Una vez más la Escuela Nacional Sindical, presenta a la opinión pública y al movimiento social y sindical su Informe de Coyuntura Económica, Laboral y Sindical. La novedad en este caso es que se hace en el marco de una interesante transición política que se ha venido gestando en el país desde el año anterior. El congreso elegido el pasado 13 de marzo representa un avance importante de las fuerzas democráticas, lo que no tiene antecedentes previos, y la opción de las fuerzas alternativas frente a las elecciones presidenciales que se acercan es más fuerte que en todas las elecciones precedentes.
Esto nos pone en el deber, como centro de pensamiento, de situar en la agenda del debate político-electoral las propuestas que hemos venido construyendo conjuntamente con el movimiento sindical para democratizar las relaciones laborales y el mundo del trabajo. A continuación, presentamos algunas ideas de los temas y acciones que, tanto el nuevo congreso como el nuevo Gobierno, a partir del próximo 7 de agosto, deberán tener en cuenta en sus agendas políticas y legislativas.
Formalización laboral
Se debe dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional (614 de 2009 y 171 de 2012) para vincular de manera directa, tanto en el sector privado como en el público, a las y los trabajadores que desarrollan labores misionales y con vocación de permanencia. Hay que recuperar la implementación del contrato de trabajo en las relaciones laborales con el sector privado y lograr la carrera administrativa en el empleo público.
Se deben prohibir todas las formas de intermediación laboral ilegales existentes ejecutadas por cooperativas de trabajo asociado, fundaciones, SAS, contratos sindicales, y evitar el abuso en la intermediación laboral que hacen las empresas de servicio temporal. En el Estado se debe prohibir el uso de contratos de prestación de servicios, y regular mejor el trabajo subordinado y misional.
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Seguridad y protección social
Se debe rediseñar el sistema de seguridad y de protección social según el enfoque y los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este debe ser público, universal y solidario. Las medidas que deberá abordar el Congreso son, entre otras:
- Derogar el Decreto 1174 para redefinir el concepto de Piso de Protección Social con un sentido ascendente hacia los sistemas contributivos, como lo concibe la OIT.
- Establecer un régimen de salud público, universal, solidario y con un enfoque preventivo y no reactivo.
- El régimen en pensiones debe ser público y de prima media (solidaridad intergeneracional), mismo que podría complementarse de manera voluntaria con los sistemas de ahorro individual.
- El sistema de riesgos laborales debe ser público, promover la salud en el trabajo y debe tener un enfoque preventivo en los riesgos asociados al trabajo.
- Se debe estudiar la posibilidad de establecer una renta básica, o por lo menos, de emergencia, para atender con urgencia el drama del hambre que golpea a más de 21 millones de colombianos.
Libertad sindical
En materia de libertad sindical, se deben adoptar las recomendaciones de los organismos internacionales, los desarrollos de la Corte Suprema y se deben abordar otros problemas estructurales que se tienen en la negociación colectiva, a saber:
- Desarrollo de la negociación por rama (sectorial) y multinivel, según lo recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tomando como referente el modelo de negociación del sector público.
- Prohibir los pactos colectivos en empresas donde existan sindicatos, según las recomendaciones de la OIT.
- Ajuste al Decreto 160 del 2014 para resolver los conflictos por medio de la figura del arbitramento en caso de no lograrse un acuerdo colectivo directo.
- Se debe abordar una solución a los incumplimientos de los acuerdos colectivos en el sector público por parte del Gobierno, las entidades públicas y territoriales.
- Es necesario resolver legalmente el pago de cuotas por beneficio de los acuerdos colectivos para el personal no sindicalizado en las entidades públicas.
- En el derecho de huelga se debe reglamentar qué se entiende por “servicio público esencial” según el mandato del artículo 56 de la Constitución Política. Por otra parte, se deben incorporar en la legislación los desarrollos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 1680 de 2020 y SL 1680 de 2020 (M. P. Clara Cecilia Dueñas). Estas precisan las garantías para la huelga imputable al patrono y otras modalidades, incluyendo la huelga en los servicios públicos esenciales, que según la Corte Suprema y en concordancia con la OIT, podrían limitarse, pero no prohibirse.
