El sindicalismo es clave para que haya redistribución de riqueza y felicidad en los países.
Por Héctor Vásquez Fernández
Los países con el Estado Social más fuerte y con una mayor democracia económica, coinciden en que en todos ellos existe una fuerte implantación del sindicalismo y de la negociación colectiva. El cuadro que sigue muestra una lista de los países de la OCDE que presentan las mayores tasas de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva, así como el índice de Gini de distribución del ingreso, un indicador que va de 0, igualdad absoluta, a 1, desigualdad absoluta:
Cuadro 1. Tasas de sindicalización, cobertura de la negociación colectiva e índice de Gini en países de la OCDE.
| País | Tasa de sindicalización % | Cobertura negociación colectiva PO asalariada % | Coeficiente de GINI |
| Eslovenia | 20,4 | 70,9 (3) | 0,232 |
| Islandia | 91,8 | 92 (3) | 0,261 |
| Bélgica | 50,3 | 96 (4) | 0,272 |
| Dinamarca | 66,5 | 82 (3) | 0,277 |
| Finlandia | 60,3 | 89,3 (4) | 0,277 |
| Noruega | 49,2 | 72,5 (3) | 0,277 |
| Países Bajos | 16,4 | 77,6 (3) | 0,292 |
| Suecia | 64,9 | 90 (3) | 0,293 |
| Austria | 26,3 | 98 (3) | 0,302 |
| Alemania | 16,5 | 56 (3) | 0,317 |
| France | 8,8 | 98,5 (3) | 0,324 |
| Portugal | 15,3 | 73,9 (3) | 0,328 |
| Suiza | 14,9 | 57,9 (3) | 0,331 |
| Canadá | 25,9 | 28,1 (1) | 0,333 |
| Australia | 13,7 | 60 (2) | 0,343 |
| España | 13,6 | 83,6 (3) | 0,343 |
| Italia | 34,4 | 80 (3) | 0,352 |
| Chile | 17,7 | 19,6 (1) | 0,449 |
| United States | 10,1 | 11,5 (1) | 0,415 |
| México | 12,0 | 13,8 (1) | 0,454 |
| Colombia | 4,6 | 10.3 (1) | 0,542 |
| OECD – Total | 23.7 | 47.4 | 0,359 |
| Nivel de negociación: (1): empresa; (2): empresa y rama; (3): rama; (4): central. |
Como lo muestra el cuadro, aquellos países con mayores tasas de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva, presentan un Gini que va de 0,232 como el que presenta Eslovenia, a 0,352 como el de Italia, un indicador que refleja una distribución del ingreso más igualitaria y democrática, al contrario de aquellos países más desiguales, en las que una minoría de potentados y de empresas se quedan con la mayor parte del producto del trabajo, como ocurre en los Estados Unidos, en Chile, México y Colombia, países que coinciden con un índice de Gini alto y con una baja tasa de sindicalización y de cobertura de los convenios colectivos de trabajo.
Y es que la función principal de los sindicatos, la negociación colectiva, tiene como objetivos lograr mejores remuneraciones para los trabajadores, (salarios, primas extralegales, auxilios educativos para el trabajador y su familia), mejores condiciones de trabajo, mayor estabilidad en el empleo, y darle voz y representación a los trabajadores en la gestión de las empresas, (democracia industria), una función que no se restringe a la empresa o al sector económico al que pertenecen, sino que se proyecta a toda la sociedad y al Estado, pues los afiliados a los sindicatos, además de ser trabajadores, también son ciudadanos y ciudadanas, que a través de sus organizaciones, del Diálogo Social, y de su articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, buscan incidir en la cobertura y calidad de las políticas públicas. Como lo ha indicado la OIT, “el objetivo principal del diálogo social es promover el consenso y la participación en los procesos de toma de decisiones a nivel de empresa, sector de actividad o país. Diversas experiencias indican que el diálogo y el tripartismo son muy importantes pues contribuyen decididamente a profundizar los procesos democráticos, estimular el progreso económico y garantizar la estabilidad social”.
Más recientemente, se encontró una fuerte relación entre Estado Social y felicidad, como lo ha puesto de presente un escrito de Vicenc Navarro publicado en la Revista Sur. Allí se analiza los resultados de un informe de Naciones Unidas que cada año produce su Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible, en el que ha catalogado a la gran mayoría de países de las Naciones Unidas según su Nivel de Felicidad.
