Memoria Histórica. Violencia antisindical en Atlántico
Barranquilla ganó el apelativo de la “Puerta de Oro de Colombia” por ser espacio de un ambicioso proyecto político nacional a inicios del siglo XX. Se esperaba que la principal ciudad de la costa atlántica tuviera el puerto más importante del país y asentara en su territorio a algunas de las mejores industrias; sin embargo, el transcurrir del tiempo reveló que el compromiso político nunca marchó a la par de las expectativas. El muelle de Puerto Colombia se desmorona día a día, así como las condiciones laborales de hombres y mujeres que han pagado con sus propias vidas la lucha por un país diferente.
La investigación Fisonomías del miedo: un paulatino enmudecimiento contribuye al debate sobre las implicaciones políticas y sociales de la violencia sistemática contra las organizaciones sindicales en el departamento del Atlántico y en Colombia.
La investigación Fisonomías del miedo: un paulatino enmudecimiento contribuye al debate sobre las implicaciones políticas y sociales de la violencia sistemática contra las organizaciones sindicales en el departamento del Atlántico y en Colombia. El reto de la reparación del tejido social parte de un ejercicio de memoria para la realización de un inventario de daños que permita encontrar patrones comunes en las lógicas de la violencia nacional y desentrañar las especificidades y las necesidades a nivel regional y organizacional.
Iniciando con estos hechos se hace ineludible examinar el contexto de violencia contra el sindicalismo en el departamento del Atlántico, que en nada corresponde a un escenario de posconflicto y que desde luego debe cobijar al propio Estado como parte activa dentro del abanico de victimarios. El contexto restrictivo de la actividad sindical en la región está enmarcado en itinerarios ajustados a las lógicas de una violencia que no cesa y a un escenario en donde el diálogo social entre las empresas y el Estado con las organizaciones sindicales continúa abriendo interrogantes. Es fundamental profundizar la discusión sobre los actuales escenarios de exclusión, de precarización laboral y de impunidad respecto a las lógicas de violencia contra el movimiento sindical.
En primer lugar, es pertinente señalar que la violencia antisindical en Atlántico ha presentado niveles de intensidad inferiores a los de otros departamentos del país. Se estima que solo entre 1986 y 2012 se registraron 2.940 homicidios contra sindicalistas en Colombia, que se distribuyen territorialmente de la siguiente manera: Antioquia (46.43%), Santander (7.59%), Valle del Cauca (6.22%) y Cesar (4.08%). El departamento del Atlántico, con 1.87% del total de los casos, tiene una de las cifras más bajas del país e incluso de la región Caribe si se le compara con otros departamentos como Córdoba (3.06%) y Magdalena (3.44%). Sin embargo, este panorama no debe ser entendido como la consolidación de las garantías para el ejercicio sindical y el respeto por la integridad de los trabajadores atlanticenses. De hecho, un repaso histórico por las luchas sindicales en ese departamento refleja reiterativas violaciones a sus derechos.
Un repaso histórico
A finales del Siglo XIX, Barranquilla se erigía como centro fabril y de transportes. Gracias a un crédito otorgado por Estados Unidos, la ciudad mejoró su infraestructura física y comenzó a crecer sostenidamente el sector industrial durante la década de los años 20 del siglo XX, y con ello llegaron grandes flujos migratorios de otras zonas del país y del exterior. La lucha obrera que se inició para entonces empezó a manifestarse contra esa nueva tendencia económica de la ciudad y a defender los sectores agrícola y artesanal que predominaban anteriormente. El nuevo modelo de desarrollo solo beneficiaba a unas minorías y ahondaba las diferencias sociales en la ciudad. Las repercusiones no se hicieron esperar, en 1920 gran número de trabajadores de diferentes empresas entraron en huelga.
A mediados de los años 30, Barranquilla poseía 134 firmas industriales; sin embargo, la llegada al poder de los conservadores en la década de los años 40 deterioró las condiciones laborales de los obreros y Barranquilla, como centro portuario, empezó a perder terreno frente a Buenaventura, puerto en el pacífico colombiano. Los intentos por urbanizar la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XX ocasionaron marcadas desigualdades en el estilo de vida de empresarios y obreros, y fueron el punto de partida para el despojo de gran cantidad de campesinos.
