulan propuestas que no solucionan sus problemas.

“En la zona bananera de Urabá hay fincas que ya no vinculan directamente a los trabajadores sino que lo hacen por horas o por días de embarque. Esa práctica ilegal es lo que esta ley quiere hacer legal”, subrayó Vargas.

 Explicaciones del ponente de la ley

Edwin Maldonado, asesor del Senador Gabriel Velasco, ponente del proyecto de ley, aclaró que éste es una iniciativa parlamentaria que viene desde el año pasado y ha superado dos debates en cámara, lo que demuestra la preocupación del Congreso por mejorar las condiciones de una población a la que, por su estacionalidad laboral, se le dificulta acceder a los sistemas de seguridad social que hay en el país, diseñados solo para personas que ganan más de un salario mínimo.

Recalcó que el proyecto busca que el 87% de los trabajadores agropecuarios que no cotizan al sistema, y solo tiene salud subsidiada, tengan la posibilidad de tener protegidos los riesgos a accidentes, vejez y muerte a través del Seguro Inclusivo Rural, y que podrán tener mayor cobertura en la medida que el ahorro lo permita.

Reconoció que el proyecto no abarca a todos los trabajadores rurales, solo a los agropecuarios, que son solo 33% de la fuerza laboral rural.

En cuanto a los BEPS, señaló que no son pensiones en el sentido estricto de la palabra, pero pueden ayudar a proteger a la vejez, en el entendido de que podrían acceder al régimen contributivo a través de los ahorros individuales o a otras pensiones, si la estructura productiva del campo cambia y se mejoran los ingresos.

Aclaró que el nuevo articulado del proyecto incluye sanciones para las empresas que utilicen esta figura para contrataciones ilegales. “La idea no es ahondar los problemas de los trabajadores agropecuarios, sino facilitarles los mecanismos para que accedan a beneficios más altos”, señaló el  asesor del ponente del proyecto.

También manifestó la voluntad de seguir escuchando sugerencias de parte de la sociedad y los trabajadores acerca de los impactos de esta ley, mediante mecanismos como la audiencia pública programada para este 7 de noviembre.

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