En la antesala del 1° de Mayo, informe de la ENS sobre coyuntura laboral y sindical en Colombia

Objetivos de desarrollo sostenible estratégico para logros de Trabajo Decente

   

En el año 2000, 189 países miembros de la ONU se comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que representaban la oportunidad para lograr el cumplimiento de 8 desafíos esenciales para el desarrollo humano.

En 2015 la ONU estableció 17 nuevos desafíos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que no sólo reiteran los desafíos anteriores sino que plantean metas más universales, que incluyen temas como el desarrollo económico sostenible y la construcción de sociedades en paz como garantes del bienestar social. Así se configuró la Agenda a desarrollarse a 2030[1].

Esta Agenda no es ajena al movimiento sindical. La Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA) se ha propuesto intervenir en los espacios creados en la región para el seguimiento y examen de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en las Américas, como el ‘Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”^[2], marco en el que la CEPAL presentará su primer informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda.

Los ODS son un llamado a los países y a la sociedad a adoptar medidas para poner fin a la pobreza y la desigualdad, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz, justicia y prosperidad. Los 17 Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros. Por ejemplo, responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma como se gestionan los recursos naturales; lograr la igualdad de género y generar condiciones de trabajo decente ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y las sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías.

Son, por tanto, objetivos que están estrechamente relacionados con la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y de la promoción de la reconciliación, que exige la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para sectores de la población que han sido excluidos y doblegados por el abandono, los efectos del conflicto armado y la carencia de una función pública eficaz y presencia del Estado.

En la antesala de la celebración del 1° de mayo, la ENS presenta el panorama general de 6 ODS claves para el movimiento sindical, dada su relación directa con el mercado laboral y el impacto sobre las condiciones de los y las trabajadoras del país. Son objetivos estratégicos que deben ser analizados en torno a sus metas, y para los cuales debe haber constante seguimiento. Estos ODS se contrastan con la coyuntura que actualmente tiene el país en cada uno de ellos, lo que nos ofrece, de un lado, un mapa de la realidad actual, y del otro unas metas por cumplir.

ODS 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

a- Pobreza y pobreza extrema

Para 2030: erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso persona inferior a 1,25 USD al día. (Meta 1 Objetivo 1).

En 2016, el 28,0% de los colombianos eran pobres, con una enorme brecha entre las regiones. En la zona urbana la tasa de pobreza fue de 24,9%, y en la rural de 38,6%. O sea que la brecha entre una y otra es de 13,7 puntos porcentuales. La pobreza extrema es del 8,5%, manteniéndose la brecha entre zonas urbanas y rurales. En las primeras es de 5,6% y en las segundas de 18,1%.

La pobreza en Colombia está asociada a oportunidades de empleo y de educación, dos de los factores que habría que enfrentar para reducir la inequidad.

El 73,6% de los pobres están en la informalidad.

El 27,78% de las personas están en condición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es decir, presenta al menos una de estas privaciones: viviendas inadecuadas, con hacinamiento crítico, con servicios inadecuados, con dependencia económica y con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Mientras que un hogar está en situación de miseria si incumple dos o más de estas privaciones. En Colombia el 10,64% está en situación de miseria.

El coeficiente de concentración de la riqueza Gini se ubicó en 0,517, que ubica al país como uno de los más desiguales de la región.

  b- Protección social para la población ocupada

 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos. Para 2030 lograr amplia cobertura a pobres y vulnerables. (Meta 3 Objetivo 1).

 En 2016 el 61,6% de los 22´156.000 ocupados estaba excluido del sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías y cajas de compensación familiar). Sólo el 41,9% aportaba al sistema de salud, el 39,3% cotizaba a pensiones, el 45,3% lo hacía a riesgos laborales, y 38,4% estaba afiliado a las cesantías.

 En Colombia existe el subsidio al desempleo, pero no cubre a todos los desempleados. Quienes lo reciben sólo lo pueden hacer por una vez en la vida, y es un subsidio que apenas equivale al 78% del valor de la línea de pobreza. En 2015 el subsidio al desempleo sólo cubrió el 2,3% de los desocupados del país, ya que en ese año sólo se asignaron 49.421 subsidios.