En el año 1964, producto de la división en la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, emergió, con ayuda del Partido Comunista de entonces, la Federación Fesutral. Con ello se acentúan las raíces izquierdistas del sindicalismo atlanticense en contraste con la liberal Fedetral. Los jefes de relaciones industriales del departamento elaboraron una lista negra con los nombres de los líderes sindicales. Empezaron a suceder asesinatos que solo fueron dimensionados por el mismo movimiento sindical hasta la creación de la subdirectiva de la CUT en el Atlántico, en 1987. Para la década de los años 70 apenas se empezó a hablar del surgimiento de fuerzas oscuras, como las de alias “Loco Bermúdez”, identificado como jefe del grupo “La mano negra”.
Entretanto, la élite atlanticense intentaba dar vuelta atrás a los derechos laborales de libre asociación con la puesta en marcha de agencias temporales que eliminaron trabajadores permanentes, reemplazándolos por trabajadores eventuales, sin ninguna garantía ni estabilidad laboral.
Las protestas crecieron a la par con el precio de los combustibles, que a su vez incentivó aumentos en todos los insumos de la ciudad. Los salarios se tornaron insuficientes para cubrir, incluso, los mismos gastos que les generaba el trabajo. Los señalamientos y las amenazas aumentaron de calibre, así como la intensa puja por la tierra. Desde el gobierno nacional se autorizaron allanamientos y detenciones arbitrarias de organizaciones y dirigentes sindicales.
Algunas versiones, como la de Hernán Pedraza Saravia, apuntan a que la violencia desatada en el departamento del Atlántico tuvo un factor determinante: se constituyó en contestación a ese cúmulo de manifestaciones obreras, que no solo reivindicaron unas mejoras en las condiciones de trabajo, sino que también denunciaron los actos de corrupción en los sectores públicos, en los cuales se encontraban involucrados los grupos paramilitares.
Para ese momento, el Atlántico irrumpía como el departamento con mayor accionar de la delincuencia en la Costa Caribe, además de ocupar el tercer lugar a nivel nacional. Para el año 1996, existían cerca de 200 mil desplazados en el departamento. La mayoría provenían de regiones como Urabá, Montes de María, Zona Bananera del Magdalena, Sur de Bolívar, zonas fronterizas con Venezuela y el Magdalena Medio. La configuración del mapa del desplazamiento forzado permite identificar una serie de actores armados causantes de ese desastre social correspondientes a unos porcentajes particulares y diferenciados.
La participación, por actores causantes de desplazamientos, se discrimina así: grupos paramilitares: 34.27% de los desplazados; la guerrilla: 27.76%; las fuerzas militares: 20.23%; la Policía Nacional: 2.55%; otros: 15.19%. No obstante, la Fuerza Pública señalaba que el aumento de la inseguridad en el Atlántico se debía solo al accionar guerrillero.
Lo cierto es que la ciudad se estaba volviendo invivible para los sindicalistas, según expresó Jesús Tovar. Las manifestaciones de violencia contra la vida, la libertad e integridad de los sindicalistas en el departamento del Atlántico se consolidan en varias fases.
La primera fase, en la década de los años 70, estuvo marcada por escenarios de fuerte confrontación entre las organizaciones sindicales y las fuerzas del Estado. Pese a que no existía un carácter sistemático en estos acontecimientos violentos, comenzaba a avizorarse un clima de alarma por la aparición de ciertos “grupos de choque”, cobijados bajo la denominación de “La mano negra”. Las amenazas, los hostigamientos y las agresiones físicas respondieron, entre otras razones, a los intensos procesos de urbanización en la ciudad de Barranquilla durante esta década, particularmente en los barrios El Bosque, Las Malvinas, La Sierra, San Luis, El Carmen, además de otros municipios, como Sabanalarga y Campo de la Cruz. Allí se configuró un panorama signado por las luchas territoriales, en donde diferentes organizaciones sindicales establecieron férreas alianzas con otro tipo de movimientos comunitarios y campesinos. Esta nueva trayectoria social provocó una reacción violenta por parte de la fuerza pública y de estos grupos clandestinos con la intención de recuperar territorios y de frenar el ímpetu movilizador.
