Nuevamente el Congreso de la República evidencia su desinterés cuando se trata de la garantía de los derechos laborales y las reformas sociales, apelando a prácticas y estrategias obstaculizantes cuando sienten que alguna iniciativa progresista pone en riesgo el statu quo o los intereses de las hegemonías tradicionales. En esta ocasión la oposición se la jugó por revivir la reforma laboral y hundir la consulta popular, como respuesta al mayoritario respaldo manifestado en varios sondeos (la encuesta de Cifras y Conceptos revela que el 57% de los ciudadanos está de acuerdo con la convocatoria, y que cada una de las 12 preguntas recibiría un apoyo de, por lo menos, el 75%).
La táctica realizada bajo el proceder opaco en que transcurrió la votación, deja la sensación de una confabulación premeditada, ya que al cerrarle la posibilidad a la consulta popular y abrir nuevamente la discusión de la reforma laboral con tiempos tan apretados para surtir los debates y trámites requeridos, no garantiza que la misma llegue a feliz término, máxime cuando en un segmento del legislativo ha primado la narrativa opositora, que sirvió como argumento principal para su hundimiento el pasado mes de marzo por parte de la Comisión Séptima del Senado; evidenciándose falta de objetividad, desconociendo las virtudes y valoraciones positivas de los organismos y gobiernos internacionales como la OIT, la OCDE, y Estados Unidos, entre otros.
El hundimiento de la consulta popular no es menor y de la amplia posibilidad de análisis y lecturas nos enfocamos en dos: primero, es muy significativo el mecanismo de participación ciudadana de la consulta popular, como respuesta al bloqueo del legislativo. En efecto el presidente Gustavo Petro Urrego, presentó la posibilidad de la consulta popular para que la ciudadanía decida sobre los puntos eje de la hundida Reforma Laboral y de esta manera darle un respaldo a su agenda social enfocada en la “construcción de un país con mayor equidad y garantías sociales”.
Cabe recordar que la Constitución Política de 1991, recogió dentro de sus principios y valores, la tradición constitucional inspirada en la historia política de occidente. En ese sentido, combinó la democracia representativa con la democracia participativa. Aspectos que encontramos desde el génesis mismo de nuestra constitución, haciendo parte de su ADN. Por tanto, es deber del Estado y sus instituciones propiciar y fortalecer un desarrollo armónico de estos dos modelos sin que ello implique una negación de uno u otro.
La Consulta Popular propuesta por el gobierno, hace parte de ese enroque constitucional entre democracia participativa y representativa. Mediante este mecanismo de participación ciudadana, se da la posibilidad al pueblo, al constituyente primario, la potestad de decidir sobre asuntos que son de total y absoluta relevancia e interés. Esto de ninguna manera lesiona o va en contravía de las instituciones de carácter representativo, al contrario, las complementa y reviste al sistema político de mayor legitimidad.
Así las cosas, los argumentos que se escuchan de quienes se han opuesto a la Consulta Popular carecen de todo sustento, pues es un instrumento presente en nuestra constitución y en el caso de los mecanismos de participación ciudadana, se tienen dos leyes estatutarias (leyes que desarrollan derechos fundamentales) que los implementan; la ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2005. Claro, la democracia participativa tiene costos económicos, pero sus beneficios desde el punto de vista de la legitimidad y activación de la esfera pública son incalculables. No hay que tenerle miedo a que la ciudadanía ejerza directamente el poder, que el ciudadano haga democracia.
El hundimiento de la consulta popular bajo los argumentos que reemplaza al Congreso o que es muy costosa son absolutamente débiles. No lo reemplazaría nunca, al contrario, se complementan porque lo que haría la ciudadanía es marcarle al legislativo unas líneas, pero la implementación de la ley que desarrollaría lo aprobado en la consulta seguiría en manos del órgano referido.
Es de reiterar que las 12 preguntas de la consulta popular buscaban incorporar el espíritu de la reforma, además de la apuesta por el trabajo decente, alineándose a las directrices de la OIT y la defensa de los derechos laborales”.
Y es sobre este segundo aspecto que es conveniente enfatizar, es decir, que tanto la reforma laboral como la consulta popular apuntaban a la recuperación de los derechos laborales que ha sido una de las apuestas del Presidente Gustavo Petro, después de las reformas regresivas a través de las leyes 50/90 y 789 de 2002 donde se eliminaron conquistas importantes, bajo el pretexto de ser más atractivos y por ende competitivos a los mercados internacionales y por esta vía atraer la inversión.