 

 ODS 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

  a- Economía del cuidado

 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. (Meta 4 Objetivo 5).

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa el 20,4% del PIB del país, esto es, $135 billones. El 80% de este trabajo lo realizan las mujeres. Éstas dedican más del doble del tiempo de su trabajo a labores no remuneradas. Así, la brecha entre hombres y mujeres que se dedican al hogar es de gran magnitud, una proporción de 50 a 1.

Las mujeres permanecen más tiempo en el desempleo y rotan más en los empleos que los hombres. Mientras un hombre se retira una vez de la actividad laboral, una mujer lo hace 3,5 veces, principalmente para dedicarse al cuidado de los recién nacidos o de los adultos mayores del hogar.

En cuanto al trabajo doméstico remunerado, el DANE reporta que en 2016 había 677.000 personas ocupadas en este este sector (el 3,1% del total de la población ocupada), y de ellas el 94,8% fueron mujeres, el resto hombres. El promedio de ingreso salarial fue en este año de $564.043.

En materia de derechos laborales, en el primer semestre de 2016 el 91,7% de los y las trabajadoras de este sector estaban afiliadas a salud (el 60,7% en el régimen subsidiado); el 84,5% no estaba en una aseguradora de riesgos laborales, el 76,9% no estaba en un fondo de cesantías, y el 80,7% no estaba afiliada a un fondo de pensiones. Además, solo el 9,4% tenía contrato escrito.

Las mujeres de las zonas urbanas trabajan más que las rurales: 3 horas y 13 minutos más diarios. Sin embargo, las rurales dedican el 67% de su tiempo laboral al trabajo no remunerado.

 Según el ICBF, en Colombia hay 69.000 Madres Comunitarias, entre ellas algunos padres comunitarios, que atienden 1´077.000 niños y niñas en el servicio de hogares comunitarios. Su lucha histórica ha sido por el reconocimiento pleno como trabajo merecedor de todas las garantías legales.

 b- Participación de las mujeres en el mercado laboral

Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. (Meta 5 Objetivo 5).

En el mercado laboral persisten enormes brechas entre las condiciones de los hombres y la de las mujeres. Muestra de ello es que en 2016 la tasa global de participación de los hombres fue 74,9%, 20,4 pp por encima de las mujeres, que fue de 54,5%. Así mismo, mientras que la tasa de ocupación de los hombres fue 69,6%, la de las mujeres fue 48,0%, una brecha de 21,6 pp. De otro lado, la tasa de desempleo de hombres fue 7,1% mientras de las mujeres fue 12,0%, una diferencia de 4,9 pp.

La segregación de las mujeres persiste. Más del 60% de las mujeres se concentraron en dos ramas de actividad económica; comercio, hoteles y restaurantes (35,2%) y servicios comunales, sociales y personales (31,1%). Esta concentración provoca que ellas tengan menores niveles de remuneración y además obstaculiza el ingreso de los hombres a estos sectores asociados a lo femenino.

En cambio, la ocupación de los hombres fue más diversa: en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el 22,7%; en comercio, hoteles y restaurantes el 22,6%; en industria manufacturera el 11,4%, y servicios comunales sociales y personales el 11,1%.

Si bien en el sector público hubo avances en la igualdad de las condiciones entre hombres y mujeres en los cargos de decisión del Estado, aún falta mucho por hacer. En el sector privado la situación es más compleja. En 2015, de cada 100 mujeres ocupadas sólo 2,7 se ocupaban en cargos de alta y media gerencia.

En cuanto a la protección social, la característica principal de la población ocupada es la informalidad por acceso a la seguridad social (salud y pensiones), pues se evidenció un alto grado de exclusión, más del 60% del total de ocupados. En 2016 apenas el 35,5% de los ocupados estaba afiliado a salud y pensiones, pero desagregado por sexo, a salud y pensión estaban afiliados el 35,6% de los hombres y el 35,5% de las mujeres.

 

ODS8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

a- Contratación y salarios

 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financiero. (Meta 3 Objetivo 8).

Para el 1° trimestre de 2016 sólo el 53,8% de los ocupados manifestó tener un contrato de trabajo, de éstos, el 61,7% escrito y el 38,3% verbal. Entre los escritos el 67,9% era a término indefinido y el 31,7% fijo.