Una segunda fase estuvo signada por la sistematicidad de los hechos violentos, a partir de la irrupción de las fuerzas paramilitares en la región durante el cambio de siglo. La relación establecida entre la violencia y el miedo durante este periodo, que coincidió con el fortalecimiento de las políticas privatizadoras, indujo una oleada de asesinatos y los primeros desplazamientos en masa por cuenta de las amenazas y hostigamientos. La investigación adelantada por la ENS reveló que los periodos más críticos en cuanto a violación al derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física de los y las sindicalistas fueron 1999, 2001 y 2004. Adicionalmente, la identificación de los paramilitares como victimarios, además de un sector de la fuerza pública y la guerrilla, fue cada vez más notoria, sobre todo a partir del año 2003.
Finalmente, se pudo identificar una tercera fase a partir del año 2006, momento en el que se desmovilizó el Bloque Norte de las Autodefensas, que reconfiguró el mapa de la ilegalidad en el departamento y, por tanto, de la violencia contra el movimiento sindical. El agitado contexto desplegado durante ese tiempo permitió evidenciar la versatilidad en sus manifestaciones a través del accionar de las llamadas Bandas Emergentes. Si bien se constató una reducción considerable en el porcentaje de homicidios, también quedó en evidencia la continuidad de los niveles de amenazas, incluso con ligeros incrementos en años claves como 2004, 2009 y 2011.
En el computador del líder paramilitar Jorge 40 se encontraron informes de “objetivos” dados de baja con los detalles de cada caso. Todos los homicidios se justificaban por la supuesta colaboración de las víctimas con los frentes 19 y 37 de las FARC.
En el computador del líder paramilitar Jorge 40 se encontraron informes de “objetivos” dados de baja con los detalles de cada caso. Todos los homicidios se justificaban por la supuesta colaboración de las víctimas con los frentes 19 y 37 de las FARC. En declaraciones recientes, Rafael Enrique García, ex director de informática del DAS, reveló las estrechas alianzas del director de este organismo con las autodefensas, en especial con Jorge 40, y también revalidó las anteriores afirmaciones, en razón a la entrega efectuada por parte del DAS a los paramilitares de una lista con los nombres de varios líderes sociales y sindicales. De acuerdo con la versión de García, Noguera le hizo saber a él que su administración colaboraría de manera estrecha con estos grupos, en particular con los de la Costa Atlántica. Las alianzas y correspondencias ideológicas permitieron la construcción de un listado de víctimas para asesinar y amenazar, procedentes de sindicatos como Sindeagricultores, Fensuagro, Sintraelecol, y Anthoc, entre otros.
Ya en años recientes, la administración distrital de Barranquilla ha intentado vulnerar los derechos de los trabajadores a expresar su inconformidad por las pocas garantías y condiciones laborales dignas. El alcalde Alejandro Char, por ejemplo, suscribió los Decretos 0052 y 0053 de enero del 2011, que penalizaron las reuniones, desfiles y manifestaciones públicas, exceptuando las aglomeraciones atinentes a la realización del Carnaval de Barranquilla.
Hechos de violencia registrados contra sindicalistas en Atlántico. 1986-2012
| Año | Casos | Año | Casos |
| 1986 | 1 | 2002 | 10 |
| 1987 | 1 | 2003 | 19 |
| 1988 | 2 | 2004 | 51 |
| 1989 | 2 | 2005 | 20 |
| 1992 | 1 | 2006 | 17 |
| 1993 | 1 | 2007 | 17 |
| 1997 | 4 | 2008 | 14 |
| 1998 | 5 | 2009 | 41 |
| 1999 | 20 | 2010 | 11 |
| 2000 | 6 | 2011 | 38 |
| 2001 | 27 | 2012 | 14 |
Fuente: base de datos Sinderh de la ENS.
