Gobierno y empresas de servicios públicos pueden subsidiar el pago de los servicios

Los servicios públicos en Colombia aumentaron durante la pandemia

Por Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.

Uno de los descaros y abusos más grandes que se han cometido contra la población durante esta pandemia, ha sido el tratamiento que el gobierno y las empresas de servicios públicos domiciliarios le han dado a los usuarios en relación con las tarifas de energía, gas, agua y alcantarillado.

Estas tarifas no sólo se incrementaron como consecuencia del mayor consumo en el confinamiento (pago que no pueden hacer la mayoría de las familias que se han quedado sin ingresos), sino que en el caso de las empresas y emprendimientos que tuvieron que cerrar, los cobros les llegaron igual o más altos, como si este tipo de negocios no hubieran cerrado por orden del gobierno.

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Si la principal recomendación para evitar el contagio del Covid 19 consistía en el aislamiento social y en el lavado frecuente de manos, desde el principio había que garantizarles a todos los hogares un cierto nivel de gasto en agua, alcantarillado, gas y energía de manera gratuita, pues era previsible un mayor consumo por parte de los hogares, como lo estamos comprobando todos con los recibos de pago de estos servicios, un factor que en promedio representa entre el 12% y el 13% del consumo total de los hogares.

Incluso la alcaldesa de Bogotá consideró que había condiciones para que el gobierno nacional y algunas alcaldías municipales asumieran de manera directa los pagos de estos servicios, y así lo propuso para Bogotá. Pero esta iniciativa fue rechazada por el gobierno nacional y por ANDESCO, el gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos domiciliarios.

También es necesario suspender temporalmente el pago de las tarifas de servicios públicos a todas las empresas y establecimientos que, por orden del gobierno, debieron cerrar. Esto para no agregarles más pérdidas a estas empresas y facilitarles las condiciones para hacer viable su recuperación económica.

Sin embargo, hasta ahora las únicas políticas que el gobierno ha implementado en este sentido han sido muy limitadas y precarias. Como restablecerles la conexión a los hogares a los que previamente les habían cortados sus servicios públicos; diferirles el costo del consumo básico mensual a 36 meses, sin penalidades y a tasa de interés del 0%; garantizar que durante el aislamiento social no haya suspensión de los servicios por el no pago; y a los hogares de los demás estratos, darles la posibilidad de diferirles en 24 meses los pagos de servicios.

Estas medidas, aunque necesarias, han resultado completamente insuficientes, no solo por su limitada cobertura, pues la reconexión fue apenas para 206 mil hogares (el 2% de los hogares que por causa del confinamiento se quedaron sin ingresos), sino también porque en ningún sentido se autoriza dejar de pagar los servicios públicos. Únicamente se da la “oportunidad” de “negociar” el pago de las deudas que la prestación de los servicios puedan generar en los hogares. Con un agravante: muchos de estos hogares verán reducidos sus ingresos laborales de manera drástica por la pérdida de miles de empleos que va a producir la pandemia.

Esto en un contexto de recuperación de la economía que va a ser muy largo y doloroso, pues un elemento clave de la recuperación es el consumo de los hogares, que representa el 69% del PIB, y va a quedar extremadamente disminuido en esta coyuntura.

Hay que preguntar si las empresas de servicios públicos, el gobierno nacional y las alcaldías de las principales ciudades del país están en la capacidad financiera de asumir el pago total o proporcional de estos servicios, tanto para los hogares que se han quedado sin ingresos por causa del confinamiento, como para las empresas que se han vieron obligadas a cerrar.

Una reciente noticia sobre los resultados de una de las empresas de este sector nos da una idea sobre la capacidad que tienen de asimilar estos gastos sin comprometer su competitividad: “El Grupo Energía Bogotá presentó hoy los positivos resultados financieros para el cuarto trimestre del año y para todo el 2019. Los ingresos operacionales del Grupo en 2019 alcanzaron $4,89 billones, lo que representan un aumento del 22,1%. Por su parte, la utilidad neta en el 2019 fue $1,85 billones, que corresponde a un crecimiento de 5,6%. El Grupo le propondrá a la Asamblea de Accionistas la distribución de $1,29 billones de dividendos, es decir $140 pesos por acción”. (Nuevo Siglo, mayo 27 de 2020).