De cada 100 ocupados 49 eran asalariados y 51 no lo eran. El 16,9% de los primeros recibió menos de las 2/3 partes del salario medio. Así mismo, el 73,8% del total de ocupados tenía empleo precario (en 2015 fue 74,4%), esto es, sin contrato o con contrato a término fijo o vinculados por empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado o empresa asociativa de trabajo.

b- Brecha salarial hombres y mujeres

Para 2030 lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos jóvenes y personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. (Meta 5 Objetivo 8).

Un estudio de la ENS[3] encontró que al distribuir los ingresos por deciles entre 2008-2014, las mujeres tuvieron un ingreso inferior a los hombres, con mayores diferencias en los deciles más bajos, en donde, para 2014, en el decil 1 las mujeres recibieron apenas 42,3% de lo que devengaron los hombres. A medida que los trabajos son mejor remunerados las diferencias se van cerrando, pero en cualquier caso las mujeres ganan menos. En 2015 recibieron 20,3% menos ingresos de los que recibieron los hombres.

En cuanto a la población con discapacidad, el Censo 2005 del DANE encontró que en Colombia hay 2´624.898 personas con discapacidad (6,3% del total de la población). El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, del Ministerio de Salud, en 2013 dio cuenta de 977.291 personas con discapacidad (solo el 37% de las identificadas en el Censo 2005).

El 52,3% de estas personas estaban en edad productiva, el 15,5% trabajaba y de éstas sólo el 2,5% recibía un salario mínimo. En general, se encontró que el 91,0% de las personas en discapacidad tienen ingresos que no superan el salario mínimo legal, y el 42% cuenta apenas con educación básica primaria.

c- Situación de los jóvenes

Para 2020 reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no estudian ni reciben capacitación. (Meta 6 Objetivo 8).

 Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT. (Meta 12 Objetivo 8).

En 2016 el 21,2% de los jóvenes colombianos (entre 15 y 24 años) eran ninis, o sea que no estudiaban, no trabajaban, ni recibían capacitación. En 2015 la tasa fue de 21,3%. La tasa de mujeres ninis fue mayor: 29,4%, o sea 16,3 pp por encima de la tasa de hombres ninis, que fue 13,1%. Los factores de riesgo más importantes asociados a la condición de nini de las mujeres son el matrimonio precoz y el embarazo durante la adolescencia, o incluso ambos.

Para este mismo año la tasa de desempleo de los jóvenes entre 14-28 años aumentó: fue del 15,9% (1´122.000 desempleados), y constituyen el 49,9% del total de desempleados del país. La situación de las mujeres es más grave: reportaron una tasa de desempleo de 20,8%, con diferencia de 8,7 pp con respecto a la de los hombres, que fue de 12,1%.

A nivel nacional los jóvenes se ocuparon principalmente como obrero o empleado particular (52,0%), cuenta propia (32,1%) y trabajador sin remuneración (6,9%). Además, se concentraron en tres grandes ramas de actividad: comercio, hoteles y restaurantes (29,2%); servicios comunales, sociales y personales (17,5%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (15,1%).

d- Trabajo infantil y trabajo forzoso

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Y a más tardar en 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. (Meta 7 Objetivo 8).

Según estimaciones recientes de OIT, 21 millones de hombres, mujeres y niños están sujetos a condiciones de trabajo forzoso en todo el mundo.

En lo que respecta a Colombia, en el IV trimestre de 2016 la tasa de trabajo infantil fue 7,8%; y la tasa de ampliada, que incluye a los niños, niñas y adolescentes que realizan oficios del hogar por 15 horas o más a la semana, fue 12,5%.

Más del 70% de los niños, niñas y adolescentes trabajadores se concentraron en dos sectores: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (36,6%) y comercio, hoteles y restaurantes (36,3%). El 42,1% trabajó menos de 15 horas a la semana, pero un destacado 33,4% trabajó 30 horas y más. Así mismo se encontró que el 47,2% era trabajador sin remuneración, 26,7% asalariado y 26,1% independiente.

e- Entorno de trabajo seguro y protección de los derechos laborales

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. (Meta 7 Objetivo 8).