Más allá de los esfuerzos estadísticos puestos en consideración, la investigación pone de relieve la persistencia del escenario restrictivo contra las organizaciones sindicales luego del proceso de desmovilización. La rememoración de la experiencia a través de los diferentes relatos de las víctimas, sus amigos, compañeros y familiares, tejen una trama colmada de tintes dramáticos que hace visibles otras aristas en los niveles de afectación.
Por ejemplo, al establecer una comparación descriptiva entre los porcentajes de víctimas según el género, se advierte un predominio de la población masculina con un 88.51% en relación a la población femenina, que figura con el 11.49%. Sin embargo, los relatos cuestionan parcialmente la pertinencia de estas primeras conclusiones, al tomar en consideración las experiencias de las mujeres sindicalistas, y sus polifacéticas vidas, enfrentadas a condicionantes históricos ceñidos a moldes patriarcales que han limitado su vinculación efectiva con los movimientos de carácter laboral y político.
Aunque la totalidad del movimiento sindical atlanticense ha padecido los embates de fuerzas del Estado, los empresarios y las organizaciones criminales, los casos de los sindicatos Anthoc y Sintraelecol se convierten en claros ejemplos de una violación sistemática, que no ha pretendido únicamente el deterioro de las conquistas laborales, sino también la eliminación de sujetos que nutren con sus propias dinámicas el ejercicio democrático de un país como Colombia.
Las lógicas de la violencia contra Anthoc (distrital y departamental), Sintraelecol, y en general contra la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, han respondido a unos contextos permisivos y marcados por elementos estrechamente vinculados: el primero, en razón a las movilizaciones y protestas en procura de defender las condiciones de trabajo decente; el segundo, debido a las manifestaciones públicas frente a las irregularidades y actos de corrupción y a las denuncias por la apropiación de recursos por parte de los grupos ilegales; el tercero, como respuesta a las protestas por los impactos de los procesos de reestructuración iniciados durante la década de los años 90 en el sector eléctrico, y a partir del nuevo siglo en el sector de la salud; y en cuarto lugar, en virtud del accionar político sindical, encaminado a pensar un modelo de salud y de sociedad diferente, mucho más democrático y con mayores niveles de equidad.
ANTHOC y su lucha por la vida
El claro deterioro de la calidad ofrecida por el sistema de salud colombiano, luego de la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993, ha afectado a la sociedad en su conjunto. Pacientes y trabajadores han visto cómo se vulneran sus derechos día tras día, y cómo se evade desde la institucionalidad una respuesta contundente a la crisis estructural del sistema. En el caso del departamento del Atlántico, los efectos de la Ley 100 se agravan con el entramado de la corrupción regional.
Para ese tiempo, el sindicato de Anthoc Atlántico, creado en el año de 1975, llevaba varios años de luchas por el trabajo digno en el sector de la salud.
La crisis hospitalaria que se empezó a advertir a comienzos de los años 80 en Barranquilla, adquirió unas características mucho más dramáticas promediando la mitad de dicho periodo. En particular, los médicos del Hospital General de Barranquilla denunciaban la falta de implementos, equipos y medicinas para prestar en forma eficiente sus servicios. Para ese tiempo, el sindicato de Anthoc Atlántico, creado en el año de 1975, llevaba varios años de luchas por el trabajo digno en el sector de la salud. Tres centros hospitalarios fueron los primeros núcleos de la actividad de esta organización en la capital del Atlántico: el Hospital Universitario de Barranquilla, el Hospital de Barranquilla y la Clínica del Caribe.
De acuerdo con la versión de un exdirigente de Anthoc Atlántico, las afiliaciones al sindicato se hicieron en masa, toda vez que los trabajadores empezaron a advertir las bondades de fortalecer la organización, que ésta fuese capaz de defender los intereses de la salud en una región donde los servicios eran muy precarios y los tratos diferenciales eran más que evidentes. Esta situación respondía, en parte, a los dominios territoriales ejercidos por los gamonales políticos, quienes tenían cierto control en la asignación de puestos de trabajo como reservorio de votos en temporadas de elecciones. De tal manera que se hacía preciso interrogar y poner en cuestión este tipo de disposiciones político-territoriales mediante el empoderamiento de una base sindical fuerte.
