El diálogo social y la agenda laboral del Gobierno al tablero

El diálogo social y la agenda laboral del Gobierno al tablero
(Foto tomada de Twitter)

Por Alberto Orgulloso Martínez. Director ENS

El presidente Iván Duque comenzó su gobierno con señales de ser un líder dialogante, dispuesto a sentarse con sus adversarios y opositores para encarar su agenda política y de reformas, las cuales provocan tensiones y temores. Se reunió con los partidos políticos de oposición, con las centrales sindicales y la Comisión Permanente de Concertación Laboral.

Desde su proclamación como nuevo presidente, se ha reunido en varias ocasiones con los gremios empresariales y ha acogido como propia buena parte de la agenda privada. Se anuncia que éste será un gobierno corporativo, pero comprometido con el diálogo social. Así lo indican sus encuentros regionales y sectoriales denominados “Diálogos Sociales y Empresariales Regionales”. 

En su primer mes de gobierno, Duque se reunió en Palacio de Nariño con los partidos que se declararon de oposición (Polo, Verde, Colombia Humana-Decentes y el nuevo partido de las Farc), con los partidos de la coalición de gobierno (Centro Democrático, Conservador, Partido de la U, Mira), y los partidos “independientes” del gobierno (Cambio Radical y Liberal), además de los voceros de la consulta anticorrupción.

Varios significados se desprenden de estas reuniones históricas:

  1. El gobierno del Centro Democrático, que tanto atacó el Acuerdo de Paz, reconoció más temprano que tarde la interlocución política y el nuevo estatus de las Farc como partido de oposición con derechos de participación en la democracia.
  2. El Presidente de la República acogió a su modo las banderas de la lucha contra la corrupción que lideraron de manera quijotesca Claudia López, Angélica Lozano y el Partido Verde, con el respaldo masivo de la ciudadanía que depositó más de 11,6 millones de votos contra la corrupción. El primer mandatario se comprometió a dar impulso a los proyectos anticorrupción presentados por el gobierno, el Fiscal General y el Procurador.

A la semana siguiente (4 de septiembre) Duque se reunió con las principales centrales sindicales CUT, CGT y CTC y de pensionados, la Ministra del Trabajo y varios funcionarios de alto nivel, para tratar asuntos relacionados con el diálogo social y la agenda laboral. Entre los temas tratados, llamó la atención sobre la necesidad de estudiar la propuesta de incremento extraordinario del salario mínimo, que días antes había causado mucho revuelo político por la iniciativa del Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe, quien propuso facultades al Presidente para que adopte un incremento extraordinario, pero de la que rápidamente el gobierno terminó desmarcándose, con posiciones evasivas frente a dicha propuesta.

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Mientras los empresarios, a través de la ANDI y el Consejo Gremial, por boca de Bruc Mac Master plantearon en la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (3 de septiembre) que el proyecto “no es una propuesta viable y por lo tanto no podemos acompañarla”, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que la propuesta “necesita analizarse”. Y la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, expresó que “están estudiando cada alternativa para ver cómo, si hay alza del salario, causa menos impacto y no haya inflación. No es un tema fácil”.

Mac Master considera que traería consecuencias “sobre la informalidad, ya que sin duda se podía generar un incentivo para aumentarla”, al tiempo que advirtió un potencial efecto de la propuesta sobre la inflación.

En la reunión con las Centrales, el Presidente Duque asumió el compromiso de estudiar el proyecto de ley sobre la “posible disminución de los aportes de pensionados a la salud”. La Ministra Arango afirmó que el Presidente Duque se comprometió a estudiar la manera de hacer una reducción gradual en cuatro años del 12% al 4%, pero sólo para los pensionados que ganan menos de cuatro salarios mínimos.

De igual forma, el Presidente Duque anunció su compromiso de revisar la propuesta de reforma tributaria, para no gravar la canasta familiar y, por el contrario, hizo la promesa de considerar una posible disminución del IVA.

De la misma manera, el Presidente se reunión por aparte con las otras organizaciones sindicales más pequeñas, como la Central de Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores, la Unión de Trabajadores de Colombia y la Confederación de Servidores Públicos de Colombia.