En Colombia la cobertura al Sistema General de Riesgos Laborales ha crecido en los últimos años, sin embargo, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales parecen haber aumentado, sin contar el enorme subregistro o la invisibilización que se presenta en ambos casos. La tasa de afiliación es aún bastante baja. De 22´156.000 ocupados que hubo en 2016, 10´039.527 tenía afiliación al sistema (45,3%), evidenciando el predominio del empleo informal y elevados niveles de evasión y elusión.

En el periodo 2010-2016 se presentaron cerca de cuatro millones y medio de accidentes de trabajo, de los cuales 3.937 fueron mortales. Y sólo en 2016 se reportaron 701.696 accidentes de trabajo, o sea un promedio a 58.475 mensuales, o 365 accidentes cada hora.

En cuanto a enfermedades laborales, en 2016 se registraron 10.572 (881 mensuales), con un incremento de 10,3% con respecto a 2015, año en que se reportaron 9.583 enfermedades laborales calificadas. Por otro lado, se reportaron 607 muertes laborales, más del 60% correspondieron a muertes de afiliados a las clases de riesgo más alta (IV y V).

Veamos lo ocurrido en cuanto al respeto por los derechos laborales:

Inspección laboral. Por cada 10.000 ocupados en el país en 2016, había solo 0,41 inspectores del trabajo, con el agravante de que los inspectores del trabajo se capacitan y se van de la institución debido a la alta rotación por carencia de vinculación a la carrera administrativa; además el Ministerio de Trabajo no tiene procedimientos administrativos de investigación estandarizados, ni un método claro y preciso para definir y resolver los casos sometidos a su consideración, investigación y sanción.

La tercerización. Se ha convertido en la estrategia de empresas públicas y privadas para trasgredir el derecho a la libertad sindical. Según Min-Trabajo, en 2016 se suscribieron 53 acuerdos de formalización laboral que beneficiaron a 4.019 trabajadores. Sin embargo, ha habido problemas con el procedimiento de los acuerdos. Por un lado, el Ministerio insiste en la firma de estos acuerdos sin solicitar la presencia de sindicatos o centrales sindicales; y por el otro, falta seguimiento y verificación de los acuerdos ya firmados.

Irrespeto a normas internacionales del trabajo en libertad sindical. Entre 2014-2016 se presentaron ante el Ministerio de Trabajo 163 querellas, 106 por intermediación laboral ilegal que impide el ejercicio de la libertad sindical, y 57 por el uso indebido de pactos colectivos y planes de beneficios con trabajadores no sindicalizados, con el fin de acabar o desestimular la afiliación sindical. Del total de querellas 14 están en archivo, 137 en trámite, 1 ha sido resulta y sólo en 11 casos hay sanción.

Densidad Sindical. Para el 2015 la afiliación a sindicatos sobrepaso ligeramente el millón de afiliados, para una tasa de sindicalización del 4,6% con respecto al total de ocupados. En 2016 la tendencia creciente se mantuvo y se reportaron un total de 1´020.160 afiliados, un incremento de 1,8% con respecto al año anterior, permaneciendo la tasa invariable. Ese año se registraron 5.451 organizaciones sindicales. Los sectores que más afiliados tuvieron: Educación (26,5%), Industria manufacturera (11,8%), Administración pública y defensa (11,8%) y servicios sociales y de salud (11,0%).

Negociación Colectiva. En 2015, de cada 100 convenios colectivos registrados en los sectores público y privado, 73 fueron contratos sindicales, 19 convenciones colectivas y 8 pactos colectivos. Mantienen pues preponderancia los contratos sindicales, que reemplazaron las cooperativas de trabajo asociado y se consolidan como un mecanismo para la desnaturalización de la actividad sindical. El 36% de las convenciones colectivas se dieron en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras que un 17% en el sector industrial y un 11,6% en la salud. La mayoría de pactos colectivos, el 42,6%, se registró en la industria manufacturera. El 97,7% de los contratos sindicales se suscribieron en el sector servicios sociales y de salud.

 

ODS10: reducir la desigualdad en y entre los países 

 Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. (Meta 4 Objetivo 10).

