Carlos A. Rodríguez Díaz
Especialista Principal OIT-ACTRAV
Era notable el vertiginoso ascenso de España hacia el bienestar general cuando sobrevino la crisis, y con ella se evidenció que de los 4.7 millones de desempleados, 1.5 millones son menores de 30 años, y que la tasa de desempleo llega al 42% entre quienes no han cumplido los 25 años.
Estas y otras razones llevaron al sindicalismo español a denunciar ante el mundo, en la 99 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, el 15 de junio de 2010, que el gobierno de España ha comenzado a aplicar uno de los planes de ajuste más duros de Europa, y que este giro radical lo realiza porque lo demandan los mercados, siendo las instituciones de la UE y el FMI los acompañantes de estas exigencias que atentan contra la democracia.
Los gobiernos, impotentes frente a los dueños del dinero han cambiado bruscamente de política sin explicación racional alguna, y han colocado como única prioridad la reducción de los déficits públicos, haciendo recaer toda la carga de esa reducción sobre los trabajadores. Este proceso conlleva un grado de injusticia social que es política, intelectual y moralmente intolerable.
Frente a los planes de ajuste y las reformas que ponen en cuestión los derechos laborales y sociales y las instituciones básicas del Modelo Social Europeo, el sindicalismo europeo ha comenzado a reaccionar con movilizaciones generales en numerosos países, entre ellos España.
Los sindicatos españoles, CC.OO y UGT, no hemos cambiado, afirmó el dirigente sindical. Seguimos creyendo que el diálogo social es la mejor vía para encauzar las relaciones laborales y sociales en las naciones democráticas. Pero no estamos dispuestos a aceptar la imposición de unas políticas injustas y erróneas. Estamos convencidos de que podemos coincidir con muchos empresarios del sector productivo que también quieren que la inversión pública no se reduzca a mínimos, que se propicie una reactivación de la demanda interna europea y que se garantice la vuelta del crédito a sus empresas en unos mercados financieros regulados.
El llamado a la acción sindical se concretó con una exitosa movilización nacional, que demostró la capacidad de convocatoria del sindicalismo español a la protesta ciudadana, la masiva apropiación de sus objetivos y la ferviente demostración que la movilización esta en función de la negociación.
Por ello, retomando el espíritu que motivó el pacto de la Moncloa, los actores sociales de España alcanzaron un acuerdo tripartito social y económico sobre pensiones, negociación colectiva, política industrial, energética, investigación, desarrollo y reforma de las cajas de ahorro, que busca afrontar la profunda crisis económica y lanzar un mensaje de confianza.
El pacto social contra la crisis en España entre CC.OO, UGT, CEOE, CEPYME y el Gobierno es de gran importancia, porque muestra la capacidad negociadora sindical y sienta sólidas bases para que los agentes sociales encaren nuevos retos. En dicha perspectiva, presento una síntesis de sus principales aspectos e invito a leer su contenido.
El texto de lo pactado consta de 38 páginas y se divide en cuatro partes. En la primera está una introducción que reitera que el Diálogo Social ha sido desde la transición a la democracia uno de los elementos que ha contribuido a configurar, de manera decisiva, la regulación de su sistema social y laboral, que forma parte esencial de la historia de las relaciones laborales y democráticas, y ha sido fundamental en el proceso de consolidación y desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho.
Luego se desarrollan los otros puntos así:
Acuerdo Tripartito para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones: El contenido de lo pactado acoge expectativas vitales de los trabajadores, porque se logró un consenso en torno a que el principal objetivo era prolongar la vida laboral efectiva del asalariado, antes que imponer fechas rígidas de jubilación.
En materia pensional, un trabajador podrá ahora jubilarse a los 65 años con la pensión completa si ha cotizado 38.5 años. Para el resto de los trabajadores será necesario cotizar durante 37 años para retirarse con la pensión completa a los 67 años. La negociación diluyó la insistencia del gobierno en un mínimo de cotización de 40 años para jubilarse a los 65 años de edad. En relación con el cálculo de la mesada, se tendrán en cuenta los últimos 25 años, en lugar de los 15 en la actualidad.
Un punto a resaltar de la reforma es la duración del periodo transitorio para ampliar la edad de jubilación. Se acordó que empezará en el 2013 y acabará en 2027, de forma tal que la vida laboral aumentará a un ritmo de un mes y medio por año.