Hacia los años 1997-1998 se comenzó a volcar todo el poder intimidatorio de los grupos paramilitares en contra de la organización sindical Anthoc. Contrario a lo que se ha venido pensando respecto a la irrupción de la violencia contra dicha organización, en el sentido de que solo se dio a partir del año 2001, las evidencias recopiladas a través de las entrevistas efectuadas a varios líderes sindicales, tienden a matizar esta primera hipótesis. Desde finales de la década de los años 90, líderes como Ángel Salas, Ricardo Orozco, Israel Barreiro, entre otros, habían empezado a ser víctimas de una serie de amenazas sistemáticas.
Evidentemente, en el año 2001, que coincidió con la llegada al poder distrital por parte de Humberto Caiaffa, exalcalde de Barranquilla 2001-2004, se registraron ocho violaciones a la vida, a la libertad, y a la integridad física de los integrantes de Anthoc en el departamento. También se presentaron un asesinato y siete amenazas. Durante el año siguiente no se registraron hechos de violencia en la base de datos de Sinderh, pero en el 2003 se dio cuenta de dos episodios de violencia.
Durante este periodo empezaron a hacerse más evidentes las infiltraciones en las diferentes manifestaciones realizadas por la organización. Era común encontrar algunos sujetos desconocidos filmándolos o vendiendo algunos artilugios en medio de las marchas, y luego verlos retornar en circunstancias diferentes. La cooptación del espacio de la protesta por los dispositivos de inteligencia operó como una herramienta de amedrentamiento psicológico en medio de un escenario que intentaba acentuar las relaciones asimétricas de poder y acallar todo trazo de inconformismo.
La lucha estigmatizada de Sintraelecol
Desde 1982 el gobierno nacional venía procurando consolidar un Plan de Integración Regional en el manejo del sector eléctrico en toda la Costa Atlántica.
No obstante, para el año 1985 este proceso comenzaba a evidenciar unos primeros signos de desgaste. A raíz de ello, la Corporación Eléctrica del Atlántico, Corelca, creada en el año 1967 mediante la Ley 59, y por intermedio de la sobretasa retenida por el Estado a los ciudadanos de la Costa Atlántica, tomó las riendas del Plan, con el objetivo de darle un giro definitivo a este vasto proyecto de desarrollo. Pero lo que se pudo constatar con el correr del tiempo, fueron las denuncias sobre actos de corrupción y movidas burocráticas en esta corporación.
De manera simultánea, el sindicato de Corelca, creado en el año 1975 en el departamento de Santander por iniciativa de líderes sindicales como Carlos Rodríguez y Gilberto Gamboa, combatió desde sus inicios con el fin de hacerse un espacio reivindicativo dentro de la compañía. Los dirigentes sindicales de este departamento advirtieron la necesidad de crear un sindicalismo de industria fuerte. Pronto, estas luchas comenzaron a irradiarse a otras zonas a través de reuniones a lo largo y ancho del territorio nacional.
En principio, el sindicato reclamó no solo el derecho a la transparencia en el manejo de la empresa y el reintegro de personal despedido, sino también el derecho a que los empleados adquirieran el estatus de trabajadores oficiales, a fin de facilitar las afiliaciones. Dentro de esta nueva categoría de trabajadores oficiales, obtenida finalmente en 1987, quedaron cobijados los operarios de planta y de subestaciones, choferes, mecánicos, enfermeros, servicios técnicos, servicios generales, herramenteros, supervisores, almacenistas; pasando así de 450 a 950 los trabajadores reclasificados en esta categoría.
Pese al ambiente hostil y a las disputas de poder por parte de las directivas de la empresa, el sindicato fue ganando terreno y configurando un verdadero espectro regional de acción, involucrando todos los departamentos de la Costa Atlántica, más San Andrés.