En Colombia el crecimiento económico no ha beneficiado de manera significativa a los trabajadores. La mayor parte de la riqueza producida ha sido capturada por la ganancia del capital. La participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB en 2015 fue de 33,5%. Esto tiene un impacto directo en las condiciones de desigualdad, pues los salarios bajos disminuyen la demanda de bienes y servicios. En cambio, salarios más altos acrecientan la demanda, lo que favorece el bienestar de los hogares, estimula la ganancia, la inversión y el empleo.

En 2016 el 48,7% de los ocupados recibió menos de un salario mínimo; el 37,2% entre uno y dos salarios, y sólo el 14,1% recibió más de dos salarios mínimos.

 

ODS13: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. (Meta 2 Objetivo 13).

El cambio climático tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. Se necesita una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.

Los empleos verdes son plazas de trabajo decentes que contribuyen a la preservación y restauración del ambiente. De acuerdo con OIT, la transición hacia una economía más verde podría generar hasta 60 millones de empleos adicionales, ayudaría a las personas a salir de la pobreza y promovería la inclusión social, siempre y cuando se introduzcan las medidas correctas.

 

ODS16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

a- La justicia no proteja el ejercicio de la libertad sindical

Promover el estado de derecho en lo nacional e internacional, y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. (Meta 3 Objetivo 16).

 La falta de acceso efectivo a la justicia por parte de los y las trabajadoras en temas de violación a la libertad sindical, es una gran preocupación. Si bien las organizaciones sindicales han hecho esfuerzos para recobrar la confianza en el Ministerio de Trabajo y los jueces, las decisiones de éstos continúan sin dar respuestas a las peticiones desde la órbita del derecho laboral.

De una muestra de 220 casos de libertad sindical, entre resoluciones del Ministerio de Trabajo, fallos de tutela, procesos ordinarios y proceso especial de fuero, se analizaron 170, de los cuales 111 son casos que NO amparan el derecho a la libertad sindical, representando el 65,3% de casos analizados.

El Min-Trabajo no protege la Libertad Sindical porque sus decisiones contradicen tanto normas internas (la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo) como internacionales (Convenios 87, 98 y 151 de la OIT). Al analizar 37 de 55 resoluciones del Min-Trabajo entre 2012-2015, vemos que no responde a su obligación de vigilar, controlar e imponer sanciones a los empleadores que violan la libertad sindical: en el 76% de los casos se niega el derecho, o se archiva o se declara incompetente. Quiere decir que los mecanismos de inspección, vigilancia y control del Ministerio no sirven para disuadir las conductas atentatorias, ni para restituir derechos.

b- Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas

 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. (Meta 10 Objetivo 16).

De acuerdo con los registros de la ENS, entre 1973 y al 31 de marzo de 2017 hubo al menos 14.400 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.114 homicidios. En 2016 persistió la violencia contra sindicalistas. Se registraron 268 violaciones, entre éstas 19 homicidios, 17 atentados, 188 amenazas, 28 hostigamientos, 5 detenciones arbitrarias y 8 allanamientos ilegales.

Una cuarta parte de la violencia se concentró en el sector de la agricultura, caza y pesca, 17,9% en la educación, 16,4% en minas y canteras, entre otros. Asimismo, la violencia se presentó en 24 departamentos, siendo el Valle el más afectado con el 33,0% de los casos.

Ahora, ¿qué tanto se investigan los crímenes contra sindicalistas? En los últimos 5 años se fortaleció la capacidad de la Fiscalía General para investigar estos crímenes, pero ello no se ha traducido en avances significativos. La impunidad sigue al orden del día. Hubo un tenue avance entre 2010 y 2015, en que ésta bajó del 98% al 95%.

A la violencia antisindical se suman otras formas de persecución contra sindicalistas y sindicatos. Por ejemplo, hay necesidad de avanzar en garantías para la movilización y la protesta social. En 2016 hubo una disminución del 7,2% en las protestas laborales y sindicales. Sin embargo, el activismo sindical mantiene una dinámica significativa, como lo atestiguan las 348 acciones de protestas protagonizadas por trabajadores organizados y no organizados, sindicatos y otro tipo de organizaciones del ámbito laboral.