Según el informe, los 10 países más felices del mundo son: Finlandia no.1, Dinamarca no. 2, Islandia no.3, Suiza no.4, Holanda no.5, Luxemburgo no.6, Suecia no.7, Noruega no.8, Israel no.9 y Nueva Zelanda no.10. Destaca Navarro, que los cinco países nórdicos escandinavos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia, que están todos ellos entre los más felices, tienen características comunes que sorprendentemente el informe no detalla. Todos ellos han estado gobernados (por periodos largos después de la II Guerra Mundial), por coaliciones de partidos progresistas de izquierda que históricamente han priorizado las políticas redistributivas, estando entre los países con menos desigualdades de renta y menos concentración de la riqueza, con menos desigualdades también por clase social y por género, con programas universales de derecho de acceso a la asistencia sanitaria, a la educación y a los servicios de ayuda a las familias, denominado este último como el Cuarto Pilar del Bienestar (el primero es el Derecho de Acceso a la Sanidad; el segundo, a la Educación; el tercero, a la Jubilación; y el cuarto, a los Servicios de Atención Familiar, como son las escuelas de infancia y los servicios de atención a las personas dependientes), (y es que), estos servicios esenciales y transferencias del Estado de Bienestar, juegan un papel clave en determinar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población. Hay que agregar, que, en esta lista, Colombia ocupa el puesto 66 entre 150 países.
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La acción de los trabajadores a través de los sindicatos ha producido dos resultados esenciales. El primero de ellos han sido la conquista de legislaciones laborales que hoy les reconocen a la mayoría de los trabajadores del planeta una serie de derechos que no existían, que regulan directa e indirectamente las relaciones entre empleadores y trabajadores, y de estos con el Estado, con el objeto de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y la protección del trabajo, como la jornada de 8 horas o menos, los descansos y vacaciones remuneradas, la protección social en salud, riesgos laborales y vejez, la protección contra el despido unilateral, y los derechos de asociación y negociación colectiva, entre otros, legislaciones cuyo desarrollo en cada país ha dependido de la capacidad de los sindicatos para incidir de manera real y efectiva en el diseño de estas legislaciones, una legislación que a través de los Convenios y Recomendaciones de la OIT se ha ampliado considerablemente, y se ha vuelto vinculante para todos los Estados que conforman este organismo de Naciones Unidas.
El segundo resultado fue la formación de los Estados Sociales, (en Europa, Estados de bienestar), los que a diferencia del Estado de Derecho clásico de las democracias liberales, que sólo incluían como derechos fundamentales los derechos civiles y políticos, (de los que al principio estaban excluidos los pobres y la mujeres), han incorporado los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, como derechos humanos fundamentales, que obligan a los estados a desarrollar políticas activas para su efectivo cumplimiento. “Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura, (derechos que) constituyen una herramienta importante para asegurar la rendición de cuentas de los Estados, y también para movilizar los esfuerzos colectivos para desarrollar comunidades y marcos globales que conduzcan a la justicia económica, el bienestar social, la participación y la igualdad”, (Tomado de la web de la Red-DESC.).
En Colombia, el Estado Social apenas se vino a reconocer con la reforma constitucional de 1991, pues la que había hasta ese año, la de 1886, los únicos derechos que reconocía eran los civiles y políticos,[1] En cambio, en la reforma constitucional de 1991, desde su artículo 1, se reconoce que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, (…), democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Este carácter social de nuestro Estado está desarrollado en el Capítulo 2, relativo a los Derechos sociales, económicos y culturales, que incluye, entre otros: la protección integral de la familia; la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; los derechos de los niños y niñas; la protección y los derechos de la población adolescente; la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad; la previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; la garantía a todos los habitantes del derecho irrenunciable a la Seguridad Social; el derecho a vivienda digna; el derecho a un estatuto del trabajo; el deber del Estado de “promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios”; y la educación como un derecho y un servicio público.
Pero todo esto que acordamos en 1991 continúa siendo apenas una aspiración, como lo muestran, entre otros, los indicadores sociales que elabora el DANE sobre indigencia, pobreza, vulnerabilidad: “en diciembre de 2021, el DANE reportó que el 12,2% de los colombianos vive con menos de $5.370 pesos diarios —en situación de miseria o de pobreza extrema— y el 39,3 % vive con menos de $11.801 pesos al día —en situación de pobreza monetaria— Esto quiere decir que en 2021 hubo 6.111.000 personas en miseria y 19.621.000 personas en pobreza. El DANE informa además que el 31 % de las personas están en vulnerabilidad monetaria, es decir, viven con un ingreso entre $5.370 y $23.170 al día. En otras palabras, el 70,3 % de las personas en Colombia están en pobreza o en vulnerabilidad monetaria, lo cual equivale, aproximadamente, a 35 millones de personas.
