El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Por Laura López Monsalve y Viviana Colorado López
Los derechos humanos son la base de la dignidad, la justicia, la democracia y la paz. El 10 de diciembre se conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reafirma su importancia y se reclama su cumplimiento. Mantener acciones colectivas por su defensa es fundamental, máxime si se tiene en cuenta la enorme distancia que hay entre los marcos normativos nacionales e internacionales que consagran su protección, y las realidades que viven millones de poblaciones en el mundo, personas y sujetos colectivos. De manera particular, este año, la situación generada por la pandemia generó una tragedia social, política y humana, que también impactó la agenda y la situación de derechos humanos. Hemos visto como problemáticas estructurales se han profundizado, entre ellas la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la discriminación y la violencia.
La situación de derechos humanos en Colombia suscita gran preocupación. La violencia antisindical sigue al día, y peor aún, es hoy un obstáculo para ejercer la libertad sindical y la defensa de derechos. Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), entre el 1 de enero y el 03 de noviembre de 2020 fueron asesinados 251 líderes/as sociales. Por su parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI), en su informe para el año 2020 ratifica que Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. Son numerosas las recomendaciones que han hecho distintas organizaciones internacionales como la OIT, el PNUD y la OCDE. Así como los compromisos ratificados en el marco del Plan de Acción Laboral (PAL) suscrito con los EEUU y la Hoja de Ruta (Resolución 2628). A pesar de ello, la implementación parcial de dichas recomendaciones y la ausencia de voluntad política para garantizar el desmonte de obstáculos para el ejercicio de las libertades y los derechos sindicales, como la violencia e impunidad, no ha reflejado avances sustanciales que favorezcan un escenario garantista para los derechos laborales y la actividad sindical.
La coyuntura generada por la pandemia ha impactado las dinámicas económicas, laborales, sociales, políticas, sanitarias y de salud. De manera particular, el debate público ha girado en torno a estas temáticas, conllevando al riesgo de que otras agendas queden al margen, entre ellas las relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la democracia, la exigibilidad en la implementación de los acuerdos de paz, y la lucha por la satisfacción de los derechos de las víctimas. En medio de un contexto en el cual mientras se agrava la situación de derechos humanos, la respuesta y el deber del Estado frente a protección y garantías, sigue siendo insuficiente y no logra responder a las problemáticas y situaciones de riesgo que enfrentan hoy personas que ejercen el liderazgo social y la defensa de derechos, entre ellos sindicalistas.
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, Sinderh, en Colombia por más de tres décadas sindicalistas y sindicatos han sido víctimas de distintas formas de violencia, siendo esta una de las formas más graves de exclusión padecida por el movimiento sindical, tampoco han sido reparados. Desde el 1 de enero de 1971 hasta el 31 de noviembre de 2020, se han registrado al menos, 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados. Del total de violaciones 11.916 han sido contra hombres y 3.401 cometidas contra mujeres. A 955 dirigentes sindicales les ha sido arrebatada su vida.
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Según Sinderh, entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2020 se han registrado al menos 130 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre ellas 18 homicidios, dos desapariciones forzadas, 10 atentados contra la vida, 82 amenazas y 4 detenciones arbitrarias. Del total de casos de violencia, 120 fueron hombres y 10 fueron contra mujeres.
Infogram
En medio de un contexto de persecución y violencia generalizada contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, se constituye en un factor de riesgo el hecho de que la violencia antisindical continúa focalizada en la dirigencia y el activismo sindical, el 88,46% de las víctimas desempeñaban liderazgo y/o cargos directivos en sus sindicatos.
Resultan muy graves las amenazas y otros hechos de violencia de los cuales han venido siendo objeto sindicalistas y sindicatos. El 01 de mayo fue publicada por la Revista Semana una investigación que revelaba carpetas secretas producto de interceptaciones ilegales a líderes sociales, políticos, periodistas y sindicalistas. Entre ellos, Humberto Correa secretario de derechos humanos de la CGT. Como consecuencia el líder sindical tuvo que salir del país.
Otro fenómeno que reviste gravedad son los permanentes señalamientos contra Fecode, lo cual genera un ambiente favorable y un factor de persistencia de la violencia antisindical contra maestros y maestras sindicalistas.
Así mismo en el último año, la dinámica regional de la violencia antisindical se ha expresado en 22 departamentos del país, sin embargo, en seis de ellos se concentra el 73,07% de los casos: Bogotá (25), Cauca (23), Meta (17), Nariño (12), Huila (11), y Atlántico (7). En cuanto a la concentración por sectores económicos encontramos un primer foco de violencia contra sindicatos del sector educación (43) seguido de minas y canteras (31), rural (28), y otros servicios comunales (15).
Por otra parte, siguiendo la tendencia histórica predominan los casos en los cuales se desconoce información sobre un presunto responsable (80). Sin embargo, de los casos que se tiene algún indicio, son los grupos paramilitares los principales presuntos victimarios (28), entre ellos las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se han registrado 12 casos en los cuales el presunto responsable son organismos estatales, en 4 casos se presume la responsabilidad de la guerrilla y 2 casos por parte del empleador.
A la violencia antisindical que no cesa, se suman las persistentes falencias en materia de protección a líderes y sindicalistas. Muestra de ello, es lo sucedido durante la pandemia con dirigentes sindicales de Fecode, entre ellos, Isabel Olaya, Martha Alfonso, Domingo Ayala a quienes se les retiran parcialmente las medidas de seguridad. A Luis Edgardo Salazar le fue entregado un botón de pánico. Mientras que, Juan Carlos Martínez quedó sin esquema de protección.
Así mismo, mientras la superación de la violencia antisindical y la impunidad siguen siendo tareas pendientes; el proceso de reparación al movimiento sindical también enfrenta grandes retos y desafíos para lograr la satisfacción integral de los derechos de las víctimas de la violencia antisindical.
Por la dignidad humana, la democracia y la paz, desde la Escuela Nacional Sindical, en este día ratificamos el compromiso por la defensa, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos.
Nick MacWilliam:
18/12/2020,Soy Nick MacWilliam, encargado de relaciones sindicales en la organización británica-irlandesa Justice for Colombia. Por favor me añeden a su boletín o lista de prensa. También si me escriben por mi correo, les pasaré mi telefóno para unirme al grupo de WhatsApp. Un abrazo fraternal.