Los interlocutores sociales aspiran a que con esta reforma se cancele definitivamente el riesgo de un colapso del sistema pensional y sea viable durante los próximos 40 años.
Acuerdo Tripartito sobre Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole laboral:
El desempleo constituye el problema más grave de la economía española. En este contexto, las partes acuerdan una reforma de las políticas activas de empleo que contribuya a la mejora del mercado de trabajo contemplando dos tipos de medidas.
Una de carácter estructural, orientada al mediano y largo plazo, y que implica su reforma en profundidad a través de la modificación de la ley de empleo. Otra de carácter coyuntural, consistente en poner en marcha en 2011 un plan de choque dirigido especialmente a jóvenes y desempleados de larga duración.
Acuerdo Tripartito sobre Política Industrial, Política Energética y Política se Innovación:
Las partes firmantes reconocen el papel central que debe jugar el sector industrial, como motor de la recuperación y creador de riqueza y de empleo de calidad.
Compromiso bipartito entre Gobierno y Sindicatos para el tratamiento de cuestiones relativas a la Función Pública: se busca el desarrollo del Estatuto del Empleado Público.
Acuerdo bipartito entre las Organizaciones Sindicales y Empresariales para la reforma de la negociación colectiva: a estos efectos, el establecer la estructura de la negociación en cada sector debe corresponder a la negociación colectiva sectorial, de ámbito estatal o en su defecto de ámbito económico, suscrita por las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas.
Así las cosas, se concluye por los firmantes que el acuerdo alcanzado reúne un triple significado. El primero, porque reafirma la importancia, el valor, la vigencia y la utilidad del Diálogo Social como un elemento esencial del modelo socio-laboral en democracia.
En segundo lugar, porque se introducen reformas que aseguran la sostenibilidad financiera y la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social, especialmente para las generaciones futuras, sin poner en cuestión su carácter público y universal.
En tercer lugar, porque este ejercicio de responsabilidad compartida por Gobierno e Interlocutores Sociales transmite a la sociedad española un mensaje inequívoco de solidaridad social y de confianza en el futuro de vital importancia.
Podemos decir, entonces, que el Diálogo Social es una parte muy significativa de la actividad política de las organizaciones sindicales y empresariales y que para entender la realidad de los pactos sociales y de la concertación, que es su sustrato, es preciso recordar históricamente sus diversas fases.
Los primeros pactos se firmaron en circunstancias de crisis política y social y fueron dirigidos a superar la situación de emergencia por la que atravesaba el país, mediante salidas que casi siempre implicaron sacrificios para los trabajadores o la contención de sus reivindicaciones.
En España, ya en democracia, los pactos de La Moncloa que garantizaron la transición política en 1977, fueron acuerdos triangulares por su amplio contenido socio-económico. Esta concertación podríamos denominarla como concertación de la crisis política.
La segunda fase de la concertación llegó en los años ochenta por impulso de la crisis económica. Los acuerdos tripartitos consistieron en concesiones recíprocas. Hubo topes salariales a cambio de mejoras en el mercado de trabajo y en la cobertura de la seguridad social. Aquí la llamaríamos Concertación para la crisis económica.
Hay una tercera fase, cuyos ejemplos para el caso de España, pueden ser el pacto social para la formación continua de 1992 o el empleo agrario. En esta fase los objetivos no fueron la superación de una crisis social o económica, sino hacer frente a la competencia internacional en las mejores condiciones posibles. Esta fase la llamamos concertación de la crisis en la inserción a la globalización. Solo para recordar, también está la concertación para el compromiso social, la concertación descentralizada y la concertación para la contratación colectiva.
En el marco del Diálogo Social, una negociación con bases sólidas para nuevos acuerdos, y que es sinónimo de seriedad y avance, se da cuando no hay vencedores netos ni vencidos absolutos y en donde todos ganan o pierden algo, porque se dirimieron y resolvieron intereses encontrados y no posiciones principistas. Por esta razón, algunos afirmamos que una negociación con futuro no es un mecanismo para ganar, perder o salir empatado, sino una vía para encontrar una salida sensata, operativa y verificable a una crisis, a un conflicto o una disputa. ¡Así que España sigue ejemplarizando!