Estatuto del Trabajo
Se debe dar cumplimiento al mandato del artículo 53 de la Constitución Política que ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo de acuerdo con los siguientes principios:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
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Concurso de méritos en el Estado
El Congreso debe regular que las pruebas de los cargos públicos provistas por medio de concurso de méritos sean transparentes y se consulten sus características. Se debe garantizar que se reconozca el conocimiento del cargo, así como darle algún valor a la antigüedad.
Agenda para superar la violencia antisindical
Ante la persistencia de la violencia antisindical que, en medio de un contexto de violencia contra líderes y defensores de derechos humanos se focaliza contra activistas y líderes sindicales, se requieren acciones articuladas para transformar esta realidad, las cuales deberían apuntar a:
- El desmonte de la cultura antisindical que legitima la violencia.
- El esclarecimiento, reconocimiento y visibilización de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición.
- La superación de los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas.
- La reparación colectiva e integral del sindicalismo.
- La promoción de reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.
Los retos de la tecnología y los trabajos en plataformas
El trabajo en plataformas virtuales (digitales) se desarrolla en el marco de una alta precarización, flexibilización y explotaciones inherentes a estos nuevos modelos de negocio. Por tanto, dichos modelos de trabajo presentan grandes retos para los marcos jurídicos, los gobiernos nacionales y las organizaciones sindicales.
El trabajo digital será un eje fundamental del futuro del mundo laboral. Se hace necesario que el nuevo Gobierno y el nuevo Congreso de la República reafirmen, con algunos ajustes, que la regulación laboral sea la única que se aplique a estas nuevas formas organizativas del trabajo. Las relaciones laborales no solo deben regularse por el derecho laboral, sino que deben también involucrar la protección social de todos los trabajadores.
Nuevo modelo de desarrollo
El Congreso de la República debe hacer los ajustes institucionales, legales y constitucionales para reorientar el modelo de desarrollo que nos ha gobernado por más de 30 años con resultados bastante deprimentes.
El empleo de calidad, estable y bien remunerado solo será posible si el Estado implementa políticas que fomenten el desarrollo integral de las fuerzas productivas de la nación –de su población, de la agricultura y la industria– con énfasis en el progreso científico y tecnológico, y mejoras importantes de la infraestructura económica y social.
El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de avanzar hacia los necesarios cambios socioeconómicos y laborales que requiere el país. Los tópicos planteados y, en general, las recomendaciones dadas en esta presentación y en los capítulos que vienen, deberían ser parte del debate político actual y ser consideradas de manera estructural en las propuestas de las candidaturas. Estas sugerencias también necesitan acciones de implementación estratégica en el próximo plan de gobierno, pues proporcionan medidas importantes y urgentes para superar la actual crisis y avizorar un nuevo tiempo más justo y digno para todas y todos los trabajadores colombianos excluidos, olvidados y no visibilizados por tantos años.
Por supuesto, desde la ENS continuaremos con las acciones de seguimiento a las medidas laborales del nuevo Gobierno, acompañar a las que sea necesario y denunciar los incumplimientos de normas nacionales e internacionales cuando así se requiera. Esto con el objetivo que nos alienta: promover y presionar medidas para alcanzar mejores y más dignas condiciones para el mundo laboral y sindical del país.
A su vez, este informe busca poner en el centro del debate los temas, discusiones, necesidades y políticas que resultan pertinentes de cara al Gobierno nacional que se enfrenta a la recuperación económica de los impactos del covid-19 en lo concerniente al empleo y la calidad de vida de las y los colombianos, que en el análisis presentado sitúa temas como el panorama nacional de producción y empleo, la crisis del sistema de protección social, la vulneración de derechos humanos a trabajadores y trabajadoras, los impactos de la firma de tratados de libre comercio (TLC) y los obstáculos para el ejercicio del derecho a la libertad de asociación sindical.
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Fabio Melo:
25/05/2022,Saludo, los trabajadores empleados públicos y oficiales del sector salud en el país debe recaudar su propio salario, es decir son los únicos trabajadores empleados públicos del mundo que el gobierno no responde por su nómina.
Atentamente,
Sindistritales- Cut