El cuadro que sigue ilustra la estructura de costos de las empresas de este sector, estructura que evidencia una alta generación de riqueza, 49% promedio. Una riqueza que tiene su origen en recursos que pertenecen a la nación, es decir, a todos los colombianos, como el agua, los bosques, el aire, el petróleo, el carbón. Riqueza que se distribuye entre el Estado (impuestos), los dueños de las empresas (dividendos, o remuneración del capital, o excedente de explotación), y los trabajadores (remuneración de los asalariados):

(cifras en miles de millones)	Generación y distribución electricidad	%	Producción y distribución Gas	%	Acueducto	%	Alcantarillado y basuras	%
Estructura del valor de la producción:
Total producción	44.658	100	9.376	100	5.338	100	10.004	100
Consumo Intermedio	26.197	58,7	5.242	55,9	2.326	43,6	4.556	45,5
Valor agregado	18.461	41,3	4.134	44,1	3.012	56,4	5.448	54,5
Distribución del valor agregado:
Valor agregado	18.461	100	4.134	100	3.012	100	5.448	100
Remuneración del capital	16.089	87,2	3.781	91,5	1.998	66,3	4.147	76,1
Remuneración del trabajo	1.803	9,8	262	6,3	923	30,6	1.228	22,5
Impuestos menos subvenciones	569	3,1	91	2,2	91	3,0	73	1,3

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Anuales, cuadro de utilización de factores, cálculos del autor.

En todas estas actividades, las empresas y sus dueños se quedan en promedio con el 64.7% de la riqueza generada, los trabajadores en promedio con el 17.3%, y el Estado, a través de los impuestos, con el 2.4% en promedio. Esto indica no sólo una desigual distribución de la riqueza generada y una muy baja participación del Estado, sino, además, que las empresas cuentan con el músculo financiero suficiente (ganancias acumuladas) para absorber la disminución que en sus utilidades tendría dejar de cobrar, o subsidiar servicios por el tiempo que dure el confinamiento.

Hay que decir, además, que algunas de estas empresas, al menos entre las más grandes, son empresas de propiedad pública, como EPM, o las Empresas de Energía y acueducto de Bogotá, o EMCALI, entre otras. En todo caso, la mayoría de ellas en algún momento pertenecieron a la nación, o a los municipios y departamentos, y fueron vendidas a precio de huevo en procesos de privatización poco transparentes por presión de los organismos financieros internacionales, o de grupos económicos poderosos con una gran incidencia sobre los gobiernos. De modo que sus recursos y la riqueza generada por estas empresas, que antes nos pertenecían a todos, quedó en manos del sector privado, en algunos casos con resultados nefastos para los usuarios, como en el caso de Electricaribe.

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Este gobierno -orientado por su Ministro de Hacienda y el partido Centro Democrático- ha estado imponiendo una visión no sólo minimalista acerca de su papel en esta pandemia, sino incluso miserable, gastando lo menos posible en los hogares que se han quedado sin recursos. Mientras que, al mismo tiempo, les ha hecho millonarias transferencias a los bancos para que atiendan las necesidades de financiación de las empresas.

Hasta ahora, el único programa nuevo que no estaba en el presupuesto nacional (los recursos para financiar los programas “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Adulto Mayor”, ya estaban incluidos en el presupuesto nacional) es el “ingreso solidario”, que hasta el 21 de mayo había llegado a 2´017.346 hogares, con transferencias de $160.000 por hogar y por mes, o $51.613 por persona, una suma que apenas cubre el 43% de la línea de indigencia.

El gobierno tiene la oportunidad de ser más generoso con los millones de familias que han estado recibiendo migajas, y con las excluidas de estos programas, que se quedaron sin ingresos por causa del confinamiento, o se redujeron a una situación de extrema vulnerabilidad y cuentan con recursos cada vez más escasos y precarios. Esta oportunidad es la de llegar a un acuerdo con las empresas de servicios públicos domiciliarios para aliviarles el impacto que tiene el pago de los servicios públicos en su calidad de vida.

Esta iniciativa debe incluir también a todas aquellas empresas y establecimientos que tuvieron que cerrar por orden del gobierno, y que en consecuencia no deberían pagar los servicios públicos correspondientes a todo el tiempo en que estuvieron cerradas.

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