Y a todo esto se suma la criminalización de la acción y la protesta sindical, que son tratadas como un delito o como un problema de orden público, no como un derecho y una libertad fundamental. Las protestas laborales y sindicales son reprimidas por el Esmad; se incrementaron los procesos de judicialización contra sindicalistas, con el afán de desgastar los sindicatos a través de sanciones en lugar de resolver los conflictos laborales en los espacios de diálogo. Se tiene información de 85 casos en los cuales sindicalistas enfrentan procesos disciplinarios y judiciales; 49 violaciones a los derechos humanos de sindicalistas entre 2015 y 2016 fueron cometidas presuntamente por organismos estatales (ejército y policía).

Para avanzar hacia la Agenda 2030 el país tiene grandes retos: la formalización laboral, el respeto por las libertades sindicales, el acceso a la justicia, el fortalecimiento de la inspección laboral y en general la promoción de políticas públicas que generen condiciones de trabajo decente que permitan la reconstrucción del tejido social y la reconciliación.

                Anexo. Principales indicadores laborales y de protección social 2014-2016.

Concepto	2014	2015	2016
Población ocupada	21.503.000	22.017.000	22.156.000
Tasa de ocupación	58,0%	59,0%	58,5%
Población desocupada	2.151.000	2.156.000	2.249.000
Tasa de desocupación	9,1%	8,0%	9,2%
Población subempleada subjetiva	6.882.000	7.004.000	6.799.000
Tasa de subempleo subjetivo	29,1%	29,0%	27,9%
Población subempleada objetiva	2.539.000	2.583.000	2.505.000
Tasa de subempleo objetiva	10,7%	10,7%	10,3%
Población Inactiva	13.172.000	13.169.000	13.446.000
Tasa de inactividad	35,8%	35,3%	35,5%
Total ocupados por cuenta propia	9.163.000	9.345.000	9.558.000
Participación del cuenta propia en el empleo nacional	42,6%	42,4%	43,1%
Total ocupados asalariados	10.373.000	10.719.000	10.783.000
Participación de los asalariados en el empleo nacional	48,2%	48,7%	48,7%
Total ocupados no asalariados	11.130.000	11.298.000	11.373.000
Participación de los no asalariados en el empleo nacional	51,8%	51,3%	51,3%
Población ocupada afiliada a salud (aportante)	8.742.000	8.982.000	9.274.000
Participación afiliados cotizantes salud en el empleo total	40,7%	40,8%	41,9%
Ocupados cotizantes a pensiones	7.652.407	8.360.423	8.697.394
Participación afiliados cotizantes pensiones en empleo total	35,6%	38,0%	39,3%
Población ocupada afiliada al  sistema de riesgos laborales	8.936.935	9.656.830	10.039.527
Participación afiliados cotizantes riesgos laborales empleo total	41,6%	43,9%	45,3%
Población ocupada afiliada a fondo de cesantías (incluye FNA)	7.424.898	7.990.779	8.496.149
Participación afiliados a cesantías en el empleo total	34,5%	36,3%	38,4%
Población ocupada afiliada a cajas de compensación familiar  (Agos 2014-2015)	7.587.615	8.252.916	N.D.
Participación afiliados cajas de compensación en empleo total	35,3%	37,5%	N.D.
Tasa de informalidad por acceso a seguridad social integral	65,0%	64,0%	61,6%

  

Informe sobre Medellín y Valle de Aburrá 2015-2016

En 2016 Medellín y su Área Metropolitana registró una tasa de pobreza monetaria de 14,1%. Más de 500.000 personas en la ciudad eran pobres. Con ello esta ciudad se ubicó por encima de Bogotá y Bucaramanga, donde la tasa de pobreza fue de 11,6% y 10,6% respectivamente. En el caso de la pobreza extrema, la tasa fue de 2,9%, superior a la reportada en Bucaramanga (1,2%), Pereira (1,8%), Bogotá (2,3%), Manizales (2,5%).

Por otro lado, cuando se analiza el coeficiente de concentración de riqueza Gini, de un listado de 23 ciudades reportadas, Medellín y su área metropolitana se ubicó en el puesto 17, con un indicador de 0,478, superando en desigualdad a Cali, Pasto, Barranquilla, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, entre otras.

