Daniel Hawkins, director del Área de Investigación de la Escuela Nacional Sindical nos explica en este artículo el porqué los Derechos laborales en Colombia, ahora están en la mira de la OCDE.
Tras ocho años de insistencia y desespero por parte del presidente Juan Manuel Santos, su sueño de que el país fuese admitido en la OCDE –popularmente llamado “club de buenas prácticas”– se cumplió. El pasado 30 de mayo se firmó la adhesión de Colombia a este exclusivo club.
Para formalizar el trámite solo queda la ratificación del Congreso de Colombia y el visto bueno del presidente que se elija este 17 de junio. Gustavo Petro, candidato de izquierda, dijo que antes de tomar una decisión tendría que estudiar los compromisos formales de la membresía de Colombia a la OCDE. Iván Duque, candidato de la derecha, del Centro Democrático del expresidente Uribe, opina que Colombia no debe ingresar “a las carreras” a la OCDE, porque eso podría afectar negativamente algunos sectores económicos. Propone un periodo de transición de 10 años para el ingreso.
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El presente artículo analiza el camino recorrido para adherir a la OCDE, con énfasis en los temas del trabajo y los derechos laborales y sindicales, y señala algunas de las implicaciones de esta decisión.
Ocho años de brega para el ingreso a la OCDE
El camino de Ingreso a la OCDE fue largo. El país se tuvo que someter a un proceso de evaluación, que comenzó en 2011, cuando el Presidente Santos manifestó su interés de que el país adhiriera a esa organización. Dos años después el Consejo de este organismo invitó formalmente a Colombia, y el proceso arrancó. Un año después la OCDE alistó 23 Comités para evaluar y recomendar los ajustes requeridos para la aprobación del ingreso.
Para sacar adelante su iniciativa el Presidente Santos tuvo el apoyo político del Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, de quien es amigo personal. Gurría fue de gran ayuda para salir del impase planteado por algunos gobiernos, especialmente Austria, Alemania y Canadá, que repetidas veces cuestionaron la admisión de Colombia debido a sus graves y continuas falencias en la protección de derechos laborales.
Durante 4 años los 23 comités de evaluación realizaron varias misiones técnicas en Colombia. Cada comité publicó un informe temático sobre el estado de las políticas institucionales regulatorias y las leyes, comparándolas con los estándares de los otros 35 países miembros de la OCDE.
Fue larga la lista de recomendaciones que los comités presentaron para mejorar las prácticas colombianas, y el Gobierno Santos demostró una gran agilidad política para implementar muchas de estas recomendaciones en la normatividad nacional; algo que contrasta con las obstrucciones y el bloqueo de las reformas legales y políticas plasmadas en los Acuerdos de Paz con las FARC. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se materializaron varias de las recomendaciones de los expertos de la OCDE.
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Así, los distintos comités técnicos de la OCDE aprobaron uno a uno el ingreso de Colombia. Los últimos en dar su visto bueno fueron el comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (ELSAC), y el comité de Comercio.
¿Una decisión más técnica qué política?
La OCDE se vende como una organización multilateral en la que priman la transparencia y el rigor técnico. Pero como suele suceder en la política, el poder tiene más peso que los principios.
En el caso de la adhesión de Colombia, ese rigor y transparencia no se aplicaron en los niveles esperados. El ELSAC cumplió su tarea de evaluar las prácticas del gobierno en este tema y de recomendar caminos de mejoría. No obstante, pese al mínimo progreso en el cumplimiento de estas recomendaciones, este comité dio su visto bueno a Colombia en el mes de abril.
Por otra parte, el gobierno colombiano se entregó sumisamente a los requerimientos de la OCDE y sus funcionarios y no informó debidamente a la opinión pública sobre los procedimientos, los avances, recomendaciones y costos de dicha política. Todo el proceso de adhesión se hizo a espaldas de los colombianos.
El apoyo del Gobierno de Estados Unidos fue clave tanto para la postulación de Colombia a la OCDE, como para su llegada hasta las etapas finales. Fue ahí, entonces, cuando apareció el volátil presidente Trump. Presionado por los sectores manufacturero y farmacéutico estadounidenses, preocupados por la supuesta violación de los buenos estándares de la OCDE en materia de chatarrización de camiones, propiedad intelectual y patentes médicas, el gobierno de Trump apretó el cuello del gobierno colombiano solicitando cambios significativos en favor de la economía estadounidense, a cambio de su apoyo al ingreso de Colombia.
Con respecto a los medicamentos, el año pasado el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que el medicamento Glivec era de interés público, hecho que fue rechazado por Afidro, el gremio que representa a las firmas farmacéuticas extranjeras en Colombia. El decreto que reglamenta la efectividad y el precio de los nuevos medicamentos que entren al mercado colombiano, también genera malestar a este gremio, que tiene un gran poder de lobby en el mundo.
En marzo de este año la Ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, se reunió con representantes empresariales estadounidenses (Phrma, Uscib y NAM) para apaciguar sus ánimos y amortiguar las quejas en contra de Colombia.