La aspiración del primer mandatario quedó plasmada en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida: 2022-2026”, (enriquecido con las contribuciones de las centrales obreras y muchas organizaciones de la sociedad civil).
La directriz en materia laboral evidenció un cambio de dirección con respecto a lo realizado por gobiernos anteriores que centraron sus políticas en flexibilizar y desregular la normatividad laboral con los propósitos descritos. En otras palabras, creando condiciones favorables vía abaratamiento de los costos laborales para generar más empleo. Bajo tal lógica de acumulación flexible los trabajadores han sufrido un menoscabo de sus derechos producto de la eliminación de las denominadas «rigideces»: las prestaciones sociales, la estabilidad en los contratos, las convenciones colectivas y todo el cúmulo de conquistas logradas en tiempos pasados, como fruto de la lucha sindical en contextos adversos, los cuales posicionaron a Colombia, durante muchos años, como uno de los 10 peores países para los trabajadores según el índice global de derechos publicado por la CSI (Confederación Sindical Internacional).
Este giro del actual gobierno, se aparta de tal orientación reduccionista que ve el trabajo como una simple mercancía, incorporando en el Plan Nacional de Desarrollo orientaciones relevantes en materia laboral que se complementarían con el proyecto de reforma laboral, misma que buscaba el fortalecimiento de las garantías laborales, el cumplimiento de la legislación laboral existente y el acatamiento de las recomendaciones OIT y OCDE en lo que al trabajo y su regulación se refiere; pero además brindaría un complemento para que los empleos generados desde las políticas de reindustrialización, reagrarización y promoción de la economía popular, familiar y comunitaria se dieran en el marco de la formalidad, el trabajo decente y los derechos laborales.
Se resalta que dicha iniciativa tuvo gran respaldo en un amplio sector de los trabajadores y gran parte de la sociedad, por su carácter garantista y regulatorio; también de una parte de la academia tuvo simpatizantes de la línea de pensamiento más heterodoxo; la OCDE y el gobierno de los E.U (que expresaron “su apoyo y respaldo a los articulados de la reforma laboral que responden a las recomendaciones de los organismos internacionales”) se ratificó el respaldo desde la embajada en comunicado oficial.
No se debe desconocer las posturas antagónicas y críticas, como el estudio del Banco de la República (2023), que demostró los posibles efectos negativos de la reforma sobre el empleo en determinados sectores económicos, en caso de ser aprobada; otros de la misma orientación la consideraron anacrónica porque no se ajustaba a las realidades actuales ni de la economía, ni del mercado laboral, y por no tener en cuenta las condiciones cambiantes del trabajo actual, ni el impacto de la tecnología. Estos argumentos fortalecieron la férrea oposición por parte de los principales gremios económicos (solo por citar Fenalco y la Andi), y de un sector de la academia proclive a la postura económica ortodoxa.
Aunque es de comprender la resistencia ante el cambio de dirección en la agenda laboral, después de más de treinta años con políticas de desregulación y flexibilización, a una agenda contraria centrada en mayor regulación, estabilidad y garantía de derechos, no deja de ser lamentable el ambiente en el que se dieron las discusiones de la reforma laboral y el hundimiento de la consulta popular.
Queda en la sensación que un amplio sector del legislativo adoptó el eco catastrófico de los efectos en la economía de ser adoptada la reforma y el reduccionismo en la lectura con la consulta como mecanismo de participación ciudadana; imponiéndose la visión del trabajo como “costo” con la cual se adoptaron las reformas regresivas que abarataron los costos laborales, pero más grave, es que la evidencia que con los hundimientos de la reforma y la consulta popular, los derechos laborales pareciera que no son importantes, tanto para un sector del legislativo, como de los gremios que celebraron ambos hundimientos.
Por último, los medios de comunicación y los opositores, quienes han minimizado el hundimiento de la consulta popular, reavivando la discusión, nuevamente de la reforma laboral en otra Comisión del Senado, saben de los tiempos muy limitados y del interés de los grupos de poder para que la misma naufrague otra vez. A pesar del revés anotado por el hundimiento de las reformas y la iniciativa de participación ciudadana, es menester destacar la ruptura que está viviendo el país, observándose hoy una mayor conciencia por parte de un segmento de la sociedad que respalda las reformas sociales como la laboral y la recuperación de los derechos laborales, a pesar que un sector defensor a ultranza del statuo quo predominante, no le interesen cambios en tal dirección.