Tabla 1. Indicadores sociales 2015-2016

Medellín y Área Metropolitana	2015	2016
Pobreza monetaria	14,3%	14,1%
Pobreza monetaria extrema	3,3%	2,9%
Gini	0,489	0,478

 Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE.

En 2016 la tasa de desempleo en Medellín y su área metropolitana fue 10,7%. Permaneció casi invariables con respecto a 2015, y se ubicó 1,5 puntos porcentuales por encima de la reportada a nivel nacional. Mientras que la tasa de ocupación fue de 58,3%. En total se encontraban 1.793.000 ocupados y 214.000 desocupados.

Tabla 2. Indicadores del mercado laboral 2015-2016

Concepto	2015	2016
Tasa Global de Participación-TGP-	65,7	65,3
Tasa de Ocupación –TO-	58,7	58,3
Tasa de Desempleo –TD-	10,6	10,7
Población total	3.598.000	3.643.000
Población en edad de trabajar	3.032.000	3.074.000
Población económicamente activa	1.991.000	2.007.000
Ocupados	1.780.000	1.793.000
Desocupados	211.000	214.000
Inactivos	1.040.000	1.067.000

 Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE

Del total de ocupados en Medellín y su Área Metropolitana, el 69,4% se concentró en tres grandes ramas de actividad económica: comercio, hoteles y restaurantes (28,6%); servicios comunales, sociales y personales (20,7%) e industria manufacturera (20,7%).

Tabla 3. Ocupados en Medellín y AM por rama de actividad económica 2016 

Concepto	2016	Participación %
Ocupados  Medellín y VA	1.793.000	100
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura	15.000	0,8
Explotación de minas y canteras	2.000	0,1
Industria manufacturera	361.000	20,1
Suministro de electricidad gas y agua	10.000	0,5
Construcción	134.000	7,5
Comercio, hoteles y restaurantes	513.000	28,6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	140.000	7,8
Intermediación financiera	37.000	2,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	210.000	11,7
Servicios comunales, sociales y personales	370.000	20,7

 Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE

Dos categorías ocupacionales concentraron el 87,8% del total de ocupados: empleados particulares (60,1%) y trabajadores por cuenta propia (27,7%). 

Tabla 4. Ocupados Medellín y AM por posición ocupacional 2016 

Concepto	2016	Participación %
Ocupados Medellín y VA	1.793.000	100
Empleado particular	1.078.000	60,1
Empleado del gobierno	64.000	3,6
Empleado doméstico	51.000	2,9
Cuenta propia	497.000	27,7
Patrón o empleador	75.000	4,2
Trabajador familiar sin remuneración	22.000	1,2
Trabajador sin remuneración en otras empresas	3.000	0,1
Jornalero o Peón	2.000	0,1

 Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE

En 2016 se registraron 3 acciones contra la vida, la libertad e integridad física de los sindicalistas de la ciudad, mientras que 9 se reportaron en el departamento de Antioquia. Todas las víctimas de estos hechos fueron dirigentes sindicales, 5 mujeres y 4 hombres, de los sindicatos: Anthoc, CGT, Sintrainmin y Sinatra.

 23 acciones de protesta colectivas sindicales y laborales se registraron en 2016 en Medellín y Valle de Aburrá. Por tipo de acción se destaca jornadas o manifestaciones, con 14 registros; seguido por cese de actividades, 5 registros.

[1] Los 17 ODS corresponde a: 1) Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en todas partes; 2) Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y promover la agricultura sostenible; 3) Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida; 4) Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover oportunidades de aprendizaje para todos/as; 5) Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas; 6) Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as; 7) Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; 8) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo; y el trabajo decente para todos/as; 9) Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y sostenible; y fomentar la innovación; 10) Reducir la desigualdad dentro y entre países; 11) Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles; 12) Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles; 13) Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos; 14) Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; 15) Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad; 16) Promover sociedades en PAZ, inclusivas y sostenibles y 17) Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

[2] https://foroalc2030.cepal.org/2017/es

[3] Escuela Nacional Sindical. Caracterización de la discriminación por género en Colombia.