La solidez organizativa del sindicato, su trabajo constante en procura de nuevas y mejores conquistas para sus afiliados y para la prestación de un servicio adecuado a las necesidades de la región, lo convirtieron en blanco de persecuciones y difamaciones sin sentido que intentaban frenar sus notorios avances. Al igual que en otras regiones del país, los malos desempeños en los servicios prestados por algunas empresas, especialmente en el suministro de agua, luz y teléfono, fueron asociados a las actividades sindicales desarrolladas por los trabajadores, desacreditando aún más sus reivindicaciones políticas.
La organización sindical fue acusada por la Policía y la Armada Nacional de fomentar el paro y los racionamientos de energía, violando el decreto emitido por el gobierno nacional en el que se prohibía la alteración del orden público bajo cualquier circunstancia. Incluso fue frecuente la militarización de la planta durante las movilizaciones obreras.
El Ministro de Desarrollo Económico durante el gobierno de Virgilio Barco, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, invitaba a los empresarios del país a invertir en esta zona, además de atender al mercado nacional con la intención de asumir el gran reto del sector exportador. El ministro afirmaba que bajo el nuevo enfoque de desarrollo industrial impulsado en el país durante los próximos años, esta zona debía adquirir un carácter protagónico.
Lo que quizás parecía insinuarse era una especie de renacer de aquel imaginario de ciudad industriosa que se proyectó en las primeras décadas del siglo XX, bajo el correlato de la violencia, el desempleo y la crisis del sector público. Como consecuencia del supuesto renacer industrial, la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, abrió las puertas a la privatización a comienzos de dicho periodo. Dicha apertura se tradujo en un entramado de corrupción que vinculó a la administración distrital con los nuevos propietarios de la Corporación, en situaciones que llegaron a llamar la atención de la misma Contraloría de Barranquilla. Nuevamente los ciudadanos y especialmente los trabajadores sindicalizados fueron víctimas de las medidas neoliberales impuestas desde el Gobierno Nacional.
La información existente da cuenta de 6 incidentes violentos contra la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas pertenecientes a Sintraelecol en el departamento del Atlántico. Del total, 3 son homicidios, cuyas víctimas fueron Edulfo Zambrano (ocurrido el 27 de octubre de 1997), Luis Oñate Henríquez (el 24 de mayo del 2003), y Adán Pacheco (el 2 de mayo del 2005). También existe registro de una amenaza y un hostigamiento contra Rubén Castro Quintana, ocurridos el 1º de abril y el 14 de mayo del 2004 respectivamente, además de dos atentados contra Fernando Echavarría el 13 de junio de 1999.
La violencia de las últimas décadas en Colombia, particularmente la que victimiza al movimiento sindical a través de los interminables desangres y silenciamientos, ha agudizado las intolerancias políticas y las desigualdades económicas.
La violencia de las últimas décadas en Colombia, particularmente la que victimiza al movimiento sindical a través de los interminables desangres y silenciamientos, ha agudizado las intolerancias políticas y las desigualdades económicas. En ese sentido, el Estado colombiano ha desconocido el rol del sindicalismo como interlocutor válido dentro de los grandes debates políticos, a la hora de instaurar un modelo de sociedad satisfactorio para todos y todas.
El sindicalismo colombiano, en el contexto histórico del país, solo ha encontrado algo de representación en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. La alineación de los otros gobiernos con la política exterior estadounidense y la hegemonía política y económica de las élites colombianas en el país, han relegado a los sindicalistas, e incluso los han convertido en enemigos del Estado a raíz de la polarización generada desde la Guerra Fría.
Cada uno de estos elementos señalados también se ajusta a unos patrones discursivos, en donde los señalamientos contra las organizaciones sindicales y sus integrantes, están cargados de atributos descalificadores y de gran impacto mediático, como “comunista”, “subversivo”, “guerrillero”, “auxiliador de la guerrilla”, “terrorista”, “holgazán”, “acaba empresas”, “revoltoso”, “izquierdoso”, entre otros.
Lo anterior revela un panorama restrictivo en el país, reflejado a través de una violencia que no cesa y en donde el diálogo social entre los sectores económicos y políticos, además del Estado, con las organizaciones sindicales, continúa abriendo inmensas oportunidades de reflexión.