El Gobierno estaría apostando por que el diálogo social tenga éxito, y para ello quiere encarar directamente los temas más controvertibles de la agenda laboral y económica.

En campaña Duque y su partido se comprometieron a “bajar los impuestos a los empresarios y aumentar los salarios a los trabajadores”, sin embargo, por ahora lo único claro es la propuesta de reforma tributaria presentada por el Ministro de Hacienda Carrasquilla, quien propone aumentar el IVA a la canasta familiar, desatando una tormenta perfecta. Lo que obligó al gobierno a rectificar, manifestando que se trataba de una propuesta a título personal del ministro, pero que la reforma tributaria será un tema central de la agenda económica para bajarle los impuestos a los empresarios, lo que se traducirá en aumentarle los impuestos a la clase media y los sectores populares.

Las Centrales Sindicales alzan su voz

Entre las centrales sindicales no hay una oposición unánime contra el gobierno. Mientras la CUT ha expresado sus reparos y críticas al gobierno de Duque, la CGT tiene expectativas de la concertación, y la CTC se mantiene en alerta.

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Desde la primera reunión de la Comisión de Concertación y durante el encuentro con el Presidente, las centrales sindicales expresaron sus reclamos frente a las propuestas del gobierno y presentaron propuestas de mayor preocupación sobre la agenda laboral, tales como: formalización e informalidad, tercerización, libertad sindical, negociación colectiva, política salarial, la reparación colectiva a las víctimas del sindicalismo, y los derechos adquiridos de los pensionados. De igual forma plantearon los compromisos laborales derivados de los TLC y la inconveniencia del ingreso de Colombia a la OCDE. Las centrales reclaman a su vez el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Dirigentes sindicales como Fabio Arias, Secretario General de la CUT, consideran que las propuestas del gobierno hasta ahora son “todo un globo para distraer”, dado que en la primera sesión no se discutió la propuesta de incremento salarial extraordinario. En lo que sí están de acuerdo todos los actores del diálogo social, es que el escenario natural para discutir y concertar cualquier incremento del salario mínimo es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, tal como lo establece la Constitución Política y el artículo 8 la ley 278 de 1996.

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Duque está mostrando un talante y una voluntad de concertador que muy pocos le apreciaban, aunque está por verse qué tanto está dispuesto a hacer concesiones a la oposición política y social, y especialmente al movimiento sindical, respetando las instancias de concertación consagradas en la ley, incluyendo las Subcomisiones Departamentales de Concertación Laboral y las subcomisiones temáticas, como la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETOIT).

Se requiere un modelo de diálogo social que restablezca la confianza entre los actores. El acompañamiento de la OIT y el intercambio de experiencias internacionales de diálogo bipartito y tripartito, podrán ayudar a alcanzar mejores acuerdos.

Es un avance el estilo concertador del Presidente de la República, tanto así que ya se especula de un aparente distanciamiento con su mentor Álvaro Uribe, o de la existencia de una estrategia del “policía bueno y el policía malo”. Duque está interpelado a cumplir con la garantía de derechos humanos, los derechos laborales y los compromisos internacionales en estas materias derivados de los TLC, como el Plan de Acción Laboral (PAL), la Hoja de Ruta establecida en el Parlamento Europeo, el plan de acción con Canadá, y las obligaciones derivadas del ingreso a la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo-OIT.

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En estos momentos de cierre del conflicto armado interno, el país necesita escenarios y voluntad política para un mayor diálogo social y de concertación en temas cruciales como la reforma pensional, la política de trabajo decente, de formalización laboral, el cumplimiento del componente rural del Acuerdo de Paz y el seguimiento a los compromisos laborales internacionales y a los acuerdos laborales suscritos por los gobiernos anteriores, incluyendo el acuerdo con Fecode. De no cumplir la palabra, el gobierno estará llevando el país a una mayor conflictividad social y expone el Estado a nuevas denuncias internacionales por parte de las organizaciones sindicales.


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