La pobreza en las cabeceras municipales afecta al 37,8% de la población, en contraste con el 44,6% en los centros poblados y rural disperso. En pobreza extrema estos valores son del 10,3% y el 18,8%, respectivamente”.[2] Con esta población, la acción del Estado ha sido la de reconocerles algunos subsidios, como los de “familias en acción”, “ingreso solidario” y “Colombia mayor”, que ni siquiera cubren el valor de la línea de indigencia, $161,099 por persona, $644.396 para un hogar de cuatro personas.
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Una de las razones que explica la enorme debilidad de nuestro Estado Social ha sido, entre otras, el poco sindicalismo que tenemos y la escasa cobertura de la negociación colectiva, 4,5% de la población ocupada y 10,1% de la población asalariada, respectivamente, lo que indica que la cultura del Diálogo Social es prácticamente marginal en el sistema de relaciones laborales, cultura que según la OIT, sólo existe en el contexto de sociedades que reconozcan y respeten el derecho de la libertad sindical y la negociación colectiva, en el que existan organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e independientes, con la capacidad técnica y los conocimientos necesarios para participar en el diálogo social, la voluntad política y el compromiso de todos los participantes en el diálogo social, y un respaldo institucional adecuado.[3]
Y es que desde que surgieron los primeros sindicatos en Colombia a comienzos del siglo 20, sufrieron la más abierta oposición de las élites gobernantes (el partido conservador, los terratenientes y el clero), quienes difundieron una opinión negativa a través de los medios, asociándolos con aquellas ideas que se tenían como negativas en esa época, y el Estado siempre se puso del lado de los patronos, como ocurrió con la huelga de las bananeras en 1928 que terminó en masacre.
Esta cultura se ha mantenido hasta nuestros días, como lo muestran las estadísticas que a este respecto ha estado elaborando la ENS: “desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han registrado al menos, 15.317 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados”[4]. Y el prejuicio se mantiene, desde el Estado y desde los medios, como lo indicó un trabajo del PNUD: “en el discurso oficial se han presentado referencias negativas desde distintas instancias del Estado, (que) coinciden con aquellos que, en sus declaraciones, los responsables de los hechos violentos dicen que fueron la razón de ser de sus acciones”. “En el caso de los medios, el estudio ha mostrado que, en la prensa nacional, las referencias al sindicalismo son predominantemente negativas y descalificadoras. La mirada negativa llega a la adjetivación extrema de guerrilleros respecto a los sindicalistas y sus sindicatos. Algunos medios, incluso, han llegado a hablar de “terrorismo sindical”, definiendo los sindicatos como expresión local y legalizada de los objetivos y las estrategias de los grupos insurgentes (cfr. El Tiempo, 8 de abril de 1993)”.
Los graves problemas de pobreza, exclusión social y desigualdad en la distribución del ingreso que presenta Colombia, se explican, en parte, por la debilidad del sindicalismo y del Diálogo Social, lo que hace que a la hora de diseñar y definir las políticas públicas económicas y sociales, no sean tenida en cuenta ni la opinión, ni los intereses de las trabajadoras. Y es que no hay democracia sin Diálogo Social, y tampoco hay Trabajo Decente, trabajo con derechos, sin Diálogo Social, y para que haya Diálogo Social de verdad y no mera simulación, necesitamos sindicatos fuertes.
[1] Constitución Política de 1886. Título iii. De los derechos civiles y garantías sociales. La única referencia a un derecho social, en este caso el derecho a la educación, (artículo 41), se refería solamente a que “la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica. La instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria”, y hasta ahí llegaba.
(https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=7153).
[2] La renta básica en Colombia es posible y necesaria. Luis Jorge Garay – Jorge Enrique Espitia, mayo 2, 2022. (https://razonpublica.com/la-renta-basica-colombia-posible-necesaria/)
[3] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/publication/wcms_571901.pdf
[4] https://ail.ens.org.co/informe-especial/mas-de-tres-decadas-de-violencia-antisindical-en-colombia-entre-la-estigmatizacion-la-persecucion-el-exterminio-y-la-violacion-a-las-libertades-sindicales/
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