4 temas en materia de empleo
El Comité ELSAC evaluó el sistema de relaciones industriales, leyes laborales y la política social de Colombia, para asegurar que las políticas y los actores del mercado laboral, la protección social, la migración y capacitación, concuerden con los estándares de buenas prácticas para el desarrollo económico sostenible que pregona la OCDE.
El ELSAC publicó su evaluación formal sobre Colombia a principios de 2016. En dicho documento, aparte de muchas recomendaciones sobre diversos temas, se identifican varias acciones y reformas que debía impulsar el gobierno colombiano, tendientes a mejorar la regulación del mercado laboral y la protección de los derechos colectivos e individuales.
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No obstante, luego de reunirse con varios funcionarios del gobierno colombiano y de otros países miembros de la OCDE, y con representantes sindicales de Colombia, el TUAC (Comité de asesoría sindical de la OCDE), y algunas ONG colombianas, señaló que Colombia debía avanzar en 4 temas:
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Tercerización e informalidad laboral:
La participación que los empleos temporales y subcontratados tienen en el total del empleo en Colombia, es más alta que en cualquier país miembro de la OCDE. Los niveles de informalidad laboral, medidos por la desprotección social, superan por mucho los estándares.
Para reducir la tercerización laboral, el Comité ELSAC sugiere que el gobierno restrinja o prohíba el mal uso de los contratos de derecho civil (propuesta de gobierno del candidato Gustavo Petro), los cuales atentan contra los derechos y, en particular, contra la estabilidad laboral de las y los trabajadores. A todos éstos las empresas deben ofrecer contratos de trabajo. La OCDE pide que el gobierno redoble esfuerzos para reducir la dualidad en el mercado laboral y reformule el sistema de salud dual que incentiva la informalidad laboral.
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Implementación y cumplimiento de leyes laborales:
El Comité ELSAC identificó la debilidad institucional de Colombia en materia laboral, que ya había señalado en 2011 la Misión de Alto Nivel de la OIT, y los expertos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). El fortalecimiento de la institucionalidad fue, además, una de las propuestas claves del Plan de Acción Laboral firmado por los presidentes Obama y Santos en abril de 2011. La OIT reconoció los esfuerzos por mejorar la implementación de las leyes laborales mediante la ampliación y capacitación de los inspectores del trabajo, aunque falta mucho por hacer. Recomendó al Ministerio de Trabajo utilizar los nuevos recursos para asegurar que los inspectores cumplan con los procedimientos y tiempos legales; que se optimice el recaudo de las sanciones por violaciones de leyes laborales; y que se combata efectivamente la tercerización laboral abusiva.
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La negociación colectiva:
A pesar del marco normativo que protege las libertades sindicales y la negociación colectiva en Colombia, en la práctica la discriminación continúa. Tanto la densidad sindical como la cobertura de la negociación colectiva están muy por debajo de los estándares de la OCDE. En este punto el Comité ELSAC ha recomendado que se extiendan automáticamente los beneficios de la negociación colectiva a todos los trabajadores de una empresa; que el gobierno adopte un marco legal para la negociación colectiva sectorial; que se eliminen los pactos colectivos en empresas donde haya organizaciones sindicales; y que se promueva una mesa única para la negociación colectiva en cada empresa, como está planteado en el Decreto 160 de 2014.
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Violencia antisindical:
El Comité de la OCDE dio su visto bueno a las medidas implementadas por la Unidad Nacional de Protección en años recientes, a fin de mejorar la protección de sindicalistas amenazadas. También destacó la reducción del nivel de violencia, especialmente de homicidios. No obstante, la impunidad por estos crímenes aún está en niveles inaceptables.
La continuidad de actos de violencia requiere acciones efectivas por parte del gobierno colombiano. Como se ha insistido desde la ENS, en los últimos años la reducción de casos de violencia antisindical esconde que los actos criminales se orientan contra de dirigentes y líderes sindicales. Además, han aumentado los casos de violencia contra organizaciones sindicales, al igual que la violencia sindical en zonas rurales, donde también aumentó significativamente la violencia y homicidios perpetrados en contra de defensores de derechos humanos y de restitución de tierras.
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Para el tema laboral-sindical el Comité ELSAC está diseñando una nueva hoja de ruta de mejoras para Colombia, que tiene el apoyo del Gobierno canadiense. Éste está terminando una investigación sobre la queja que sindicatos colombianos y canadienses formularon en 2016, por violación del capítulo laboral del TLC entre ambos países.
Nos espera pues un largo camino de monitoreo internacional del comportamiento del gobierno colombiano en materia laboral y sindical, ahora que es miembro de la OCDE. Una membresía que asume sin medidas legales claras, y más como un proceso de presión “light”, esta vez multilateral.
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Milton Cortes:
20/06/2018,Me gustaría recibir información sobre todo lo relacionado con el país y la OCDE.